Red de radios

7.12.2020

La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, dialogó con la prensa y se refirió a la disputa de la Ciudad de Buenos Aires y la Nación por el punto extra de coparticipación que le cedió la gestión de Cambiemos bajo la presidencia de Mauricio Macri al gobierno de CABA encabezado por Horacio Rodríguez Larreta.

De esta manera, Batakis señaló: “Nosotros no le estamos quitando nada a la Ciudad, sólo estamos corrigiendo un exceso enviado en la gestión anterior, donde no hubo ni siquiera un expediente que justificara ese exceso”.
Además, explicó: “Sería un buen gesto que la Ciudad de Buenos Aires decidiera devolver lo que recibió de más”.
A su vez, Batakis detalló que “la Ciudad de Buenos Aires no forma parte del régimen de coparticipación”.
En este mismo sentido, reflexionó: “En la firma del Consenso Fiscal acordamos que la coparticipación no es la vía idónea para transferir recursos. Hay que establecer cuál es el valor de esa transferencia y es lo que se está discutiendo en el Congreso”.
“Venimos dialogando con todas las jurisdicciones argentinas y este consenso es el resultado de estas conversaciones”, sintetizó la funcionaria.

7.12.2020

Por Carlos Martínez, Martín Mangas y Nicolás Dinerstein (*)

En estos días asistimos al debate del proyecto de presupuesto y ley tarifaria para el año 2021 enviado por el Jefe de Gobierno porteño. En un informe que realizamos para la Fundación Urbe, dirigida por el legislador Juan Manuel Valdés, puntualizamos que, tomando como año base el 2007 (aún el PRO no gobernaba la CABA), y descontado el efecto de la inflación, el gasto público en cultura y en administración fiscal cae, mientras que en relación al PBG, en las funciones de salud, educación y servicios urbanos se presupuestan para 2021 guarismos similares a los de diez años atrás.

Resulta preocupante el desfinanciamiento al Programa de Fortalecimiento a Grupos Comunitarios (comedores). El monto para 2021 es de 8.187 millones pesos (13 por ciento más en términos nominales, pero con inflación prevista de 29 por ciento para 2021, representa una caída real del 12 por ciento).
La estrategia del gobierno capitalino apuesta a conseguir más recursos para compensar la pérdida de los fondos de la coparticipación federal, otorgados en exceso desde 2016 por Macri, pero ahí también se ve la marca en el orillo: buscan recaudar 7.700 millones de pesos gravando con el impuesto a los Sellos a las compras con tarjetas de crédito (se usa la excusa que existe en ocho provincias, incluida Buenos Aires).
De aprobarse, las consecuencias serían: a) afectará el poder adquisitivo de los porteños que realizaron operaciones con “Ahora 12 y 18”, con tres meses de gracia, y verán sumado en sus resúmenes el nuevo impuesto; b) desincentivará el uso de ese medio de pago, algo que iría contra la bancarización de las operaciones y c) aumentará el precio de los bienes y servicios abonados de esa forma.
Existen otras fuentes de financiamiento, sub explotadas hasta ahora, para obtener más recursos. En el impuesto inmobiliario/ABL y en las patentes de Automotores (en conjunto) se podrían captar 11.272 millones de pesos adicionales. ¿Cómo hacerlo?: ampliando la cantidad de tramos y la escala de alícuotas en ambos tributos con un esquema similar al que tiene la provincia de Buenos Aires.
La escala máxima del inmobiliario alcanza a propiedades desde 1,2 millones de pesos de valor fiscal, que abonan una suma fija de 6.300 pesos más un 0,70 por ciento por el monto que excede el límite. De aplicar a esos casos una escala creciente, más progresiva que la actual, donde las propiedades que superen los 5 millones de pesos (32.043 según la AGIP) pagasen 55.900 pesos más el 2 por ciento por el monto que exceda ese límite, se podría aumentar la recaudación del inmobiliario en 4.425 millones de pesos y la del ABL en 4.204 millones de pesos adicionales.
De introducir una reforma similar en los Automotores de más de 1,6 millones de pesos de valor fiscal (incluso con alícuotas levemente inferiores a las que tiene la provincia de Buenos Aires), se podrían recaudar otros 2.643 millones de pesos adicionales.
Estos problemas tributarios y de recorte del gasto se dan en forma simultánea a pagos muy altos de intereses de la deuda (proyectados en 8 por ciento del gasto total para 2020 y 2021), con una deuda pública del gobierno porteño que es, por habitante, un 56 por ciento mayor que la bonaerense y además el 60 por ciento está nominada en moneda extranjera.
Cuando el PRO inicia su decimocuarto año de gobierno, sólo se ve ajuste del gasto público, regresividad tributaria y una composición y volumen de deuda que contradice la política de sustentabilidad marcada por el gobierno nacional.
(*) Investigadores y becarios de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

3.12.2020

En un entrevista de 2016 con el canal de noticias del Grupo Clarín, el ministro de Interior del gobierno de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, admitió que habían favorecido a la Ciudad de Buenos Aires. “Cuando uno hace muchas cosas, y nosotros recién nos estamos acomodando, cometí errores, y lo bueno es reconocerlo” afirmó en su momento.

A su vez aceptó que debían corregirlo mediante otro decreto, demostrando nuevamente que el traspaso de fondos de la Nación a la Ciudad se realizó de forma unilateral. El ministro de Macri enfatizó que no se entregaría a la Ciudad de Buenos Aires “ni un peso más de lo que significa la transferencia (de la Policía Federal)”.
La entrevista toma relevancia en plena discusión entre el gobierno nacional y el porteño por los fondos especiales que el ex presidente Mauricio Macri le otorgó por decreto. El Congreso Nacional legisló sobre la cuestión, con amplio apoyo de los gobernadores de los demás distritos del país, para definir precisamente los fondos destinados al funcionamiento de la Policía de la Ciudad.

3.12.2020

100 personas que habitan el edificio de Suipacha 548, entre quienes hay 34 niñes, 6 adultxs mayores y 3 discapacitades, se encuentran en estado de asamblea permanente tras haber sido notificados sobre un expediente en curso, a través del cual el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los podría dejar en la calle.

Las familias denuncian que la excusa que pone el gobierno es que en el inmueble no hay condiciones de habitabilidad, aduciendo falta de matafuegos y cuestiones del estilo: “Nos preguntamos: ¿es motivo suficiente para dejar a 100 personas en la calle en plena crisis económica? Denunciamos que avanzar con un desalojo en este momento es ilegal, dada la vigencia del DNU 766 que los prohíbe. Este tipo de maniobras no son otra cosa que desalojos encubiertos con fines especulativos, y nuestra casa no es la unica afectada. Sin ir más lejos, 17 familias acampan en la puerta de su casa en Pavón 2345 luego de que no se les permita regresar por un incendio en la casa lindera. Sabemos que en la ciudad, la prioridad del gobierno son los negocios inmobiliarios y no el garantizar el derecho a la vivienda digna”, afirman.
En este sentido, aseguran que saben el valor que tiene el terreno sobre el que viven, en plena zona turística y céntrica de la ciudad: “Pero estamos alertas y organizades, queremos poner en condiciones nuestra casa y resistir por la permanencia en este lugar. Porque, si no es aquí ¿a dónde iremos? Muches hemos perdido nuestros trabajos a causa de la pandemia, y además en muchos alquileres no aceptan familias con niñes y/o mascotas. Exigimos que (el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta, (María) Migliore (ministra de Desarrollo Humano y Hábitat) y (Juan) Maquieyra (titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad) cumplan con lo dictado por la jueza de la causa, que se cense a la totalidad de las familias y que el gobierno porteño de una respuesta habitacional definitiva para todes les que habitamos en Casa Suipacha. A su vez, llamamos a todas las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y a quien se haga eco de nuestra justa causa, a rodear de solidaridad nuestra lucha y envíen su adhesión a los contactos que aparecen en el pie de este comunicado”.
Contactos y adhesiones: Mónica: 11-3349-7527 / Wendy 11-5385-5189 / Fernanda 11-3525-3939 / Andrea 11-5720-6439 / suipacharesiste@gmail.com

3.12.2020

Este jueves 3 de diciembre se realizará una nueva ronda a la Legislatura porteña en defensa del río, la Costanera y en contra de su privatización. Será a las 18 en Avenida de Mayo y Perú de la Ciudad de Buenos Aires.

“La Ciudad de Buenos Aires se encuentra en emergencia ambiental y climática”, explicó a ACTA la ingeniera María Eva Koutsovitis, militante de la CTA: “Es una de las ciudades del mundo con menos superficie verde por habitante y esto trae aparejado la posibilidad de inundaciones y olas de calor. Por lo tanto es un contrasentido privatizar y cementar el borde costero”, dijo y agregó que ese lugar debe estar destinado a un espacio verde.
La venta de Costa Salguero es “la pérdida definitiva de una parte de la Costanera que debería estar destinada al conjunto de la ciudadanía para su disfrute irrestricto”. Es además el inicio de la “densificación constructiva y poblacional en todo el borde costero”, ya que prevén construir allí torres de lujo, cuyos servicios públicos le costarán a la totalidad de la ciudadanía decenas de millones de dólares “mientras vecinos y vecinas de las villas y barrios vulnerados siguen sin acceso al agua potable, al saneamiento cloacal y a la conectividad”.
“La venta de Costa Salguero consolida la pérdida del río y del acceso desigual a los servicios sanitarios”, denunció la referente.
Unidad de las y los que luchan
Organizaciones sociales, asambleas, colectivos ambientales, cátedras universitarias, partidos políticos, ciudadanos y ciudadanas autoconvocadas conformaron la Coordinadora “La Ciudad somos quien la habitamos”, un espacio que tiene como objetivo la discusión de un nuevo modelo urbano alternativo para poder habitar y transitar la ciudad en igualdad de condiciones, bajo el paradigma del acceso a la ciudad, la defensa de lo público y el buen vivir.
“En un logro histórico la coordinadora consiguió una inscripción histórica a la Audiencia Pública, que ya tiene más de 7 mil participantes, que este viernes iremos a decirle a nuestros legisladores que la costanera no se vende.”, sentenció Koutsovitis.