Red de radios

23.11.2021

Por Diego Moneta

En marzo del año pasado tres agentes de Gendarmería Nacional fueron separados de la fuerza por abuso de autoridad, en el marco del aislamiento preventivo. Dialogo con Nicolás Gastón Parra, uno de los abogados querellantes en la causa.

Las denuncias por abuso policial y los casos de violencia institucional fueron uno de los aspectos que más marcaron el año pasado durante el aislamiento. De Florencia Magalí Morales en San Luis a Luis Armando Espinoza en Tucumán, pasando por Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires, el primer semestre, al menos, de 2020 evidenció situaciones que escaparon por completo al control y a la respuesta de los Ministerios de Seguridad.
Muchas escenas fueron filmadas y luego viralizadas, lo que en algunas ocasiones generó que llegaran a la Justicia Penal. Uno de los casos se produjo el 25 de marzo en el Barrio “Padre Rodolfo Ricciardelli” (1-11-14) del Bajo Flores. Tras la trascendencia de las imágenes, los tres agentes de Gendarmería Nacional involucrados fueron pasados a disponibilidad. Las autoridades de la cartera de Seguridad nacional, que en ese entonces conducía Sabina Frederic, observaron un vídeo que registra cómo obligaron a dos hombres a caminar en cuclillas con las manos en la cabeza.
Fueron separados por abuso de autoridad y se ordenó la investigación y el seguimiento del caso. Dos días antes, otros agentes de la misma fuerza recibieron la misma sanción por recorrer en patrullero las calles de Isidro Casanova, en La Matanza, emitiendo el mensaje característico de la saga de las películas de “La Purga”, que incita a la violencia, en lugar del audio institucional. A más de un año y medio de los hechos, dialogo con Nicolás Gastón Parra, abogado querellante junto a Lucas Fortete en la causa, ambos miembros de Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI).
¿Qué hechos motivaron la denuncia?

Nicolás Gastón Parra: El 25 de marzo del 2020, entre las 11 y 14 horas, tres gendarmes de la Unidad de Prevención Barrial detuvieron, valiéndose de los cargos que ostentaban y omitiendo deliberadamente dejar constancia formal de ello, a Emiliano Speranza y Sebastián Mochkowsky, quienes se dirigían a llevarle comida a una persona que había solicitado ayuda en redes sociales. En el marco de esa detención ilegal los obligaron a realizar ejercicios físicos a lo largo de toda una calle ubicada en el Sector 3 del barrio. Todo mientras las fuerzas de seguridad desempeñaban funciones de prevención y control del aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuesto mediante el DNU N° 297/2020.
En un primer momento, al detenerlos y revisarlos, les pegaron patadas en los tobillos para que abrieran las piernas. Luego los forzaron a caminar en cuclillas, con sus manos detrás de la nuca -Sebastián tuvo que llevar el paquete de fideos que transportaba en la boca-, y a que repitan la frase “no vamos a violar la cuarentena” mientras les proferían gritos y arengas denigrantes. Todo bajo expresa amenaza de que de no realizar tales actos les dispararían.
Después de transitar alrededor de 65 metros los obligaron a salir corriendo y desaparecer del lugar. Sucedió a plena luz del día y a la vista de vecinos que filmaron el hecho. Primero se realizó la denuncia por parte de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, cuyo titular es Héctor Andrés Heim. A su vez, a raíz de la mediatización de las imágenes, se iniciaron sumarios administrativos contra los gendarmes involucrados.

¿En qué estado se encuentra la causa en la actualidad?
NGP: Hoy en día la causa está radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12 – Secretaría Nº 24, quien delegó la investigación en la Fiscalía Federal N° 9, a cargo de Guillermo Marijuan. A partir de la intervención de la ACVI como querella particular, conseguimos que se los cite otra vez a indagatoria a los gendarmes involucrados por el delito de amenazas coactivas agravadas por el uso de armas.

¿Cambió la situación en el barrio?
NGP: La estigmatización de los barrios pobres no disminuyó y hasta parece haberse intensificado. Las prácticas ilegales por parte de las fuerzas de seguridad no son escasas ni aisladas, sino que van desde amenazas, insultos, maltrato físico, detenciones arbitrarias y robo o rotura de pertenencias hasta algunas más graves de abuso físico, como torturas y lesiones graves, en ocasiones provocadas por armas de fuego, y de arbitrariedad policial, como el armado de causas penales. La violencia policial ha llegado a ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas y muchos casos dan cuenta de ello.

¿Qué pasa con la respuesta estatal?
NGP: La situación amerita que se identifique como una problemática pública y se adopten medidas y políticas concretas. Entre otras, adecuar las facultades policiales a los estándares exigidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recabar datos y estadísticas para la identificación de patrones como insumo para la elaboración de las políticas públicas, capacitar a los miembros de las fuerzas de seguridad, elaborar protocolos de actuación, control interno y judicial de los hechos para sancionar a los responsables, y garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia institucional.

¿Cuáles son los próximos pasos a seguir en la causa?
NGP: En concreto, en el expediente donde están procesados tres gendarmes, hemos solicitado la citación de nuevos testigos presenciales del hecho. Como querella de una de las víctimas seguiremos impulsando la causa en busca de que se sancione a los gendarmes involucrados y hacer visible esta problemática de violencia institucional.

23.11.2021

Las organizaciones que representan a los trabajadores del diario se pronunciaron sobre el hecho, que tuvo lugar este lunes por la noche.

La Comisión Interna del diario Clarín y Sipreba repudiaron este martes el ataque contra el edificio de ese medio, ubicado en el barrio porteño de Barracas.
En un tuit se señaló “Junto al @sipreba repudiamos el ataque al edificio de Clarín, nuestro lugar de trabajo, en el que hay compañeras y compañeros durante las 24hs. Exigimos urgente esclarecimiento de los hechos y condiciones seguras para ejercer nuestras tareas sin riesgos y con libertad”.
El hecho, que es investigado en estos momentos, se produjo en la noche del lunes, pasadas las 23:00. Lo que registraron las cámaras fue la imagen de personas lanzando lo que parecen bombas molotov contra la puerta de entrada principal. El hecho no causó daños notorios. La puerta se hallaba cerrada y no había nadie en ese momento.
En declaraciones a radio La Red, Ricardo Roa -editor general del diario- dijo que “no hubo panfletos, no sabemos quiénes son”. Sin embargo, inmediatamente deslizó sospechas contra “grupos minoritarios”. El comentario fue realizado sin prueba alguna.

22.11.2021

La Justicia decidió correr traslado a la medida cautelar interpuesta por la lista opositora encabezada por Carlos «Chapita» Elías con miras a pedir la suspensión de las elecciones del gremio de municipales porteños. Fijó una audiencia con las partes a la que también citó al ministerio de Trabajo.

Los trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires nucleados en el SUTECBA (Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires) están en vías de renovar autoridades. La lista opositora de Carlos Elías le disputa a la de Amadeo Genta por primera vez la conducción al histórico dirigente.
Ahora se pone en duda cuándo podrá efectuarse la elección y en qué condiciones.
El Juzgado Nacional de 1ra instancia del Trabajo N° 40 ordenó dar traslado a la cautelar que interpuso la agrupación opositora de Carlos Elías que continúa su pelea legal para suspender los comicios del SUTECBA hasta que se regularicen los procedimientos electorales.
En ese sentido, la Justicia designó una fecha de audiencia en la sede del juzgado, para el día 23 de noviembre de 2021 a la que convoca a la parte actora, la Junta Electoral de SUTECBA y al Ministerio de Trabajo.
«Ellos se confiaron pero la Justicia citó a todas las partes para el miércoles. Algo notaron que no estaba bien en todo este proceso electoral. Y por algo citaron al ministerio de Trabajo», afirmaron fuentes cercanas a Elías a InfoGremiales.
Genta, de 86 años, hace 38 primaveras que es el secretario General del gremio y si consigue su propósito de ser reelecto alcanzará más de 4 décadas ininterrumpidas en el poder.
El SUTECBA es un gremio clave y tiene una estratégica para mantener la imagen de orden en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho es conocida la buena sintonía entre el gremialista y las gestiones de Mauricio Macri primero y Horacio Rodríguez Larreta después.

20.11.2021

Los tres efectivos se presentaron ante la Justicia, luego de que el magistrado Martín del Viso firmara las órdenes de detención.

Gabriel Isassi, José Nievas y Fabián López, los tres policías de la Ciudad que interceptaron el auto en el que viajaba Lucas González con sus amigos el miércoles por la mañana, fueron detenidos por el asesinato del adolescente baleado en la cabeza. El arresto fue ordenado por el Martín Carlos del Viso tras el pedido formulado por los fiscales Leonel Gómez Barbella y Andrés Heim.
Según informó la agencia Télam, los efectivos se presentaron esta tarde ante la Justicia y quedaron formalmente detenidos, luego de que el juez Del Viso firmara las órdenes de arresto.
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A los tres efectivos de la fuerza de seguridad porteña sólo se les prohibió en un primer momento la salida del país. «No podemos creer que los asesinos estén en libertad», enfatizó ayer viernes Gregorio Dalbón, el abogado que representa a la familia del jugador de Barracas Central, en una conferencia que brindó junto a sus padres. Repitió este mensaje el sábado en conferencia de prensa junto al ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’ Alessandro.
La detención de los policías implicados en el crimen había sido solicitada por los fiscales intervinientes. El pedido fue firmado el viernes por la noche por Gómez Barbella, titular de la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional 32, y Heim, a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).
El juez Del Viso había delegado en ellos la instrucción de la causa. Ahora accedió a su pedido y ordenó el arresto de Isassi, Nievas y López.

La acusación contra los policías

Los tres policías están acusados del delito de «homicidio agravado por haber sido perpetrado por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones», que se castiga con la pena de prisión perpetua.
Los fiscales, que además solicitaron diversas medidas en la causa, habían remarcado en su pedido que los imputados «tergiversaron los hechos al momento de informarlos a la autoridad judicial para mejorar su situación procesal, circunstancia que daría cuenta no solo de su voluntad de sustraerse del proceso penal que se le sigue, sino también entorpecer la investigación».
Tras el asesinato de Lucas, los efectivos de la Policía de la Ciudad intentaron instalar la versión de que la balacera contra los adolescentes fue «un enfrentamiento entre delincuentes». Pero esa versión quedó descartada ante las evidencias recolectadas en las que quedó demostrado cómo los policías interceptaron a los jóvenes que volvían de entrenar en Barracas Central, les dispararon y tras la balacera detuvieron a dos amigos de Lucas durante 24 horas sin ninguna acusación en su contra.
Gómez Barbella y Heim advertían también que en libertad los policías podían «amedrentar y hostigar a testigos y familiares, más aún conociendo los pormenores de un proceso penal por la función propia».
«Cabe destacar que este riesgo se torna especialmente grave en investigaciones vinculadas a delitos como los que nos convocan, en los cuales no pueden descartarse que, por su entidad, haya causado repercusiones psíquicas en las víctimas, que impacten negativamente sobre su voluntad de colaborar y testimoniar en el marco de la investigación, en caso de que la libertad de los imputados no sea restringida de momento», habían señalado los fiscales en su escrito.
Por su parte, también el Ministerio de Seguridad de la Ciudad había pedido la adopción «medidas urgentes» luego de que el joven falleciera en el Hospital El Cruce tras varias horas de agonía.
Lorena Blanco, abogada que representa a los tres adolescentes que viajaban con Lucas, afirmó este viernes que los efectivos «montaron una obra» para «tapar el error garrafal que cometieron».
«Creo que todo esto se hubiera tapado si los papás (de Lucas) no hubieran hablado» con los medios y contado lo que había pasado. Gracias a esto, agregó, «se cayó el telón de la obra que (los efectivos de la Policía de la Ciudad) montaron desde la hora cero, para tapar el error garrafal que cometieron».
Desde el primer momento la madre de Lucas denunció el accionar de las fuerzas de seguridad y lo dijo claramente: «Este fue un caso de gatillo fácil. No tiene que quedar en la nada».
La familia del adolescente asesinado convocó a una marcha el próximo lunes a las 19 en el Palacio de Tribunales para reclamar justicia. “Que esto no pase más, que no haya ningún Lucas más”, es la consigna que planteó el padre del joven.

El sobreseimiento de los menores

Del Viso quedó a cargo de la causa luego de que el juez de menores Alejandro Cilleruelo se declarara incompetente para seguir adelante con la investigación. Ese magistrado intervino inicialmente ante la hipótesis planteada por la versión policial de que los adolescentes estaban robando. Ante la comprobación de que eso no era cierto, ese magistrado sobreseyó a los tres amigos de Lucas y se apartó del caso.
«Los únicos y verdaderos imputados resultaban los policías», remarcó Cilleruelo en su resolución dejó asentado que los adolescentes sobreseídos “fueron víctimas de la policía”. “La policía en una democracia no puede actuar bajo ningún concepto de modo subrepticio y sin debida identificación, menos cuando están ordenando la detención de un vehículo del cual como se comprobó no partió agresión de ninguna naturaleza”, añadió.

19.11.2021

Por Equipo de Sacerdotes para las Villas y Barrios Populares de CABA y PBA

“Lucas se encontró con tres Policías de la Cuidad de Buenos Aires que actuaron completamente fuera de la ley. Matando a Lucas, se fueron al extremo. Ya ni debiéramos hablar de “gatillo fácil”. Fue un gatillo que nunca debería haber estado en esa escena”, aseguraron.

Estamos conmovidos por el asesinato de Lucas González, un adolescente cuyo único “delito” entre comillas fue querer crecer como jugador de futbol en un club de la Villa y llevar a probar a sus amigos para que tengan mejor vida.
Lucas se encontró con tres Policías de la Ciudad de Buenos Aires que actuaron completamente fuera de la ley. Matando a Lucas, se fueron al extremo. Ya ni debiéramos hablar de “gatillo fácil”. Fue un gatillo que nunca debería haber estado en esa escena.
Necesitamos que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires replantee sustancialmente los criterios de formación de la Policía a su cargo, así como los responsables de las demás fuerzas de seguridad que actúan en nuestros barrios.
Sería importante que todos aprendamos de la decisión de la familia de Lucas que quiso donar sus órganos que seguirán vivos en quién sabe quién. Este gran acto de amor contrasta con los que odian, los que discriminan, los que matan desde el estado.
Sabemos que la violencia institucional en nuestros barrios no es cosa nueva. Lo venimos advirtiendo desde hace años. La no dedicación a corregir estos errores es también la causa de este hecho aberrante. Si no se cambia, seguirá habiendo este tipo de muertes, como sigue habiendo abusos a autoridad y violencia en el accionar de estas fuerzas de seguridad.
Como dice nuestro Papa Francisco: “El abuso de poder es una trompada a la dignidad humana y eso no lo podemos permitir y contra eso hay que luchar”.
Exigimos justicia para este caso y pedimos a la Virgen que nos ayude a vivir como hermanos.