Red de radios

9.3.2021

Por Enrique de la Calle

Las diferencias entre Formosa y CABA, el distrito más rico del país, son elocuentes al momento de mostrar cuál política sanitaria es más exitosa. La Ciudad con PBI europeo tiene seis veces más de población y multiplica por 330 la cantidad de fallecidos.

Los datos son elocuentes: Formosa es la provincia argentina que desarrolló la política sanitaria más exitosa contra el coronavirus. Al 4 de marzo, cuenta con 1.300 contagios y 21 muertes, sobre una población de más de 500.000 habitantes. Esas cifras suelen omitirse en las crónicas porteñas sobre la provincia del norte argentino.
Mientras tanto, ¿qué ocurre en el distrito más rico del país? Con 30 muertes ¡por día!, Ciudad Autónoma de Buenos Aires acumula casi 7.000 muertos por COVID y 237.000 contagiados. En criollo: en CABA hay más muertes por día que los acumulados en Formosa desde que empezó la pandemia.
Además, CABA cuenta con tres millones de habitantes, seis veces más que la población de Formosa. Sin embargo, cuenta con 330 veces más fallecidos. ¿Habrá que intervenir CABA o Formosa?
Por su parte, en las villas porteñas hay más de 18 mil casos y 285 muertos, según cifras oficiales. Los vecinos denunciaron más de una vez que ni siquiera tienen agua potable, necesaria para una higiene mínima e indispensable para enfrentar la pandemia. Se calcula que en esas urbanizaciones viven entre 160 y 250 mil personas, la mitad de la población de Formosa. Sin embargo, hay más de 10 veces de contagiados y 13 veces de fallecidos.
En un artículo reciente, el periodista Alejandro Crivisqui analizó algunas características del sistema público de salud formoseño. Si el periodismo porteño fuera honesto intelectualmente (materialmente es casi imposible…) debería reconocer alguna virtud a una política que logró tener las tasas de contagios y muertes más bajas del país (el promedio de fallecidos por millón de habitantes es de 1029 personas para toda la Argentina y de 10 para Formosa).

9.3.2021

Asociación de Organizadores de Milongas y la Asociación de Milongas con Sentido Social convocan éste próximo jueves a un acto frente al ministerio de cultura porteño, en reclamo de apertura de los locales milongueros.

Producto de la pandemia del coronavirus y su consecuente cuarentena, la actividad cultural relacionada a las milongas, donde ese típico encuentro tanguero de la ciudad de Buenos Aires convoca a nativos y turistas, se encuentra paralizado desde hace un año. Es por eso que los milongueros reclaman el regreso a la actividad en la ciudad de Buenos Aires
La Asociación de Organizadores de Milongas y la Asociación de Milongas con Sentido Social convocaron a participar este jueves, a partir de las 19, de un acto en Avenida de Mayo 575, frente al Ministerio de Cultura porteño, para visibilizar la inactividad de los trabajadores del tango en la Ciudad de Buenos Aires desde hace un año.

5.3.2021

La denuncia parte de los propios empleados de la salud. Aseguran no saber “dónde desvía las dosis” el gobierno de Larreta, que debía inmunizar contra el COVID-19 a los esenciales como primera etapa. Desde el sábado murieron dos médicos y en el Durand ya se infectó casi un tercio del personal.

“Somos alrededor de 40.000 trabajadores. Tenemos el 20 por ciento dispensado por enfermedades preexistentes. De los 32.000 que quedan sólo el 50 por ciento está vacunado contra el COVID-19 y no sabemos por qué no terminan de vacunar a los que faltan”. Las declaraciones son de Héctor Ortiz, trabajador del Hospital de Agudos Carlos Durand y del Hospital de Niños Pedro de Elizalde, y miembro de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de la Agrupación Hospitales de la Ciudad, que monitorea el estado de la situación sanitaria en los establecimientos públicos ante la pandemia.
La denuncia de los trabajadores se da en el marco de la publicación de estadísticas que demuestran que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) recibe casi el doble del promedio nacional en cantidad de dosis por población. Mientras que el distrito porteño recibió vacunas para el 7,2 por ciento de su población, el promedio nacional es de 4,9 por ciento.
Las estadísticas salieron a desmentir al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien se quejó por el reparto de vacunas y pidió revisar los criterios, que –según dijo- no consideraban la proporción de personal sanitario y de adultos mayores que es más alta en la Ciudad.
“En Provincia de Buenos Aires los trabajadores esenciales están todos vacunados, no puede ser que en CABA lo estén la mitad. La primera etapa es vacunar a los esenciales que están en actividad y después pasar a la segunda etapa. Si hay 230.000 vacunas que maneja la Ciudad, ¿por qué no se termina de vacunar a los 32.000 trabajadores de la salud? No sabemos dónde desvía las dosis el gobierno de Larreta”, agrega Ortiz. El territorio bonaerense, por su parte, sólo recibió dosis para el 4,9 por ciento de la población.
En el mismo sentido, Ortiz contó que los trabajadores pidieron entrevistas con el ministro pero “está cerrado al diálogo” y por eso tuvieron que salir a hacer la denuncia. “Estamos agotados, angustiados, temerosos de volver a contagiarnos. Solamente en el Hospital Durand hubo cerca de 500 infectados sobre una planta de 1900 trabajadores. Murieron tres enfermeros. ¿Cómo no va a quedar una sensación de miedo?”, se preguntó.
En la última semana fallecieron dos médicos porteños por COVID-19 que aún no habían sido vacunados. Se trata del jefe de cirugía plástica del Hospital de Quemados y de una doctora del Servicio de Emergencias del Hospital Fernández.
Sin vacunas ni salario digno
A fines de febrero, tanto Quirós como el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, habían sido denunciados penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público por la tercerización de vacunas a manos de planes de medicina prepagas, sanatorios privados y obras sociales.
Estos beneficios para clientes o afiliados venían siendo promovidos en las plataformas de instituciones como el Sanatorio Güemes, el Hospital Alemán o la prepaga Medicus. Entre quienes también ofrecían este beneficio estaba la obra social de la UTHGRA, el sindicato que conduce Luis Barrionuevo, quien fuera una de las patas gremiales durante la campaña presidencial de Mauricio Macri en 2015. Estas ofertas se hicieron gracias a la cesión de dosis por parte del Gobierno de la Ciudad, al tiempo que el mismo retrasaba el lanzamiento de la inscripción para la ciudadanía en general, fuera o no población de riesgo.
En tanto, los trabajadores de la salud porteños aseguran que, además de ser relegados en la vacunación, llevan adelante su tarea en condiciones laborales deficientes. Los insumos de protección personal contra el coronavirus que reciben son de mala calidad, la infraestructura de los hospitales que se deteriora no se repara, hay escasez de personal y “a los licenciados de enfermería que están al frente de la pandemia no los reconocen como profesionales. Un enfermero, con carrera universitaria, está ganando entre $40.000 y $43.000 en mano, no cubre la canasta básica”, detalla Ortiz.

5.3.2021

En estos momentos, Policía de la Ciudad intenta desalojar a varias familias de un edificio del barrio de Boedo, entre las que se encuentran niñas y niños. Las y los habitantes informan que residen en esa locación desde hace 20 años.

Desde el mediodía de este viernes se lleva a cabo un desalojo en el barrio de Boedo. Los 22 habitantes, con niñas y niños, manifiestan que residen en el edificio desde hace 20 años y que, hasta el momento, no les han mostrado ninguna orden de desalojo.
Desde ANRed pudimos conversar con una de las vecinas, quien expresó: «Nosotros vivimos acá hace más de 20 años, o sea conocemos al dueño de esta casa y hace 7 años apareció otro dueño y comenzaron los juicios. Cuestión que ya nos han querido desalojar una vez, pero no tenían el permiso ni nada como para echarnos».
En la misma línea, la vecina agregó: «La dueña nos decía que estaba en juicio, que lo iba a ganar. Ahora resulta que vinieron los policías con una orden de desalojo, pero a los inquilinos no nos enseñaron ninguna orden de desalojo y nos están echando».
De acuerdo a lo comunicado por la vecina, la Policía de la Ciudad estaría amedrentando a las y los vecinos. «La policía está pasando acá y nos apura, obviamente nosotros por la desesperación de no saber adónde ir como que gritamos y demás pero la policía nos dice: bueno, si se ponen así y que se yo, los llevo presos, ¿viste?».
En días anteriores, la Policía de la Ciudad desalojó violentamente el hotelito de la villa 31. En dicho operativo, una mujer fue desalojada junto a sus 8 hijos. Luego, fue detenida e imputada por «usurpación y desobediencia» con intervención de la FPCyF 15 y trasladada a la Alcaidía 1.
Sobre el cierre de esta nota, se hizo presente el personal la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, y pese a la negativa de las y los inquilinos, el desalojo continúa su curso. Por medio de un comunicado, solicitan la más amplia difusión.

4.3.2021

Por Claudio Dellecarbonara

Con la complicidad del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, la empresa del Grupo Roggio montó una nueva provocación al intentar burlar los protocolos de seguridad rompiendo las burbujas sanitarias.

Metrovías se caracteriza por descuidar deliberadamente la salud de sus trabajadoras, trabajadores, usuarias y usuarios. Y no hablamos solamente de los seis compañeros muertos, cuyos fallecimientos la empresa aduce a “problemas técnicos” para ocultar su responsabilidad respecto a estos verdaderos asesinatos laborales. Que podían evitarse de no ser por la desinversión y la falta de controles por parte del Estado.
Ni tampoco hablamos solamente de la gran cantidad de contagios de coronavirus que hay en el subte por la gran concentración y circulación de gente. De lo que hablamos es de que la empresa, desde que comenzó la pandemia, se negó sistemáticamente a tomar las medidas necesarias para evitar mayor propagación del virus. Así lo hemos denunciado los trabajadores desde el año pasado. Y solo con la lucha logramos imponer un protocolo de seguridad que resguarde la salud de trabajadores y usuarios.
Hace semanas la empresa intentó hacer volver a trabajar a compañeras y compañeros mayores de 60 años y no deja de hostigar a quienes tienen enfermedades previas o que son grupo de riesgo a que abandonen la licencia que les corresponde y vuelvan al puesto de trabajo.
Ahora Metrovías intenta romper las burbujas sanitarias que fueron creadas para cuidar la salud de todos los trabajadores y conquistadas con la lucha.
Obviamente a nosotros no nos sorprende esto. Se trata de la misma empresa que admitió pagarle coimas al Estado y que logró la concesión por doce años más, donde ganarán por kilómetro recorrido. Por eso quieren que el subte funcione a toda costa, a costa de la salud de trabajadores y usuarios.
No podemos soslayar que para eso cuentan con el acompañamiento de muchas empresas de medios, que reproducen el discurso patronal con el argumento de que por nuestra culpa hoy no pueden viajar 55.000 usuarios. Pero no dicen que somos quienes peleamos día a día por un mejor servicio y nos preocupamos por el confort de millones de pasajeras y pasajeros. Si este jueves los dejamos sin viajar es para que puedan seguir viajando sin quedar en una absoluta exposición al contagio del covid-19.
Esta situación la ve y sufre cotidianamente toda persona que utilice el servicio. Con los accidentes reiterados en varias líneas (como vimos días atrás en la Línea E). O con el asbesto en los trenes, donde la empresa sigue sin plantear un plan para quitar todo el material cancerígeno de las formaciones.
Las trabajadoras y los trabajadores del subte exigimos que se respeten los protocolos que le impusimos a la empresa con nuestras medidas de fuerza en el marco de la pandemia. Pero también convocamos a todos los usuarios y usuarias a que se sumen a esta pelea por priorizar la salud de la población y no las ganancias de Metrovías.
Y en esa pelea no podemos dejar de denunciar a los diferentes actores del Estado, que acompañan al Grupo Roggio en sus actitudes criminales. Por acción o por omisión. Especialmente hablamos de Horacio Rodríguez Larreta, quien parece formar un buen equipo con Metrovías a la hora seguir amasando fortunas a costa de flexibilizar el servicio, desgastar a las trabajadoras y los trabajadores y demostrarle a millones de usuarios que sus vidas no les interesan.
El subte de Buenos Aires era una empresa estatal que quedó en manos privadas gracias a las políticas privatizadoras de Carlos Menem, el mismo al que hace unos días el conjunto del peronismo homenajeó como si fuera un patriota. De aquella privatización se benefició el Grupo Roggio, un fiel exponente de la “patria contratista” que hizo fortunas con los negociados de la obra pública, con todos los gobiernos. Un grupo que con la dictadura genocida multiplicó exponencialmente sus empresas.
Metrovías no ha realizado las obras que debía hacer, no extendió la red del subte. Mientras, sus ganancias no dejan de multiplicarse a través de la venta de boletos y de múltiples negocios asociados, como el transporte de cableado de fibra óptica, alquileres comerciales, publicidad en las estaciones, etc. Y además recibe subsidios millonarios, es decir que los pagamos los trabajadores, por una “tarifa técnica” que no se discute con nadie.
El Gobierno de Larreta, a pesar de que se hacen audiencias públicas y todo el mundo el aumento del boleto, decide por su cuenta llevar el pasaje a $ 30, un 43 % de incremento. Desde hace siete años Metrovías aumentó la tarifa un 1.500 % con aval total del Estado.
Si el transporte público, sobre todo el que resulta central para la actividad laboral y educativa, estuviera en manos de sus trabajadoras y trabajadores, sin CEO ni gerentes millonarios, en sociedad con comités de usuarias y usuarios para poder debatir y resolver democráticamente cómo conducir ese servicio fundamental, la cosa sería totalmente diferente.
Porque la salud y la seguridad de la población trabajadora no puede cuidárselas más que ella misma, la que conoce hasta la última necesidad y la que tiene la capacidad para atenderla.