Red de radios

12.8.2021

Pese a que el policía recibió una pena de sólo dos años en suspenso, los jueces afirman que fue “innecesario y desproporcionado” el disparo que provocó la muerte de Pablo Kukoc ya que no resultaba “peligroso para nadie”. Chocobar incumplió “la normativa nacional e internacional” sobre uso de armas policiales.

Los jueces Fernando Pisano, Jorge Apolo y Adolfo Calvete, miembros del Tribunal Oral de Menores 2 de la Ciudad de Buenos Aires, dieron a conocer en las últimas horas los fundamentos de la sentencia del 28 de mayo, cuando condenaron a dos años de prisión “en suspenso” al policía Luis Chocobar por el crimen por la espalda del joven de 18 años Pablo Kukoc, cometido el 8 de diciembre de 2017 en el barrio porteño de La Boca.
El TOM 2 consideró “innecesario y desproporcionado” el disparo final que provocó la muerte de Kukoc (que venía de participar de un violento asalto a un turista extranjero) ya que el joven no resultaba “peligroso para nadie”. Así, los jueces aseguran que el asesino incumplió “la normativa nacional e internacional” sobre el uso de arma, lo que se agrava siendo policía.
Pese al lobby realizado por Patricia Bullrich (con su ladero y abogado del criminal Fernando Soto) y demás referentes de la mano dura, los jueces no pudieron dejar de condenar a Chocobar (aunque con una pena casi simbólica por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido en exceso del cumplimiento de un deber”) y fundamentar su sentencia en el accionar objetivo del policía.
De hecho la mayor “condena” que le aplicaron al efectivo que actuaba en aquel momento para la Policía Local de Avellaneda, es la inhabilitación especial por cinco años para desempeñarse en funciones operativas con la utilización de armas de fuego. Es decir que lo consideran un tipo peligroso.
Según informó la agencia Télam, los jueces plasmaron sus fundamentos en 501 páginas. Allí, entre otras cosas, buscan justificar las intenciones de Chocobar aunque inevitablemente terminan concluyendo que actuó mal y por fuera de la ley.
Los jueces dicen que Chocobar, en su persecución a Kukoc, se identificó como policía, dio “la voz de alto” y disparó “en dos o tres oportunidades de forma intimidatoria al aire”. Luego “le efectuó otros disparos de manera directa, dos de los que impactaron en el frente de Irala 999, mientras que dos en el cuerpo del occiso, provocándole sendas heridas que, finalmente, tras dos intervenciones quirúrgicas, lo llevaron a la muerte cuatro días más tarde”.
“Resulta evidente”, dicen los jueces, que “al comienzo” el accionar de Chocobar “estuvo completamente justificado a tenor del marco legal que regula su actividad”, pero “en un preciso momento de la persecución, la actuación del policía acusado dejó de estar justificada para tornarse excesiva en extenso e intenso por resultar innecesaria y desproporcionada al legítimo fin primigeniamente propuesto”.¬
Así, para el Tribunal no se trató de un caso de “legítima defensa” como alegó en su defensa el abogado Soto, ya que “poquísimos segundos más tarde se apartó de la normativa permisiva al herir con su última salva a Kukoc cuando ya se encontraba a bastante distancia, sin armas a la vista, ni representar peligro alguno”.
“Chocobar no debió efectuar ese último disparo que impactó a Kukoc en su pierna izquierda cuando se alejaba corriendo sin resultar peligroso para nadie”, afirman los jueces. Y agregan que “no puede aceptarse la aprehensión de un sospechoso sacrificando el cumplimiento de la normativa nacional e internacional de aplicación obligatoria que razonablemente regula el oportuno uso de las armas de dotación asignadas al personal policial”.¬
Tal vez buscando quedar bien parados frente a Bullrich, Berni y quienes bancan a los “chocobares” desde las oficinas gubernamentales, los jueces Pisano, Apolo y Calvete concluyen que el policía “no tuvo intención de matar según lo demuestran el comprobado impacto de rebote en la región lumbar, la herida en la pierna izquierda de Kukoc y el haber cesado de inmediato sus disparos al verlo caer al suelo”.
Así, descartaron la hipótesis sostenida por la familia del joven asesinado respecto a que se trató de un homicidio agravado cometido en abuso de la función policial, un delito que prevé una pena de prisión perpetua. Hubiese sido demasiado para un fiel exponente de la Policía que el Estado viene formando, sosteniendo y encubriendo permanentemente.

11.8.2021

Por Néstor Espósito

Un sector del sindicado de los empleados municipales acusa al jefe de Gobierno porteño de evadir “la responsabilidad de tributar al sistema de Seguridad Social, Sindical y de Obra Social”.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sumó una nueva causa judicial, en este caso por presunto “fraude laboral” cometido en la administración comunal por la situación de unos 25 mil empleados que facturan sus servicios como monotributistas.
El juez federal Sebastián Ramos quedó a cargo de una denuncia de un sector del sindicado de los empleados municipales que acusa al jefe de gobierno de ser el “responsable de una política de gobierno a través de la cual, y mediante el dictado de decretos y resoluciones, se evade la responsabilidad de tributar al sistema de Seguridad Social, Sindical y de Obra Social”.
En mayo pasado, el sector opositor del Sindicato de Municipales que encabeza Carlos Elías denunció a Rodríguez Larreta por “incumplimiento de deberes de funcionario público por evadir tributos a la AFIP y organizar un sistema de fraude laboral en el Estado local”.
La presentación argumentaba que “la Ciudad de Buenos Aries cuenta con un plantel de alrededor de 25.000 trabajadores que no se encuentran debidamente registrados y que han sido contratados bajo la ficción de ser personal que presta servicios de forma independiente”.
Esa modalidad de contratación –añadía la denuncia- hace que los empleados figuren “inscriptos en el régimen simplificado de Monotributo”, es decir que facturen por su trabajo, que es similar al que realizan otros empleados que gozan de la relación de dependencia laboral.
Según la fracción disidente del Sindicado de Municipales, la modalidad de contratación mediante facturación de servicios significa “un fraude a las leyes previsionales y laborales que permite la evasión de millones de pesos que no son incorporados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, no otorgan la correspondiente cobertura de Obra Social y no permite participar libremente de las actividades gremiales”.
Sobre ese último punto, la denuncia añade que “las personas que cumplen tareas bajo estas condiciones precarizadas de empleo no tienen la posibilidad de afiliarse al sindicato, siendo presionadas con amenazas cuando intentan reclamar sus derechos”.
Pese a que la denuncia fue presentada hace más de dos meses, sólo ahora fue asignada al juez Ramos. Cuando la gremial de los municipales se presentó en tribunales, Ramos consideró que los delitos denunciados debían tramitar ante el fuero en lo Penal Económico y se desprendió del expediente, que recayó en el juzgado a cargo de Marcelo Aguinsky.
Allí quedó trabado un conflicto de competencia que acaba de resolver la Cámara Federal porteña, con un fallo unipersonal del juez Roberto Boico.
El fallo sostiene que decisión de Ramos de desprenderse de la causa es “prematura”, ya que “no se halla precedida de una investigación suficiente que permita conocer diversos aspectos del hecho denunciado, necesarios para un correcto planteamiento de la cuestión”.
“La ausente actividad instructoria orientada a conocer el alcance de los hechos denunciados y circunscribir así su objeto impide definir la contienda en el sentido pretendido por el declinante”, reprochó Boico.
Así, el expediente quedó radicado ante el juez Ramos, quien deberá iniciar formalmente la tramitación de la denuncia.

9.8.2021

Por Ivana Otero – Secretaria de Cultura – Ademys

Hoy lunes 9 de agosto habrá una concentración en el ministerio de Salud con conferencia de prensa en el marco de un paro docente de Ademys. Denuncian al gobierno de la Ciudad y nacional y plantean que no se elimine la distancia social, ni las canastas alimentarias y se tomen medidas de fondo. Exigen a la conducción de UTE medidas de fuerza junto a las familias.

Comienza esta nueva semana con un paro docente, convocado por Ademys. Al mediodía de este El lunes 9 de agosto se convocó a una concentración en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires (Monasterio al 400, Parque Patricios) con conferencia de prensa y solicitud de reunión con las autoridades de la cartera.
En la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia, sin grieta alguna, las clases comenzaron sin haber invertido en educación. Larreta avanza en un protocolo que elimina la distancia social, cuando podría haberse evitado si durante este año y medio se hubiese invertido en la construcción de escuelas. Algo elemental que viene denunciándose hace años cuando la falta de vacantes es la norma. Pero la educación no es prioridad. Al mismo tiempo que elimina la canasta alimentaria que la comunidad educativa junto a Myriam Bregman y Alejandrina Barry del Frente de Izquierda ganaron con un fallo para que les estudiantes puedan comer mejor en las escuelas.
En el marco de una asamblea abierta de Ademys realizada el lunes 2 de agosto en el marco de un paro, se debatió sobre el regreso a las escuelas y hubo intervenciones tomando nota de la situación de las familias y estudiantes.
Ana Chong, miembro de la agrupación 9 de abril planteó que “Los gobiernos hablan de la educación, pero no ponen un centavo ni para infraestructura ni para las familias que ingresan a la pobreza más absoluta. Hay una preocupación real porque quedaron fuera de la virtualidad un sector enorme y un sector mucho más afectado son las familias que no tienen ni siquiera techo. Ni el gobierno de la Ciudad ni el nacional no les están dando una respuesta, un ejemplo es la toma de la villa 31 “Fuerza de Mujeres” donde hay más de 100 familias con decena de estudiantes de escuela pública que están peleando por este elemental derecho en las condiciones más adversas”.
Asimismo, se denunció a la dirección de Ute por estar más preocupado por ser parte de la lista del Frente de Todos porteño, que terminó encabezando Santoro, un ex radical que se pronunció en defensa de la policía y las pistolas Taser, fuerza política que además votó a los jueces que fallaron contra la comunidad educativa en el debate por un retorno seguro a las escuelas y no en organizar a la docencia y su comunidad educativa para enfrentar el gobierno de Larreta. El peronismo en la Ciudad no solo no fue oposición en la Legislatura donde votaron parte de las leyes que ajustaron a les trabajadores, sino que como conducción de poderosos sindicatos como el Subte, docentes, telefónicos, camioneros, aeronáuticos y estatales, entre otros, y como parte de los movimientos sociales y centros de estudiantes no buscaron salir a las calles contra el gobierno local.
Marilina Arias, dirigente de la Corriente 9 de abril y ex miembro directivo de Ademys manifestó que “La propia vicepresidenta Cristina Fernández anunció que Los dólares del Banco Central van a ser usados para seguir pagando los intereses de deuda, mientras las escuelas no están en condiciones, avanzan en protocolos más flexibles y las familias son cada vez más pobres. Hay más de un millón que quedó excluido del sistema educativo según el mismo Trotta reconoció”.
Al mismo tiempo planteó la importancia de la batalla política electoral en este marco y anunció que junto a otros compañeros de la directiva de Ademys, será candidata por el Frente de Izquierda “continuando la pelea tanto en el terreno sindical como el político, porque hay que unir nuestras demandas con independencia política y con un programa que defienda los intereses de la educación del pueblo trabajador.

9.8.2021

El gremio de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) anunció que entre el 9 y el 13 de agosto realizará clases públicas, «semaforazos», abrazos a las escuelas y continuará con la conformación de Comités de Autocuidados conformados por docentes, estudiantes y familias, en rechazo a «la presencialidad plena en las aulas» dispuesta por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El gremio de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) anunció que entre el 9 y el 13 de agosto realizará clases públicas, «semaforazos», abrazos a las escuelas y continuará con la conformación de Comités de Autocuidados conformados por docentes, estudiantes y familias, en rechazo a «la presencialidad plena en las aulas» dispuesta por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
«Rechazamos las medidas de presencialidad plena adoptadas por el Ministerio de Educación de la Ciudad que no respetan las disposiciones acordadas en el Consejo Federal de Educación (CFE) y ponen en riesgo, una vez más, la salud y la vida de la comunidad educativa, señaló UTE en un comunicado.
El sindicato docente aseguró que «tanto el decreto con firma conjunta del Ministerio de Educación y Salud como el nuevo protocolo no contemplan ninguno de los cuatro puntos fundamentales para cuidar la salud de la comunidad educativa: distanciamiento, uso de barbijo, ventilación cruzada e higiene».
«El negacionismo sanitario del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Educación, Soledad Acuña, lleva a los límites de negar la necesidad de mantener el distanciamiento social vigente para todas las actividades dentro de las escuelas».
UTE indicó que en medio de la pandemia de coronavirus, las autoridades porteñas «tampoco garantizan desde febrero espacios con ventilación cruzada ni elementos de protección e higiene suficientes», y exigieron «la compra de medidores de dióxido de carbono para todas las escuelas de la Ciudad».

8.8.2021

El Servicio Meteorológico emitió un parte este domingo donde alerta por tormentas y fuertes vientos que afectarán en las próximas horas a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, al sur de Santa Fe y al centro-sur de Entre Ríos. Puede caer granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un “alerta amarillo” por tormentas que afectan a la Ciudad de Buenos Aires, al noreste de la Provincia de Buenos Aires, al sur de Santa Fe y al centro-sur de Entre Ríos.
Para todo esa área se pronostican “lluvias persistentes y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, las cuales podrán estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos periodos y ráfagas”, con valores de precipitación esperados de “entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual”.
Además, advirtió que “ocasionalmente podrá presentarse la caída de granizo”.
Para el noreste de la provincia de Buenos Aires y la CABA rige también una alerta “por vientos del sudeste con velocidades entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. En particular sobre el Río de la Plata, se esperan intensidades mayores, con ráfagas superando los 80 kilómetros por hora”, dijeron desde el SMN.
El noroeste de Córdoba y el oeste de Santiago del Estero también están alcanzados por una alerta por vientos, que en este caso “soplarán del sector sur con valores entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros”.
También están bajo alerta por vientos la provincia de La Rioja, el norte de San Luis y el sureste de Catamarca.
“El área cordillerana (Jujuy, Salta y Catamarca) será afectada por vientos del sector oeste, con velocidades entre 60 y 70 km/h y ráfagas que podrán alcanzar los 110 km/h. El resto del área de cobertura será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”, señaló el organismo.
Las alertas amarillas hacen referencia a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.