Red de radios

3.2.2021

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp) realizó hoy un paro «total» de actividades entre las 6 y las 9 de la mañana en las seis líneas del subte y el Premetro «en resguardo de la salud y la vida del personal», ante «la decisión de Metrovías de obligar a los empleados mayores de 60 años a retomar las tareas de manera presencial».

«El gremio denuncia la actitud ilegal e irresponsable de Metrovías, que sancionó a trabajadores mayores de 60 años, integrantes de los denominados grupos de riesgo, y los obligó a retomar las tareas habituales de forma presencial, luego de presionarlos e intimidarlos», indicó el gremio, que, a su vez, señaló que el paro es «una medida de autodefensa de los derechos».
El parte de prensa gremial fue firmado por los secretarios general, adjunto y de Prensa, Roberto Pianelli, Néstor Segovia y Enrique Rositto.
Esta mañana, en declaraciones a El Destape Radio, Pianelli, advirtió: «Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo y esperamos que haya una solución al conflicto, si no, tendremos que tomar otras medidas» de fuerza.
En tanto, la empresa Metrovías indicó que, «a la fecha, son un total de 48 colaboradores de entre 60 y 65 años los que fueron convocados», y aseguraron que «no constan como integrantes de grupo de riesgo», aunque ser mayor de 60 años sea un factor en sí mismo.
El dirigente expresó también su esperanza de una pronta resolución a raíz de la visibilización del conflicto con la medida de fuerza: «Esperamos que hoy a la tarde haya una solución. Es la única manera que tenemos de expresarnos» porque «Si el objetivo es normalizar el servicio, sin la vacuna es criminal».
Para el diputado del PTS en el FIT Unidad y miembro del Secretariado de la AGTSyP Claudio Dellecarbonara, el paro fue «total» porque Metrovías, con el aval del gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta, descontó los salarios de decenas de trabajadores mayores de 60 años que resisten la orden de la empresa de volver a tomar tareas ya que se encuentran protegidos por los decretos nacionales para no prestar servicio”.
Los trabajadores enfatizaron que, en el ámbito del subte y el Premetro, hubo ya 330 casos de contagios por coronavirus confirmados y 6 fallecidos, de los cuales 3 eran mayores de 60 años, que integraban los llamados grupos de riesgo.
«Ese número representa casi un 10 por ciento del total de trabajadores y es muy superior al promedio de contagios que ocurren en la ciudad de Buenos Aires, en la que los casos positivos alcanzan el 3 por ciento de la población», indicaron los sindicalistas.
Para los dirigentes, la situación «se agrava si se considera que los grupos de más de 60 años, a los que convocó Metrovías de forma ilegal, tienen un índice de letalidad del 5,65 %», en tanto solicitaron «disculpas» a los usuarios que mañana «sean afectados».
Los sindicalistas convocaron a la concesionaria y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a «reflexionar» respecto de «la actitud ilegal adoptada y del riesgo de vida al que exponen al personal».
Pianelli y Segovia habían denunciado el lunes pasado que Metrovías «rompe la paz social e intenta provocar un conflicto» al obligar al personal mayor de 60 años a concurrir a sus puestos laborales habituales, por lo que había determinado el estado de alerta del gremio.
«Metrovías procura violentar la Resolución 207/20 del Ministerio de Trabajo. En Buenos Aires, los casos positivos de coronavirus son inferiores al 3 por ciento, pero al comparar ese índice con el registrado en la actividad supera el 9 por ciento», puntualizaron.
También, sostuvieron que «los trabajadores de subterráneos mantuvieron el servicio diario en funcionamiento desde el inicio de la pandemia», y rechazaron «la decisión patronal»

2.2.2021

El personal del subte y el premetro se declaró en «estado de alerta» ante lo que consideran una «provocación» de la empresa Metrovías por su «intención de imponer la obligatoriedad de concurrencia» a trabajadoras y trabajadores mayores de 60 años.

«Metrovías rompe la paz social e intenta provocar un conflicto», advirtió la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) en un comunicado de prensa.
En ese sentido, la AGTSyP (metrodelegados), que encabeza Roberto Pianelli, advirtió: «Hoy denunciamos la intención de la empresa Metrovías de imponer la obligatoriedad de concurrencia a sus puestos habituales a trabajadores y trabajadoras mayores de 60 años, quienes se encuentran expresamente excluidos de tal deber, por ser parte de los grupos de riesgo» ante la pandemia de coronavirus.
Según informó la organización sindical, en la Ciudad de Buenos Aires «el porcentaje de casos positivos para coronavirus en la población general (del distrito) es inferior al 3%. Pero al comparar este valor con los casos positivos registrados entre trabajadores y trabajadoras de las seis líneas de subte y premetro, que hemos mantenido el servicio en funcionamiento diariamente desde el inicio de la pandemia, este porcentaje ha superado el 9%, quedando a la vista el mayor riesgo al que estamos expuestos».
«Debemos lamentar, además de los 330 casos positivos, 6 casos fatales, de los cuales tres corresponden a mayores de 60 años», se consignó en el comunicado.
En otro tramo de la declaración, la AGTSyP -a cuyos miembros se los llama también ‘metrodelegados’- señaló: «No podemos olvidar que, de acuerdo a las estadísticas proporcionadas por el propio Gobierno de la Ciudad, en la franja de 60 a 69 años, que es el grupo al que Metrovías pretende forzar a retomar sus tareas habituales, el índice de letalidad de Covid-19 asciende al 5,65%».
«Por tal motivo, nos declaramos en estado de alerta, rechazamos la intención de Metrovías de imponer el retorno a sus lugares de trabajo a los compañeros y compañeras mayores de 60 años y llamamos a la reflexión al Gobierno de la Ciudad sobre el riesgo de vida al que quieren exponerlos», advirtió el gremio.

Miércoles 3 paro en todo el Subte y el Premetro

Los trabajadores del subte resolvimos realizar un paro de todas las líneas el día miércoles 3 de Febrero entre las 6 y las 9hs. La medida es una respuesta a los atropellos de Metrovías que, contra todas las disposiciones vigentes, no sólo se encuentra actualmente convocando al personal de riesgo, mayor de 60 años, sino que acaba de aplicar los descuentos en los haberes de enero de los trabajadores que se negaron a prestar servicio en resguardo de su salud. Una disposición en consonancia con la intención del gobierno de la Ciudad de dar inicio a las clases presenciales de manera irresponsable, sin protocolo alguno y sin vacunación al personal correspondiente.
Esta medida atenta directamente contra la salud de los trabajadores del subte, que ya contabiliza más de 330 contagios y 8 fallecidos por Covid-19, uno de los índices de mortalidad más altos en los lugares de trabajo.
Luego de la medida se convocará a una reunión de delegados para discutir los pasos a seguir.

2.2.2021

El juzgado Nº 2 en lo contencioso administrativo y tributario a cargo de Roberto Gallardo citó a una audiencia a la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, y al ministro de Salud, Fernán Quirós, para que expliquen cómo será la supuesta vuelta a clases en medio de la pandemia. La decisión fue tomada a raíz de un amparo presentado por la Agrupación Celeste del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, SUTECBA, a cargo de Carlos Elias y el apoderado legal Javier Leira.

La audiencia será virtual para que puedan asistir quienes así lo deseen (y tengan conectividad): «Fijar audiencia para el día 10 de febrero de 2021 a las 12:00 que se llevará a cabo en forma virtual a través del sistema Cisco Webex implementado por el Consejo de la Magistratura dela CABA, y convocar a participar en la misma a las partes actora y demandada, a todas aquellas personas que pudieran tener un interés jurídico en el resultado del litigio, a la Sra. Ministra de Educación del GCBA Lic. Soledad Acuña y al Sr. Ministro de Salud del GCBA, Dr. Fernán González Quirós», resolvió el juez.
El amparo presentado exigía que en la Ciudad de Buenos Aires se dé resguardo y protección de los trabajadores municipales que con la vuelta de la presencialidad aumentan su riesgo de exposición. El amparo también pide «que se hagan los controles exhaustivamente pertinentes de acuerdo a las pautas que debe tener un protocolo «serio y responsable» de parte de las Autoridades con cumplimiento estricto de las normativas vigentes.»
Así mismo, desde la agrupación Celeste solicitaron que se garanticen los cuidados necesarios en el uso del transporte público de pasajeros «Ya que los jóvenes son vectores de la enfermedad e implican un serio riesgo a personas en tránsito de alto riesgo que deben movilizarse», sostuvieron.

1.2.2021

La secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) seccional Capital, Alejandra López, señaló hoy que el regreso presencial a clases en la ciudad de Buenos Aires «no puede no estar en línea con los acuerdos alcanzados en el Consejo Federal de Educación y en la paritaria nacional docente».

«Volvemos a clases presenciales, pero siempre y cuando estén dadas las condiciones», aclaró la dirigente gremial.
López se refirió de ese modo al anuncio del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que fijó para el 17 de febrero próximo el inicio del ciclo escolar 2021 en las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
«El Consejo Federal de Educación marcó un semáforo sanitario. Si se aseguran las condiciones sanitarias, volvemos a la presencialidad. Si no, no estamos en condiciones», sostuvo en declaraciones a la radio El Destape.
Además, la dirigente de los docentes privados de CABA señaló que esta semana el sindicato mantendrá «reuniones con las cámaras patronales» con el objeto de definir la situación de cada institución educativa, ya que lo conveniente en este caso, dijo, es «respetar las particularidades de cada institución».
«Hay instituciones que están en condiciones de empezar el 17 (de febrero) y hay otras que estarían empezando con ‘bimodalidad’, virtual y presencial», aseguró.
En relación a una posible campaña de vacunación en la Ciudad para los trabajadores de la educación, López contestó: «Hoy no existe un registro abierto para vacunar a los docentes».

1.2.2021

El gobierno porteño desmanteló el edificio donde funciona esta institución educativa. La maniobra va en contra del fallo judicial que ordenó a la Ciudad refaccionar y reabrirlo de forma permanente. “Una prioridad que no tiene el gobierno de Larreta es la educación”, señala la comunidad.

Personal del Hospital Ramos Mejía advirtieron el pasado martes que una camioneta se acercó al patio externo del jardín de infantes que funciona allí comenzó a retirar elementos del interior, vaciando el edificio. Una madre grabó la secuencia del saqueo, en donde un funcionario del Ministerio de Educación -quien rechazó identificarse- aseguró que ellos tenían la autorización para retirar los elementos.
Desde la Multisectorial por el Jardín del Hospital Ramos Mejía reiteraron que la causa del jardín está judicializada, y el Gobierno Porteño no puede desmantelar el edificio, tanto por la negativa de la comunidad educativa y como por la decisión judicial del 3 de marzo de 2020 de avanzar con las refacciones y reabrirlo de forma permanente.
“Con cada una de sus acciones no respetan ni a la comunidad educativa, ni a los trabajadores del Hospital, ni a la Justicia. Si hay una prioridad que no tiene el gobierno de Larreta es la educación. Cada gesto del GCBA se traduce en un ataque y destrucción de la escuela pública”, manifestaron en un comunicado desde la multisectorial.
Y agregaron: “En el marco de inicio del ciclo lectivo en medio de una pandemia, de forma apurada, desprolija, desorganizada y descuidada, y con la angustia que esto provoca en la comunidad educativa, se dan el lujo además de cerrar escuelas de forma permanente con su metodología cínica de la pos verdad”.
En marzo de 2020, el juez Marcelo López Alfonsín, titular del Juzgado de Primera instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 18, había ordenado al GCBA reacondicionar la sede del jardín en un plazo de 10 días.
Hoy, la comunidad les exige al jefe de Gobierno porteño y a la ministra de Educación el cese de las provocaciones y que acaten el fallo judicial existente. Además, piden que se devuelvan los materiales que sustrajeron.
“El jardín no sólo es importante para la comunidad y el barrio, sino también para los trabajadores que dejamos a nuestros hijos acá cuando estamos trabajando. No tenemos sueldos suficientes para pagar jardines privados. Nos están privando de tener una educación para nuestros hijos. Es injusto que lo quieran cerrar”, dijeron en conferencia de prensa miembros de la multisectorial.
Alrededor de 300 niños y niñas de entre 45 días y 5 años atienden a esta institución. Con la problemática de vacantes que año a año deben afrontar los padres y madres de la Ciudad de Buenos Aires, es imperativo frenar el cierre de escuelas. Actualmente, más de 25.000 chicos en edad escolar no cuentan con un lugar en la escuela pública de CABA. “Queremos que haya más vacantes en la Ciudad, y que este jardín histórico no se pierda”, dijeron en la conferencia.