11.2.2021
Por Lourdes Oliverio
A la par que en todo el país las familias y los trabajadores de la educación discuten cómo será la vuelta a clases en los niveles iniciales y medios, la Universidad anuncia que habrá una modalidad mixta para este ciclo lectivo. ¿Están las condiciones dadas para la vuelta a la presencialidad? ¿Quién decide estas medidas en la Universidad de Buenos Aires?
El rectorado y las autoridades de la Universidad de Buenos Aires están pensando una modalidad mixta entre presencial y virtual para el comienzo de clases. Hace unos meses publicaron un protocolo para el retorno a las actividades académicas prácticas ya que desde final del año pasado se empezaron a dictar de manera presencial algunas materias en las facultades de Agronomía, Ciencias Exactas y Naturales, Veterinaria, Farmacia y Bioquímica, Medicina y Odontología.
Aunque todavía la mayoría de los llamados a exámenes finales del turno de febrero y marzo serán virtuales.
Los estudiantes de los colegios preuniversitarios como el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini, que dependen de la UBA, se enteraron por un tweet institucional que en marzo volverían a clase también de manera mixta.
Esta semana se realizó una conferencia de prensa entre Trotta, ministro de Educación nacional y Acuña, de la CABA, donde se mostraron muy en sintonía con respecto al inicio de las clases.
Son muchísimos los padres, madres y docentes que vienen expresando su preocupación con respecto a la vuelta a la presencialidad en los colegios. La nueva noticia de modalidad mixta en la UBA ya generó preocupación en algunos gremios docentes como AGD-UBA y nos obliga a hacernos la misma pregunta que esas familias:
¿Están las condiciones dadas para garantizar la seguridad e higiene para los que vuelvan de manera presencial? ¿Están las condiciones dadas para garantizar la conectividad de los que sigan asistiendo a clases de manera virtual? Y sobre todo: ¿Quién está decidiendo todas estas cosas en la universidad de Buenos Aires? ¿Por qué no se consulta a los estudiantes, docentes y no docentes?
Empecemos por el principio: las condiciones sanitarias, de trabajo y de estudio
Tanto la virtualidad como ahora una “vuelta mixta” a la presencialidad, se decidieron a espaldas de docentes y estudiantes y sin garantizar las condiciones necesarias para llevarlas a cabo.
La virtualidad forzosa que decidieron las autoridades al principio de la cuarentena y que luego se fue extendiendo con cambios en las modalidades, cronogramas y condiciones de trabajo que reprodujo el método inconsulto por parte de las autoridades universitarias, perjudicó a muchísimos estudiantes y docentes de las distintas universidades y colegios en todo el país.
La situación se agrava aún más a medida que crece la crisis que estamos viviendo. Las cifras de diciembre datan que hay 20 millones de pobres en nuestro país (casi la mitad de la población), mientras la inflación sigue subiendo no así el salario. Además no podemos olvidarnos que Alberto Fernández priorizó votar un presupuesto para el 2021 a medida del Fondo Monetario Internacional, que no contempla la inflación que se pronostica para este año y que recorta un 9% el fondo de las Universidades, otro 9,4 % en salud y un 15% en salario docente. Cosas un poquito importantes. ¿Qué prioridades tiene el Gobierno Nacional?
¿Qué implica esto para les que estudiamos? Tener que decidir entre estudiar y laburar, dejar materias, no llegar a fin de mes y hasta no tener un techo donde vivir.
La situación de los docentes no es muy diferente, teniendo que tomar varios cargos, trabajar horas extras o buscar otros ingresos mientras cuidan a sus hijos o familiares, por salarios que no alcanzan (muchos incluso sin cobrar como los mal llamados “ad honorem”, que directamente trabajan gratis). En 2020 la inflación fue de 36,1 % y a los docentes universitarios les aumentaron un magro 7 %, ¡recién en octubre!, sin bono como percibieron otros estatales y lejos, desde ya, de cubrir los gastos de conectividad.
¿Quiénes decidieron y cómo se decidió todo esto?
Durante el 2020 la mayoría de los Consejos Directivos de las facultades no funcionaron o lo hicieron dos veces, como es el caso de la facultad de Arquitectura y Urbanismo. Los consejos que sí sesionaron con algún tipo de regularidad, como el de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), no discutieron ninguna medida para poder llegar al 2021 garantizando que ningún estudiante se quede afuera de la universidad por problemas de conectividad, ni garantizando condiciones de higiene y seguridad en cada facultad para una vuelta segura de docentes, no docentes y estudiantes.
Pero se pone peor. Algunos funcionaron pero con el objetivo de aprobar el avance del modelo privatizador en la UBA: como pasó en la Facultad de Ciencias Exactas con el convenio con la contaminante Shell al que la comunidad educativa se opuso.
También vimos cómo las autoridades le dieron la espalda en sus reclamos a los docentes que vienen oponiéndose al recorte de salarios y exigiendo la reapertura de la paritaria y el reconocimiento de los gastos por conectividad.
O cómo le dan la espalda a los estudiantes, como es el caso de lxs graduados sin papeles de la Facultad de Ciencias Sociales, que le exigen a la decana Mera que les den de una vez por todas sus títulos a la par de garantizar las condiciones para los trabajadores no docentes, o los reclamos por los problemas con las inscripciones, que en FADU dejaron sin cupos a estudiantes para los cursos de verano y en el CBC, como las fechas de inscripciones a algunas carreras cierran antes que las fechas de algunos finales es imposible inscribirse para empezar las carreras.
Aunque parezca un chiste, la mayoría de las cosas no cambiaron en este año de “nueva normalidad”: no cambió el ajuste a la educación que los gobiernos mantienen año tras año y tampoco quien decide en la universidad. El rectorado, las autoridades y las agrupaciones ligadas a ellas de cambiemos, el peronismo y el kirchnerismo, son las que discuten en secreto y dejan afuera al conjunto de la comunidad educativa.
Por su parte los centros de estudiantes y la FUBA cerraron la “ventanilla” y se auto extendieron el mandato sin el aval de ninguno de los más de 300 mil estudiantes.
¿Escucharon hablar de alguna asamblea estudiantil para decidir cómo hacerle frente a la deserción? No existieron.
Eso es porque son dirigidos por estas mismas agrupaciones. Se quedaron callados, inmóviles porque responden a las autoridades e hicieron lo imposible para que no se exprese la organización estudiantil.
Esos espacios podrían ser verdaderas herramientas para pensar la vuelta a clases y para enfrentar la estructura antidemocrática de la Universidad.
Protocolos grises, vacunas que no llegan, y muchas dudas
El protocolo que armaron las autoridades de la universidad para la vuelta a actividades académicas prácticas, es un anticipo de cómo piensan la bimodalidad.
Menciona algunas pautas como que se tome la fiebre al ingresar, el aislamiento de los casos estrechos y positivos, que se debe usar tapabocas de manera obligatoria, que la capacidad máxima para espacios cerrados se regirá a razón de una persona cada 15 metros cuadrados y para espacios abiertos y/o semicerrados, el aforo será de una persona cada 4 metros cuadrados, que se realice desinfección de los espacios utilizados, la exceptuación de personal grupo de riesgo (que no sea esencial) a ir a trabajar, que los sanitarios tengan elementos de higiene, etc.
Pero hay varias cuestiones que no menciona: no habla de la vacunación, ni de las nuevas variedades del virus, las condiciones que favorece su mutabilidad; no habla de qué pasa con los estudiantes y docentes que tienen que tomarse más de un colectivo para llegar a la facultad; no habla de burbujas para evitar el esparcimiento del virus, y menos aún de la inversión en infraestructura necesaria, especialmente en facultades que están venidas a menos o con aulas sin suficiente ventilación.
Tampoco dice si se piensan aumentar los cargos docentes para cubrir la sobrecarga de tareas docentes que implicará cursos presenciales y virtuales en simultáneo, lo que implica aumentar el presupuesto.
Algo que no es mencionado por las autoridades para este nuevo inicio al ciclo lectivo es cómo se va a garantizar la conectividad para quienes no puedan cursar de manera presencial o para los mismos docentes. ¿No hay condiciones para garantizar libre acceso a la red de internet? ¿Se le van a afectar realmente las inmensas ganancias a las empresas telefónicas para obligar a que den servicio? No hay que perder de vista además que a principios de 2021 subieron los servicios de telecomunicaciones, ya en enero aumentaron un 15 % los precios según el Indec.
También están ausentes las medidas para evitar que 3 de cada 4 estudiantes no logren recibirse. Ni dan respuesta a por qué hay recortes en los salarios docentes que ya eran de miseria, siendo que apenas les ofrecieron un 10 % de aumento (¡y en cuotas!) para 2021 y si se va a rentar a todos los docentes que hoy trabajan sin cobrar como “ad honorem”
Todas estas inquietudes, y muchas otras que vienen de larga data, estarían contempladas si fuéramos los estudiantes, junto con los docentes, que nos organizáramos para debatir si es posible o no una cursada mixta, en qué condiciones sanitarias y de trabajo y estudio, y cómo pelear para conquistarlas.
