Red de radios

18.5.2021

Por Elizabeth Pontoriero

Estudios internacionales y locales dan cuenta del impacto de las escuelas sobre la curva de contagios. El estudio de universidades argentinas que analizó los casos de CABA y Gran Buenos Aires.

Existen distintos estudios científicos que explican el impacto que la presencialidad escolar tiene en los contagios de COVID-19 y cómo los diferentes países del mundo decidieron aplicar idénticas medidas con respecto a esa modalidad educativa para contener la situación sanitaria y epidemiológica. De hecho, ahora parece que el propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y después de afirmar todo lo contrario durante semanas, estaría dispuesto a “cerrar las escuelas”.
Por ejemplo, la “Guía de Control y Prevención”, elaborada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) no tiene dudas: “La decisión de cerrar, cerrar parcialmente o reabrir las escuelas debe guiarse por un enfoque basado en los riesgos para maximizar los beneficios educativos, de bienestar y de salud para los estudiantes, el personal docente y auxiliar y la sociedad en general. Además, debe contribuir a prevenir un nuevo brote de COVID-19 en la comunidad”.
Para evaluar esto, el estudio se basa en distintos elementos, entre los que se destacan:
– “la epidemiología de la COVID-19 a nivel local: la situación puede variar de un lugar a otro dentro de un mismo país”;
– los “beneficios y riesgos: ¿cuáles son los beneficios y los riesgos probables para los niños y el personal de la reapertura de las escuelas?, teniendo en cuenta la intensidad de transmisión en la zona en la que funciona la escuela: situación de ausencia de casos, casos esporádicos, transmisión por conglomerados o transmisión comunitaria, la intensidad de transmisión en la zona en la que funciona la escuela: situación de ausencia de casos, casos esporádicos, transmisión por conglomerados o transmisión comunitaria; los efectos generales del cierre de las escuelas en términos de educación, salud general y bienestar, y sobre las poblaciones vulnerables y marginadas (niñas, desplazados y personas con discapacidad, etc.) y la eficacia de las estrategias de aprendizaje a distancia”.
En el caso de la ciudad de Buenos Aires, que junto con el Gran Buenos Aires presenta una alarmante cantidad de casos, el jefe de gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó en conferencia de prensa que la decisión de continuar con las escuelas abiertas, se basa en los estudios de expertos: “Todas las decisiones que tomamos en la Ciudad de Buenos Aires son basadas en los datos, son basadas en la evidencia, todas las decisiones recogen la opinión de expertos nacionales e internacionales en salud”. Por su parte, Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, aseguró en la misma línea hace sólo unos días: “Lo que hemos visto como en otros países del mundo es que la escolaridad con protocolos bien cumplidos, con las medidas de cumplimiento de la ventilación, la distancia y el uso del tapabocas, son lugares donde no se generan contagios más allá de la prevalencia de la enfermedad en la comunidad general” y sentenció que “la aceleración de contagios se está dando por un mecanismo que no está en la escuela, por eso es que separamos las situaciones epidemiológicas de los mecanismos de contagio de la presencialidad en la escuela que es una presencialidad cuidada y que ha demostrado la evidencia que no generan nuevos contagios”. ¿Qué cambió ahora para que Larreta piense en mandar todo para atrás? ¿Todas esas variables “científicas” que contemplaban las autoridades porteñas ya no existen más?

Las aulas contagian

En el “Informe sobre el Impacto de la presencialidad escolar en los casos confirmados de COVID-19″, elaborado en mayo de este año por un grupo de 14 científicos de la Universidad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del CONICET y otras instituciones científicas del país, se indica que la curva de contagios por COVID-19 disminuyó en el Gran Buenos Aires desde que se aplicaron las medidas restrictivas y se suspendieron las clases presenciales para comenzar con las virtuales.
Así, sobre la base de datos proporcionados por el ministerio de Salud, el informe señala, con respecto al impacto sufrido por las restricciones en distintas fechas antes y después del último decreto, lo siguiente: “Las primeras restricciones a la nocturnidad anunciadas el 07/04 resultan en un cambio de tendencia el día 10/04, con una pendiente levemente negativa en el Conurbano y levemente positiva en CABA e Interior PBA. Las segundas restricciones anunciadas el 14/04 resultan en un cambio de tendencia el día 20/04, con una pendiente negativa muy similar en las tres regiones. La educación virtual que comienza el 19/04 en el Conurbano produce una pendiente significativamente más negativa a partir del 22/04. La disminución de casos entre el 22/04 y el 27/04 es del 22.0% en Conurbano, 13.2% en CABA y 11.4% en Interior PBA”
El estudio es concluyente en este aspecto: “Si no hubiese habido cambio de pendiente el 22/04 producto de la educación virtual en Conurbano, se hubiera esperado que la reducción del 22% de los casos fuera sólo del 13.1%. Esa menor disminución hubiera significado en el Conurbano unos 2500 casos confirmados más a lo largo de esos cinco días, con su consiguiente impacto en el uso de unidades de terapia intensiva y el número de fallecimientos un par de semanas después. Es importante indicar que las diferencias generadas por medidas locales tienden a disminuir con el tiempo si hay una activa interacción social entre las poblaciones de dos distritos adyacentes”.
La investigación, que se basa en el análisis de la provincia de Buenos Aires, el Conurbano y la ciudad de Buenos Aires, explica que “el 19/04/2021 se elimina la presencialidad en el Conurbano. Se observa una disminución de los confirmados en general (todas las edades) para las tres regiones analizadas, pero esta disminución es más significativa en el Conurbano. En el grupo etario de 5 a 11 años se observa una disminución significativa de los confirmados en el Conurbano, en comparación a un aumento en las regiones con clases presenciales (aunque la presencialidad fue muy inferior al 100% en CABA y en Interior PBA producto de la decisión de muchos padres de no llevar a sus hijos a la escuela)”.
Se debe tener en cuenta que, según datos del ministerio de Salud de la Nación, uno de los factores que se evalúa para decidir el cierre de las escuelas es el número de incidencia, así, se determinó como número elevado 150 casos de COVID-19 cada 100.000 habitantes para un período de 14 días. Hoy el AMBA supera largamente esos valores.
En la misma línea, se expresó el director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, Axel Rivas: “No logré encontrar ningún sistema educativo nacional o subnacional que haya mantenido escuelas abiertas con más de 650 casos cada 100.000 habitantes por semana, como ocurre en CABA ahora”, dijo a Tiempo Argentino.
Volviendo al informe de los investigadores del CONICET y otras instituciones, el trabajo es concluyente sobre los movimientos en la tendencia de contagios en relación a la apertura de clases o a su suspensión. “La Ciudad de Buenos Aires inició sus clases del ciclo 2021 en algunos grados el 17 de febrero de este año y de manera completa el 1° de marzo, en momentos en que la incidencia de casos confirmados de COVID-19 era de aproximadamente 150 semanales cada 100.000 habitantes. La PBA las inició el 1° de marzo, con una incidencia de casos en ese mismo indicador de 100 en el Conurbano y 110 en el interior de PBA. Ante el decreto presidencial que determinó la suspensión de clases presenciales en el ámbito del AMBA a partir del 19/4, la PBA suspendió las mismas en el Conurbano a partir de ese día, con una incidencia de casos confirmados de 475 semanales cada 100.000 habitantes. En ese mismo momento, CABA decide desconocer el decreto presidencial con una incidencia de casos en ese mismo indicador de 610. También para esa fecha se mantienen las clases presenciales en casi todo el interior de la PBA (región no afectada por el decreto presidencial), con una incidencia de casos en ese mismo indicador de 350 (para esta zona tomada como un todo)”.

Cierre de escuelas en otros países

Según el “Informe sobre el Impacto de la presencialidad escolar en los casos confirmados de COVID-19”, sobre la base de datos aportados por la UNESCO, el cierre de escuelas es “la segunda medida más efectiva para reducir la circulación viral (luego de la cancelación de reuniones sociales). También se concluye que ninguna medida (no farmacológica, como podría serlo la vacunación masiva) es suficiente por sí misma, ubicando al cierre de escuelas como una de las principales a ser combinada con otras acciones”. Así se desprende de un trabajo que analizó 45 tipos diferentes de medidas preventivas destinadas a la reducción de la circulación del virus.
De acuerdo con lo mencionado en ese informe “en el año escolar 2021 (es decir, desde septiembre 2020), hubo 101 países (de 210) que dispusieron restricciones a la presencialidad en todos los niveles escolares, a nivel nacional, por dos semanas o más”. Asimismo, “los países del hemisferio norte tuvieron acelerados incrementos de contagios desde diciembre. En la mayoría de éstos se procedió al cierre de escuelas en todos los niveles. En algunos a nivel nacional y en todos los niveles, como fue el caso de Israel, Polonia, Austria, Alemania, Grecia, Irlanda, Inglaterra, Dinamarca, Portugal, Bélgica y Francia” y aclara que se “exceptuaron las zonas rurales o jurisdicciones con menor gravedad de casos”.
En lo que respecta a Latinoamérica, el informe describe que “en lo que lleva del 2021 ya tuvieron suspensiones generalizadas de clases presenciales (en todos los niveles y a nivel nacional) México, Venezuela, Jamaica, Perú, Honduras, El Salvador, República Dominicana y Uruguay. En Ecuador sólo una minoría de escuelas había llegado a abrir en el mes de marzo. En Colombia se impulsó un plan de retorno gradual a la presencialidad (con alternancia) pero al superar los 200 casos semanales cada 100.000 habitantes volvieron a cerrar en prácticamente todos los distritos. En Chile [8] hubo durante todo el año jurisdicciones que mantuvieron cierres en todos los niveles escolares, en base a un esquema que dispone cierres en función de la situación epidemiológica”. Y hasta Brasil decidió suspender la presencialidad en las escuelas en distintos distritos de acuerdo con la situación epidemiológica.
En el caso de Chile, en particular, se menciona que “las clases comenzaron a principios de marzo, con alrededor de 100 casos confirmados semanales cada 100.000 habitantes y prohibieron totalmente la presencialidad a partir de fin de marzo, cuando llegaron a 200 en ese mismo indicador”. Por otra parte, en la investigación se especifica que “algunos países cuentan con indicadores de riesgo que ponen límite a la continuidad de la presencialidad en determinados contextos epidemiológicos, según la cantidad de casos semanales detectados cada 100.000 habitantes”
Finalmente, en el informe, también, se aclara que, con respecto al impacto que puede tener el cerrar las escuelas, “si bien existen otros estudios que no han logrado establecer dicha relación, esto no es suficiente para argumentar que la relación no existe. Es decir, a lo sumo puede afirmarse que, por la complejidad del problema (interacción no lineal entre múltiples factores y medidas concurrentes, no todos bajo control), no es posible asegurar que en cualquier situación concebible el cierre de escuelas producirá sistemáticamente una disminución de la circulación”.

14.5.2021

Por Laura Litvinoff

El 17 de mayo del año pasado, en medio de la cuarentena estricta para frenar la pandemia, la voz de una promotora territorial, Ramona Medina, se escuchó en todo el país: demandaba porque el agua estaba cortada en el barrio 31 y 31bis justo en el momento en que más se insistía con la necesidad de lavarse las manos y mantener la distancia. Ramona murió de coronavirus diez días después de ese reclamo colectivo y desesperado. Tal vez se contagió en la cola para cargar los baldes, tal vez mientras atendía el comedor comunitario. En esas dos semanas de sequía urbana los contagios subieron en esos barrios cuatro veces. Hoy, el acceso al agua potable sigue sin estar garantizado. Y las cuidadoras comunitarias tampoco son consideradas esenciales.

“Soy parte del grupo de riesgo y hace 12 días que estoy sin agua en mi casa. No tengo plata para comprar bidones, tengo que reciclar agua para todo; desde el Gobierno se la pasan diciendo que este virus se combate higienizándose, ¿pero cómo podemos hacer para higienizarnos si no tenemos ni una gota de agua?», denunciaba hace exactamente un año a esta cronista y Las12, Ramona Medina, trabajadora de comedores y merenderos comunitarios de la villa 31 y 31 bis, y referenta del área de salud de la Casa de las Mujeres y las Disidencias de la Asamblea de La Poderosa. Y mientras lo hacía, su voz potente, construida a base de miles de carencias, temblaba por la rabia, la desesperación, la impotencia y la angustia. Nueve días más tarde, Ramona estaba muerta a causa del covid.
En ese entonces, la curva de contagios de la primera ola de la pandemia no tenía las magnitudes de ahora en la Ciudad de Buenos Aires, era poco lo que se sabía sobre el virus y estaba lejos todavía la discusión sobre las clases presenciales. Pero la realidad que atravesaban los barrios populares no era muy diferente de la actual: la gran pobreza estructural de estos sectores se profundiza con un aumento alarmante de contagios y la imposibilidad de hacer cualquier tipo de cuarentena en viviendas precarias en las que al hacinamiento, al hambre y al desempleo se suma la violencia por razones de género que encuentra su caldo de cultivo en la crisis y las convivencias obligadas sea por razones que impone la pandemia o por la falta de vivienda. El año pasado, además, faltaba el aguase le sumaba la falta de y el abandono absoluto por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y éste año?
La historia de Ramona Medina fue la crónica de una muerte anunciada. Su voz, aunque ya no podía proyectarla, empezó a amplificarse por todos lados en una sociedad que a veces pareciera despertarse cuando las enormes desigualdades ya se cobran vidas. También se empezó a conocer más sobre su trabajo, su militancia, su compromiso social, su fortaleza, y su profunda intolerancia a cualquier tipo de injusticias, sean propias o ajenas. Con ella, se plantaron en la agenda pública todas las que atienden comedores, merenderos, espacios de acompañamiento a víctimas de violencia machista, cuidadoras sin salario que también son esenciales y que ni siquiera en la segunda ola están consideradas como prioritarias para acceder a la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires.
Ramona vivió una vida digna y murió luchando, pero como la mayoría de las mujeres de estos barrios, también murió esperando: esperando un cambio de vivienda que el Gobierno le había prometido y que nunca se concretaba, esperando poder tener algún día las necesidades alimentarias y sanitarias cubiertas, y los mismos derechos que el resto de la ciudadanía.
Al cumplirse un año de aquel mayo fatídico, resulta urgente volver a preguntarse: ¿Qué ocurrió con todo lo que había develado la muerte de Ramona?

Un desalojo encubierto

“Hola mami, ¿qué estás haciendo?” pregunta un niño con tono cómplice en un video grabado desde el celular que envía a Las12 Mirta Rodríguez, trabajadora del comedor y merendero “Somos libres” de la villa 31 y militante desde hace cinco años de la organización social Barrios de Pie.
En la filmación, Mirta está en una cocina preparando y sirviendo mate cocido con leche en varias jarras de plástico. Ella responde que lo hace para entregárselo “a la gente más necesitada” y su hijo, siempre detrás de cámara, la sigue en su recorrido hasta una mesa sobre la que hay platos con porciones de bizcochuelo. La voz del niño vuelve a preguntar: “¿Con bizcochuelo?” y, ante la afirmación de la madre, él agrega: “¡Qué rico!”.
Del otro lado del teléfono, Mirta cuenta que el video es de los primeros meses del año pasado, cuando ella y su familia aún vivían en el Bajo Autopista -el sector ubicado debajo de la autopista Arturo Illia y la “columna vertebral” que divide la villa 31 de la 31 bis: “Estábamos preparando la merienda que nos había donado un vecino pastelero para llevarla puerta a puerta, porque en ese momento había bastantes contagios en el barrio y mucha gente no podían ir al merendero porque estaban en aislamiento”, recuerda la mujer, y agrega que, ahora, el comedor en donde trabaja está abriendo dos días a la semana y que siempre se llena, a pesar de que el Gobierno se sigue negando a registrarlo y esto les impide recibir alimentos frescos, por lo que solo reciben los alimentos secos que manda el Estado.
Unos minutos después, Mirta también envía una foto: “Esto es el Bajo Autopista”, dice para describir el lugar en donde vivía antes. En la imagen se ve un gran bloque de cemento que hace de techo a una fila de viviendas construidas con una arquitectura singular y reconocible. Sobre una reja verde ubicada un poco más adelante, hay varios carteles y banderas que rezan: “La Secretaría miente, amenaza y hostiga”, “Bajo Autopista no se va, resiste”, “Vecinos unidos, jamás seremos vencidos”.
“Yo era vecina de Ramona” -dice Mirta- “En octubre, a mí y a otrxs vecinxs nos desalojaron. El Gobierno de la Ciudad lo hizo pasar por una relocalización, pero la realidad es que nos obligaron a irnos”.

La resistencia del Bajo

El proceso de urbanización de la Villa 31 no cambió sustancialmente en nada luego de la muerte de Ramona Medina. A principios de 2019, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires empezó este proceso en el sector del Bajo Autopista, que era el lugar donde también vivía Ramona con su familia. Su objetivo era relocalizar a todas esas familias en pequeñas viviendas nuevas que estaban pésimamente construidas, que no tenían en cuenta las condiciones que cada grupo familiar necesitaba -al igual que le había sucedido a Ramona, cuya relocalización estaba demorada porque por la enfermedad crónica de su hija necesitaba una vivienda más grande que el Gobierno se negaba a reconocerle- y que, además, el plan para llevarlo adelante no incluía ninguna perspectiva de género.
Frente a esta situación, durante varios meses, muchas familias de ese sector se resistieron a mudarse. Como consecuencia de esto, el Gobierno empezó a presionarlas y a amenazarlas para no dejarles otra opción que aceptar el cambio de vivienda: “El hostigamiento que recibimos fue enorme: cada dos por tres nos cortaban la luz, el agua, tapaban las cloacas con los escombros de las viviendas de los vecinxs que se iban yendo y si llovía fuerte nos quedábamos con el agua hasta las rodillas”, recuerda Mirta aún con rabia.
Hasta ahora, el Gobierno ya consiguió relocalizar a más del 80% de las familias del Bajo, y ahora pretende hacer lo mismo con todas las viviendas restantes de la villa 31. Entre otros inconvenientes, las vecinas relocalizadas que fueron consultadas por Las12 aseguran que en las viviendas nuevas además de problemas eléctricos, derrumbe de ventanas y accidentes por la mala construcción de las barandas de los edificios, la gran mayoría no tiene agua caliente desde hace ya más de seis meses.
A su vez, desde la Asamblea Feminista de la 31 y 31 bis -en la que convergen múltiples organizaciones del barrio- también denuncian situaciones de violencia por razones de género por la desprotección que existe cerca de la zona que antes era del Bajo Autopista y que ahora quedó prácticamente deshabitada.
María Muñoz, integrante de la Asamblea Feminista y militante de la organización poíitica NEP (Nuevo Espacio de Participación), explica que los cuidados hacia ella y sus compañeras nunca llegan desde el Gobierno, sino de las mismas promotoras y vecinas de la 31. Y advierte que el año pasado, en plena pandemia, apareció una mujer joven muerta y un hombre que declaró haberla asesinado: “Hasta el día de hoy nosotras no sabemos absolutamente nada de ella, y todo esto ocurrió a unos metros de la comisaría, en un lugar muy peligroso, oscuro y descampado en donde también, después de ese femicidio, hubo dos nuevos intentos de violaciones. Nosotras hicimos las denuncias, pero ni el Gobierno ni la policía nos escuchan”.

La sordera del Gobierno

Según un informe de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA y el Frente Salvador Herrera de la CTA, a partir del primer caso de Covid-19 registrado en abril del año pasado en la villa 31, luego de pasar 15 días sin agua en la mayoría de las viviendas en plena pandemia, la cantidad de contagios se multiplicó por cuatro. Y a pesar de que hace ya tres años que el Gobierno porteño anunció la inversión de más de mil millones de pesos para obras de infraestructura sanitaria (especialmente para agua potable y cloacas), resulta imposible encontrar una sola conexión formal de agua potable en todo el barrio. Es decir que la realidad sanitaria en la 31 continúa igual o peor que el año pasado.
Al comienzo de la cuarentena, un grupo de mujeres y disidencias referentas de distintos barrios populares de la ciudad, acompañadas por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la CTA Autónoma de Capital, presentaron una acción judicial para garantizar el acceso al agua en todos los hogares porteños.
En mayo de ese mismo año, la Justicia falló a favor y le ordenó al Gobierno porteño garantizar 150 litros de agua por habitante por día, junto con la elaboración de un protocolo de actuación acordado previamente con las comunidades barriales. Sin embargo, una vez más, nada de todo esto fue cumplido. Ante la nueva falta de respuesta, ese mismo grupo de organizaciones presentó un proyecto de intervención inmediata para que al menos se pudiera garantizar un tanque de agua en cada hogar y de esa forma permitir el almacenamiento de manera segura, pero esa propuesta tampoco fue escuchada por el Gobierno.
María Eva Koutsovitis, ingeniera civil, coordinadora de la materia de Ingeniería Comunitaria de la UBA e integrante de la CTA Capital, explica: “Estamos ante un panorama muy complejo: a un año de la muerte de Ramona, la realidad es que no hemos avanzado en nada. En el último proyecto que presentamos a la Justicia, propusimos que el Gobierno compre 20 mil tanques de agua, lo que significa alrededor de 200 millones de pesos, un número que no tiene ninguna incidencia en relación al presupuesto que maneja la Ciudad de Buenos Aires, y así y todo aún seguimos sin tener ninguna respuesta”.
La ingeniera también advierte que recientemente el Gobierno de la Ciudad ha discutido un protocolo de formalización de los servicios públicos, entre ellos el servicio de agua potable y cloacas, pero que ese documento no fue acordado con la comunidad del barrio, y tampoco ha tenido ninguna intervención de la empresa prestadora: “Nos preocupa que el Gobierno avance en la formalización de servicios sin dar la discusión activamente para incluir la participación del conjunto de la comunidad del barrio, y que tampoco esté presente la empresa prestadora para poder asegurarnos realmente que esas obras de infraestructura luego se formalicen y puedan garantizar el acceso al agua potable en igualdad de condiciones para todxs”.

Las esenciales invisibles

Felicidad Salinas, vecina de la 31 y promotora de Género y Diversidad de la Asamblea Feminista, atiende el teléfono para cumplir con lo acordado, pero en realidad no está de ánimo para hablar con nadie. “Estoy bastante bajoneada, el lunes se murió una amiga mía por covid”, dice con una mezcla de indignación y desconsuelo. La persona a quien se refiere es Teodora Ulloa, una mujer de 59 años, integrante del movimiento Barrios de Pie y cocinera del merendero Juana Azurduy, ubicado en el sector San Martín de la villa 31. Teodora murió la semana pasada luego de haberse contagiado coronavirus por segunda vez.
Felicidad piensa algunas palabras para describir la personalidad de su amiga: “Teo siempre estaba predispuesta a ayudar. Era la encargada de hacer las tortas fritas y el mate cocido en el merendero, y a lxs chicxs que iban a tomar la leche ahí, a ella le gustaba decirles ‘mis niñxs’”, recuerda esta promotora de género. “Cuando el año pasado, en plena pandemia, el Gobierno empezó a reducir las raciones que enviaba a los comedores, Teodora estaba muy preocupada y todo el tiempo se preguntaba: ‘¿cómo voy a hacer para darle de comer a mis niñxs?’. Y luego agrega: “Pero acá en el barrio siempre es así, si en el comedor tenemos 150 personas, el Gobierno nos manda alimento para 100. La comida nunca alcanza, pero nosotras ya estamos acostumbradas y nos las vamos rebuscando como podemos”.
Para esta vecina de la 31, la muerte de su amiga hubiera sido perfectamente evitable si las trabajadoras esenciales de los barrios populares hubieran entrado en el plan de vacunación: “Las mujeres y diversidades de la 31 estamos a la intemperie, somos las primeras personas en riesgo porque estamos a cargo de los comedores, las ollas populares, las tareas de cuidado, y todo eso nos hace estar muy expuestas y nos termina sobrepasando. Teodora se murió igual que Ramona: poniendo el cuerpo y pidiendo ayuda. Nosotras siempre somos las que cuidamos, pero el Estado no nos cuida”.
A partir de junio del año pasado, el FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), el FOB (Federación de Organizaciones de Base), el movimiento Barrios de Pie y la CTA llevaron adelante la campaña “Somos esenciales” para obtener el reconocimiento de los derechos laborales de más de 4.500 trabajadoras comunitarias -cocineras, promotoras sanitarias y de género, educadoras populares, etc.- que gestionan las políticas públicas en los barrios populares y que están en la primera línea de la pandemia, como era el caso de Ramona.
La campaña duró seis meses y durante ese tiempo, cada jueves de manera ininterrumpida, las trabajadoras comunitarias sacaron las ollas a la calle para visibilizar la esencialidad de sus trabajos y para exigir también que estos sean remunerados. En diciembre esta campaña acompañó un conjunto de proyectos y la presentación de 15 mil firmas en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Al mes siguiente, en una conferencia de prensa, el Ministro de Salud de la Ciudad Fernando Quirós, aseguró que lxs trabajadorxs comunitarixs esenciales iban a ser incorporadxs al calendario de vacunación, pero al día de hoy y en plena segunda ola de la pandemia, ningunx de ellxs ha sido vacunadx.

¿Y en casa quién nos cuida?

Según datos de la OVD (Oficina de Violencia Doméstica), desde marzo de 2020 a marzo de 2021 se registraron 9.096 casos de violencia doméstica en la Ciudad de Buenos Aires. A estas cifras hay que sumarles además los casos que llegan a los CIMS, los Centros de Justicia, las Comisarías, los que son acompañados por redes comunitarias y los que se desvinculan de su agresor sin tomar medidas judiciales.
Particularmente en los barrios populares, frente a la violencia machista son las redes de cuidado comunitarias que articulan las promotoras de género y diversidad de los barrios las que protegen: “Estas trabajadoras tienen como función principal el fortalecimiento, la difusión de los dispositivos de asistencia y prevención ya existentes, así como también el acompañamiento en la derivación y asistencia a las víctimas de violencia de género, entendiendo que, en los sectores más vulnerables, el acceso a la protección estatal es más dificultoso”, explican las integrantes de la Asamblea Feminista de la 31.
Por esto, desde el comienzo de la pandemia, la Asamblea viene tramando distintas estrategias de resistencia en el barrio para que tanto las promotoras de género y diversidad como las promotoras de salud sean reconocidas en sus trabajos y puedan acceder a las condiciones laborales dignas de un empleo formalizado. En un informe difundido en redes sociales durante el mes pasado, las integrantes de la Asamblea señalaron: “Las promotoras de Género y Diversidad estamos listas para tejer otro año de redes de cuidado ¿Está el Estado listo para reconocer nuestra labor comunitaria?”.
A un año de la muerte de Ramona, la situación de las mujeres y disidencias de la villa 31 y 31 bis no solo no ha mejorado, sino que, en la mayoría de los casos, ha empeorado aún más. Y ante la desidia y el abandono de quienes son los principales responsables de garantizar las condiciones básicas en los barrios más vulnerables; la ayuda, los cuidados y la solidaridad vuelve a llegar, una vez más, de las redes feministas, de las organizaciones sociales y del enorme y conmovedor trabajo comunitario que realiza cada vecina del barrio.

13.5.2021

El jueves 13 fue votada por Juntos por el Cambio y el Frente de Todos una ley que exime de impuestos a comercios gastronómicos, sin diferenciar entre grandes y pequeños. La legisladora Alejandrina Barry del FITU no apoyó la ley, diciendo que es insuficiente para los pequeños comercios y que beneficia a cadenas que súper explotan a los jóvenes con bajos salarios y falta de protocolos ante el covid.

El jueves 13 de mayo, la Legislatura porteña aprobó una ley para eximir del pago de ingresos brutos por tres meses a comercios gastronómicos, con el apoyo del oficialismo y la banca del Frente de Todos.
Esta ley otorga importantes beneficios, sin distinguir entre pequeños y grandes. De este modo, grandes cadenas gastronómicas multimillonarias, como Mc Donalds y Burger King resultarán, una vez más, beneficiadas por la política impulsada por el oficialismo porteño y acompañada por el peronismo.
La diputada porteña del FITU, Alejandrina Barry, dejó claro al intervenir que esta ley favorece a las grandes empresas que “explotan a sus jóvenes trabajadores sin ningún tipo de control”, mientras que no hay ningún plan ni política estatal seria para los pequeños comercios, que miles debieron cerrar sus puertas por la crisis desatada por la pandemia.
“Nosotras, junto a mi compañera Myriam Bregman, no vamos a votar ninguna ley que beneficia a quienes súper explotan a sus trabajadores, por eso el año pasado sólo desde la izquierda votamos en contra de los beneficios que fueron apoyados por todos los bloques de la Legislatura, desde Juntos por el Cambio hasta el Frente de todos”, denunció la diputada.
Alertando sobre esto, en marzo de este año el FITU presentó un proyecto para que se anulen los beneficios a Mac Donalds, Burger King y toda empresa que tenga incumplimientos a la legislación laboral o que pague menos del salario mínimo. Por el contrario, la Legislatura aprueba hoy lo opuesto y vuelven a beneficiar a las más poderosas.
Estas millonarias empresas obtienen más beneficios por parte del Estado y continúan superexplotando a sus trabajadores. La diputada contaba que los pibes y pibas que trabajan para estas empresas, continúan cobrando salarios muy bajos y trabajan extensas jornadas laborales y los persiguen sindicalmente. Tampoco se cumplen los protocolos para cuidarlos del covid-19. “En Starbacks me decían que denunciara que flexibilizaron al máximo los protocolos sanitarios y algo que es terrible: si tenés síntomas y te aislás preventivamente para cuidar la salud de tus compañeros, te descuentan el presentismo. Así, te obligan de cierta forma a ir a laburar con síntomas. Y si te contagias y te dan licencia, perdés todos los premios que son gran parte del salario”, señaló Barry.
A su vez, a pesar de que la eximición de impuestos también es para los pequeños comercios, no representa una solución para la crisis que están atravesando, ya que no les alcanza para pagar los servicios, la luz, el gas, y los salarios de sus empleados. Muchos tienen que cerrar igual.
“Nosotros queremos discutir en serio un plan para los pequeños comercios”, sostuvo Barry. “En esta Ciudad se calcula que han cerrado 2.500 locales y se perdieron 24.000 puestos de trabajo, en su mayoría de jóvenes que son los más sufren la desocupación. Se necesitarían subsidios reales para que no tengan que cerrar, crédito a tasa cero del banco Ciudad por todas las deudas que acumulan”.
Para garantizar estos subsidios y para dar respuesta a todas las necesidades sociales que hoy urgen, y que se agravaron con la pandemia, plata hay. Pero el gobierno de Rodríguez Larreta tiene otras prioridades, como la deuda pública que tomó en 2010, y fue apoyado también por el Frente de Todos. Sin ir más lejos, en el presupuesto 2021 el rubro de “Deuda Pública e Intereses” tiene asignado más de 48 mil millones de pesos. Una vez más, el Frente de Izquierda se opuso.
“Por eso nuestro apoyo es al pueblo trabajador, a las pibas y pibes que se organizan contra la precarización laboral, y peleamos por medidas efectivas que ayuden a los pequeños comerciantes. Nunca vamos a apoyar a los empresarios que tratan a nuestros pibes como descartables, sin importarles su salud y su vida, para solo seguir aumentando sus ganancias”, finalizó Barry.

13.5.2021

El jefe de gobierno porteño hizo un tuit en el que repudia “el ataque contra el Estado de Israel”. Así se sumó a la campaña política de la derecha y los grandes medios para victimizar a este estado terrorista.

“El uso del terror como medio de acción política debe ser condenado, siempre y en todo lugar. Repudio el ataque perpetrado contra el Estado de Israel y hago votos por una solución pacífica para los pueblos de Israel y Palestina”, dijo este martes Horacio Rodríguez Larreta.
Así se sumó a la campaña que vienen haciendo los grandes medios, otros dirigentes de Juntos por el Cambio, “libertarios” como Espert y Milei y “periodistas” como Eduardo Feinmann y Alfredo Leuco, con el objetivo de mostrar al Estado terrorista de Israel como una “víctima” de un pueblo al que está literalmente masacrando.
Las imágenes de edificios desmoronándose en Gaza, de niños desesperados y cuerpos palestinos mutilados recorren el mundo desde hace varios días. La ofensiva israelí, que comenzó el fin de semana con una represión a familias palestinas que protestaban en Jerusalén contra el desalojo y la expulsión de sus hogares, ya cuenta con más de 60 muertos, muchos de ellos niños.
Este martes, cuando la cancillería que dirige Felipe Solá emitió un comunicado condenando por igual al pueblo masacrado y al ilegítimo estado ocupante, La Nación, Clarín, Infobae y otros medios pusieron el grito en el cielo, con titulares que parecían asombrarse de que se hablara de un uso “desproporcionado” de la fuerza, como si hubiera una manera desproporcionada de reprimir y masacrar.
Ya el miércoles, la embajadora de Israel en Argentina dio distintas entrevistas en las que victimizó a Israel, un Estado que viene sometiendo al pueblo palestino a un régimen de apartheid hace años.

10.5.2021

El Gobierno porteño finalizó recientemente una licitación para realizar encuestas de “temas específicos” con un gasto superior a los 800 millones de pesos. Por otro lado, contrató a Laura Alonso para enseñarle “valores” a la Policía de la Ciudad. Mientras tanto, los presupuestos de Salud y Educación siguen a la baja.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires finalizó recientemente una licitación para la realización de “Estudios de Opinión Pública” a “determinado grupo de personas” sobre “temas específicos” con un monto total de 838 millones de pesos, de acuerdo a lo informado en el Boletín Oficial de la Ciudad el 30 de abril pasado.
Entre las empresas que ganaron, se encuentran Green Consult SRL con $ 89.140.398 e Inversora Boroca SA con otros $ 77.793.300, cuyos dueños son socios de Jaime Duran Barba, el famoso asesor ligado al PRO, según informó Página 12.
Por otro lado, también se anunció que Laura Alonso fue designada profesora adjunta del taller “Construyendo una cultura de integridad”, dirigido al V curso de la “Tecnicatura Superior en Seguridad Pública – Oficial de Policía”, según estableció el director del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Parece un chiste, pero no lo es. La ex titular de la ex Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Macri, será la encargada de trasmitir “valores” de “transparencia”, “diversidad”, “buen trato” e “integridad pública” que hacen a la confianza como “atributo para el ejercicio de la función policial”.
Mientras Larreta y su equipo inundan las pantallas y frecuencias radiales con declaraciones solemnes sobre que sus prioridades son la salud y la educación, la propia realidad los desmiente. Las partidas para estas áreas en el presupuesto 2021 sufrieron un recorte brutal si se cuenta la inflación de este año.
Según el sitio Chequeado, “si se descuenta la inflación oficial del 29% estimada en el Proyecto de Ley para este año, los fondos destinados al servicio educativo se mantendrán respecto al crecimiento estimado de la inflación, ya que aumentan un 0,03%. Pero, “si se utiliza la inflación que calcula el Banco Central de la República Argentina en base a consultoras privadas -46%- la caída real sería de 17 puntos porcentuales”.
Por si esto fuera poco, para el porcentaje del presupuesto destinado a esta área “en relación con el presupuesto total, la reducción de los fondos dirigidos a este Ministerio [N. de la R.: el de Educación] es alarmante, ya que en 2013 la asignación presupuestaria representaba el 24,24% del total y en este año 2021, sólo el 17,17%”, afirma un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Las prioridades de Larreta en plena segunda ola están a la vista. Con la presencialidad como caballito de batalla se puso en modo campaña. Pero a este caballo también se ha montado el Gobierno Nacional, por ejemplo, delegando en la justicia la decisión sobre la presencialidad de las clases. Un problema nacional, con 60 muertes de trabajadores de la educación. Mientras tanto no garantiza la conectividad gratuita para la virtualidad.
Y que en la Ciudad tiene a la conducción mayoritaria de la docencia, la UTE-Ctera, alineada con el gobierno nacional, enfrentarse únicamente a Larreta como parte del año electoral, paralizando así la fuerza que podría desplegar toda la comunidad educativa si se organizara democráticamente en cada escuela, junto a las familias.
Rol similar viene jugando la conducción de la AGTSyP del subte en otro frente que los trabajadores le han abierto a Larreta. Y a Metrovías, que obliga a quienes trabajan y quienes viajan a hacerlo entre el asbesto, y además persigue a quienes defienden su vida y las de los pasajeros.
Conducciones sindicales referenciadas en la CTA, central que responde al Frente de Todos, cuyo centro de investigación, recientemente elaboró un informe en el que dice que “aún sin omitir las dificultades derivadas del contexto y de la herencia recibida, la política económica no parece constituirse, por lo menos hasta el momento, como el vehículo de la recuperación económica tras la profunda crisis que azotó a la economía argentina”. Sin embargo, tampoco enfrentan decididamente y en unidad las políticas de Larreta, solo con declaraciones generales.
La fuerza para pararle la mano a Larreta no vendrá de “un diálogo” con quien lo único que hace, en medio de la pandemia, es avanzar con su plan de Ciudad al servicio de las grandes constructoras. Sino que está en desplegar en unidad las fuerzas de los trabajadores de la salud, docentes y familias, del subte, entre otros. Dejar de pelear por separado. Todos los trabajadores están con la misma pelea: la crisis sanitaria, las muertes evitables y la que la crisis económica no recaiga sobre el pueblo trabajador.
Este próximo 12 de mayo estarán peleando en la calle el personal de salud, la docencia y los estatales. Nada impide la unidad de propósitos. Solo la mezquindad de las conducciones de los principales sindicatos que se reivindican del Frente de Todos y que saben que si se desplegara toda la fuerza de los trabajadores contra Larreta, como mínimo, salpicaría al Gobierno nacional, ya que la mayoría de los reclamos porteños son iguales a los del resto del país. Estos son liberar las patentes para tener vacunas para todos, salarios igual a la canasta básica y la defensa irrestricta de la salud y educación.