Sigue presa la mujer detenida durante el desalojo en Villa 31

18.1.2021

María Belén Guevara fue desalojada en la madrugada del viernes 15 de la vivienda donde residía por no poder pagar el alquiler, aún sigue detenida y separada de sus 4 pequeños hijos. Colabora en un merendero de la Villa 31 y es militante del MTR 12 de Abril.

A pesar de realizar muchísimas gestiones, María Belén nunca consiguió que se le asignara una vivienda adecuada. El Gobierno de la Ciudad solo le aportó un subsidio miserable que no alcanza ni para pagar un pieza en el barrio.
Como denunciamos en anteriores notas a propósito de la crisis habitacional en la ciudad, las familias que tienen hijos no pueden alquilar nada con ese monto ya que los propietarios les cobran más caro a las familias que tienen niños.
La semana pasada, en medio de una crisis sanitaria y social que se agrava día a día, fue desalojada y aún continúa detenida. En el día de hoy se conoció que la justicia denegó la excarcelación.
Las legisladoras Alejandrina Barry y Myriam Bregman (que preside la Comisión de Violencia Institucional) denunciarán este caso en la Legislatura y anunciaron que exigen su inmediata liberación y una vivienda digna para Belén y sus hijos.

Soledad Acuña tiene coronavirus

16.1.2021

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires tiene covid-19. la noticia llega en medio del debate sobre el retorno a clases, el Gobierno insiste en que “la presencialidad es una prioridad absoluta”. ¿Cómo van a ser los protocolos para docentes y estudiantes?

Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad tiene Covid-19 aunque no presenta síntomas, su alta estaría el próximo martes.
La ministra es la segunda funcionaria en contagiarse coronavirus en lo que va del año. Se le suma el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que el 6 de enero pasado anunció que padecía la enfermedad.
Esta noticia se conoce en medio del debate sobre la vuelta a clases. Como informamos en este medio “el ministro de Educación nacional, declaró recientemente que “no hace falta vacuna para realizar la presencialidad, lo comprueba la realidad del 2020, la mitad de las provincias tuvieron instancias de presencialidad, lo que sí la vacuna nos va a permitir intensificar esa presencialidad y un regreso seguro a las aulas”.
Por su parte Roberto Silva, delegado docente de UTE-CTERA por la lista Marrón explicó que: “se habla de si hay o no hay semáforo rojo en relación al rebrote epidemiológico, pero debemos decir que el gobierno nacional ya puso un semáforo rojo a las IFE, eliminándolas del presupuesto nacional del 2021 y así dio luz verde, obligando a las familias de nuestrxs pibes a salir a la calle a buscar un ingreso en estas condiciones. Por eso, el ministro Trotta plantea que la vacunación de lxs docentes no será condición indispensable para la presencialidad y deja las manos libres a Larreta y a los gobernadores, para que puedan decidir en cada distrito la vuelta a clases”.

El Gobierno porteño ratificó el regreso a clases el 17 de febrero, sin acuerdo de los sindicatos

15.1.2021

Por Claudio Vilardo

En una reunión donde la Ministra Soledad Acuña seleccionó a dedo los sindicatos con quién discutir, la Ciudad propone reabrir las escuelas durante la mayor crisis de contagios.

Hoy viernes, se reunieron a la mañana los representantes de los sindicatos docentes UDA, UTE, CAMYP, ADEF, SEDEBA, AMET, SEDUCA, ADIA, SUETRA con portavoces del Ministerio de Educación de la Ciudad, para discutir las condiciones de regreso a la presencialidad de las clases para el ciclo 2021. Proponen la reapertura de las escuelas para el 17 de febrero, mientras la Ciudad atraviesa el crecimiento más acelerado de contagios en lo que va de pandemia, llegando a un total de contagios diarios récord.
La Ministra Soledad Acuña, que había dicho públicamente hace pocos meses que “las políticas educativas no las va a consultar con nadie” (entre otras barbaridades), decidió elegir a los representantes con quién hablar por separado, en clara actitud antidemocrática para con las organizaciones de docentes. Al sindicato opositor Ademys no le permitieron el ingreso en la reunión de la mañana y participó en la convocada a la tarde con otros sindicatos.
Desde La Izquierda Diario venimos denunciando que las medidas preventivas que tomaron los gobiernos a comienzos del 2020 (en aquellas conferencias tripartitas de Fernández, Larreta y Kicillof) eran “sin GPS”. Al menos en lo que al cuidado de la población refiere, esto se sigue verificando. Las ramas declaradas “esenciales” fueron expuestas al contagio tomando como única medida el aislamiento de todo el resto de la población. Las calles se llenaron de jóvenes en bicicleta, intentando sortear la crisis y el virus pero las medidas concretas para el cuidado de los “esenciales” no llegaron. La eliminación por parte del Gobierno Nacional del ya escaso IFE empujó a millones de trabajadores a aceptar la extorsión derechista de “la economía o la salud”, cuando las cifras no cierran ni a una ni a otra. La escalada de contagios no responde al fin de la cuarentena obligatoria, tampoco a una evolución natural del virus, sino a la preservación de la ganancia empresaria por sobre la salud de las y los trabajadores.
Roberto Silva, delegado docente de UTE-CTERA por la lista Marrón se hizo presente en la puerta del ministerio y planteó: “Se habla de si hay o no hay semáforo rojo en relación al rebrote epidemiológico, pero debemos decir que el gobierno nacional ya puso un semáforo rojo a las IFE, eliminándolas del presupuesto nacional del 2021 y así dio luz verde, obligando a las familias de nuestrxs pibes a salir a la calle a buscar un ingreso en estas condiciones. Por eso, el ministro Trotta plantea que la vacunación de lxs docentes no será condición indispensable para la presencialidad y deja las manos libres a Larreta y a los gobernadores, para que puedan decidir en cada distrito la vuelta a clases”.
En el caso de la CABA no hubo, durante todo el año, un plan de obras para asegurar el reingreso de las y los estudiantes a las aulas con las condiciones sanitarias mínimas. La premura con que el gobierno quiso (y quiere) reabrir las escuelas, no tuvo (ni tiene) correlato alguno en las acciones concretas. La educación virtual que pudo mantenerse se llevó a cabo con el compromiso de miles de docentes y familias, que tuvieron que destinar sus ingresos a compras de dispositivos, conexión a internet, haciendo en muchos casos un enorme esfuerzo por mantener el vínculo escolar.
Paradójicamente, y como si fuera una broma macabra, el Gobierno de la Ciudad recorta el Plan Sarmiento que provee dispositivos a las y los estudiantes y desfinancia la inversión en infraestructura escolar en los momentos que más necesario se hace. El cinismo de Larreta y Acuña es hablar de la necesaria presencialidad, mientras simultáneamente recortan casi un 80% el presupuesto destinado para trabajos edilicios. Por no mencionar las denuncias que familias y docentes presentaron contra el Gobierno de la Ciudad por la calidad de los alimentos que proveían durante el aislamiento obligatorio.
Es claro que la educación no es, para el gobierno, prioridad alguna. Lo manifiesta claramente en la expresión “abrir las escuelas”, como si de una caja se tratara. Sin embargo, para las familias, docentes y estudiantes, la vuelta a las clases presenciales con seguridad es muy importante. Somos nosotras y nosotros, integrantes de la comunidad educativa, quienes realmente trabajamos por eso día a día.
Desde nuestra agrupación Marrón en la Multicolor, planteamos que en los primeros días de febrero en cada escuela deberemos realizar asambleas y discutir un plan de obras para la adecuación de las escuelas y los entornos formativos a este contexto, con todas las medidas epidemiológicas pertinentes. Tenemos que exigir y asegurar el control periódico sanitario al personal de las escuelas. Aumento del personal educativo, auxiliar y de limpieza de los establecimientos, escaso en condiciones normales, completamente insuficientes en pandemia. Necesitamos organizar comisiones de higiene, integradas por trabajadoras y trabajadores de la educación, familias y estudiantes quienes puedan relevar las condiciones para el reingreso seguro. Nuestrxs pibes necesitan dispositivos electrónicos y conectividad gratuita para las familias, esto es indispensable si se quiere mantener la escolaridad en esta situación como lo vimos durante todo el año pasado. Es imprescindible la entrega de canastas de alimentos nutritivas y saludablesEs una exigencia de primer orden la regularización de todas y todos lxs trabajadores contratados y en condiciones de precariedad laboral, que fueron quienes más sufrieron durante el cierre de las escuelas. Es imperioso y urgente discutir una recomposición salarial docente.
Estas son algunas medidas mínimas que no tuvieron ningún intento de resolución durante todo el 2020 y serán necesarias implementar en el 2021. Por este motivo, desde la agrupación Marrón 9 de Abril, exigimos la vuelta a las escuelas en condiciones sanitarias adecuadas y avanzar en la pelea por los puntos anteriores. Para finalizar Roberto Silva agregó, “después de un 2020 sin plenarios de delegadxs, exigimos a la conducción de UTE que rompa la tregua con el gobierno nacional y para enfrentar las imposiciones de Larreta y Acuña convoque a un plenario general de delegadxs virtual para principios de febrero, para discutir estos temas y decidir cómo lxs docentes damos una respuesta a esta situación. Este plenario también debería convocar en común con Ademys, un plenario unificado de delegadxs, para dar una pelea en común entre los sindicatos que se oponen a la imposición del GCBA y sumar así a la docencia junto a la comunidad educativa a lograr estos objetivos”.

Manteros cortaron las vías del Sarmiento para que Larreta frene la represión y los deje trabajar

13.1.2021

Este miércoles los manteros del barrio porteño de Flores volvieron a cortar por segundo día consecutivo el cruce de Av. Avellaneda y Av. Nazca. El caudal de gente en el corte les permitió llevarlo a las vías del tren Sarmiento. Quieren trabajar.

El reclamo lleva muchos años a los que el Gobierno de la Ciudad respondió con persecución, confiscación, aislamiento y represión sin encontrar una solución real.
“Nos estamos muriendo de hambre, queremos que nos dejen tranquilos, solo queremos trabajar”, repiten a los medios.
El trabajo de las y los manteros suele ser de supervivencia. Un rebusque hasta que puedan conseguir algo más estable y en mejores condiciones o un refuerzo de otros ingresos. Se trabaja sobre la vereda, incluso tomando metros de la calle, expuestos a inclemencias climáticas, a robos, a accidentes de tránsito, al deterioro de la mercadería.
En la zona de Flores, se le suma la guerra con los comerciantes que los denuncian, los inspectores de la Ciudad que les confiscan la mercadería y la policía que los persigue, les pega y los detiene.
En el barrio de Once, los manteros fueron llevados a una feria municipal pero los feriantes indicaban ya a principios de 2019 que desde que tienen una locación las ventas bajaron mucho, el Gobierno no les hace publicidad ni paga reformas para volver atractivo el paseo de compras que compensaría la comodidad de ver la mercadería y comprar al paso.
En un contexto de pandemia y dificultades económicas múltiples a nivel mundial, reprimir a quienes sólo buscan llevar el pan no debería ser la única opción que ofrezca la ciudad más rica del país

El médico que recetó dióxido de cloro al paciente del Otamendi fue imputado

13.1.2021

En la causa penal que tramita en el fuero federal porteño por la denuncia del Ministerio de Salud, imputaron a Dante Converti. El paciente, que falleció luego de recibir dióxido de cloro, se encontraba internado por coronavirus, su cuadro era grave y empeoró luego de ingerir este tóxico.

Sebastián Casanello, el juez que quedó a cargo de la causa, ordenó el allanamiento del consultorio del médico, hoy imputado, para “preservar la prueba” que fue trasladada al juzgado con sede en Comodoro Py 2002 y que “será analizada”.
Converti está imputado por prescribir dióxido de cloro para tratar el cuadro de coronavirus que padecía Oscar García Rúa. El equipo médico del Sanatorio Otamendi se negaba a utilizar el químico, porque no cuenta con la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), y un juez -sin el acompañamiento científico- ordenó que el paciente recibiera el dióxido de cloro.
La aplicación de un químico que tendría “carácter nocivo” para la salud es un tipo de delito -aun cuando el paciente presentaba un cuadro irreversible- y que ahora se investiga en la Justicia Federal.
Converti está imputado y es investigado, aunque todavía no se formuló una calificación concreta del delito que podría atribuirse. También está imputado por “mala praxis judicial” el juez que autorizó el tratamiento.

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