Red de radios

15.12.2021

Por Martín Suárez

Hace dos años que el gobierno porteño no cumple con una ley sancionada por unanimidad. “Prefieren negarnos el servicio antes que invertir en obras», se quejan las entidades.

La Ley 6295 de Acceso Inalámbrico Gratuito a Internet (WiFi), fue sancionada en diciembre de 2019 por unanimidad en la Legislatura porteña. El objetivo principal de esta norma es que el ejecutivo porteño provea Internet gratuito a todos los Clubes de Barrio que funcionen en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentren inscriptos en el Registro Único de Instituciones Deportivas. Pasaron dos años de la sanción y el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, nunca la puso en funciones.
En sus fundamentos la ley propone posicionar a los clubes como centros de actividades sociales; reducir la brecha digital en la Ciudad, y proveer gratuitamente a la sociedad una herramienta que potencie sus oportunidades. Desde hace varios meses más de 60 clubes barriales comenzaron a reclamar que el ejecutivo local cumpla con la norma votada, incluso, por el bloque de Vamos Juntos. Golpearon todas las puertas y agotaron todas las instancias de diálogo, hasta que determinaron llevar el reclamo a la justicia porteña.
En las últimas horas la justicia les dio la razón y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que presente un plan de obra para instalar Wifi gratuito en todos los clubes de barrio. “En nuestro club, por ejemplo, participan más de 400 socios y socias, hay un centro de jubilados, futbol femenino; pero acá no se viene a practicar deportes solamente, además los pibes y pibas vienen a clases de apoyo escolar y a diferentes refuerzos educativos. Una vez que se implemente el Wifi gratuito en todos los clubes esto nos va a potenciar”, destaca en diálogo con Tiempo Guido Veneziale, titular de la Asociación de Fomento Vecinal Villa Miraflores de Parque Chacabuco, y presidente de la Federación de Organizaciones Deportivas de la Argentina (FODA), organización que presentó el reclamo en la justicia.
El Juzgado de 1ra instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº7, a cargo de la jueza Lidia Ester Lago, es contundente y apoya la petición del Ministerio Público Tutelar para que las autoridades porteñas cumplan con la Ley 6295.
“Es un paso importante para todos los clubes de barrio ya que el no contar con acceso a Internet no solo afecta a los socios sino también lo administrativo, porque en casi todos los clubes las empresas privadas que proveen el servicio como telecentro, Fibertel, etc., se niegan a instalar y realizar obras de mantenimiento en los clubes de barrio, es decir, ni pagando el servicio tenemos acceso a Internet”, cuenta Veneziale
Desde estos espacios, consideran que la negativa de las empresas privadas a brindar Wifi en los clubes de barrios es un claro ejemplo de discriminación, ya que la mayoría de las sociedades de fomento se encuentran en las inmediaciones de los barrios populares y gran parte de ellas dentro de las villas. “Está claro, no hacen inversión en todo el barrio y prefieren negarnos el servicio antes que invertir en obras, por eso lo importante de este paso legal para que el Gobierno de la Ciudad cumpla con la ley sancionada hace dos años”, agrega el presidente de FODA.

La falta de inversión de CABA en deportes

Al desfinanciamiento y ajuste presupuestario se le suma la ausencia de la máxima autoridad en esta materia. Hace 18 meses que el jefe de Gobierno porteño no designa a un titular de la Subsecretaría de Deportes. En junio de 2020, el ex subsecretario de esa cartera, Luis Lobo, fue capturado infraganti violando los protocolos sanitarios decretados por el presidente Alberto Fernández, al encontrarse jugando un campeonato de paddle en un club privado de Pilar. Luego de ser detenido por la bonaerense, junto a otras 16 personas que practicaban el mismo deporte, dimitió a su cargo. Desde aquel momento nadie fue designado para ocupar su lugar y la subsecretaría se encuentra sin una autoridad que ejerza el poder de mando.

15.12.2021

Por Gustavo Sarmiento

Marcó un clima de época y un sinónimo cuando se alude al “diciembre de 2001”. Sin embargo, no se circunscribió a esos días. Varios de esos lugares por donde pasaron 2,5 millones de personas intercambiando bienes o servicios perduran hasta hoy.

“Una opción interesante en tiempos de crisis”, dice el infograph del noticiero de Canal Trece. Es 6 de diciembre de 2001. En unos días estallará el país, pero hay signos, imágenes cotidianas que dan cuenta de que el tejido social se está resquebrajando sin vuelta atrás. El Club del Trueque, protagonista de aquel informe televisivo, marcó un clima de época y un sinónimo cuando se alude al “diciembre de 2001”. Sin embargo, no se circunscribió a esos días. Varios de esos lugares por donde pasaron 2,5 millones de personas intercambiando bienes o servicios perduran hasta hoy. Otras crisis, mismas salidas.
Los clubes eran llamados “nodos” que se nuclearon bajo la Red Global del Trueque (RGT). El de La Boca se constituyó como uno de los principales. Fue cambiando de sede (la Iglesia San Juan Evangelista, el teatro Verdi, una cantina, el polideportivo Don Pepe, sindicato de amas de casa, y distintas organizaciones sociales), y en esos meses donde no había forma de vislumbrar futuro llegó a tener por día más de 5 mil prosumidores, como se les llamó: simbiosis de productores y consumidores.
“El trueque es un programa de autosuficiencia que pone en valor lo que la persona puede ofrecer, tanto habilidades como conocimiento, con creatividad, sin utilizar dinero, abasteciéndonos entre nosotros sin patrones. Es una filosofía de vida”, resume su coordinadora Cristina Mirabelli. Lo que no pudieron las sucesivas crisis lo logró la pandemia: desde la cuarentena del año pasado el Club de La Boca se encuentra cerrado, pero Cristina anuncia que “próximamente” volverán a abrir.

Como en un mercado formal

Tres vecinos ecologistas (Horacio Covas, Rubén Ravera y Carlos De Sanzo) fundaron el Club del Trueque el 1º de mayo de 1995 en la localidad bonaerense de Bernal. Aquél día reunieron a veinte personas, al estilo de un grupo de autoayuda. “Acercándonos a 2001 la situación se volvió catastrófica, y los clubes cubrían la ausencia de dinero de curso legal, que era extremadamente escaso. Además fueron una herramienta pacificadora”, relató Ravera a este diario tiempo atrás.
La mayor parte de los productos que se intercambiaban en los diversos nodos eran “de segunda mano”, especialmente ropa y calzado. Algunos alimentos envasados (no elaborados), artesanías, bijouterie nueva y usada, libros, y elementos que hoy son vintage: cassettes de música y videos usados. En La Boca se intercambiaban “ropa, comidas, artículos de limpieza y cosmética, la mayoría sobrevivió gracias al sistema y a la gente que aportó su creatividad”, recuerda Cristina. Y acota que también se ofrecían servicios: “Yo estaba con megáfono y la gente venía a trocar coches y casas. A mí me ofrecieron hasta un restaurante completo. Teníamos de todo, odontólogos, ópticas, médicos, electricistas, turismo, como en un mercado formal… pero sin dinero”. Familias llegaron a pagar sus alquileres con créditos, y empresas como Establecimiento Lourdes, en Mendoza, salvaron pedidos de quiebra bajo este sistema.
Las personas que ingresaban a este “mercado paralelo” eran prosumidores, debían producir y consumir en igual medida. Para ingresar pagaban dos pesos, que equivalían a 50 créditos en billetes. Si bien creció en los ’90, su explosión se dio entre el 2000 y el 2002. A la población vulnerable se le sumó la clase media en masa.
“Las causas de la génesis y el desarrollo del trueque radican en la crisis de la sociedad argentina, en especial las condiciones del mercado de trabajo que derivan en el fenómeno de la nueva pobreza y el incremento permanente de una masa de excluidos del trabajo y el consumo que llega a alcanzar a más del 50% la población del país en la crisis del 2001/2002”, explica Susana Hintze, socióloga de la Universidad Nacional de General Sarmiento, con la que editó el libro Trueque y economía solidaria. “Clases medias en descenso en los inicios, a los que se suman sectores populares urbanos a comienzos del nuevo siglo son los agentes sociales que constituyeron el vasto universo de los abarcados por el trueque, que se estimó en 2,5 millones a mediados del 2002 en todo el país, en el pico alto de la crisis”, agrega.

Un Nunca Más a la crisis bancaria

El fenómeno llegó a ser exportado a países como España y Grecia. Hubo 6 mil clubes en todo el país. Hoy de ellos solo queda el 10%, aunque las pandemias del macrismo y el covid–19 reflotaron la tendencia en algunos sectores sociales, con una salvedad: actualmente están las redes sociales para promocionar, canalizar y potenciar los trueques. Eso no existía en 2001. Hoy, lugares como Ciudadela y Moreno cuentan con nuevos nodos.
El de La Boca siguió existiendo, en parte por una población de bajos recursos que continuó necesitando y apelando a ese sistema, y también con un cambio en productos para un público clasemediero que mezcló curiosidad y afinidad con este sistema. En las décadas posteriores predominó la comida mezclada con objetos de antigüedades, cuadros, telas. En 2001 era el hambre; los años siguientes iban para pertenecer a un lugar. En los últimos tiempos, hay necesidades que retornaron.
“Para muchos de sus participantes ha constituido una estrategia de sobrevivencia, para otros un espacio de recuperación de la autoestima, de valores compartidos y de una sociabilidad acorralada por el neoliberalismo de los ’90. Para la mayoría, la posibilidad de recrear vínculos sociales a partir de un nuevo tipo de relaciones”, describe Hintze. Y completa: “Asociado a valores de reciprocidad, solidaridad, autogestión, responsabilización colectiva, construcción de relaciones de confianza -en oposición a un sistema de descarnada competencia, estéril e incapaz de ofrecer alternativas para el conjunto de la sociedad- la experiencia es definida en sus inicios como una ‘reinvención del mercado’, que propone un nuevo posicionamiento frente al modelo económico vigente y una nueva forma de vivir en sociedad”.
Ravera suele señalar al 17 de mayo de 2002 como la fecha del quiebre: cuando comenzaron los planes jefes y jefas de hogar. Punteros vaciaban clubes, otros colapsaban por falsificación de créditos, se perdía la confianza y la cámara empresaria denunciaba, con el lobby de medios de comunicación, una práctica que “atentaba” al comercio. El final estaba sellado.
Acotó que los clubes de trueque “son una buena experiencia para que en el futuro se haga un Nunca Más, como en la dictadura, pero con la crisis bancaria. Los bancos y el dinero no pueden determinar el destino de una persona. Fue la gran demostración de que en ese momento se terminó la plata, pero los argentinos se las ingeniaron para seguir viviendo”.

14.12.2021

Fueron detenidos diez genocidas del Grupo de Artillería 101 del Ejército en el marco de la causa por el asesinato de Vicki Walsh, José Coronel, Ismael Salame, Ignacio Bertrán y Alberto Molina Benuzzi. Un enorme operativo de septiembre de 1976 desplegado por las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Este martes fueron detenidos Carlos Alberto Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montell, Hugo Eduardo Pochón, Guillermo César Viola, Domingo Armando Giordano, Héctor Eduardo Godoy, Gustavo Gilberto Tadeo Juárez Matorras, Danilo Antonio González, Abel Enrique Re, en el marco del allanamiento ordenado por el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 a cargo del Juez Daniel Rafecas en la causa que investiga uno de los operativos más brutales de la dictadura.
En mayo de 2017 se presentó como querellante Patricia Walsh con la representación de Myriam Bregman junto a abogados y abogadas del CeProDH exigiendo justicia por el asesinato de su hermana María Victoria Walsh. Meses después se presentó Lucía Coronel, hija de José Coronel, otro de los militantes asesinados en el operativo y de María Cristina Bustos desaparecida en la ESMA, donde Lucía estuvo secuestrada siendo bebé.
La investigación por la masacre de la calle Corro fue iniciada recién en 2015.
Se presentó querella por la muerte de Vicki, hija de Rodolfo Walsh
Transcurrieron 45 años del operativo desplegado en Corro 105, esquina Yerbal, en el barrio porteño de Flores. Era el 29 de septiembre de 1976 cuando el barrio amaneció militarizado. La casa fue rodeada por más de cien soldados y hombres de los grupos de tareas que reportaban al Primer Cuerpo del Ejército y el Grupo de Artillería Aérea 101 (GADA). En su interior se encontraban cinco militantes integrantes del secretariado de Montoneros, Vicki Walsh, José Coronel, Ismael Salame, Ignacio Bertrán y Alberto Molina Benuzzi.
El operativo contó con la participación del Ejército y de todas las fuerzas de seguridad: Policía Federal, Gendarmería y hasta Bomberos. El despliegue fue enorme, había autos, tanques, camiones con bazookas y hasta un helicóptero. El operativo estuvo dirigido por el coronel Roberto Roualdes y Ernesto “el Nabo” Barreiro -genocida cordobés condenado por su rol en esa provincia y cabecilla del alzamiento carapintada de 1987. Estuvo también al mando el jerarca del Batallón 601 Héctor Vergez.
La orden de quienes comandaban el brutal operativo era “tirar para arriba”. En aquella terraza, apenas comenzado el día, se encontraban resistiendo los cinco militantes. En la casa también se encontraba la hija de Vicki Walsh de apenas un año y unos meses. Un día antes Vicki cumplió años.
Luego de la resistencia durante hora y media y de combate totalmente desigual, los cinco militantes resultaron asesinados y la hija de Vicki secuestrada.
Luego de 45 años de impunidad, se avanza un paso en la búsqueda de justicia, diez de estos genocidas fueron detenidos en la mañana de este martes. Fueron parte de los que estuvieron en el operativo de la calle Corro 105, integraban el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101.

13.12.2021

El gobierno porteño anunció que en 2022 los estudiantes del último año deberán trabajar para aprobar y egresar. La medida no es optativa y generó malestar en el alumnado: “Pasaríamos a ser mano de obra gratuita para empresas privadas como McDonald’s o Wendy’s”.

Esta mañana, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que a partir del 2022 los estudiantes secundarios del último año deberán trabajar para aprobar y egresar. El programa había sido planteado en 2017 y cuestionado por la comunidad educativa por su perfil flexibilizador.
La medida consiste en pasantías bajo el pretexto de formación laboral, que brindaría mano de obra barata a empresas del sector privado. “Lo hacemos porque para nosotros la escuela es la prioridad número uno”, definió el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
“Claramente nosotros rechazamos esta medida. Esto de las pasantías viene enlazado con la reforma de la ‘Secundaria del futuro’ que entre sus principales puntos tiene la digitalización de las aulas, la colocación de drones y cámaras para hacer una especie de escuela virtual, formulada en la virtualidad, y un montón de boludeces más que claramente no se cumplieron. Pero lo más fuerte es esto de las pasantías gratuitas”, expresó Valentina Mencio, alumna de la escuela Rogelio Yrurtia.
La ministra de Educación, Soledad Acuña, subrayó que el plan tendrá 120 horas cátedras que se suman a 30 horas de espacio de capacitación sobre educación financiera y habilidades blandas para el trabajo. “Por su desempeño en esos rubros también van a ser evaluados, es decir que el trabajo va a ser parte de lo que todos van a tener que aprobar para terminar su ciclo de formación”, dijo.
“Ya en 2017 hablaban de eliminar 5º año para mandarnos a trabajar gratuitamente a empresas privadas, que a su vez estaba enlazado con la reforma laboral que pretendía Macri. Era el combo de las reformas Previsional, Laboral y Educativa. Ya de por sí no se nos da el contenido suficiente y se nos arrebataba materias como historia, por ejemplo. Tuvimos un 2020 donde tuvieron la oportunidad de demostrar esta virtualidad y eso no pasó. Ni siquiera se dignaron a entregar computadoras a los pibes que no tenían conectividad en sus casas”, señaló la estudiante
A su vez, agregó: “Estamos viendo qué vamos a hacer como estudiantes porque no nos consultaron, y si lo harían les diríamos que no porque nos parece terrible. Pasaríamos a ser mano de obra gratuita para empresas privadas como Mc Donalds o Wendy’s. En 2017 lo rechazamos y ahora también. Y ahora lo hacen a propósito porque justo es finalizando las clases para que los estudiantes no tengamos la posibilidad de manifestarnos dentro de las escuelas, y además venimos de un 2020 desmovilizado por la pandemia”.
Los estudiantes también destacaron que CABA es la localidad que menos presupuesto destina a educación pública. “Le pedimos reuniones a Soledad Acuña pero nunca pasó. La Educación es lo último en el tarro para ellos. El 2020 dejó muy en claro eso. Pasó con las viandas, que si no era por las familias y las cooperadoras había chicos que no iban a tener un plato de comida. Es necesario que los pibes nos plantemos y seamos el micrófono de lo que pasa en la educación y no se ve en los medios”, apuntó Mencio.
Y advirtió: “En nuestra lectura de la situación entendemos que claramente son movidas políticas y que son en pos de las elecciones del 2023. Dicen que esto es para insertarnos en el mercado laboral pero eso no tiene ni pies ni cabeza porque para ellos el mercado laboral es básicamente que te paguen $2,50 en una empresa privada, laburando de sol a sol. Pero a nosotros ni siquiera nos pagarían y ni siquiera es optativo”.

13.12.2021

Por Martín Suárez

Al parecer, la modalidad que fue implementada durante el confinamiento, llegó para quedarse. La denuncia fue realizada por UTE ante el reclamo de miles de docentes porteños.

Varios reclamos de trabajadores y trabajadoras porteños de diferentes sectores del Estado, apuntan contra la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires que concentra la atención de los empleados de todo el distrito porteño. Quienes alertaron sobre esta situación fueron los docentes de la Ciudad que, en muchas ocasiones, tienen que seguir ocupando sus puestos de trabajo con diferentes malestares, ya que la atención remota por parte de un profesional no incluye la emisión de un certificado médico.
Durante la jornada, la unión de Trabajadores de la Educación UTE-CTERA, se hizo eco de esta problemática en base a las miles de denuncias de afiliados que en los últimos meses sufren la desatención de la Obra Social. La Secretaria General del gremio, Angélica Graciano, junto a la titular de Salud, Roxana Rogalski, elevaron un reclamo formal a OBSBA para que remedien de inmediato los serios inconvenientes en la atención del sistema de emergencias.
La atención no la realiza la Obra Social en cuestión sino Vittal, una empresa privada de atención médica que es contratada por OBSBA y es la encargada del socorro ambulatorio de todos los trabajadores y trabajadoras estatales de la Ciudad. “Estamos exigiendo que se garantice en tiempo y forma y como corresponde, en el marco del derecho social de la salud, una certificación médica que cumplimente los requisitos necesarios para presentar en medicina del trabajo”, cuenta a Tiempo la titular de la Secretaria Sanitaria de UTE, Roxana Rogalski.
Quienes llaman al teléfono 0810 333 8888 que integra la “Red de Emergencia” de la obra social, deben abonar por ‘mercadopago’ la consulta médica anticipada para poder acceder a la misma. La videollamada es la única posibilidad de atención profesional que le brindan a los afiliados y, sistemáticamente, los profesionales médicos se niegan a extender certificados que son necesarios para la adquisición de remedios y la realización del reposo. Hecho que los imposibilita de poder justificar las inasistencias a los lugares de trabajo, poniendo en riesgo la continuidad laboral ante una cierta cantidad de inasistencias por diferentes motivos de salud.
“El incumplimiento de la empresa Vittal es sostenido en forma constante, no sólo perjudicando laboralmente a quien es tratado sino que además, en algunos casos que se ha solicitado abonar y no han concurrido. Recordemos que es un ‘servicio’ donde se abona un arancel”, subraya Rogalski. Cabe destacar que las obras sociales tienen derecho a contratar a sus propios prestadores, pero, al mismo tiempo, cada obra social debe garantizar que en la tercerización del servicio, quede estipulado que deben tener todas las normas necesarias, entre ellas que expida el certificado de salud en tiempo y forma. “La Obra Social debe garantizar que sus prestadores, en este caso Vittal, cumpla con los requisitos que son necesarios en una atención médica que involucra a las y los trabajadores y no sumar burocracia que solo va en detrimento de la salud de nuestros representados”, agrega Rogalski
La presentación de UTE fue una intimación a la Obra Social para que de inmediato instruya a los profesionales a expedir los certificados, y que cumplan con la normativa vigente y los requisitos generales que indica la Medicina del Trabajo del Gobierno de la Ciudad para la justificación de las licencias médicas.

Denuncia penal a las autoridades de OBSBA por desvío de fondos

La Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires actualmente es presidida por el Dr. Carlos Alberto Arrastía. Fue creada en agosto del 2000 mediante la sanción de la Ley N° 472, como la continuidad del Instituto Municipal de Obra Social (I.M.O.S.) La OBSBA tiene carácter de Ente Público no Estatal, organizada como instituto de administración mixta con capacidad de derecho público y privado, contando con individualidad jurídica y autarquía administrativa y económico-finaciera. La Ley estipula que tanto el presidente y el resto del directorio de la Obra Social, es nombrado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Buenos Aires.
En junio de este año, el gremio Sutecba, presentó una denuncia penal contra las autoridades de la obra social por inconsistencias en los libros contables, que a su vez fueron avaladas por una auditoría en 2016. La denuncia enumera 18 anomalías sobre el informe publicado en 2021 (luego de haber sido presentado en 2019 sobre el estado contable de OBSBA en 2016) y solicitó que se lleve adelante una investigación penal “a efectos de verificar a través de expertos la posible fuga de patrimonio de la obra social de los trabajadores a través de asientos contables irregulares”.