Red de radios

4.9.2021

Por Martín Suárez

La firma GP Garden SRL denunció penalmente a una vecina por rechazar el proyecto de torres en el barrio. Desde el Colectivo Colegiales en Acción denuncian hostigamiento judicial y violencia de género.

Nuevamente los negocios inmobiliarios y el levantamiento de nuevas torres en la Ciudad son el epicentro. Esta vez la atención se aleja de la zona Sur, y del extremo Norte de la Costanera. El conflicto se centra en el histórico Colegiales, uno de los barrios que, junto a Núñez y Belgrano, conforman la Comuna 13, una de las secciones jurisdiccionales donde viven mayormente vecinos y vecinas de la clase media y alta de la sociedad.
Sobre la calle Gregoria Pérez al 3400, casi esquina Álvarez Thomas, en una de las zonas más pintorescas del barrio, el gobierno porteño habilitó la construcción de torres suntuosas con una altura de hasta 24 metros. Vecinos y vecinas de la Comuna 13 advierten que las inmediaciones de ese lugar están abarrotadas de edificios, y durante todo este tiempo llevaron adelante varias acciones para visibilizar la situación. En las últimas horas, la constructora privada que lleva adelante las obras de edificación, presentó una denuncia penal. La misma la presentó Isaac Diego Cohen, socio gerente de la firma GP Garden SRL, constructora que lleva adelante la obra, y recae sobre una vecina aunque las acciones que llevaron adelante fueron grupales, entre las que se encuentran: plantar un árbol donde la empresa arrancó otro de raíz; pegar afiches con las consignas “No a las Torres en Colegiales y No a los edificios de Altura”; y colgar tres pasacalles en las inmediaciones del lugar. El argumento legal de la denuncia es por supuestos “delitos de daños a la propiedad, amenazas, acosos e intimidaciones reiterados en banda y con planificación previa”, detalla la presentación judicial. “A la empresa no le gustó que los vecinas y vecinos estén organizados y empiecen a visibilizar este tema y su única respuesta fue meterle una denuncia penal a una mujer; no denunciaron a un hombre ni al colectivo. Estamos convencidos que además de persecución judicial hay violencia de género”, afirma a este medio Fabiana, integrante de “Colegiales en Acción”.
A partir de la modificación del Código de Planeamiento Urbano, que entró en vigencia el 1° de enero de 2019, el gobierno porteño habilitó la venta a gran escala de terrenos, al mismo tiempo que empezaron a generar los permisos de obras en tierras públicas. En Colegiales y en otros barrios, habilitaron la construcción en altura con mayor cantidad de metros, “ellos eso lo hacen en Colegiales, pero en Barrio Parque no habilitarían la construcción de una torre de 24 metros y de ocho pisos, donde ellos viven esas construcciones no las permiten”, agrega Fabiana. “Colegiales en Acción” trabaja mancomunadamente con otros colectivos de vecinos gestados en diferentes barrios. Afirman que en los últimos años, en Villa Ortúzar, por ejemplo, lindero a Colegiales, se construyeron 59 edificios. El conjunto que integra este colectivo coincide que a partir de esta situación, los vecinos del barrio comenzaron a tomar mayor conciencia del accionar del gobierno porteño: “nosotros y nosotras le dimos el poder a Larreta para que gobernara para los vecinos y terminaron gobernando para ellos mismos y para grupos de empresas constructoras, grandes y pequeñas”.

Falta de espacios verdes en Colegiales

Como ocurre en toda la Ciudad de Buenos Aires, la falta de plazas, parques y espacios verdes, es una constante también en el barrio de Colegiales. En marzo de este año, el gobierno porteño otorgó la licitación a las firmas Fernández Prieto y G&D para que emprendan más construcciones edilicias en el playón ferroviario, ubicado entre la avenida Federico Lacroze y Virrey Avilés, con frentes sobre las calles Cramer y Moldes. En total son 7 hectáreas, y desde hace años, vienen reclamando que en ese lugar se levante un parque público porque es una zona donde se construyeron muchos edificios en el último lustro. El pacto del gobierno porteño, incluye la venta de lotes a la firma Sancor Seguros tras el desembolso de unos 19 millones de dólares en el marco del proyecto urbanístico que se dio a llamar Distrito Colegiales. Cabe señalar que la venta de esos terrenos del Estado nacional es ilegal, ya que no pasó por el Congreso. Viola los artículos 75 y 76 de la Constitución Nacional.

3.9.2021

En diálogo con “Universidades por todos lados” el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Argentina, Jorge Ferraresi, se refirió a los convenios de acceso a la vivienda y a la activa participación de los sindicatos en esta iniciativa. «Creemos en la capacidad de los gremios para ayudarnos a solucionar el problema habitacional, organizando a sus afiliados en la adquisición de terrenos que sean aptos para la construcción» afirmó.

Esta política pública en articulación con los sindicatos construyó más de 44.000 viviendas, que al mismo tiempo generan tres puestos de trabajo por cada una de ellas y espera alcanzar las 100.000 para fin de año. Además resaltó la importancia de aplicación directa de créditos a quienes tengan un terreno donde se pueda construir “para que los trabajadores tengan derecho a la vivienda, al contrario de lo que generó la fuerza del mercado utilizando a los grandes terrenos para emprendimientos de barrios cerrados”.
En relación al aporte de las universidades en estas iniciativas explicó que se firmó un convenio con el ministerio de Educación para que se dispongan terrenos que tienen las universidades con el objetivo de construir viviendas para sus trabajadorxs, tanto docentes como no docentes. “Las universidades son claves ya que también se trata de aplicar el conocimiento a la realidad” detalló.
Al cierre, el ex intendente de Avellaneda, alertó sobre la matriz neoliberal del gobierno de CABA que opera en función de lo que el mercado ordena y para una clase social privilegiada, que demanda una menor intervención del Estado. “El problema habitacional se resuelve haciendo viviendas donde la gente pueda acceder con una cuota menor a lo que paga en alquiler” concluyó.

2.9.2021

Desde el programa Alerta Spoiler se acercaron esta mañana al predio que 160 familias están ocupando desde hace una semana. Denuncian el hostigamiento policial y piden respuestas de los gobiernos Nocional y de Cuidad. En estos momentos, junto a organizaciones sociales y políticas, los vecinos están marchando a la Jefatura de Gobierno porteña.

Este jueves, desde el programa Alerta Spoiler se acercaron al predio que 160 familias están ocupando desde hace una semana en la Villa 21-24 en el barrio porteño de Barracas. Los vecinos están pidiendo una mesa de diálogo mientras que denuncian amedrentamiento constante por parte de las fuerzas de seguridad. En estos momentos, junta a los vecinos de la zona, organizaciones sociales y políticas, se están movilizando a la Jefatura de Gobierno porteña.
“Estamos convocando a todas las familias para que se movilicen con nosotros hoy”, dijo Nahuel. “La mesa de dialogo la impulsamos nosotros, nadie nos garantiza nada”, agregó haciendo referencia al reclamo que llevan adelante pero que es respondido por los gobiernos Nocional y de la Ciudad con un cerco policial. “Nos están cortando derechos básicos por reclamar una vivienda digna”.
“Yo voté a Alberto porque iban a volver mejores, y eso sería armar una mesa de dialogo, no reprimir a los vecinos”, comentó. Es que nadie se hace eco del reclamo elemental de vivienda que llevan adelante. Al ser un terreno sin titularidad clara se pasan la pelota unos a otros.
El predio de la vera de las vías del Ferrocarril Belgrano, en disputa entre la Nación y la Ciudad, se encuentra sitiado por las policías de la Ciudad y Federal que no dejan entrar ni salir a nadie. “Anoche un agente de la Policía Federal nos apuntó con una escopeta en el pecho porque un par de chicos con alimentos saltaron el muro”, dijo. “Se quieren meter en las casas de los vecinos que nos ayudan sin ninguna orden”.
Esta semana, la justicia emitió una orden para un desalojo sin fecha ni hora. “Le pedimos al juez Rafecas que cese el accionar con los vecinos que nos ayudan y que nos habilite una puerta. Queremos libre circulación pero no nos lo permiten”, enfatizó. “Se acercaron docentes que alfabetizan en el barrio y no los dejaron entrar. Tuvieron que dar clases subidos al muro”, agregó haciendo referencia a la brutalidad a la que están expuestos.
Junto a las familias y los vecinos del barrio que las apoyan y se encuentran acompañando la movilización referentes del Frente de Izquierda Unidad como Alejandrina Barry, precandidata a legisladora porteña quien fuera por más de 20 años operadora social en la zona y Gabriel Solano compañero de fórmula. Además hay organizaciones sociales como el Polo Obrero, entre otras.
También se acercaron llevando su solidaridad vecinos de la Asamblea Permanente de Guernica, llamando a unirse desde las diferentes tomas en la pelea por vivienda.
Vecinos y vecinas del barrio permanecen frente a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad exigiéndole a Horacio Rodríguez Larreta una mesa de negociación para buscar una solución a su reclamo.

2.9.2021

Por La Retaguardia

En diálogo con el programa radial La Retaguardia, Melisa Correa, docente e integrante de la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores, se refirió a la designación de Gustavo Albonico como director de la Escuela 2 del Distrito Escolar 8 “Tomás Santa Coloma”, en Parque Chacabuco. La docente contó que Albonico se ha expresado abiertamente en las redes sociales en defensa de la dictadura militar, entre otros dichos repudiables. La comunidad educativa reaccionó rápidamente y realizó algunas acciones en rechazo.

La comunidad educativa se movilizó en repudio a la designación de Gustavo Albonico como director de la Escuela 2 del Distrito Escolar 8 de la calle Santander 1150 de Parque Chacabuco, en la Comuna 7 de la Ciudad de Buenos Aires.
Albonico ha tenido discursos misóginos en reiteradas ocasiones, palabras y actos que van en contra de los derechos de las mujeres y otras identidades de género, según contó en un comunicado la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores. Por otro lado, la comunidad educativa entiende que la modalidad del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha sido rotarlo por diferentes escuelas y comunidades evidenciando complicidad y protección a este personaje.
Melisa Correa, maestra e integrante de la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores y parte de la Asamblea de Docentes del Distrito 8 explicó cómo se enteró del hecho: “No conocemos personalmente a este sujeto, sí desde las notas que han salido a raíz de su fallida designación como director de una escuela del Distrito décimo. Ahí se pudo frenar la misma, ya que se dieron a conocer estos dichos y el discurso que hace apología del Terrorismo de Estado y de los crímenes de lesa humanidad. También reivindica el gatillo fácil y tiene dichos misóginos, donde pretende cerrar el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidades”.
Por otro lado, Correa argumentó porqué es inadmisible que el director asuma el cargo: “No podemos tolerar que ningún integrante de conducción de un equipo escolar tenga este tipo de discurso porque nuestros lineamientos curriculares promueven la valoración de la democracia y de la construcción de la memoria familiar, social y colectiva. Es una ley que tenemos que cumplir, y claramente este sujeto representa lo contrario. Estaría fuera de la ley”.
Entre las acciones llevadas a cabo, el miércoles pasado hubo una conferencia de prensa en la Escuela Primaria 2 D.E. 8 “Tomás Santa Coloma” y el viernes una radio abierta en la esquina de las calles Emilio Mitre y Asamblea, en Parque Chacabuco.
En la conferencia de la semana pasada estuvieron presentes la ex directora del colegio, madres de alumnos y alumnas, e integrantes del gremio Ademys como la actual legisladora porteña del Frente de Izquierda Amanda Martín, la secretaria general Mariana Scayola, y el secretario adjunto Jorge Adaro. Del gremio UTE (Unión de Trabajadores de la Educación) se hizo presente el secretario de Derechos Humanos, Matías Zalduendo.
Por último y en relación a las expectativas luego del repudio de la comunidad, Correa expresó: “Hasta donde sé todavía no hay una respuesta, pero deseamos que se remueva o rechace la designación. Lo del miércoles fue movilizante. Creo que no es una opción seguir rotándolo (de un colegio a otro). De continuar en su cargo se estarían violando los derechos de los y las alumnas”.

2.9.2021

Trabajadores y trabajadoras de la salud del Hospital Garrahan denuncian que el Consejo de Administración, compuesto por Guillermo González Prieto, Oscar Trotta, Oscar Pérez, Analía Stasi y Aldo Haimovich, aplicó descuentos brutales que llegan hasta el 40% del sueldo: «nos parece obsceno que un puñado de funcionarios nombrados a dedo con ingresos superiores a los 400.000 pesos mensuales quiten el sustento alimentario del personal esencial que enfrentó la pandemia en la primera línea. Entre las afectadas y afectados hay enfermeras, técnicas, administrativas o camilleros. El ‘delito’ que nos imputa el Consejo es haber ejercido el derecho de huelga, que en nuestro país está reconocido por la Constitución Nacional. Además, llegamos a esa instancia para reclamar contra el recorte salarial, que en plena pandemia alcanza 30 puntos frente a la inflación de los últimos dos años», denuncian. Es por eso que la Junta Interna de ATE convoca a un acto para hoy a las 13.30 en la puerta del Hospital Garrahan para reclamar la anulación de estos descuentos que consideran arbitrarios y exigir respuesta a sus reclamos, tanto generales como sectoriales (áreas Covid, Emergencias y CQ).

El acto convocado por la Junta Interna de ATE del Hospital Garrahan seráa hoy a las 13:30 frente a la institución, donde reclamarán por «no a los descuentos, devolución del salario a la primera línea», un salario inicial igual a la canasta familiar ($106.000), el pase a planta de todos y todas, un «régimen de insalubridad (reducción horaria sin afectar el salario, reducción de requisitos jubilatorios, licencias por estrés)» y, a la vez, respuestas a los reclamos, tanto generales como sectoriales (áreas Covid, Emergencias y CQ).
En un comunicado titulado «Funcionarios VIP descuentan sueldo a los trabajadores de la primera línea» así denunció la Junta Interna de ATE la situación: «trabajadoras y trabajadores del Garrahan denunciamos que el Consejo de Administración aplicó descuentos brutales que llegan hasta el 40% del sueldo. Nos parece obsceno que un puñado de funcionarios nombrados a dedo con ingresos superiores a los 400 mil pesos mensuales quiten el sustento alimentario del personal esencial que enfrentó la pandemia en la primera línea. Entre las afectadas y afectados hay enfermeras, técnicas, administrativas o camilleros», sostienen con respecto al descuento masivo impuesto por el Consejo de Administración del hospital, integrado por el presidente de la institución Guillermo González Prieto, y los y las miembros titulares Oscar Trotta, Oscar Pérez, Analía Stasi y Aldo Haimovich, los cuales, denuncian, cobran hasta 350.000 pesos por su cargo.
«El ‘delito’ que nos imputa el Consejo es haber ejercido el derecho de huelga, que en nuestro país está reconocido por la Constitución Nacional – detallaron – Además, llegamos a esa instancia para reclamar contra el recorte salarial, que en plena pandemia alcanza 30 puntos frente a la inflación de los últimos dos años. Nunca el gobierno dio una respuesta frente a esos y otros reclamos elementales de la primera línea en la pandemia, como tener licencias por estrés en el marco de un reconocimiento de las condiciones insalubres de nuestro trabajo».
En este marco, sostienen que «ahora aplican un recorte salarial al cuadrado que afecta a jefas de familia que viven al día, muy lejos de los lujos y privilegios de estos punteros políticos de traje». En la misma línea, agregan: «la facilidad con la que deciden sobre el ingreso alimentario del personal esencial contrasta con la impunidad de estos funcionarios VIP, que llegaron a sus puestos de la mano de Ginés González García. En el peor de los casos renuncian, como el ex ministro, pero siguen disfrutando de su patrimonio engrosado, mientras la mayoría se recicla en uno u otro puesto. Violaron impunemente la cuarentena que de la boca para afuera decían defender e imponían en forma represiva. Mientras tanto, los y las trabajadoras de salud sufríamos la saturación del sistema. Uno de los consejeros que aplica descuentos, Trotta, se pasea por los medios para reforzar su carrerismo personal«, remarcan en el comunicado.
Finalmente, desde llaman «a todos los compañeros y compañeras del hospital a rechazar estos descuentos, que no solo afectan a quienes pararon» y a aportar al fondo de huelga que armaron, con el cual en agosto, «con la gran recolección de aportes, incluyendo el autodescuento de la mayoría de los y las delegadas, la Junta Interna logró devolver a todas las personas que lo solicitaron el 100% de lo descontado», detallaron.