Red de radios

12.3.2021

ATE Capital denunció despidos en Tránsito, en Prevención del delito y en el ministerio de Desarrollo Social porteño. El gremio recordó que los habían declarado esenciales en la pandemia y ahora los dejan en la calle tras 7 u 8 años de contratos. «En la Ciudad más rica de la Argentina hay entre 18.000 y 20.000 trabajadores precarizados», explicaron.

Hugo Bellón, Secretario de Organización de ATE Capital, denunció que hay un plan de despidos de empleados públicos por parte de la Ciudad de Buenos Aires y recordó que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta «tiene entre 18 y 20 mil trabajadores precarizados».
«El Gobierno de la Ciudad empezó a recortar contratos en todos los ámbitos y eso es posible porque son compañeros que tienen 7 u 8 años trabajando precarizados pagando monotributo», dijo Bellón.
Además recordó que hasta hace muy poco a los cesanteados «Los había declarado esenciales durante la pandemia, como a los de prevención del delito, armaban la cola en los bancos, iban a los hoteles con la gente contagiada, estaban en las puertas de los hospitales. Todos estuvieron laburando a full».
«Hay compañeros que por su condición o por enfermedades estaban de licencia. Nos encontramos con 17 despidos que son los que estaban de licencia», especificó Bellón.
Precisó que «Además hubo despidos en tránsito, en el mismo ministerio de Justicia y Seguridad, y eso obedece a que hubo compañeras hicieron una denuncia por violencia de género y premiaron a los funcionarios que ejercieron violencia».
«Nos enteramos que hay más despidos en tránsito», agregó y contó que también «llegó la notificación que va a haber despidos en el ministerio de Desarrollo de la Ciudad».
«En la Ciudad más rica de la Argentina hay entre 18.000 y 20.000 trabajadores precarizados. Todos los años nos dicen que no hay presupuesto para que puedan tener recibo de sueldo y derechos laborales», concluyó Bellón.

12.3.2021

Ante la falta de respuestas concretas por parte del gobierno porteño, los y las cooperativistas trasladaron la protesta al Obelisco. En este marco, desmienten versiones del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad respecto a que los y las trabajadores se niegan a firmar el Convenio de puestos de trabajo. Por el contrario, aseguran que sí quieren firmarlo y exigen la intervención de la ministra María Migliore para resolver el conflicto a favor de la continuidad laboral de las 33 familias.

Reproducimos comunicado:
Somos 33 trabajadoras, madres solas, jefas de hogar. El único sustento para llevar un plato de comida a nuestros hijos e hijas. Los que no hemos faltado nunca al trabajo, los que llegamos puntuales. Los que hace más de 8 años trabajamos en el Programa Veredas Limpias. Somos Francisca, Graciela, Carla, Julia. Somos Soledad, Silvana, Porfiria, Luisa, Carolina. Somos las que día a día trabajamos con esfuerzo, las nos mantuvimos en nuestros puestos a pesar de la pandemia.
Somos trabajadores, cuyo salario por trabajar de lunes a viernes 6 horas, es de unos meros $15.000. Con eso mantenemos a nuestras familias, con eso pagamos el alquiler, tratamos de comprar los útiles para nuestros hijos. Mientras que la canasta básica escala y escala.
Nosotros somos trabajadores que desde hace más de 30 horas permanecemos en vigilia, sin ninguna respuesta por parte del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Somos nosotros, quienes reiteramos que queremos firmar el Convenio de Trabajo, quienes queremos seguir en nuestros puestos y quienes hemos hecho propuestas para incluso, mejorar el Programa.
Hoy reiteramos, insistimos, queremos firmar el convenio. No queremos perder nuestros puestos de trabajo. No tenemos otra salida. ¡Larreta, no dejes a 33 familias en la calle! María Migliore, solicitamos que abra el diálogo para renovar nuestro convenio de trabajo. ¡NO NOS DEJEN EN LA CALLE!
¡No vamos a permitir ningún despido ni atropello a nuestros derechos! Por eso, continuamos nuestro acampe en solidaridad con las 33 familias, hasta obtener respuesta.

11.3.2021

El histórico cine administrado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), reabre sus puertas luego del cierre por remodelaciones en febrero de 2020, el cual se prolongó por el contexto no esperado del coronavirus. En la reinaguración se proyectará “Los años del tiburón”, un documental sobre Astor Piazzolla, a cien años de su nacimiento.

El Gaumont, inaugurado en 1912, que cuenta actualmente con tres salas y un total de 1.500 butacas reabrirá sus puertas luego de 13 meses transcurridos desde el cierre dispuesto por sus autoridades el 11 se septiembre de 2019 para llevar adelante medidas de refacción y reacondicionamiento. La reapertura, que había sido planeada para fines de marzo y principios de abril de 2021, se terminó postergando por la pandemia mundial y la llegada del coronavirus al país.
La primera proyección en esta nueva etapa del cine será a las 18.30 de este jueves en la sala principal, bautizada ahora “Leonardo Favio” será “Los años del tiburón”, un documental sobre la vida de Piazzolla de Daniel Rosenfeld, y que tuvo su estreno en 2018.
La asistencia será restringida y sólo irán autoridades y funcionarios de los gobiernos, entre ellos el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, su par de la Ciudad Enrique Avogadro, el presidente del Incaa Luis Puenzo, y otras autoridades e invitados. Gente “de a pie”, trabajadores y público en general no serán parte de la jornada.
Como este jueves se cumplen 100 años del nacimiento de Astor Piazzolla, la película que se proyectará será Piazzolla: los años del tiburón, de Daniel Rosenfeld, que tuvo su estreno en 2018 y que refleja la vida del músico.
En tanto, las películas que podrán verse en las otras dos salas, “María Luisa Bemberg” y “Fernando Birri” (los dos nuevos nombres elegidos) son estrenos: la coproducción española argentina Akelarre, del director argentino Pablo y la coproducción argentino paraguaya Charlotte, de Simón Franco.
El film de Agüero pone en plano la lucha entre la libertad y la prohibición, con la excusa de la caza de brujas en la Inquisición.
Interpretada por la gran actriz española Angela Molina, la historia de Charlotte es la de una olvidada estrella de cine española que, al enterarse de que el director que la llevó a la fama filmará su última película en Paraguay, se embarcará en un insólito viaje, en busca de algo más que el protagónico que siente que le pertenece.

10.3.2021

Por Milton del Moral

El Frente de Todos presentó un proyecto para frenar la venta de tierras públicas en la Costanera Norte para la construcción de viviendas de lujo, que fue apoyado por distintas organizaciones. Esperan juntar 40 mil firmas para forzar a la Legislatura porteña a tratar la iniciativa.

La Ley 6.289 fue sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 5 de diciembre de 2019 y publicada en el Boletín Oficial el 8 de enero de 2020. En su artículo 2 convoca a un concurso público para el desarrollo urbanístico del conjunto “Costa Salguero – Punta Carrasco”. Advierte que deberá contemplar las normas de seguridad aeronáuticas que establece la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (ANAC), dado que se encuentra a metros del Aeroparque, y disponer de al menos el 65% de la superficie para uso público. El proyecto de iniciativa popular presentado ayer pide, básicamente, que esta ley se derogue.
Y que se destinen los predios identificados catastralmente como manzana 171 Sección 21 (Punta Carrasco) y Manzana 184 Sección 15 (Costa Salguero) “a la construcción y emplazamiento de un parque público, de acceso libre y gratuito, a cargo del Poder Ejecutivo”. Atañe, a su vez, la prohibición de la subdivisión parcelaria y de cualquier disposición que modifique el carácter de espacio verde público. Porque, como dice Bárbara Rossen, “en las tierras públicas se deben contemplar únicamente proyectos públicos”.
Bárbara Rossen es arquitecta, responsable del área de Derechos Urbanos, Espacio Público y Ambiente en la Defensoría del Pueblo y una de las 342 integrantes del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas. Su organización, junto a la Alianza por el Clima, los Jóvenes por el Clima y Eco House, acompañaron la iniciativa que anunciaron legisladores porteños del Frente de Todos a efectos de “derogar la privatización” impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La presentación estuvo encabezada por el senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde. La iniciativa deberá juntar 40.000 firmas, el 1,5% del padrón electoral, para forzar a la Legislatura a tratar el proyecto en un plazo de doce meses. En una campaña de Change.org habían recaudado más de 48.000 votos de aprobación y disponen de una carta con 600 firmas de arquitectos donde solicitan la disgregación del proyecto y la necesidad de emprender una “evaluación ambiental estratégica”.
“Cuando pensás un fragmento del territorio de esta proporción, lo que hay que hacer antes de enviar un proyecto es una evaluación ambiental estratégica –detalló Rossen–. De manera participativa y transdisciplinaria se analizan los distintos escenarios y, en función del análisis, se plantea el proyecto. No se lo manda sin hacer un análisis de cómo esa construcción impactaría en el territorio”. Se preguntó cuál es la ciudad que les van a dejar a las próximas generaciones y, en simultáneo, explicó que, como arquitectas que se dedican a la construcción, tienen comprensión del escenario urbanístico y que por eso saben que “no se pueden construir usos privados en tierras públicas”.
El viernes 27 de noviembre de 2020 comenzó una serie de audiencias públicas en la que se anotaron más de siete mil personas y donde expusieron más de dos mil oradores
La arquitecta intuye que van a juntar las firmas rápido y que su presentación se va a hacer sentir. El propósito es hacer ruido, levantar la voz, movilizar una causa que venció a la grieta política. “Decimos que somos la resistencia. Es una tierra pública sobre el río que tiene que ver con nuestra identidad ribereña. No solamente está en contra la oposición, sino muchos colectivos de distintas afinidades partidarias. Hay muchos votantes del Pro que reclaman que no se haga. Es un tema transversal a la sociedad, como lo fue la interrupción voluntaria del embarazo”, manifestó Rossen.
El oficialismo tiene mayoría para rechazar el proyecto y seguir adelante con su plan de levantar viviendas de lujo de cara al Río de la Plata. Además de la promulgación de la ley, ya hubo una aprobación en la primera lectura del tratamiento de las normas urbanísticas en relación al proyecto de ley de rezonificación de Costa Salguero. Eso derivó en audiencias públicas récord: más de dos meses, 29 jornadas, 7.049 inscriptos y 2.060 expositores. El 97% de los oradores rechazaron la iniciativa. Ahora habrá una segunda lectura.
Los renders del «Distrito Joven Costa Salguero y Punta Carrasco», la intención de la transformación del gobierno porteño
“Lo veo difícil, pero tenemos cada vez más apoyo. El tema está en agenda. Eso es un gran logro. Lo que estamos pidiendo es que la construcción de la ciudad y el urbanismo sea participativo, que se tenga en cuenta lo que opina la gente”, consideró la arquitecta. Lo que proponen es dejar sin efecto la ley que admite la venta y el parcelamiento y privatización de las tierras públicas de Costa Salguero y Punta Carrasco, y destinar esas tierras a la construcción de un gran parque público.
“Creemos que es un proyecto que vulnera derechos, que si se construyen edificios de torres y oficinas sobre la costa del río nos quitan para siempre el mejor paisaje. Reclamamos de manera colectiva y conjunta la recuperación de estas tierras para el disfrute de todos. Que se construya un gran parque público, que se restablezca el carácter público de las tierras públicas, que se construya un parque y mantener una reserva del predio para que el Estado tenga capacidad de decidir sobre estas tierras, que se cumpla la Constitución y el plan urbano ambiental, y que todo lo que construya la Ciudad sea para tener una ciudad más saludable, más sensible a las desigualdades, más equitativa”, resumió Rossen.
«Vamos a presentar un proyecto de ley mediante una iniciativa popular para derogar la privatización que propone Horacio Rodríguez Larreta», dijo el senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde
Y contextualizó su lucha con la coyuntura actual, dominada por la pandemia del coronavirus. “Por ejemplo, en Costa Salguero ahora se hacen testeos de covid. Si privatizas todas las tierras públicas, te quedás sin espacios comunes. Es como vender el living de tu casa. Es en los espacios públicos donde se construye la identidad de la comunidad, la vida colectiva, la vida comunitaria, el intercambio. La pandemia lo puso en evidencia”.
“No es una parcela librada al mercado, no es un terreno privado, es la costa del río y es pública”, sentenció. La integrante del Colectivo de Arquitectas exige criterios de sustentabilidad y una mirada integral de la Ciudad, y no una mera visión concentrada en el negocio inmobiliario. Lo describió como un plan para generar recursos y no como un proyecto de ciudad: “Están desprendiéndose de las joyas de la abuela”.
“Queremos lo que tienen Rosario y Montevideo. Es el momento. Si las tierras se venden, será para siempre. Queremos ser la generación que recupere la costa del río”, expresó. Lo entiende, así como lo hacen todos los que rechazan la construcción de viviendas de lujo en los terrenos públicos de la Costanera Norte, como una oportunidad para restablecer la relación de la ciudad con el río. Antes de que existieran Punta Carrasco y Costa Salguero, recuerda que hubo una playa que se llamaba Saint Tropez donde la gente tomaba sol en malla. “Esta vez no será playa, será parque, pero público de nuevo”.

10.3.2021

Por La Retaguardia

El Gobierno de la Ciudad a través de la Dirección de Fiscalización Urbana que depende a su vez del Ministerio de Espacio Público, confeccionó un acta de intimación en la que advertía multas y un plazo de 48 horas para retirar las huertas en la vereda de la calle César Díaz al 3300, en el barrio porteño de Villa Santa Rita. Matías Lockhart, escritor e integrante del colectivo El Reciclador y de Acción Huerta Urbana, dialogó con el programa radial Mis hijos están con el padre y brindó más detalles de esta situación.

“Me dedico a temas de huertas hace más o menos tres años, a partir de conocer a Carlos Briganti (conocido como El Reciclador, impulsor de este colectivo). Estamos organizándonos para extender la idea de que cualquiera puede tener una huerta, tenga espacio o no. Estamos con huertas en las veredas a través de Acción Huerta Urbana que es una de las patas importantes de El Reciclador”, se presentó Matías Lockhart.
El integrante del colectivo El Reciclador describió dónde están ubicados y cómo trabajan coordinadamente con la comunidad vecinal: “Estamos en la calle César Díaz, en el barrio de Villa Santa Rita. Hace ya un año comenzamos con cubiertas de autos decoradas, con alimentos, hablando primero con las y los frentistas. Porque uno de nuestros lemas es ‘con el frentista todo, sin el frentista nada’, con lo cual hablamos con los vecinos y vecinas, nos ponemos de acuerdo: quienes quieran, deseen y se comprometan a cuidar las huertas, los ayudamos a instalarlas dentro del espacio público”, explicó.
En un tono sarcástico, criticó a las autoridades del Gobierno porteño que conciben a las huertas urbanas como un peligro inminente: “Hoy, esto que hacemos es algo clandestino, como algo fuera de la ley, una amenaza. Tenemos tomates asesinos, berenjenas secuestradoras, copetes extorsivos. Somos muy revolucionarios con esto que hacemos”, ironizó.
La inspectora Carla Grassi fue quien intimó a que se retiraran las huertas de la vereda, pero Lockhart ya había tenido también un conflicto semejante con uno de sus vecinos que le envió una carta documento el año pasado, sencillamente porque le molestaban las cubiertas sobre la vereda. Tal fue así que tuvieron que moverlas a la vereda de enfrente. Este año se sumaron cuatro intimaciones más, pero ya de parte de Gobierno de la CABA: “Hicimos una vigilia, pasaron tres días sin que ocurriera nada, hasta que aparecieron las funcionarias, que yo ya las conocía de la calle Roseti (Chacarita) porque fueron las mismas que estuvieron allá”. Las funcionarias se enteraron de la resistencia vecinal a través de las redes sociales y su superior les ordenó que fueran a tomar las medidas correspondientes.
Por último, Matías intentó analizar la lógica que emplean estos y estas funcionarias a la hora de regular el espacio público: “Una de las cosas que más les molestan son las cubiertas. Creo que si ellos no hacen esto, no pueden justificar el presupuesto con sus propuestas, porque les encanta romper las veredas, es como su razón de ser. Ellos tienen que regular el espacio porque si no es un caos. Quieren que nosotros y nosotras seamos ordenados, que sigamos las pautas, y que no nos corramos de los carriles permitidos. Nos ven como a infantes, a quienes tienen que encarrilar”, señaló.
La huerta urbana resiste. Quienes la eligen, trabajan en comunidad y a pesar de las intimaciones del Gobierno y las amenazas de algunos vecinos, sueñan con seguir creciendo: “Vamos a afianzar los vínculos vecinales, porque la idea es no retroceder. Educarnos para en un futuro instalar una compostera. Desde el Gobierno nos dijeron de palabra que no nos van a sacar. No hay huerta atrás”, aseguró.