Red de radios

6.10.2021

Referentes políticos, sindicatos y abogados laboralistas se manifestaron frente al Tribunal Superior de Justicia contra la cuestionada decisión de la Legislatura porteña. “El camino es el que tuvimos que hacer con el 2×1, el pueblo salió a la calle e hizo retroceder a la Corte”, dijo el juez Ramos Padilla.

Este mediodía una nutrida convocatoria de amplios sectores políticos, sociales, gremiales y judiciales se manifestaron frente al Tribunal Superior de Justicia, en Cerrito 760, contra la reciente aprobación en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de la ley que dispone que el propio TSJ porteño se constituya en tercera instancia en causas civiles, comerciales y laborales resueltas por tribunales nacionales, materias ajenas a su competencia.
En el pronunciamiento, advierten que la ley votada “constituye un avasallamiento al sistema republicano de gobierno y a las materias legislativas propias del Congreso de la Nación”, y por eso exigen que dicha norma no sea promulgada.
“La aplicación de la ley aprobada, no sólo implicaría que las causas que tramitan ante los Juzgados Nacionales se prolonguen en el tiempo como consecuencia de una nueva instancia, sino -además- que las sentencias que dicten jueces nacionales sean revisadas por los ministros de “la Corte porteña”, quienes en su mayoría han mostrado una parcialidad notoria a favor de los grandes grupos económicos y en perjuicio de las personas trabajadoras”, denuncia el texto.
El juez Juan María Ramos Padilla advirtió que se trata de “un atropello más de un Poder Judicial que tanto en lo nacional como en la Ciudad representa intereses que no son los del pueblo, son los intereses de Clarín, en este caso de Mauricio Macri, estamos ante un Poder Judicial que ha sido tomado por mafias, por los grupos económicos concentrados y la embajada de Estados Unidos”.
“La Constitución no prevé que un grupo mafioso se apropie del Poder Judicial, el camino que tenemos que seguir es el que tuvimos que hacer con el 2×1, cuando el pueblo salió a la calle e hizo retroceder a la Corte, hizo que saliera una ley en dos días, esta es la forma, lo que estamos haciendo hoy acá”, destacó.
Por su parte, Pablo Kleiman, coordinador del Espacio Jurídico de la CTA Autónoma de Capital expresó “repudio y rechazo a la ley de la Legislatura porteña, una ley completamente inconstitucional”.
“Llama la atención, o no tanto, que aquellos que se rasgan las vestiduras con la división de poderes, la república y el constitucionalismo, cada vez que pueden pretenden violentar la Constitución parta acomodarla a sus intereses”, agrego el abogado laboralista.
“Se le da mucha trascendencia y es cierto a que se busca la impunidad del ex presidente Mauricio Macri y de las causas de corrupción de los funcionarios macristas, no hay duda que eso puede suceder, pero lamentablemente estamos acostumbrados a la impunidad de los poderosos y más allá de ese objetivo, todos los fallos de la Justicia nacional del Trabajo podrían ser revisables por el TSJ que está compuesto por ex funcionarios macristas, con lo cual ya podemos adivinar el resultado de esos fallos”, alerto finalmente Kleiman.
También consultada la candidata a Diputada Nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Myriam Bregman explicó: “Estamos acompañando un reclamo que hizo la Asociación de Abogados Laboralistas que concuerda con lo que venimos denunciando en la Legislatura de la Ciudad cuando votamos negativamente a este zarpazo de Horacio Rodríguez Larreta sobre la Justicia”
“Por supuesto que le preocupa el destino de Macri, pero les preocupa mucho más quedarse con una instancia de supervisión en todas las causas laborales del país, las grandes patronales tienen mucho interese en esto”, agregó la legisladora.
Durante el acto central de la jornada, Cynthia Benzion, de la Asociación de Abogados Laboralistas, leyó: “Escuchamos que esta ley tiene nombre y apellido, que pretende evitar la quiebra del grupo SOCMA, pero sus consecuencias van mucho más allá de eso y van a ser devastadoras para la clase trabajadora y sus organizaciones, esta ley significa entregar a los grandes grupos económicos la Justicia Nacional y particularmente la Justicia Laboral, y con esa entrega desaparecer la posibilidad de obtener una mínima reparación frente a los daños que todos los días miles de trabajadores despedidos, accidentados, precarizados, tercerizados, no registrados y sometidos a otras formas de vinculación ilegal obligadas por estos mismos grupos económicos tengan que recurrir a los tribunales para encontrar algo de esa justicia perdida”.
“Esta ley se inscribe en una serie de políticas regresivas que ya se han implementado en nuestro país y que ahora aprovechando las consecuencias de la pandemia, pretenden borrar los derechos laborales con proyectos como la eliminación de indemnización por despido, entre otros”, continuó.
“Significa también prolongar indefinidamente la duración de los procesos judiciales, los jueces tiene plazos para dictar sentencias pero jamás los cumplen, los trabajadores pasan años esperando que se resuelva un pleito que en el mejor de los casos les va a permitir cobrar un resarcimiento devaluado, tenemos una Justicia laboral históricamente deficiente en su funcionamiento, que arrastra una crisis estructural de larga data con juzgados sin jueces, falta de personal, condiciones edilicias de riesgo y que a partir de marzo de 2020 fue paralizada y jamás se reactivó plenamente”, sintetizó la abogada.
Luego, Gustavo Ciampa, laboralista e integrante de la Corriente de Abogados 7 de Julio, señaló: “Cuando tengan que hacer un juicio para reclamar su derecho puede ser que se lo reconozca un juzgado en primera instancia, puede ser que se lo reconozca la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, pero cuando tenga esa sentencia favorable los grupos económicos van a venir a este tribunal para que la mayoría automática del TSJ deje sin efecto la sentencia que le reconoció el derecho, porque ya lo decía en junio de 2017 el entonces presidente Macri, ´no nos gustan los jueces que hay, vamos a buscar a los jueces que nos representen´, y lo que están haciendo ahora es que la mayoría que representa los intereses del macrismo y el larretismo juzgue y desconozca los derechos que la ley le da a todos los trabajadores”

6.10.2021

Fue este miércoles y las acompañaron organizaciones sociales y políticas. Exigen una mesa de diálogo con el Gobierno porteño, que las desalojó brutalmente el jueves pasado, y dejó en la calle a más de 80 mujeres y 170 niños, sin solución a su reclamo de vivienda digna.

Las mujeres que forman parte del grupo “Fuerza de mujer”, se movilizaron el miércoles 6 al Ministerio de Educación ubicado en Retiro, en reclamo de una mesa de diálogo con el Gobierno de la Ciudad, luego de haber sido brutalmente desalojadas el jueves 30 de septiembre.
Las acompañaron organizaciones sociales y políticas como Barrios de Pie, la CCC, el Polo Obrero, el FITU, la ex legisladora porteña Alejandrina Barry y la actual Mercedes de Mendieta.
El lunes habían realizado un corte y movilización en el Obelisco donde presentaron una carta a la Legislatura porteña que pide una mesa de diálogo, y sobre la que no tuvieron ninguna respuesta aún.
Estas mujeres habían ocupado un predio en la villa 31 llamado La Containera durante tres meses, muchas escapando de situaciones de violencia de género y sin tener a dónde ir. Sin embargo, el gobierno solo les dio como respuesta topadoras para destruir las precarias casillas que habían logrado poner en pie, y terminar con las pocas pertenencias que tenían. Hoy reclaman por una mesa de diálogo ya que nadie les da respuestas al grave problema de la falta de vivienda, que es un problema de grandes sectores en la Ciudad de Buenos Aires.
“Quedamos en la calle, hicimos el viernes una conferencia y el lunes hicimos un corte y movilización en el Obelisco, ahora vinimos al Ministerio y vamos a seguir reclamando nuestro derecho a una vivienda digna, hasta que se nos escuche. Nos están cerrando las puertas pero vamos a seguir reclamando por nuestros derechos y de nuestros niños como “Fuerza de mujer”, dijo Alicia, una de las referentes del grupo.
Otra de las mujeres protagonistas, contó cómo los chicos y chicas quedaron en la calle y les destruyeron sus cosas: “El reclamo de hoy es porque hay más de 100 familias que quedaron en situación de calle, 170 niños se quedaron sin un hogar y estamos pidiendo una respuesta, una mesa de diálogo. Hace cuatro días que los chicos están durmiendo en la vereda, con frío, lluvia, sol. Se quedaron sin nada, no están yendo al colegio porque sus pertenencias quedaron adentro de la toma. Vamos a seguir en la lucha, si tenemos que romper puertas las vamos a romper”.
Estas mujeres continúan en pie de lucha peleando por su derecho elemental que es a una vivienda digna donde vivir con sus hijos. Por eso es fundamental el apoyo y la solidaridad de todas las organizaciones, sociales, sindicales, políticas, para dar fuerza a su pelea.
Así lo expresó Alejandrina Barry, ex diputada porteña por el PTS FITU, durante la movilización: “Estamos acompañando a las mujeres porque como dicen ellas, ‘el desalojo no nos va a parar porque nuestras necesidades siguen’. Esto es una vergüenza: les pasaron con topadoras por sus casas, les quemaron sus casillas. Esa violencia brutal se sigue desarrollando con esta indiferencia. Ellas son un ejemplo enorme que vamos a seguir acompañando con todo, y que todas las organizaciones sociales, sindicatos, deben poner sus fuerzas para rodearlas de solidaridad, porque son un ejemplo enorme de mujeres en la lucha por una vivienda digna”.

4.10.2021

El viernes por la tarde, vecinos y vecinas de Villa Crespo y Chacarita realizaron un banderazo con radio abierta para reclamar por las obras inconclusas por parte del Gobierno de la Ciudad de la estación Villa Crespo del Ferrocarril San Martín.

La finalización de las obras del Viaducto San Martín y de las estaciones La Paternal y Villa Crespo/Chacarita continúa demorándose. El sábado 25 de septiembre se cumplieron cuatro años de que el tren pasa, pero no para. A dos años de las promesas de campaña del actual jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, los y las vecinas siguen esperando que se finalicen las obras y se reabran las estaciones inconclusas.
Es por eso que ayer viernes por la tarde, organizaciones políticas y sociales de la Comuna 15, junto a vecinos y vecinas de los barrios de Chacarita y Villa Crespo realizaron un banderazo y radio abierta sobre la avenida Corrientes entre Dorrego y Humboldt para visibilizar esta situación: a la Comuna 15 la dejaron sin tren.
Luis Cúneo, referente de la agrupación Nueva Comuna dijo que “La elevación de los ferrocarriles San Martín y Mitre fue una inversión desmesurada para una obra que nadie había reclamado ni demandado. Hoy, después de 4 años, las estaciones Villa Crespo y La Paternal siguen cerradas, nuestros barrios se llenaron de nuevos baldíos y los terrenos del bajo viaducto se encuentran en estado de abandono. Exigimos al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta que termine con las inconclusas obras del viaducto San Martín. Que le devuelva a la Comuna 15 el tren y abra en forma inmediata las estaciones de Villa Crespo y La Paternal.
A la radio abierta se sumaron diferentes voces como la del comunero por el Frente de Todos en la Comuna 3 Miguel Varela y la ex legisladora María José Lubertino. La velada estuvo acompañada al ritmo de la murga Destacados por la Alegría de Villa Crespo.
En tanto el comunero por el Frente de Todos Leonardo Lucchese expresó que “En 2019 Larreta anunciaba la inauguración de estas estaciones, sin embargo, hoy en día siguen cerradas y el Gobierno de la Ciudad no da respuesta. El cierre de las estaciones es una problemática que afecta a usuarios, vecinos, vecinas y comerciantes. En lugar de generar respuestas, el Gobierno porteño propone concesionar la obra del bajo viaducto, ignorando el reclamo de vecinos y vecinas y perpetuando sus negociados para pocos”.
Todo comenzó durante el gobierno de Mauricio Macri cuando Nación traspasó las obras de los viaductos de los trenes Mitre y San Martín a la Ciudad. La elevación de las vías fue, junto al Paseo del Bajo, una parte central de la campaña electoral de 2019.
El Viaducto San Martín se inauguró con bombos y platillos el 10 de julio de 2019 durante la campaña para las PASO. Sin embargo, la postal que se ve ahora son calles cortadas, obradores abandonados, carteles que anuncian la obra, estructuras de grúas, escombros y basura. Lo que sucedió fue que la Ciudad tomó la polémica decisión de suspender los trabajos.
La UTE Green-Rottio, que tenía a cargo la obra, comenzó con problemas financieros a pesar de los pagos puntuales que realizaba el gobierno de Rodríguez Larreta. El concurso preventivo no tardó en llegar dejando una deuda de más de $400 millones (a septiembre 2019), perjudicando a 50 PyMEs que Green-Rottio subcontrataba para la realización de las obras.
Al comienzo de las obras el Gobierno porteño contrató colectivos para que los pasajeros puedan hacer el tramo que les faltaba, partía de Villa del Parque y llegaban hasta Palermo, pero, tras la ficticia inauguración, este servicio se dio de baja.
En 2020, desde el Gobierno de la Ciudad aseguraron que “no se considera prioritario terminar las obras de las estaciones Villa Crespo y La Paternal”. La excusa esta vez fue por la quita del 1.8 de la Coparticipación Federal y por la pandemia de Covid-19.
Lo cierto es que mucho antes de la pandemia de coronavirus las obras estaban abandonadas. Y ante este abandono, el Gobierno de la Ciudad decidió este año que le devolvería las obras al Estado nacional para que termine lo que Rodríguez Larreta no pudo. “Más allá de lo que corresponda la gente necesita usar esas estaciones y nuestra prioridad es que se termine, por eso estamos evaluando qué hacer”, dijeron desde Nación.
La Ciudad no quiere el dinero para terminar las obras, sino que directamente la Nación se haga cargo de licitarlas, un proceso que puede llevar varios meses. Desde el Ministerio de Transporte que conduce Alexis Guerrera explicaron que estuvieron evaluando el estado de las obras en Villa Crespo y La Paternal y se encontraron que están en estado de abandono, algo que se repite en otras paradas del ferrocarril San Martín.
En las estaciones La Paternal y Villa Crespo-Chacarita queda pendiente completar la construcción de escaleras y losas de andén, instalaciones (sanitarias, eléctricas de iluminación, de incendio, de calefacción), mobiliario urbano, provisión de cubiertas, y puesta en servicio y habilitación de ascensores y escaleras mecánicas. Además, falta terminar reparaciones de muros, ejecución de descargas pluviales, colocación de paneles acústicos, reparaciones de vigas, columnas y dinteles, y demolición de estructuras provisorias relacionadas con la posterior desmovilización de obra que comenzó en junio de 2017.
También participaron de la actividad la comunera Jazmín Tello; La Cámpora; el colectivo de vecinos de No a las Torres en La Isla de La Paternal; Peronismo Militante; la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes; Vecinos Inquietos de La Paternal; el colectivo Dos Mil Tres; la Asamblea Permanente por el Derecho a la Salud; Política Obrera.

4.10.2021

Por CORREPI

Hace dos años, en Villa Crespo, tres policías de la Ciudad, Claudia Alejandra Beatriz Manzanelli, Daniela Isabel López y Darío Ramón Pérez, rodearon a Claudio Romano, remisero de 39 años que estaba ya herido, caído en el piso e incapacitado para levantarse, y le dispararon con sus armas reglamentarias hasta matarlo.

Las imágenes captadas por las cámaras de la cuadra de la calle Malabia al 900 no dejan espacio para la duda ni el debate. Claudio estacionó su auto, en doble fila, detrás de un patrullero. Por razones que no conocemos, se bajó y se dirigió a la ventanilla del móvil policial. Tenía algunas heridas superficiales de arma blanca en el abdomen y las muñecas, cuyo origen tampoco conocemos. Lo que sí sabemos, porque está filmado, es que Claudio introdujo su brazo derecho, en el que tenía una navaja tipo “kerambit”, por la ventanilla del patrullero, y realizó un movimiento, para de inmediato correr rodeando la tropa del auto. El policía Pérez, que estaba al volante del patrullero, tuvo una lesión también superficial en el cuello. En ese instante, sonaron dos disparos, uno de Pérez, otro de su acompañante, la oficial Manzanelli, que impactaron en la ventanilla del lado derecho del patrullero. Manzanelli bajó del auto y realizó un tercer disparo, que pegó de lleno en el muslo izquierdo de Claudio, que cayó al piso y permaneció inmóvil casi un minuto completo. En ese lapso, los dos policía, más la oficial López, que estaba en la vereda, lo miraron, se alejaron y usaron sus celulares. Luego, rodearon a Claudio, que seguía tendido en el piso. Cuando apoyó el codo en el piso e intentó levantar apenas el torso, el oficial Pérez le pateó la cara con tremenda fuerza, con lo que volvió a caer del lado izquierdo. Cuando intentó nuevamente sentarse, rodeado por los policías, los tres dispararon sobre Claudio, que apenas hizo unos movimientos espasmódicos entre disparo y disparo. La navaja estaba ya lejos de su cuerpo. Los disparos sólo cesaron cuando era evidente que estaba muerto.
Las contundentes imágenes (publicadas en muchos medios), sumadas a la reconstrucción de la cantidad y autoría de los disparos que permitieron la autopsia y las pericias, permitieron que sin mucha demora se ordenara el procesamiento de los tres policías de la Ciudad por homicidio calificado, con una expectativa de prisión perpetua para los funcionarios. A pesar de eso, incluso contra la opinión de la jueza que instruyó la causa, la cámara de apelaciones les dio el beneficio -privilegio es más exacto- de la excarcelación durante el proceso. Para fin del 2020, la causa ya estaba elevada al tribunal oral que realizará el debate, y antes del inicio de la cuarentena nuestra querella, en representación de la familia de Claudio, ya había ofrecido la prueba que utilizaremos en el juicio.
Poco después, a raíz de una presentación electrónica realizada por la defensa de los policías, nos enteramos, y denunciamos públicamente, que, a pesar de estar enfrentando un juicio por homicidio calificado, delito sancionado con prisión perpetua, los policías Pérez, López y Manzanelli no han sido separados de la fuerza, sino que continúan en funciones. Aunque, claro está, ante la difusión de la noticia, desde el GCBA “aclararon” que no están en tareas que impliquen contacto con personas. Traducido, están a resguardo de que los reconozcan y escrachen, pero siguen en actividad y cobrando a fin de mes.
Después de la histórica condena a prisión perpetua al policía de la Ciudad Adrián Otero por el fusilamiento de Cristian “Paragüita” Toledo, dictada en octubre de 2018 por el hecho ocurrido poco más de un año antes, éste es el siguiente juicio oral por un caso de gatillo fácil contra la Policía de la Ciudad. Apenas si dos de los casi 90 hechos semejantes protagonizados por la que dirige y defiende el Gobierno de la Ciudad Horacio Rodríguez Larreta. Cuando decimos “defiende”, no es un giro retórico, es un simple y contundente hecho. Los tres policías que fusilaron a Claudio no se vieron en la disyuntiva de cualquier persona sometida a proceso, puesta a elegir entre una defensa oficial saturada de causas o una particular, de altísimo costo material. Tienen defensa particular, pero no la pagan: sus defensores son los abogados de la División Asuntos Penales de la Policía de la Ciudad.
Abogados que llegaron a simular una “pericia” de la policía científica de la misma fuerza, obviamente excluida de toda intervención en la causa, lo que valió que radicáramos una denuncia contra los funcionarios responsables de usar en provecho de tres imputados por homicidio calificado los recursos que la Ciudad dice que no tiene para afrontar las ingentes necesidades sobrevenidas por la pandemia.
A dos años de este hecho, seguimos exigiendo que se realicen las pericias correspondientes y se ponga fecha de juicio.
¡Basta de gatillo fácil! ¡Perpetua a los policías asesinos de Claudio!

1.10.2021

Por Martín Suárez @MDSuarez

De un total de 16 convenios, se aprobaron 11. Las dos iniciativas fueron votadas en soledad con la mayoría del oficialismo porteño. Amplio repudio de la oposición parlamentaria.

En menos de dos semanas el ejecutivo porteño logró sancionar un ambicioso paquete de desarrollos inmobiliarios que tienen como objetivo construir 11 torres edilicias en casi todas las comunas de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de un conjunto de 100 convenios urbanísticos que debatirá de acá a fin de año. Envalentonados por los resultados de las PASO, el proyecto fue presentado por el oficialismo a las pocas horas de obtener el 48% de los votos en el distrito porteño.
De esta manera, Larreta logró su cometido en pocos días, para modificar excepciones a las normas de edificación vigentes en diferentes parcelas de la Ciudad, es decir, una forma de quebrantar la ley de Edificación que el propio gobierno porteño sancionó hace un par de años en la legislatura. El documento votado habilita la construcción de torres que estarán distribuidas en 12 barrios, y entre ellas se destaca una de 20 pisos que la firma Nehuente SRL levantará en la esquina de Córdoba y Reconquista, al lado del monasterio de Santa Catalina, un edificio construido en el año 1745 y que es parte del patrimonio histórico de la Ciudad.
“Esto se suma a lo que ya pasó en la escandalosa última sesión, donde el grupo IRSA intenta avanzar en torres suntuosas en la Ciudad deportiva de La Boca en la costanera Sur para hacer un barrio de lujo sobre un humedal, hecho que va a producir un impacto ambiental”, afirma a Tiempo la legisladora porteña del FIT Mercedes Mendieta, que además considera que las nuevas torres no van a poder ser habitadas por ningún trabajador o trabajadora de los sectores populares. La oposición, además, coincide que el crecimiento de la vivienda ociosa en la Ciudad de Buenos Aires va a producir un fuerte impacto sobre el precio de las viviendas y de los alquileres: “Hoy un trabajador y una trabajadora que quiere acceder a un departamento de dos ambientes puede llegar a pagar de 35 mil a 50 mil pesos. Estamos hablando de una ciudad cada vez más expulsiva cuando en el mundo el problema del crecimiento de los inquilinos llevó, por ejemplo, a que en Berlín días atrás se votara un referéndum para expropiar 240 mil viviendas para evitar la especulación inmobiliaria”, remata Mendieta
El resto de las torres se construirán en los barrios de Núñez, Belgrano, Palermo, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Caballito, Boedo, San Cristóbal, San Telmo y Barracas; que fueron incluidos en otro proyecto con 15 convenios. Según datos oficiales, esto permitirá habilitar casi 200 mil metros cuadrados y crearán alrededor de 6.000 empleos. Asimismo, el Estado porteño recibirá contraprestaciones por casi 36 millones de dólares. Ahora los convenios urbanísticos aprobados deben pasar por el sistema institucional de Audiencia Pública antes de un segundo tratamiento por parte de los legisladores para su sanción definitiva.
El otro proyecto polémico que logró aprobar el oficialismo porteño amplía las facultades del Tribunal Superior de Justicia. En concreto: habilita al TSJ local a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales. Formalmente, el proyecto de ley que se votó este jueves lleva el nombre de “modificación de la normativa vigente en materia de audiencias administrativas y judiciales” pero a último momento el macrismo introdujo en el texto del mismo un artículo que modifica la ley 402, la cual regula los procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia porteño. Este artículo determina que los recursos ordinarios de apelación ante el TSJ de la CABA puedan proceder “contra las sentencias emanadas de los tribunales de la ciudad de Buenos Aires o los integrantes de la Justicia nacional de la Capital Federal”. Desde la oposición advirtieron en varias oportunidades que esto busca traer la causa de Correo Argentino al distrito porteño para que tenga un fallo favorable al ex presidente Mauricio Macri. “Es el Congreso de la Nación el que tiene la potestad de sancionar proyectos como este, como lo establece la Constitución Nacional”, manifestó durante su exposición la diputada porteña Lucía Cámpora. “Esto, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, ya lo viene implementando en varias causas. Pero ahora, en el fuero comercial, las causas en las que se pide el recurso ante el TSJ, por resoluciones de la justicia Nacional, son las del Correo Argentino por recurso de inconstitucionalidad; y SOCMA Americana sobre queja de recurso de inconstitucionalidad. Y ahí donde nos damos cuenta que este proyecto tiene nombre y apellido, es Mauricio Macri”, remata Cámpora.

Un Tribunal Superior de Justicia adicto al gobierno porteño

En diciembre de 2020 y en un fallo sin precedentes, el TSJ determinó que sólo estarán habilitados para reclamar vacantes aquellas familias que no puedan abonar la matrícula en la educación privada. De esta manera, el TSJ se posicionó en contra de la Constitución porteña, que en su artículo 24 señala: “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad”. De los 5 magistrados que tiene este tribunal, cuatro votaron contra la comunidad educativa y a favor del gobierno porteño: Marcela De Langhe fue la jueza que emitió el primer voto a favor del Ejecutivo; luego la jueza Inés M. Weinberg y el juez Santiago Otamendi hicieron lo mismo, al igual que el magistrado Luis Francisco Lozano, quien dentro de sus argumentos propuso que las causas sobre pedidos de vacantes se acumulen en la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que lleva adelante reclamos de las familias que demandan vacantes por la vía legal. La única jueza que votó a favor de que las familias puedan seguir demandando por la vía legal una vacante en la educación pública y gratuita fue Alicia Ruiz.

Pedido de juicio político al TSJ

Por el controvertido fallo anunciado, legisladoras y legisladores de la oposición, presentaron un pedido de juicio político a los cuatro integrantes del Tribunal Superior de Justicia porteño. El mismo promueve el inicio “del procedimiento previsto en los artículos 92 a 94 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y dispone que el proceso deberá “establecer si los jueces del Tribunal Superior de Justicia Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg de Roca, Santiago Otamendi y Francisco Lozano han incurrido en alguna de las causales previstas” en la Carta Magna porteña, como mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones.