23.2.2021
Por Juana Galarraga
El líder camionero banca a Fernández en el ajuste al salario, mientras posa de combativo ante Larreta. Evitó dar precisiones sobre la vacunación de su padre y familia.
Este martes, la ciudad de Buenos Aires amaneció con la noticia de un paro de recolectores de basura. La medida de fuerza de los trabajadores que vienen denunciando el ajuste a sus salarios desde hace semanas, es llevada a cabo efectivamente después de amenazas reiteradas por parte del líder del sindicato Camionero, Pablo Moyano.
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La medida entró en vigencia desde este martes a las 6 am. Los trabajadores reclaman el pago de un bono de $25.000 por esencialidad y en rechazo al intento del gobierno porteño de reducir la frecuencia del servicio de recolección, limitarlo a 6 días a la semana y quitar los feriados. Esto significaría una “rebaja salarial de hasta 20.000 menos por mes” para los trabajadores del sector según explicó el gremio a través de un comunicado.
“Lo venimos denunciando con algunas notas al Gobierno de la Ciudad y vienen presionando hace tiempo para quitarle los feriados a los trabajadores y eso implica $20 mil. Tampoco se abonó el bono de $25 mil a los 500 trabajadores que están aislados por razones de salud por el tema de Covid”, señaló Pablo Moyano a El Destape y precisó que la medida de fuerza alcanza a “8.000 trabajadores”.
La medida de fuerza ya había sido adelantada a modo de amenaza por el dirigente camionero, Pablo Moyano, el 29 de enero. Al igual que este martes, en ese momento Pablo salió a denunciar la política de ajuste de Horacio Rodríguez Larreta con firmeza y señaló que la gente “está cansada de que la tomen como variable de ajuste”.
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El dilema de la recolección de basura en la Ciudad de Buenos Aires, se da en el contexto de la disputa desatada entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad, por la quita de un punto de la coparticipación por parte de Alberto Fernández a las arcas porteñas, el año pasado. “La Ciudad de Buenos Aires invoca la ley que votó el Gobierno quitándole un punto de coparticipación para intentar achicar sus gastos. Ahora los cráneos de Larreta y Santilli siguen insistiendo en quitarle un día a la recolección y quitar los feriados”, sostuvo Moyano a fines de enero.
Los cráneos de Larreta y Santilli son especialistas en ajustar a la clase trabajadora y los sectores populares en la ciudad. No es ninguna novedad. Pero el reclamos de los trabajadores de la recolección se inscribe en el marco de un decaimiento brutal del poder de compra de los salarios, a nivel nacional, motorizado por la política del propio Frente de Todos a pesar de las promesas de campaña, sobre una supuesta recomposición que llegaría tras las elecciones del 2019. El clan Moyano fue parte del operativo para canalizar toda la bronca ante el ajuste macrista, a través de la votación al Frente de Todos en la campaña con “Hay 2019”.
“Moyano y Zulet (la esposa de Hugo) ya fueron vacunados contra el Covid-19, según fuentes oficiales y del entorno familiar. Ninguno de los dos respondió ayer a los llamados y mensajes de LA NACION. También fue vacunado Jerónimo, que sigue con sus estudios de abogacía a pesar de haberse sumado part-time como colaborador de su padre”, denunció el periodista Nicolás Balinotti en el citado medio, el 19 de febrero. Consultado por este tema en El Destape, Pablo Moyano evitó dar precisiones aduciendo que su padre ya dio explicaciones.
Como parte del intento de la derecha de Cambiemos de aprovechar la crisis por el vacunatorio VIP y golpear al Gobierno, este lunes Graciela Ocaña solicitó que se investigue también a Hugo Moyano. Para Ocaña, el líder de Camioneros “habría utilizado indebidamente vacunas destinadas al personal de salud del sanatorio Antártida (perteneciente a la obra social) para inocular a miembros de su familia y a sí mismo en contra de la normativa que establece el orden de prioridades para recibir dichas vacunas”.
La autoridad de la oposición, sin embargo, para señalar al Gobierno por corrupto o por dejar entrever sus privilegios de casta, es nula. La misma Ocaña fue imputada en 2018 por enriquecimiento ilícito.
Pablo Moyano y su iniciativa con las luchas de camioneros por sus justos reclamos, como viene demostrando, actúa como un as bajo la manga del Gobierno cuando es necesario activar “la grieta” contra Larreta y la oposición de derecha.
Recientemente en La Izquierda Diario denunciamos que el salario mínimo, vital y móvil (SMVM), bajo el gobierno de Fernández, quedó bajo la línea de la indigencia. Mientras “la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que actúa como referencia para medir la línea de indigencia, se ubicó en $ 23.722 en enero”. Mientras, el SMVM acordado por el Gobierno en el Consejo del Salario es de $ 20.587. Con la suba de marzo el salario mínimo quedará en $ 21.600.
“Este cálculo de la Canasta Alimentaria incluye de un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores. La misma estimación para un adulto asciende a $ 7.677, según indicó el Indec. La “línea de pobreza” es de $ 56.459 para el mismo hogar. Esto significa que en un hogar con dos adultos se necesitan casi tres salarios mínimos (2,75) para no ser pobre. O, de otra forma, que en un hogar con dos adultos que tienen dos niños, que trabajan 8 horas diarias y perciben un salario mínimo, no alcanzan ni siquiera a salir de la pobreza”.
Sin embargo, este trasfondo que explica el decaimiento general de los salarios de la clase trabajadora en su conjunto, escapa del análisis de Moyano. Del mismo modo escapa al análisis del conjunto de la dirigencia sindical, que se la pasaron de tregua durante el gobierno de Macri y de cuarentena durante lo que va del de Fernández.
De modo similar, los sindicatos porteños ligados como el moyanismo al Frente de Todos, intentaron circunscribir la lucha contra la irresponsable vuelta a clases sin protocolos, al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras, el gobierno nacional con el apoyo de centrales sindicales como la CTERA, preparaba el retorno a las aulas con una política igual de irresponsable, sin garantizar condiciones edilicias y sanitarias y menos que menos, las vacunas para trabajadores y trabajadoras de la educación.
Pablo Moyano, por otra parte, ha manifestado su apoyo al Gobierno nacional en su intención de avanzar en un acuerdo de precios y salarios con la UIA y las cámaras empresariales. Como hemos denunciado también en este medio, la intención es cerrar un acuerdo para que las paritarias no superen más que en un punto o dos la inflación, que según estimaciones oficiales en 2021 alcanzaría el 29 %. (Según estimaciones privadas rondaría el 50 %). En este sentido avanzó recientemente el Gobierno, con la creación del “Consejo Económico y Social”, en el que intentó mostrarse como un gran articulador de distintos sectores como las empresas, la iglesia y las cúpulas sindicales con el fin de mostrar los consensos que necesita para asestar un nuevo mazazo al salario.
Lo que no denuncian los referentes sindicales como Moyano, es que la clase trabajadora sufre los mismos ataques a sus condiciones de vida en todo el país y que está cansada de ser botín de guerra de las contiendas de tinte electoral. Lejos están las direcciones sindicales de anunciar medidas de lucha a la altura, que unifiquen los reclamos a lo largo y ancho del país, para no dejar en aislamiento las múltiples pelas en curso por salario, puestos de trabajo y condiciones de salubridad para trabajar sin riesgos.
