Red de radios

22.4.2021

Por Tiempo Argentino

Se suman varios factores para que la mayoría de la comunidad educativa no esté yendo a clases presenciales. La fuerza del paro docente, burbujas que ya estaban aisladas, familias que prefieren no mandar a sus hijos, escuelas que decidieron seguir con la virtualidad a pesar de las presiones del Ejecutivo de la Ciudad. La foto que no fue.

Fracasó el desacato del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La presencialidad en las escuelas de la Ciudad no llega al 10%. Los gremios docentes realizaron un nuevo paro ante la decisión de las autoridades de CABA de desconocer el fallo de la justicia federal que suspende la presencialidad. Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys) informaron que hubo un 90% de acatamiento de la medida. En el sector privado se realizó retención de tareas presenciales con un 70% de alcance.
El secretario adjunto de UTE, Eduardo López, informó que “las escuelas están prácticamente vacías”. “El acatamiento es muy superior al 90%. De las 800.000 personas que integramos la comunidad educativa, hoy se habrá movilizado menos del 10%. Creo que en las escuelas debe haber 50.000 personas, como mucho. No podríamos adjudicar que no hay clases solamente al paro. A eso se suman los aislados y contagiados por licencia por COVID, más las familias que no mandan a los chicos y las escuelas y que ya resolvieron comunitariamente dar clase a distancia. Esto es así en el Mariano Acosta, en la Escuela Técnica 32 o el Colegio 19”, le dijo el sindicalista al Tiempo Argentino.
Este miércoles también se sumaron a la medida de no asistir a los establecimientos la Coordinadora de Estudiantes de Base de Secundaria, la de Terciarios y las familias y cooperadores nucleados en la Multisectorial en Defensa de la Salud Porteña.
La dirigencia del gremio mayoritario planea seguir con el paro de actividades. “Todos los días hacemos asambleas por áreas, niveles y modalidades. Crece el apoyo al paro docente. Se va a mantener este nivel de adhesión porque está en juego la vida y la salud de la población. Hay un apoyo absoluto. Nos van a descontar. Lo hablamos y llegamos a la conclusión de que la vida está primero. Es un paro que va a quedar en la historia porque es en defensa de la salud y de la vida. Ante una política bolsonarista, la respuesta es la huelga, que será larga. Cuando el gobierno promueve la circulación comunitaria, la huelga es la herramienta para que haya menos circulación comunitaria”, agregó López.
Desde Ademys, registraron entre un 80% y un 90% de adhesión a la medida. La secretaria general, Mariana Scayola, explicó que la decisión de Rodríguez Larreta reavivó la pelea gremial. “Tenemos una asamblea para definir cómo seguimos, pero seguramente vamos a un escenario de continuidad. Las medidas nos generan mucha bronca y vuelven a darle fuerza al conflicto y a la decisión de la docencia de la suspensión de la presencialidad. Lo de ayer a la noche encendió de vuelta a la docencia. No descartamos cualquier escenario. Lo que sí hay es una fuerte presión por parte del gobierno con el tema de descuentos. Es sistemático y eso impacta en salarios bajos. Además, de la presión mediática que genera”, le dijo Scayola a este diario.
Luego comentó que realizan un fondo de lucha para hacer frente al descuento de los días que realizará el Ministerio de Educación dirigido por Soledad Acuña. “Hoy el docente que está luchando, lo está haciendo sabiendo que muy posiblemente sufra descuento”, advirtió.
En el ámbito de las escuelas de gestión privada, el gremio SADOP decidió realizar retención de tareas presenciales hasta el 30 de abril. De esa manera, buscan garantizar las clases virtuales para cumplir el DNU, la continuidad educativa y proteger gremialmente a sus afiliados y afiliadas, que representan a un 50% del total de personal docente de la Ciudad. “Hoy hay un acatamiento del 70% en las escuelas privadas. Es por distintos motivos: por la retención de tareas y por la virtualidad de hecho que tiene que ver con las burbujas cerradas. Además hay escuelas con responsabilidad empresaria, en las que sus dueños decidieron continuar con la presencialidad, y las familias decidieron no enviar sus hijos”, le dijo Javier Mahuad, secretario de comunicación de Sadop a Tiempo.
Este miércoles se conoció la comunicación del Estado Nacional, a través de los ministerios de Educación y de Justicia, en la que les explicitan a las cámaras de la enseñanza privada que deben cumplir el decreto.
También desde SADOP realizaron una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la Nación contra más de 40 escuelas por presionar a los docentes para que asistan a las escuelas. “No cumplen el decreto, no cumplen el fallo. Abren las escuelas y presionan a los trabajadores y trabajadoras a ir a los establecimientos. También hay escuelas que abren porque son presionadas por la Dirección General Educación Gestión Privada y el Gobierno de la Ciudad. Las presiones hacia las escuelas también son reales”, agregó Mahuad.

21.4.2021

La decisión del gobierno porteño de desconocer el fallo de la Justicia federal que suspende la presencialidad desató una ola de denuncias: al menos cuatro ya habían sido sorteadas a media mañana en diferentes juzgados.

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, fue denunciado este miércoles por distintos delitos a raíz de no acatar el fallo que le ordenó suspender las clases presenciales ante la segunda ola de la pandemia de coronavirus.
A media mañana eran al menos cuatro las denuncias penales que habían sido sorteadas en diferentes juzgados, mientras que la abogada Valeria Carreras amplió su acusación en otra demanda iniciada esta semana en el juzgado federal de María Servini, informaron a Télam fuentes judiciales.
Carreras pidió al juzgado federal 1 que investigue al jefe de Gobierno por “resistencia o desobediencia a funcionario público, abuso de autoridad y violación de medidas contra la propagación de una epidemia”.
La abogada sostuvo que Rodríguez Larreta actuó “a sabiendas de la ilegalidad en insistir con la presencialidad de los alumnos a clases en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires” tras el fallo al respecto firmado ayer por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari.
Carreras le reclamó a la Justicia que “ordene impedir el acceso a las escuelas del ámbito de la ciudad de Buenos Aires” con “el apoyo de la fuerza pública”.
Por otro lado, las dos primeras denuncias del día por los delitos de “violación de medidas contra la propagación de una epidemia, resistencia o desobediencia a funcionario público y abuso de autoridad” quedaron radicadas en el juzgado federal 10, a cargo de Julián Ercolini.

Las denuncias

Una de ellas la presentaron los abogados Juan Leotta y Darío Liurgo, quienes sostuvieron que el jefe de Gobierno “ha decidido oponerse destructivamente y generarle el mayor caos político posible al Gobierno Nacional para conformar a un segmento de la sociedad que exige a gritos presencialidad escolar a como dé lugar (aún en el peor momento sanitario de la historia)”, según el texto al que tuvo acceso Télam.
Otra de las denuncias que resultó sorteada en el juzgado de Ercolini la presentó el abogado Daniel Valmaggia por “instigación a cometer delito, abuso de autoridad” y violación del artículo 205 que castiga a quien no respete medidas para contener una epidemia.
Otra fue presentada en el transcurso de la mañana fue la de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El secretario general de ATE Capital y secretario adjunto de la CTA, Daniel Catalano, denunció a Rodríguez Larreta por “propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, envenenamiento culposo de medicinas, violación de medidas, resistencia o desobediencia a funcionario público, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes”.
En diálogo con esta agencia, Catalano explicó que la denuncia fue realizada “en contra de Larreta por violar el artículo 205 del Código Penal, desconociendo una medida sanitaria mientras favorece la propagación del virus y desobedece una medida judicial”.
Esta denuncia quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
Por su parte, el abogado Adrián Albor denunció a Rodríguez Larreta por “asonada” en una presentación que quedó sorteada en el juzgado federal de María Servini.
Los jueces a cargo de las diferentes denuncias tendrán que resolver ahora si quedan unificadas en un sólo juzgado.

20.4.2021

Por Gloria Pagés

Así lo denunció el personal médico de uno de los hospitales más grandes de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Palermo.

“Tenemos todas las camas ocupadas de terapia intensiva, tuvimos que volver a desplegar todas las camas a la segunda ola”, señaló la médica intensivista del Hospital Fernández Luciana Previgliano. Agregó, en diálogo con medios televisivos, que “después de la primera ola pensé que no iba a ser peor esta segunda ola y me equivoqué. Los pacientes son más jóvenes y están más graves. Requieren de una atención en una forma más temprana que la vez pasada. Esta ola es claramente peor”.
La saturación de los hospitales porteños se agrava cada día con el aumento de casos de coronavirus. Este lunes los docentes porteños, en el marco del paro convocado por UTE y Ademys, denunciaron que una maestra, Belén Massei, de la escuela 20 del DE 13, necesitaba de forma urgente el traslado a una unidad de terapia intensiva porque en el Hospital Méndez (que pertenece a la Obra Social de docentes y estatales de la Ciudad) donde se encontraba internada, no había más camas UTI.
Las denuncias se vienen conociendo desde que comenzó la segunda ola. “Los sanatorios Mitre, Otamendi, Anchorena, Alemán, Güemes, Santa Isabel, Italiano, Naval y Policlínico Osplad tienen entre 95 y 100% de ocupación total”, explicaron voceros de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada, de acuerdo a lo que publicó Télam el lunes 12 de abril.
Mientras tanto, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, hizo saber este martes en conferencia de prensa que el Gobierno porteño entregó “en calidad de préstamo cerca de 50 respiradores al sector privado”, dejando al sector público semi vaciado y colapsado en medio de una imparable suba de casos.
El inminente colapso del sistema sanitario no es exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires. Rosa Reina, referente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) describió el complejo panorama en hospitales y sanatorios, tanto de la provincia de Buenos Aires como de otras regiones del país. “Por el incremento rápido de la ocupación de camas, esta vez sí creemos que puede haber colapso del sistema”, sentenció.

20.4.2021

El juez Guillermo Scheibler ordenó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que «se abstenga de computar las faltas o quita de vacantes respecto de aquellos alumnos y alumnas cuyos padres y madres resolvieran la no concurrencia de sus hijos o hijas a los establecimientos educativos», y que adopte «las medidas necesarias a fin de garantizar la escolaridad virtual», hasta que la Corte Suprema resuelva la cuestión planteada por el GCBA respecto a la constitucionalidad del artículo 2º del DNU 241/2021 del gobierno de Alberto Fernández. En este marco, un dato transparentó la situación sanitaria límite de la ciudad: el ministro de Salud porteño Fernán Quiróz admitió que Ciudad le pidió a Nación 50 respiradores prestados, porque los que tenían los prestaron al sector privado. Otro dato pone en cuestión la superioridad que el gobierno porteño otorga públicamente a la educación: trascendió que el Ministerio de Educación frenó ocho obras de infraestructura en jardines y escuelas porteñas a fines de 2020. Amanda Martín, Secretaria Gremial del sindicato docente Ademys, apuntó contra ambos gobiernos: «intentan resolver judicialmente el fracaso de los gobiernos en garantizar la escolarización en plena pandemia».

Así lo resolvió este lunes el juez porteño Guillermo Scheibler, en la causa caratulada «Leguisa, Andrea Soledad y Otros c/ GCBA s/ Amparo – Educación» (expediente N° 90772-2021/0). El fallo judicial ordena «al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que: a) se abstenga de computar las faltas y/o quita de vacantes respecto de aquellos/as alumnos/as cuyos padres y madres resolvieran la no concurrencia de sus hijos/as a los establecimientos educativos, y b) adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar la escolaridad virtual del colectivo involucrado en autos».
La medida es «hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva la cuestión planteada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto a la constitucionalidad del artículo 2º del DNU 241/2021«, dispuesto por el presidente Alberto Fernández como medida pública de emergencia sanitaria ante el avance de la segunda ola de la pandemia de Covid-19 en la Argentina.
En tanto, mientras continúa el tironeo político (ahora judicializado) entre Horacio Rodríguez Larreta y el gobierno de Fernández por la suspensión de las clases presenciales, asomó un dato que muestra el nivel límite del sistema de salud de la Ciudad. El ministro de Salud porteño Fernán Quiróz admitió hoy en conferencia de prensa que la Ciudad tuvo que pedir 50 respiradores a Nación, para reponer los que la Ciudad le entregó a los privados: «le hemos entregado en calidad de préstamo cerca de 50 respiradores al sector privado. Por lo tanto le hemos pedido al ministerio de Salud de la Nación en una reunión informal, si nos podían reponer esa cantidad».
Así mismo, el ministro anunció la apertura de turnos de vacunación para mayores de 65 años, además de pedir un esfuerzo «máximo» a la ciudadanía por las próximas «dos o tres semanas» para evitar los encuentros familiares en espacios cerrados: «la situación de la pandemia en la ciudad está muy difícil. Hemos tenido una aceleración muy rápida de la curva de contagios. Pero en la escuela no se producen, por eso mantenemos las clases presenciales», aseguró.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), que se dedica al seguimiento e intervención en políticas urbanas, denunció el 15 de abril que, contradiciendo los dichos del jefe de Gobierno porteño y de su ministra de Educación María Soledad Acuña, que aseguran poner como prioridad la educación de los y las estudiantes en este contexto, el Ministerio de Educación porteño frenó ocho obras de infraestructura en jardines y escuelas de la Ciudad, en resoluciones que fueron fechadas entre agosto y diciembre de 2020, y recién publicadas este 15 de abril en el Boletín Oficial.
«Las obras frenadas implicaban la realización de trabajos de instalación eléctrica, termomecánica y extensión de la red de agua y de cloacas. Pese a que para entonces – agosto de 2020 – el GCBA declaraba que era esencial la vuelta a las aulas, las ocho disposiciones argumentan que se rescinde el contrato debido a que ‘el contexto de emergencia y de fuerza mayor, motivó una valoración distinta del interés público’ «, denunció Jonatan Baldiviezo, referente del ODC.
«Entre las obras que ya estaban adjudicadas y firmadas, se encuentra la realización de trabajos sumamente necesarios para de ‘Instalación Eléctrica, Termomecánica y Aislación Térmica’ en el Jardín de Infantes Nucleado B – D.E. 19°, ubicado en la calle Mom 2380. Y la ‘Extensión de RED de Agua y Cloaca’, en la Escuela Inicial de Creación – D.E. 5° ubicada en Uspallata 3325; ambas obras con un costo menor a los 5 millones de pesos. El mismo día donde publica estas ocho disposiciones – que hubiesen necesitado un presupuesto de alrededor de 28 millones de pesos-, el GCBA convoca a una licitación para realizar la Obra Pública denominada: ‘Entorno para Homenaje a los Policías de la Ciudad de Buenos Aires caídos en cumplimiento de su deber’, donde se destinarán un poco más de 20 millones de pesos (Resolución N° 103/SSGA/21).11124″, amplió Baldiviezo, para quien «queda claro que en ‘el contexto de emergencia y de fuerza mayor’ que vivimos, evidentemente hay ‘valoración distinta del interés público’ entre el GCBA y la ciudadanía porteña».
Por su parte, Amanda Martín, Secretaria Gremial del sindicato docente Ademys expresó: «Larreta y Acuña son irresponsables. Dado el grave cuadro epidemiológico no se puede volver a las aulas. Intentan resolver judicialmente el fracaso de los gobiernos en garantizar la escolarización en plena pandemia. Larreta no defiende la educación. Lleva adelante junto a la ministra Acuña un recorte histórico de presupuesto para la educación, dejan a miles de estudiantes sin vacantes y con salarios de miseria. En más de un año no se destinó un peso en acondicionar las escuelas o en garantizar el acceso a la educación virtual. Con más de 3000 casos por día, un minúsculo número de docentes vacunados y un sistema sanitario colapsado no hay condiciones para la presencialidad», remarcó.
Saliéndose de la «grieta», Amanda también se refirió al DNU presidencial: «los anuncios de Fernández son insuficientes. No hay medidas para garantizar la continuidad pedagógica en la virtualidad. No se anunciaron medidas que garanticen la conectividad ni los dispositivos. Tampoco hay vacunas ni para la docencia ni para el conjunto de la población». Por lo que sostuvo que desde Ademys proponen «centralizar el sistema de salud«, «no permitir que se lleven la producción de vacunas del país para beneficios empresariales», y «que se asista económicamente a los trabajadores afectados por la pandemia».

19.4.2021

Por Julio Fernández Baraibar*

A raíz del debate jurídico por la presencialidad escolar entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, el historiador Julio Fernández Baraibar ofrece una lectura crítica sobre la reforma constitucional de 1994 y el status jurídico adquirido por la Ciudad.

Nuestra primera Constitución de 1819 -una Constitución unitaria, una Constitución que deja sin definir el sistema de gobierno, que se puede aplicar tanto a una república como a una monarquía- pretendió ser impuesta contra la voluntad de los pueblos. Y fue derogada por la batalla de Cepeda al año siguiente, porque se trataba de una Constitución que quería imponer formas, sistemas, y conceptualizaciones en contra de las verdaderas relaciones de poder del país. Lo mismo pasó en 1826 con la Constitución rivadaviana, que es también derogada poco después y desaparece, con ella, la figura presidencial del país, al pretender imponer nuevamente criterios que estaban determinados por los privilegios de la burguesía porteña contra el interior del país, que se resistía a esta hegemonía de los porteños.
Hay un periodo largo donde no hay Constitución y, sin embargo, existe una relativa armonía en el país sobre la base de no tocar lo que era, había sido y será hasta 1880, el problema central del país: ¿a quién pertenecían las rentas del puerto de la ciudad de Buenos Aires? Rosas, con su política de alianzas con los caudillos del interior logra mantener un estado de conflicto no beligerante sobre la base de que la renta del puerto continúa en manos de los vecinos de Buenos Aires. Fue necesario el derrocamiento de Rosas por medio de una guerra civil, con intervención extranjera -la de Brasil- para que, en 1853, se dicte esta Constitución que, de alguna manera, nos ha regido desde entonces.
Hubo la necesidad de modificar, por medio de la guerra, las relaciones objetivas de poder para imponer una Constitución que tuvo que ser un acta de rendición de los vencidos en Caseros, para poder incluir a los vencidos a esta nueva república, cosa que fue posible, parcialmente, porque, de inmediato, la provincia de Buenos Aires hizo rancho aparte, no juró la Constitución y mandó al poder ejecutivo de la Confederación a Paraná. Cada uno de los momentos constitucionales del país ha sido producto de los resultados de las relaciones objetivas de fuerza entre los dos bandos en pugna durante todo el siglo XIX, en el antiguo virreinato del Río de la Plata. Al punto tal que la incorporación de la ciudad de Buenos Aires a la Confederación Argentina, en 1860, bajo el gobierno de Mitre, se hace a condición de que los derechos de exportación no fueran considerados como rentas nacionales sino como rentas de la provincia propietaria del puerto. Todo lo que pagaban los productores del país para salir por el puerto de Buenos Aires era sólo y exclusivamente para las arcas de Buenos Aires.

La Constitución de 1949

La primera Constitución Argentina que es el resultado de una modificación de las relaciones de poder a favor de sectores nacionales y populares fue la Constitución de 1949, que incorpora el sistema moderno, y casi pionero en ese momento, del derecho social, por un lado, y de la propiedad inalienable del subsuelo, por el otro. Esa constitución fue el producto de la masiva movilización obrera y popular del 17 de octubre de 1945. Sin ese cambio en las relaciones de fuerza, la Constitución del 49 no hubiera sido posible. A tal punto es esto, que se tiene que producir un golpe de estado cuyos resultados aún duran en la historia nacional -el nefasto 16 de septiembre de 1955- para que, de manera ilegítima e ilegal, un decreto militar derogase una Constitución aprobada por una Asamblea Constituyente.
Este es el estado de nuestro derecho constitucional. Todas las reformas posteriores dependieron de un decreto militar que derogó una Constitución legítimamente sancionada. Y a tal punto esto es así que si pasean por el barrio de Congreso, donde vivo, y observan con detenimiento las verjas de hierro forjado que le agregaron al parlamento, verán una breve síntesis, con fechas, de la historia Constitucional Argentina. Mírenla, y si ustedes encuentran mencionada la Constitución de 1949 ahí, yo les pago una cena. ¡En la entrada del Congreso Nacional no figura la Constitución de 1949, la única Carta Magna en la historia constitucional Argentina, que fue producto de unas relaciones de fuerzas a favor de los sectores nacionales y populares!

La federalización de Buenos Aires

El otro elemento que explica y confirma esta concepción que estoy intentando desarrollar es 1880. Las guerras civiles que habían empantanado al país con las consecuencias económicas, humanas y de todo tipo que provocan las guerras, solo finalizan cuando en 1880 las tropas del Ejército Nacional, acaudilladas por Julio Argentino Roca -tropas que los porteños llamaron despectivamente “cuicos”, es decir negros sin valor humano- ocupan militarmente la ciudad de Buenos Aires y libran la batalla de los Corrales, donde mueren 3500 personas, en la zona que hoy ocupa el Parque de los Patricios y el Club Huracán. Solo un hecho militar pudo terminar con el monopolio porteño sobre el puerto de Buenos Aires y, en este caso, modificó nuevamente a favor de los sectores del interior, todavía expresados por Roca, las relaciones de fuerza en Argentina.

La reforma constitucional durante el neoliberalismo

La Constitución de 1994 es también, claramente, un resultado de las nuevas relaciones de fuerza. El neoliberalismo, desde 1976, se había impuesto a sangre y a fuego en el país y había logrado transformar radicalmente las condiciones creadas durante los 10 años que van de 1945 a 1955. Básicamente había logrado desindustrializar el país. No se olviden del concepto de Martinez de Hoz: “para terminar con el peronismo, hay que terminar con las fabricas”. Sin fabricas no hay clase obrera, conciencia social ni capacidad política de reaccionar contra la hegemonía oligárquica. Y, en parte, lo lograron. Desindustrializaron el país, diezmaron a la clase obrera, convirtieron a la vieja clase obrera argentina que era orgullo de América Latina, en un ejército de desocupados que todavía no hemos podido reincorporar al trabajo asalariado. Pese a los esfuerzos, es muy difícil, en el marco de las formas adquiridas por el capitalismo en el siglo XXI, volver a generar aquellas condiciones que primaron en la década del 50.
Esta Constitución de 1994 es lo contrario a la Constitución del 49. Es de destacar, por otra parte, que la Asamblea Constituyente de aquel año no tomó como antecedente la Constitución del 49, pese a que la minoría de esta asamblea estaba formada por representantes del partido que había aprobado la Constitución del 49, el partido Justicialista. La Constitución de 1994 surge entre gallos y medianoches, en una conversación personal entre Menem y Alfonsín, y en ella Menem se garantiza una reelección y Alfonsín pretende garantizar para la UCR el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué?
Porque esa Constitución tiene como eje estructural la creación de este ente que es la llamada Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello implica retrotraer al país a los días anteriores a 1880. Es convertir a la Capital Federal en un anfitrión del gobierno nacional, convertir a la ciudad de Buenos Aires en el lugar donde el gobierno nacional habita, pero no gobierna. Con ello queda expedito el campo para que Alfonsín, cuando el radicalismo era algo, o sino Macri (y hoy Rodríguez Larreta), gobiernen la ciudad capital en contra del gobierno nacional, boicoteando y atacando al gobierno que habita en la misma ciudad.
La solución que habían encontrado a fines del siglo XIX, en la que el gobierno nacional nombraba un jefe de gobierno, un intendente de la ciudad de Buenos Aires y los vecinos elegían un Concejo Deliberante para tratar los temas específicos de la ciudad, no estaba del todo mal. Al darle carácter autónomo, lograron enquistar nuevamente en Buenos Aires a las fuerzas políticas más reaccionarias del país.
Ni hablar del otro punto central en la Constitución de 1994 que es la entrega de los recursos naturales del subsuelo a las provincias, con lo que se desarticuló y debilitó al estado nacional, generando las condiciones para la entrega y desguace de empresas como YPF o YCF. Esta ha sido nuestra historia constitucional.
Durante años ha sido difícil abrir un debate sobre la reforma constitucional. La hegemonía oligárquica y la “tribuna de doctrina” del diario La Nación y su correlato el diario La Prensa, en aquellos años, impusieron una especie de lápida sobre cualquier posibilidad de discutir en asamblea constituyente y soberana una reforma a la Constitución de 1853. Se elevó ese texto, que era producto de las relaciones de poder de 1853, a una especie de Biblia o Corán y eso ha impedido que las fuerzas políticas, de derecha o izquierda, lleven en su mochila el tema de la discusión de una reforma constitucional y cuáles serían los nuevos derechos y garantías, la nueva concepción del estado argentino del siglo XXI.
*Político, historiador y escritor