Una patota al servicio del gobierno porteño atacó brutalmente a manifestantes del MTL-Rebelde

22.4.2021

Una brutal agresión contra mujeres y hombres de una organización social, este jueves frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, ubicada en el barrio de Villa Lugano. Un grupo de manifestantes (mayoría mujeres) del MTL-Rebelde se movilizaba pacíficamente frente al playón de estacionamiento del edificio “Elefante Blanco”, con la intención de llevar adelante una protesta para exigir la renovación de un convenio de trabajo caído ante el Gobierno de la Ciudad. En ese momento fueron atacados por una agresiva patota derechista al servicio del jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta y de la titular del ministerio María Migliore. Los “barra brava” intentaron, con golpes de puño y con palos, frenar a los militantes sociales, pero no lograron su cometido ya que estos resistieron el ataque.

Algunas personas fueron golpeadas y lastimadas. La agresión oficialista a cargo de la patota se produjo ante la mirada pasiva de los efectivos de la Policía de la Ciudad, que claramente “liberaron” la zona para que los agresores actuaran.
En un momento, la policía actuó contra los agredidos (como no podía ser de otra manera) y detuvieron a una persona de 40 años, identificada como Diego Libertella.
El conflicto se originó por la finalización de un convenio con una cooperativa textil, a cargo de confección de guardapolvos y frazadas que desde hace años compra el gobierno porteño. Los cooperativistas, en su mayoría mujeres, exigen que se les renueve el contrato para mantener su fuente de ingreso.
De acuerdo a lo manifestado por referentes del MTL-Rebelde, los representantes se habían comprometido a analizar el convenio, como los precios y cantidad de frazadas y guardapolvos a elaborar, en una próxima reunión conjunta para la primera semana de abril con representantes de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar. Con el pasar de los días, los funcionarios no devolvieron los llamados y ese encuentro nunca ocurrió. Aquella demora implica la suspensión de las tareas laborales del taller textil, lo que representa para los cooperativistas estar “sin cobro y sin garantías de qué pasará con su fuente de trabajo”.
Una persona de 40 años quedó detenida a raíz de los incidentes frente al ministerio de Desarrollo Humano porteño.
“No nos miraban los mensajes ni nos contestaban las llamadas”, aseguró Sandra Vila, una de las coordinadoras del MTL-Rebelde. “Nos movilizamos hoy para ingresar al Elefante Blanco, porque siempre nos dejan en la calle. Lo que pasó es que apareció un patota de un puntero de acá de la Villa 15 y, con el aval de la Policía de la Ciudad, nos cagaron literalmente a palos, a piedrazos y cinturonazos”, agregó.
“La respuesta del gobierno fue la represión y el desalojo por parte de la Policía de la Ciudad y una patota privada al servicio del Ministerio, con el saldo de un compañero detenido y decenas de compañeros golpeados”, indicaron desde la organización política.
El MTL-Rebelde participó recientemente de otras protestas junto a otras organizaciones en la Capital Federal vinculadas al programa “Veredas Limpias”, donde también denunciaron despidos y rechazaron el cese laboral de personas que responden a la organización. De esa área, a cargo de las tareas de limpieza y mantenimiento del espacio público, dependían 162 integrantes de la agrupación social. Nuevamente, las diferencias aparecieron ante la reconversión del perfil del programa, que pasó a tener un enfoque dirigido hacia los “emprendimientos productivos”. La discusión apuntaba a que un porcentaje de los anteriores beneficiarios de Veredas Limpias, cuyos contratos se extienden por 12 meses, se incorporen a los nuevos lineamientos.
Tras abandonar el lugar, los militantes del MTL-Rebelde se trasladaron hasta la comisaría ubicada en Martiniano Leguizamón 4347, pero a sus demandas originales sumaron el pedido de liberación de la persona detenida en el marco de los incidentes, que en horas de la tarde todavía permanecía allí. La causa quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas de Adriana Bellavigna.

MTL-REBELDE: DENUNCIAMOS AL GOBIERNO DE LA
CIUDAD**DESPIDE Y REPRIME A TRABAJADORES CON PATOTAS*

Hoy nos movilizamos para reclamar por la continuidad de trabajo de nuestros compañeros que trabajan en el emprendimiento textil. La respuesta del gobierno fue la represión y el desalojo por parte de la policía de la ciudad y una patota privada al servicio del ministerio, con el saldo de un compañero detenido y decenas de compañeros golpeados. DENUNCIAMOS al gobierno de la ciudad que en lugar de recibirnos y dar soluciones a la necesidad más inmediata de la población más vulnerable, nos caga a palos y nos reprime. EXIGIMOS LA INMEDIATA LIBERTAD DE NUESTRO COMPAÑERO DIEGO LIBERTELLAQUEREMOS QUE NOS RECIBAN YA!! Y NOS DEN SOLUCIONES A NUESTROS RECLAMOS ¡¡LLAMAMOS A LA SOLIDARIDAD DE LAS ORGANIZACIONES HERMANAS!! MTL Rebelde

Fracasa el desacato de Larreta: la presencialidad escolar en CABA no llega al 10 %

22.4.2021

Por Tiempo Argentino

Se suman varios factores para que la mayoría de la comunidad educativa no esté yendo a clases presenciales. La fuerza del paro docente, burbujas que ya estaban aisladas, familias que prefieren no mandar a sus hijos, escuelas que decidieron seguir con la virtualidad a pesar de las presiones del Ejecutivo de la Ciudad. La foto que no fue.

Fracasó el desacato del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La presencialidad en las escuelas de la Ciudad no llega al 10%. Los gremios docentes realizaron un nuevo paro ante la decisión de las autoridades de CABA de desconocer el fallo de la justicia federal que suspende la presencialidad. Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys) informaron que hubo un 90% de acatamiento de la medida. En el sector privado se realizó retención de tareas presenciales con un 70% de alcance.
El secretario adjunto de UTE, Eduardo López, informó que “las escuelas están prácticamente vacías”. “El acatamiento es muy superior al 90%. De las 800.000 personas que integramos la comunidad educativa, hoy se habrá movilizado menos del 10%. Creo que en las escuelas debe haber 50.000 personas, como mucho. No podríamos adjudicar que no hay clases solamente al paro. A eso se suman los aislados y contagiados por licencia por COVID, más las familias que no mandan a los chicos y las escuelas y que ya resolvieron comunitariamente dar clase a distancia. Esto es así en el Mariano Acosta, en la Escuela Técnica 32 o el Colegio 19”, le dijo el sindicalista al Tiempo Argentino.
Este miércoles también se sumaron a la medida de no asistir a los establecimientos la Coordinadora de Estudiantes de Base de Secundaria, la de Terciarios y las familias y cooperadores nucleados en la Multisectorial en Defensa de la Salud Porteña.
La dirigencia del gremio mayoritario planea seguir con el paro de actividades. “Todos los días hacemos asambleas por áreas, niveles y modalidades. Crece el apoyo al paro docente. Se va a mantener este nivel de adhesión porque está en juego la vida y la salud de la población. Hay un apoyo absoluto. Nos van a descontar. Lo hablamos y llegamos a la conclusión de que la vida está primero. Es un paro que va a quedar en la historia porque es en defensa de la salud y de la vida. Ante una política bolsonarista, la respuesta es la huelga, que será larga. Cuando el gobierno promueve la circulación comunitaria, la huelga es la herramienta para que haya menos circulación comunitaria”, agregó López.
Desde Ademys, registraron entre un 80% y un 90% de adhesión a la medida. La secretaria general, Mariana Scayola, explicó que la decisión de Rodríguez Larreta reavivó la pelea gremial. “Tenemos una asamblea para definir cómo seguimos, pero seguramente vamos a un escenario de continuidad. Las medidas nos generan mucha bronca y vuelven a darle fuerza al conflicto y a la decisión de la docencia de la suspensión de la presencialidad. Lo de ayer a la noche encendió de vuelta a la docencia. No descartamos cualquier escenario. Lo que sí hay es una fuerte presión por parte del gobierno con el tema de descuentos. Es sistemático y eso impacta en salarios bajos. Además, de la presión mediática que genera”, le dijo Scayola a este diario.
Luego comentó que realizan un fondo de lucha para hacer frente al descuento de los días que realizará el Ministerio de Educación dirigido por Soledad Acuña. “Hoy el docente que está luchando, lo está haciendo sabiendo que muy posiblemente sufra descuento”, advirtió.
En el ámbito de las escuelas de gestión privada, el gremio SADOP decidió realizar retención de tareas presenciales hasta el 30 de abril. De esa manera, buscan garantizar las clases virtuales para cumplir el DNU, la continuidad educativa y proteger gremialmente a sus afiliados y afiliadas, que representan a un 50% del total de personal docente de la Ciudad. “Hoy hay un acatamiento del 70% en las escuelas privadas. Es por distintos motivos: por la retención de tareas y por la virtualidad de hecho que tiene que ver con las burbujas cerradas. Además hay escuelas con responsabilidad empresaria, en las que sus dueños decidieron continuar con la presencialidad, y las familias decidieron no enviar sus hijos”, le dijo Javier Mahuad, secretario de comunicación de Sadop a Tiempo.
Este miércoles se conoció la comunicación del Estado Nacional, a través de los ministerios de Educación y de Justicia, en la que les explicitan a las cámaras de la enseñanza privada que deben cumplir el decreto.
También desde SADOP realizaron una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la Nación contra más de 40 escuelas por presionar a los docentes para que asistan a las escuelas. “No cumplen el decreto, no cumplen el fallo. Abren las escuelas y presionan a los trabajadores y trabajadoras a ir a los establecimientos. También hay escuelas que abren porque son presionadas por la Dirección General Educación Gestión Privada y el Gobierno de la Ciudad. Las presiones hacia las escuelas también son reales”, agregó Mahuad.

Clases presenciales: crecen las denuncias contra Rodríguez Larreta en Comodoro Py

21.4.2021

La decisión del gobierno porteño de desconocer el fallo de la Justicia federal que suspende la presencialidad desató una ola de denuncias: al menos cuatro ya habían sido sorteadas a media mañana en diferentes juzgados.

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, fue denunciado este miércoles por distintos delitos a raíz de no acatar el fallo que le ordenó suspender las clases presenciales ante la segunda ola de la pandemia de coronavirus.
A media mañana eran al menos cuatro las denuncias penales que habían sido sorteadas en diferentes juzgados, mientras que la abogada Valeria Carreras amplió su acusación en otra demanda iniciada esta semana en el juzgado federal de María Servini, informaron a Télam fuentes judiciales.
Carreras pidió al juzgado federal 1 que investigue al jefe de Gobierno por “resistencia o desobediencia a funcionario público, abuso de autoridad y violación de medidas contra la propagación de una epidemia”.
La abogada sostuvo que Rodríguez Larreta actuó “a sabiendas de la ilegalidad en insistir con la presencialidad de los alumnos a clases en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires” tras el fallo al respecto firmado ayer por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari.
Carreras le reclamó a la Justicia que “ordene impedir el acceso a las escuelas del ámbito de la ciudad de Buenos Aires” con “el apoyo de la fuerza pública”.
Por otro lado, las dos primeras denuncias del día por los delitos de “violación de medidas contra la propagación de una epidemia, resistencia o desobediencia a funcionario público y abuso de autoridad” quedaron radicadas en el juzgado federal 10, a cargo de Julián Ercolini.

Las denuncias

Una de ellas la presentaron los abogados Juan Leotta y Darío Liurgo, quienes sostuvieron que el jefe de Gobierno “ha decidido oponerse destructivamente y generarle el mayor caos político posible al Gobierno Nacional para conformar a un segmento de la sociedad que exige a gritos presencialidad escolar a como dé lugar (aún en el peor momento sanitario de la historia)”, según el texto al que tuvo acceso Télam.
Otra de las denuncias que resultó sorteada en el juzgado de Ercolini la presentó el abogado Daniel Valmaggia por “instigación a cometer delito, abuso de autoridad” y violación del artículo 205 que castiga a quien no respete medidas para contener una epidemia.
Otra fue presentada en el transcurso de la mañana fue la de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El secretario general de ATE Capital y secretario adjunto de la CTA, Daniel Catalano, denunció a Rodríguez Larreta por “propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, envenenamiento culposo de medicinas, violación de medidas, resistencia o desobediencia a funcionario público, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes”.
En diálogo con esta agencia, Catalano explicó que la denuncia fue realizada “en contra de Larreta por violar el artículo 205 del Código Penal, desconociendo una medida sanitaria mientras favorece la propagación del virus y desobedece una medida judicial”.
Esta denuncia quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
Por su parte, el abogado Adrián Albor denunció a Rodríguez Larreta por “asonada” en una presentación que quedó sorteada en el juzgado federal de María Servini.
Los jueces a cargo de las diferentes denuncias tendrán que resolver ahora si quedan unificadas en un sólo juzgado.

El Hospital Fernández ya no tiene camas de terapia intensiva disponibles

20.4.2021

Por Gloria Pagés

Así lo denunció el personal médico de uno de los hospitales más grandes de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Palermo.

“Tenemos todas las camas ocupadas de terapia intensiva, tuvimos que volver a desplegar todas las camas a la segunda ola”, señaló la médica intensivista del Hospital Fernández Luciana Previgliano. Agregó, en diálogo con medios televisivos, que “después de la primera ola pensé que no iba a ser peor esta segunda ola y me equivoqué. Los pacientes son más jóvenes y están más graves. Requieren de una atención en una forma más temprana que la vez pasada. Esta ola es claramente peor”.
La saturación de los hospitales porteños se agrava cada día con el aumento de casos de coronavirus. Este lunes los docentes porteños, en el marco del paro convocado por UTE y Ademys, denunciaron que una maestra, Belén Massei, de la escuela 20 del DE 13, necesitaba de forma urgente el traslado a una unidad de terapia intensiva porque en el Hospital Méndez (que pertenece a la Obra Social de docentes y estatales de la Ciudad) donde se encontraba internada, no había más camas UTI.
Las denuncias se vienen conociendo desde que comenzó la segunda ola. “Los sanatorios Mitre, Otamendi, Anchorena, Alemán, Güemes, Santa Isabel, Italiano, Naval y Policlínico Osplad tienen entre 95 y 100% de ocupación total”, explicaron voceros de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada, de acuerdo a lo que publicó Télam el lunes 12 de abril.
Mientras tanto, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, hizo saber este martes en conferencia de prensa que el Gobierno porteño entregó “en calidad de préstamo cerca de 50 respiradores al sector privado”, dejando al sector público semi vaciado y colapsado en medio de una imparable suba de casos.
El inminente colapso del sistema sanitario no es exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires. Rosa Reina, referente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) describió el complejo panorama en hospitales y sanatorios, tanto de la provincia de Buenos Aires como de otras regiones del país. “Por el incremento rápido de la ocupación de camas, esta vez sí creemos que puede haber colapso del sistema”, sentenció.

CABA: no se computan faltas ni quitan vacantes hasta que la Corte Suprema resuelva sobre las clases presenciales

20.4.2021

El juez Guillermo Scheibler ordenó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que «se abstenga de computar las faltas o quita de vacantes respecto de aquellos alumnos y alumnas cuyos padres y madres resolvieran la no concurrencia de sus hijos o hijas a los establecimientos educativos», y que adopte «las medidas necesarias a fin de garantizar la escolaridad virtual», hasta que la Corte Suprema resuelva la cuestión planteada por el GCBA respecto a la constitucionalidad del artículo 2º del DNU 241/2021 del gobierno de Alberto Fernández. En este marco, un dato transparentó la situación sanitaria límite de la ciudad: el ministro de Salud porteño Fernán Quiróz admitió que Ciudad le pidió a Nación 50 respiradores prestados, porque los que tenían los prestaron al sector privado. Otro dato pone en cuestión la superioridad que el gobierno porteño otorga públicamente a la educación: trascendió que el Ministerio de Educación frenó ocho obras de infraestructura en jardines y escuelas porteñas a fines de 2020. Amanda Martín, Secretaria Gremial del sindicato docente Ademys, apuntó contra ambos gobiernos: «intentan resolver judicialmente el fracaso de los gobiernos en garantizar la escolarización en plena pandemia».

Así lo resolvió este lunes el juez porteño Guillermo Scheibler, en la causa caratulada «Leguisa, Andrea Soledad y Otros c/ GCBA s/ Amparo – Educación» (expediente N° 90772-2021/0). El fallo judicial ordena «al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que: a) se abstenga de computar las faltas y/o quita de vacantes respecto de aquellos/as alumnos/as cuyos padres y madres resolvieran la no concurrencia de sus hijos/as a los establecimientos educativos, y b) adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar la escolaridad virtual del colectivo involucrado en autos».
La medida es «hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva la cuestión planteada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto a la constitucionalidad del artículo 2º del DNU 241/2021«, dispuesto por el presidente Alberto Fernández como medida pública de emergencia sanitaria ante el avance de la segunda ola de la pandemia de Covid-19 en la Argentina.
En tanto, mientras continúa el tironeo político (ahora judicializado) entre Horacio Rodríguez Larreta y el gobierno de Fernández por la suspensión de las clases presenciales, asomó un dato que muestra el nivel límite del sistema de salud de la Ciudad. El ministro de Salud porteño Fernán Quiróz admitió hoy en conferencia de prensa que la Ciudad tuvo que pedir 50 respiradores a Nación, para reponer los que la Ciudad le entregó a los privados: «le hemos entregado en calidad de préstamo cerca de 50 respiradores al sector privado. Por lo tanto le hemos pedido al ministerio de Salud de la Nación en una reunión informal, si nos podían reponer esa cantidad».
Así mismo, el ministro anunció la apertura de turnos de vacunación para mayores de 65 años, además de pedir un esfuerzo «máximo» a la ciudadanía por las próximas «dos o tres semanas» para evitar los encuentros familiares en espacios cerrados: «la situación de la pandemia en la ciudad está muy difícil. Hemos tenido una aceleración muy rápida de la curva de contagios. Pero en la escuela no se producen, por eso mantenemos las clases presenciales», aseguró.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), que se dedica al seguimiento e intervención en políticas urbanas, denunció el 15 de abril que, contradiciendo los dichos del jefe de Gobierno porteño y de su ministra de Educación María Soledad Acuña, que aseguran poner como prioridad la educación de los y las estudiantes en este contexto, el Ministerio de Educación porteño frenó ocho obras de infraestructura en jardines y escuelas de la Ciudad, en resoluciones que fueron fechadas entre agosto y diciembre de 2020, y recién publicadas este 15 de abril en el Boletín Oficial.
«Las obras frenadas implicaban la realización de trabajos de instalación eléctrica, termomecánica y extensión de la red de agua y de cloacas. Pese a que para entonces – agosto de 2020 – el GCBA declaraba que era esencial la vuelta a las aulas, las ocho disposiciones argumentan que se rescinde el contrato debido a que ‘el contexto de emergencia y de fuerza mayor, motivó una valoración distinta del interés público’ «, denunció Jonatan Baldiviezo, referente del ODC.
«Entre las obras que ya estaban adjudicadas y firmadas, se encuentra la realización de trabajos sumamente necesarios para de ‘Instalación Eléctrica, Termomecánica y Aislación Térmica’ en el Jardín de Infantes Nucleado B – D.E. 19°, ubicado en la calle Mom 2380. Y la ‘Extensión de RED de Agua y Cloaca’, en la Escuela Inicial de Creación – D.E. 5° ubicada en Uspallata 3325; ambas obras con un costo menor a los 5 millones de pesos. El mismo día donde publica estas ocho disposiciones – que hubiesen necesitado un presupuesto de alrededor de 28 millones de pesos-, el GCBA convoca a una licitación para realizar la Obra Pública denominada: ‘Entorno para Homenaje a los Policías de la Ciudad de Buenos Aires caídos en cumplimiento de su deber’, donde se destinarán un poco más de 20 millones de pesos (Resolución N° 103/SSGA/21).11124″, amplió Baldiviezo, para quien «queda claro que en ‘el contexto de emergencia y de fuerza mayor’ que vivimos, evidentemente hay ‘valoración distinta del interés público’ entre el GCBA y la ciudadanía porteña».
Por su parte, Amanda Martín, Secretaria Gremial del sindicato docente Ademys expresó: «Larreta y Acuña son irresponsables. Dado el grave cuadro epidemiológico no se puede volver a las aulas. Intentan resolver judicialmente el fracaso de los gobiernos en garantizar la escolarización en plena pandemia. Larreta no defiende la educación. Lleva adelante junto a la ministra Acuña un recorte histórico de presupuesto para la educación, dejan a miles de estudiantes sin vacantes y con salarios de miseria. En más de un año no se destinó un peso en acondicionar las escuelas o en garantizar el acceso a la educación virtual. Con más de 3000 casos por día, un minúsculo número de docentes vacunados y un sistema sanitario colapsado no hay condiciones para la presencialidad», remarcó.
Saliéndose de la «grieta», Amanda también se refirió al DNU presidencial: «los anuncios de Fernández son insuficientes. No hay medidas para garantizar la continuidad pedagógica en la virtualidad. No se anunciaron medidas que garanticen la conectividad ni los dispositivos. Tampoco hay vacunas ni para la docencia ni para el conjunto de la población». Por lo que sostuvo que desde Ademys proponen «centralizar el sistema de salud«, «no permitir que se lleven la producción de vacunas del país para beneficios empresariales», y «que se asista económicamente a los trabajadores afectados por la pandemia».

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