17.03.2025
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció por por prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento a la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, quien ordenó durante la madrugada del jueves la inmediata liberación de 114 personas detenidas durante la brutal represión de las Fuerzas de Seguridad nacionales a la manifestación en los alrededores del Congreso Nacional. “Violó la Ley de Reiterancia e intervino donde no debía”, aseguró la funcionaria.
“Los violentos de siempre, los barras bravas y los militantes kirchneristas y de izquierda atacaron con palos, cuchillos y fuego, dejando policías heridos y patrulleros incendiados. Pero la jueza Andrade los dejó libres sin siquiera revisar sus antecedentes. No fue un error, fue complicidad. Violó la Ley de Reiterancia, intervino donde no debía y hasta liberó a todos ¡por WhatsApp! Liberó a delincuentes con causas por robo, drogas y agresiones”, escribió la ministra este lunes en su cuenta de X. “Nosotros no vamos a permitir que la Justicia sea un chiste y pro delincuentes. La denunciamos por prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento. Con la ley en mano y sin miedo, ni un paso atrás”, añadió.
Sin embargo, curiosamente, el texto de la denuncia menciona erróneamente a una tal “Juez Karina Delgado”. Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, salvó la errata el viernes en una publicación X, pero la equivocación persiste en la captura compartida por Bullrich.
Desde que se conoció la noticia, el Gobierno lanzó varios ataques contra la magistrada. “La jueza Karina Giselle Andrade dio la orden de liberar a los 114 detenidos que junto a muchos otros ayer destruyeron la Ciudad de Buenos Aires y atacaron a las fuerzas de seguridad. La Justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices”, escribió en su cuenta de X el vocero presidencial, Manuel Adorni, en un probable intento por exponer a la magistrada e indirectamente lanzar en su contra a la habitual horda de trolls en esa red social.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lamentó la decisión de Andrade. “Debe funcionar la aplicación de la ley con más dureza y si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada”, expresó en diálogo con Radio Mitre.
En tanto, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, puso en duda la continuidad de Andrade en su cargo. “Los barras bravas son criminales organizados que ayer fueron al Congreso a destruir todo lo que tuvieran a su alcance y agredir a la policía. No se trató de una protesta ni del ejercicio de la libertad de expresión, se trató de delincuentes cometiendo delitos a la vista de toda la sociedad”, escribió en su cuenta de X. “Sin embargo, la jueza de la Ciudad Karina Andrade, en lugar de investigar quien envió a esos barras a sembrar el caos, decidió liberarlos en menos de 8 horas. Se analizará su actuación ante el Consejo de la Magistratura de CABA por posible incumplimiento de sus funciones”, planteó.
Luego, este domingo, Bullrich expresó en diálogo con La Nación +: “De jueza tiene poco. No ve lo que está pasando. ¿Para ella es un derecho romper todo, destruir lo que está a su paso, patear policías e incendiar patrullas? Esta jueza… No sé que Constitución lee. Debe leer la de Venezuela. En la Argentina el derecho a peticionar no es la alteración del orden público y la delincuencia. Eso es un hecho delictivo. Si la señora jueza no tiene a su cargo la posibilidad de aplicar el Código Penal, debería haberse apartado”.
En tanto, la jueza se defendió de las acusaciones del Gobierno por liberar a los detenidos por las fuerzas de seguridad tras la represión en el Congreso de la Nación. “Hice lo que debía hacer”, lanzó y luego justificó su decisión en que “las detenciones se estaban llevando a cabo por las fuerzas de seguridad sin el control judicial básico” y “la información recibida era escasa”.
En diálogo con Radio 10, Andrade, aclaró que aquellas personas apresadas que tenían un arma y pedido de captura, no fueron liberadas. “La mayor responsabilidad de un juez es que la Constitución Nacional permanezca inalterable ante los vientos políticos”, sostuvo.
En ese contexto, el Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la doctrina Franciscana (COPAJU) expresó este jueves el firme rechazó a la represión y la vulneración de derechos sufridos por jubilados en la marcha en el Congreso de la Nación, a la vez de darle respaldo a la jueza Karina Giselle Andrade “frente al ataque injustificado que está recibiendo” por parte del Gobierno.
La resolución de la jueza Karina Andrade para la liberación de los detenidos durante la represión en las cercanías del Congreso “Sin perjuicio de no emitir opinión respecto de la aplicación del derecho de fondo, o a la investigación que podrá continuar la fiscalía, la complejidad de derechos en juego para informar y determinar la existencia de una conducta penal impide la aplicación del trámite de flagrancia”, explica la jueza y expresa que se dispone “la inmediata soltura de los detenidos”.
La unidad de flagrancia pretendía hacer un operativo de salud con médico legista sobre cada uno de los detenidos, lo que hubiera implicado una extensa demora en la liberaciones. Por ese motivo, se ordenó que la soltura sea inmediata y se solicitó a la fiscalía que informe si quedan aun personas detenidas.
