Cómo será el regreso a clases en la UBA y cómo se decide

11.2.2021

Por Lourdes Oliverio

A la par que en todo el país las familias y los trabajadores de la educación discuten cómo será la vuelta a clases en los niveles iniciales y medios, la Universidad anuncia que habrá una modalidad mixta para este ciclo lectivo. ¿Están las condiciones dadas para la vuelta a la presencialidad? ¿Quién decide estas medidas en la Universidad de Buenos Aires?

El rectorado y las autoridades de la Universidad de Buenos Aires están pensando una modalidad mixta entre presencial y virtual para el comienzo de clases. Hace unos meses publicaron un protocolo para el retorno a las actividades académicas prácticas ya que desde final del año pasado se empezaron a dictar de manera presencial algunas materias en las facultades de Agronomía, Ciencias Exactas y Naturales, Veterinaria, Farmacia y Bioquímica, Medicina y Odontología.
Aunque todavía la mayoría de los llamados a exámenes finales del turno de febrero y marzo serán virtuales.
Los estudiantes de los colegios preuniversitarios como el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini, que dependen de la UBA, se enteraron por un tweet institucional que en marzo volverían a clase también de manera mixta.
Esta semana se realizó una conferencia de prensa entre Trotta, ministro de Educación nacional y Acuña, de la CABA, donde se mostraron muy en sintonía con respecto al inicio de las clases.
Son muchísimos los padres, madres y docentes que vienen expresando su preocupación con respecto a la vuelta a la presencialidad en los colegios. La nueva noticia de modalidad mixta en la UBA ya generó preocupación en algunos gremios docentes como AGD-UBA y nos obliga a hacernos la misma pregunta que esas familias:
¿Están las condiciones dadas para garantizar la seguridad e higiene para los que vuelvan de manera presencial? ¿Están las condiciones dadas para garantizar la conectividad de los que sigan asistiendo a clases de manera virtual? Y sobre todo: ¿Quién está decidiendo todas estas cosas en la universidad de Buenos Aires? ¿Por qué no se consulta a los estudiantes, docentes y no docentes?

Empecemos por el principio: las condiciones sanitarias, de trabajo y de estudio

Tanto la virtualidad como ahora una “vuelta mixta” a la presencialidad, se decidieron a espaldas de docentes y estudiantes y sin garantizar las condiciones necesarias para llevarlas a cabo.
La virtualidad forzosa que decidieron las autoridades al principio de la cuarentena y que luego se fue extendiendo con cambios en las modalidades, cronogramas y condiciones de trabajo que reprodujo el método inconsulto por parte de las autoridades universitarias, perjudicó a muchísimos estudiantes y docentes de las distintas universidades y colegios en todo el país.
La situación se agrava aún más a medida que crece la crisis que estamos viviendo. Las cifras de diciembre datan que hay 20 millones de pobres en nuestro país (casi la mitad de la población), mientras la inflación sigue subiendo no así el salario. Además no podemos olvidarnos que Alberto Fernández priorizó votar un presupuesto para el 2021 a medida del Fondo Monetario Internacional, que no contempla la inflación que se pronostica para este año y que recorta un 9% el fondo de las Universidades, otro 9,4 % en salud y un 15% en salario docente. Cosas un poquito importantes. ¿Qué prioridades tiene el Gobierno Nacional?
¿Qué implica esto para les que estudiamos? Tener que decidir entre estudiar y laburar, dejar materias, no llegar a fin de mes y hasta no tener un techo donde vivir.
La situación de los docentes no es muy diferente, teniendo que tomar varios cargos, trabajar horas extras o buscar otros ingresos mientras cuidan a sus hijos o familiares, por salarios que no alcanzan (muchos incluso sin cobrar como los mal llamados “ad honorem”, que directamente trabajan gratis). En 2020 la inflación fue de 36,1 % y a los docentes universitarios les aumentaron un magro 7 %, ¡recién en octubre!, sin bono como percibieron otros estatales y lejos, desde ya, de cubrir los gastos de conectividad.

¿Quiénes decidieron y cómo se decidió todo esto?

Durante el 2020 la mayoría de los Consejos Directivos de las facultades no funcionaron o lo hicieron dos veces, como es el caso de la facultad de Arquitectura y Urbanismo. Los consejos que sí sesionaron con algún tipo de regularidad, como el de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), no discutieron ninguna medida para poder llegar al 2021 garantizando que ningún estudiante se quede afuera de la universidad por problemas de conectividad, ni garantizando condiciones de higiene y seguridad en cada facultad para una vuelta segura de docentes, no docentes y estudiantes.
Pero se pone peor. Algunos funcionaron pero con el objetivo de aprobar el avance del modelo privatizador en la UBA: como pasó en la Facultad de Ciencias Exactas con el convenio con la contaminante Shell al que la comunidad educativa se opuso.
También vimos cómo las autoridades le dieron la espalda en sus reclamos a los docentes que vienen oponiéndose al recorte de salarios y exigiendo la reapertura de la paritaria y el reconocimiento de los gastos por conectividad.
O cómo le dan la espalda a los estudiantes, como es el caso de lxs graduados sin papeles de la Facultad de Ciencias Sociales, que le exigen a la decana Mera que les den de una vez por todas sus títulos a la par de garantizar las condiciones para los trabajadores no docentes, o los reclamos por los problemas con las inscripciones, que en FADU dejaron sin cupos a estudiantes para los cursos de verano y en el CBC, como las fechas de inscripciones a algunas carreras cierran antes que las fechas de algunos finales es imposible inscribirse para empezar las carreras.
Aunque parezca un chiste, la mayoría de las cosas no cambiaron en este año de “nueva normalidad”: no cambió el ajuste a la educación que los gobiernos mantienen año tras año y tampoco quien decide en la universidad. El rectorado, las autoridades y las agrupaciones ligadas a ellas de cambiemos, el peronismo y el kirchnerismo, son las que discuten en secreto y dejan afuera al conjunto de la comunidad educativa.
Por su parte los centros de estudiantes y la FUBA cerraron la “ventanilla” y se auto extendieron el mandato sin el aval de ninguno de los más de 300 mil estudiantes.
¿Escucharon hablar de alguna asamblea estudiantil para decidir cómo hacerle frente a la deserción? No existieron.
Eso es porque son dirigidos por estas mismas agrupaciones. Se quedaron callados, inmóviles porque responden a las autoridades e hicieron lo imposible para que no se exprese la organización estudiantil.
Esos espacios podrían ser verdaderas herramientas para pensar la vuelta a clases y para enfrentar la estructura antidemocrática de la Universidad.

Protocolos grises, vacunas que no llegan, y muchas dudas

El protocolo que armaron las autoridades de la universidad para la vuelta a actividades académicas prácticas, es un anticipo de cómo piensan la bimodalidad.
Menciona algunas pautas como que se tome la fiebre al ingresar, el aislamiento de los casos estrechos y positivos, que se debe usar tapabocas de manera obligatoria, que la capacidad máxima para espacios cerrados se regirá a razón de una persona cada 15 metros cuadrados y para espacios abiertos y/o semicerrados, el aforo será de una persona cada 4 metros cuadrados, que se realice desinfección de los espacios utilizados, la exceptuación de personal grupo de riesgo (que no sea esencial) a ir a trabajar, que los sanitarios tengan elementos de higiene, etc.
Pero hay varias cuestiones que no menciona: no habla de la vacunación, ni de las nuevas variedades del virus, las condiciones que favorece su mutabilidad; no habla de qué pasa con los estudiantes y docentes que tienen que tomarse más de un colectivo para llegar a la facultad; no habla de burbujas para evitar el esparcimiento del virus, y menos aún de la inversión en infraestructura necesaria, especialmente en facultades que están venidas a menos o con aulas sin suficiente ventilación.
Tampoco dice si se piensan aumentar los cargos docentes para cubrir la sobrecarga de tareas docentes que implicará cursos presenciales y virtuales en simultáneo, lo que implica aumentar el presupuesto.
Algo que no es mencionado por las autoridades para este nuevo inicio al ciclo lectivo es cómo se va a garantizar la conectividad para quienes no puedan cursar de manera presencial o para los mismos docentes. ¿No hay condiciones para garantizar libre acceso a la red de internet? ¿Se le van a afectar realmente las inmensas ganancias a las empresas telefónicas para obligar a que den servicio? No hay que perder de vista además que a principios de 2021 subieron los servicios de telecomunicaciones, ya en enero aumentaron un 15 % los precios según el Indec.
También están ausentes las medidas para evitar que 3 de cada 4 estudiantes no logren recibirse. Ni dan respuesta a por qué hay recortes en los salarios docentes que ya eran de miseria, siendo que apenas les ofrecieron un 10 % de aumento (¡y en cuotas!) para 2021 y si se va a rentar a todos los docentes que hoy trabajan sin cobrar como “ad honorem”
Todas estas inquietudes, y muchas otras que vienen de larga data, estarían contempladas si fuéramos los estudiantes, junto con los docentes, que nos organizáramos para debatir si es posible o no una cursada mixta, en qué condiciones sanitarias y de trabajo y estudio, y cómo pelear para conquistarlas.

Vecinos de Boedo proponen cambiar el nombre de una calle por el de Patricia Julia Roisinblit

9.2.2021

Por Maricruz Gareca

La propuesta, impulsada por la Comisión del barrio, tiene como objetivo no solo promover la igualdad y levantar las banderas de Memoria, Verdad y Justicia, sino también rendir homenaje a la militante detenida-desaparecida durante la última dictadura cívico-militar.
Por decisión de la entrevistada, el artículo contiene lenguaje inclusivo.

Un relevamiento realizado de manera reciente por la Comisión del barrio de Boedo, integrada por vecinas, vecinos y diversas organizaciones, dio cuenta de que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 60% de las calles llevan nombre de varones, mientras que solo un 3% tiene nombre de mujeres y disidencias. Dentro de este acotado número, hasta ahora solo una de ellas rinde homenaje a una víctima del terrorismo de Estado: el boulevard, Azucena Villaflor, en Puerto Madero. Es en este marco que surgió la propuesta de presentar un proyecto en la Legislatura porteña para promover la igualdad y levantar las banderas de Memoria, Verdad y Justicia.
Fernanda Figueroa, miembro de la Biblioteca Popular Arturo Jauretche, una de las organizaciones nucleadas en la Comisión del barrio de Boedo, contó sobre la propuesta que se presentará en marzo de 2021: “A fines del año 2019 un grupo de mujeres integrantes de la Biblioteca Popular Arturo Jauretche iniciamos dos investigaciones: una sobre las mujeres detenidas desaparecidas de la Comuna 5 y otra sobre la nomenclatura urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con especial foco en los nombres de las calles. Descubrimos que el 60% de las calles llevan nombres de varones y solo el 3% son de mujeres, el resto es para batallas, ciudades y países. De ese 3%, sólo el boulevard Azucena Villaflor en Puerto Madero recuerda a una víctima del terrorismo de Estado. En Boedo, nuestro barrio, no hay calles con nombres de mujeres ni tampoco relacionadas con las banderas de Memoria, Verdad y Justicia, al igual que en toda la Comuna 5, esto incluye el barrio de Almagro. En este marco, el proyecto busca reemplazar el nombre del actual Pasaje Bathurst del barrio de Boedo por el de Patricia Roisinblit”.
Frente a la pregunta de por qué se decidió elegir el nombre de Patricia Roisinblit, Figueroa cuenta: “Cuando analizamos los nombres de calles de mujeres, observamos que había solo una para una mujer referente en la lucha por los derechos humanos y víctima del terrorismo de Estado: Azucena Villaflor –fundadora de Madres de Plaza de Mayo– cuyo nombre se encuentra en el barrio de Puerto Madero. Patricia Roisinblit, una joven estudiante de medicina, creció en el barrio de Boedo. Tenía 25 años cuando fue secuestrada el 6 de octubre de 1978 por la dictadura cívico-militar. Patricia estaba embarazada de 8 meses al momento de su secuestro y dio a luz a un varón en la Ex ESMA. Su madre, Rosa Roisinblit, es la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Tras 21 años de búsqueda, Abuelas pudo restituirle la identidad al hijo de Patricia. A través de la figura de Patricia consideramos que, además de recordar a lxs 30.000, podemos honrar a todas esas mujeres militantes que nunca bajaron los brazos para construir una sociedad más justa y también recordar que la búsqueda de lxs nietxs, que es al fin y al cabo la búsqueda de memoria, verdad y justicia, es tarea de todxs. En suma, a través de Patricia Roisinblit levantamos sus ideales, su amor, compromiso y principalmente los pilares de Memoria, Verdad y Justicia”.
El proyecto, que tuvo mucha aceptación y está respaldado por vecinas/os y diversas organizaciones, será presentado en marzo de 2021 en la Legislatura porteña. Para esa oportunidad, la Comisión del barrio de Boedo tiene planeado “realizar piezas audiovisuales para redes sociales y material gráfico como volantes para entregar en el barrio. También se había pensado en realizar alguna intervención urbana en el pasaje, respetando el protocolo sanitario”.
Los/as ciudadanos/as de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que deseen sumar su firma de adhesión al proyecto, pueden hacerlo en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/yc6vxl6c

Ademys: “Los gobiernos deben garantizar las condiciones educativas y sanitarias”

9.2.2021

Los gobiernos nacional, provinciales y el de CABA impulsan una vuelta a la escolaridad presencial masiva en el medio de la pandemia. Con el actual nivel de casos “resulta altamente peligrosa la vuelta a las aulas”, señalaron desde el sindicato docente Ademys, porque generará en un corto plazo el “incremento brutal” de los contagios, cierre de las escuelas y medidas más restrictivas para el conjunto de la población, con el saldo de miles de muertes que podrían, y deberían, evitarse.

El sindicato docente indicó que son las presiones empresariales las que empujan a que, en lugar de priorizarse la salud, se prioricen los intereses económicos, con una política de reapertura que les permita ahorrarse las licencias y que expone a los trabajadores.
“Con un presupuesto de ajuste en línea con su orientación fondomonetarista, los gobiernos descargan la crisis sobre el conjunto de los trabajadores. En ese contexto, se promueve la presencialidad en las escuelas no por una preocupación educativa sino por una necesidad de ‘cuidado’ de menores”, denunciaron.
En ese marco, desde Ademys plantearon una serie de medidas que deben ser cumplidas para garantizar la salud de la comunidad educativa y de toda la población. Compartimos su comunicado:

10 condiciones para el retorno seguro

Los gobiernos deben garantizar las condiciones educativas y sanitarias

El gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires impulsan una vuelta a la escolaridad presencial masiva en el medio de la pandemia, aun cuando los casos diarios no ceden. Todas las recomendaciones internacionales y nacionales de organismos de la Salud, como la citada Sociedad Argentina de Pediatría, recomiendan que con el actual nivel de casos y circulación comunitaria del virus Covid 19, resulta altamente peligrosa la vuelta a las aulas, que involucraría en la Ciudad el movimiento de 1 millón 200 mil personas. Esto generará, como lo demostraron todas las experiencias internacionales, que -en un corto plazo- el incremento brutal de los contagios derive en un cierre de las escuelas y a que deban tomarse medidas más restrictivas para el conjunto de la población generando el efecto contrario al que una parte de la comunidad reclama. Así lo han admitido las autoridades, van a un esquema de aperturas y cierres bruscos. En el medio, miles de contagios y muertes que podrían evitarse.
Lxs docentes somos quienes desde un primer momento hemos planteado que nada reemplaza la presencialidad. El proceso colectivo de enseñanza y aprendizaje que realizamos presencialmente en las escuelas, no puede ser sustituido por la virtualidad. Tampoco la socialización, el juego, todo lo que desarrollamos en la escuela. Claro que queremos volver a las escuelas, pero en un contexto en el que esto no signifique poner en juego nuestra salud, la de lxs estudiantes y familias de la comunidad educativa.
Claramente, las presiones empresariales son las que empujan a que, en lugar de priorizarse la salud, se prioricen los intereses económicos. La política de reapertura sin restricciones expone a todxs lxs trabajadores, presionándolos al reintegro a los lugares de trabajo. Las patronales y empresarios apuntan a aumentar la productividad de los trabajadores, ahorrarse las licencias y dispensas, en un cuadro de crisis económica inédita que es descargado con rebajas salariales, inflación y tarifazos sobre las espaldas del conjunto de los trabajadores. Con un presupuesto de ajuste en línea con su orientación fondomonetarista, los gobiernos descargan la crisis sobre el conjunto de los trabajadores. En ese contexto, se promueve la presencialidad en las escuelas no por una preocupación educativa sino por una necesidad de “cuidado” de menores.
Esto es evidente dado que los gobiernos que promueven esta política, lejos de tener como prioridad la educación han ajustado a la baja el presupuesto educativo a niveles históricos. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ha recortado el presupuesto educativo, en rubros claves como infraestructura y tecnología educativa- recientemente se recortó en 371 millones el presupuesto del Plan Sarmiento, por poner solo un ejemplo.
¿Qué han hecho durante estos meses los gobiernos para preparar una eventual presencialidad escolar cuando estén dadas las condiciones? El gobierno de Larreta y la ministra Acuña encabezan una campaña de desprestigio al gremio docente, cuando fuimos junto a las familias y estudiantes los que sostuvimos el acompañamiento pedagógico durante todo el 2020 casi sin recursos. Su propósito es omitir su propia responsabilidad en el sostenimiento educativo y regimentar a la docencia que denuncia las precarias condiciones en las que se encuentran la educación y las escuelas. Venimos de un año en el que no se han garantizado los recursos para un marco de virtualidad, que no remplaza la presencialidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje como siempre hemos planteado, miles de estudiantes se han quedado sin el acompañamiento e incluso se les recortó la alimentación escolar. El protocolo, improvisado y de ajuste, descarga sobre los equipos directivos, docentes y auxiliares toda la responsabilidad, que deberán adaptar el inviable marco de supuestas clases cuando no se construyó ni un aula, no está garantizado el espacio para el distanciamiento social, ni la adecuada ventilación, ni los cargos docentes y no docentes necesarios para encarar la tarea educativa en un marco de emergencia, entre otras cuestiones.
Además, avanzan contra el derecho a las dispensas de cuidado para trabajadoras a cargo de menores de 14 años, convivientes con personas de riesgo y mayores de 60 años, amparándose en las resoluciones nacionales del Ministerio de Trabajo que tampoco se respetan en otros sectores de trabajadores, como el subte, lo cual motivó incluso medidas de fuerza.
Tampoco hay un calendario de vacunación, para establecer prioridades comenzando por las personas de riesgo.
Finalmente, no se ha planteado la actualización salarial, cuando venimos de perder al menos un 10% el año pasado, mientras los precios siguen en aumento.
Ademys plantea organizar las escuelas, a partir de pronunciamientos por escuelas, promoviendo la deliberación en asambleas para impulsar acciones si el gobierno no escucha las preocupaciones y demandas de toda la comunidad educativa. Convocamos a todos los sindicatos, colectivos en defensa de la educación pública como el colectivo de Familias por un Retorno Seguro, centros de estudiantes y organizaciones de la comunidad educativa, a ponernos de pie, y coordinar en instancias democráticas, frente a esta avanzada que nos expone a todxs, en nuestra salud:

10 Condiciones para un retorno seguro:

1. CONTEXTO EPIDEMIOLÓGICO APTO: Las actividades de escolaridad masiva deben guiarse por un índice epidemiológico que indique con datos objetivos de los números para determinar el riesgo de aperturas: Índice Center for Disease Control, por ejemplo, que analiza los nuevos contagios de los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes (Fuente: ASP). Indica que, si este coeficiente da por encima de 200, el semáforo es «rojo», indicando riesgo máximo para mantener escuelas abiertas. En CABA este índice actualmente está por encima de 400.
2. Plan de VACUNACIÓN respetando los tiempos de inmunización
 Partidas presupuestarias extraordinaria (que puede salir, por ejemplo de la quita de subsidios a las escuelas privadas y el no pago de la deuda externa, entre otros) para:
3. TRANSPORTE ESCOLAR: Una red de transporte escolar gratuita para estudiantes, docentes y auxiliares, bajo normas y protocolo de la actividad.
4. COMITÉS DE BIOSEGURIDAD: Condiciones de bioseguridad dentro de los establecimientos educativos bajo control de la comunidad, en el marco de una lucha común de todas las escuelas para imponer las condiciones en todos los distritos y establecimientos. Insumos de limpieza e incorporación de personal auxiliar bajo convenio. Distribución gratuita de alcohol en gel, barbijos y todo elemento de protección e higiene personal para estudiantes, docentes y no docentes.
Testeos gratuitos, sistemáticos para todo el personal y seguimiento de casos en las escuelas tanto de docentes como de estudiantes.
5. INFRAESTRUCTURA: Atención y arreglos de infraestructura escolar. Culminación de obras y refacción de escuelas. Mobiliario escolar adecuado. Plan de construcción de escuelas. ADECUACIÓN DE LAS AULAS: Cumplimiento de distanciamiento en las aulas y en todos los espacios de permanencia de estudiantes. Construcción de aulas y/o utilización de espacios ociosos con fines educativos. Ventilación de aulas e instalación de detectores de dióxido de carbono.
6. BURBUJAS: Esquema de trabajo con grupos reducidos, contemplando los metros cuadrados, cantidad de docentes por estudiante, distanciamiento social y ventilación. Que se contemple un plan de clases virtuales que garanticen los aprendizajes de manera remota, creando cargos docentes de emergencia para parejas pedagógicas que garanticen clases si hay modalidad mixta virtual y presencial.
7. AMPLIACIÓN DE PERSONAL: Nombramiento de cargos docentes para el trabajo en los grupos reducidos. Nombramiento de profesionales para el acompañamiento de las trayectorias escolares y seguimiento académico de estudiantes del ciclo 2020/21.
8. CONDICIONES LABORALES: RESPETO DEL ESTATUTO, DISPENSAS Y LICENCIAS:
Plena vigencia del estatuto docente, licencias, dispensas (por razones de salud y cuidado de menores a cargo y de personas de riesgo).
Aumento salarial de emergencia del 50%, en el camino a la recomposición salarial, acorde a costo de la canasta familiar. Por un inicial de $55.000 para todas las escalas y cargos. Cláusula de actualización automática. Todas las sumas al básico. Actualización del salario familiar. No al impuesto a las ganancias sobre salarios.
Incorporación al estatuto de trabajadores de la educación de Escuela de Verano, Jornada Extendida, Plan FinEs y todas las formas de precarización docente.
Derecho a licencias y teletrabajo para las familias con personas de riesgo o que lo soliciten.
9. CONECTIVIDAD: Entrega de dispositivos y conectividad gratuita. Entrega de libros, kits escolares, cuadernillos, que sean consultados con la docencia. Universalización de las becas estudiantiles y su actualización.
10. ALIMENTACIÓN: Universalización de la alimentación escolar. Canastas saludables nutritivas y de calidad. Tarjeta alimentaria.
Dado que la docencia está siendo citada para concurrir a los establecimientos el día lunes 8 de febrero, desde Ademys promovemos que en cada escuela la docencia realice relevamientos que demuestren que no están dadas las condiciones edilicias y de infraestructura en el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires. Proponemos dejar constancia en actas si al ingresar no se cuenta con los elementos de seguridad e higiene garantizados por el gobierno (barbijos, mascarilla, alcohol en gel), que se tomen fotos y vídeos como registro y que se realicen encuentros (reuniones o asambleas de personal) para elaborar mandatos que nos permitan resolver en Asamblea abierta del JUEVES 11/02 – 18 hs. las acciones de lucha a desarrollar.

Denuncian incumplimiento de protocolos

9.2.2021

Desde Vacantes para Todxs en las Escuelas Públicas y Familias por un Retorno Seguro a las Escuelas estamos recibiendo numerosas denuncias de incumplimiento de protocolos en el primer día hábil para la docencia.

La gran mayoría de las y los docentes de la Ciudad trabajan en varias escuelas y deben concurrir a ellas en transporte público. Asientos completos y gran cantidad de personas paradas es lo que encontraron como escenario, corroborando el incipiente colapso del transporte público, tal como lo venimos anticipando desde hace semanas.
Hubo denuncias de termómetros que no funcionan o peor aún de escuelas en donde no se les tomó la temperatura a las personas que iban ingresando por falta de personal destinado a ello.
Sobran las imágenes de sanitarios en estado deplorable, donde falta el jabón, el papel higiénico y las toallas de papel. Además de pérdidas de agua y cantidad insuficiente de inodoros.
Aulas que dan a patios cubiertos sin ventilación, ventanas que no abren, rotas hace años, pies de alcohol en gel con bidones vacíos.
Todas demostraciones de que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la Ministra Soledad Acuña DESPRECIAN la salud y la vida no sólo de lxs trabajadores de la educación, sino de las familias y las infancias.
LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALES NO ESTÁN DADAS.
Urge que la sociedad en su conjunto alce su voz en defensa del derecho a la salud como primordial en este contexto epidemiológico. No miremos para otro lado, evitemos una catástrofe.

Conferencia de Trotta y Acuña: aval de Nación al irresponsable plan de vuelta a clases porteño

8.2.2021

Por Juana Galarraga

Ambos funcionarios hablaron con la prensa. Mientras, proliferan denuncias de docentes porteños en el primer día de retorno a las escuelas, por el estado deplorable de los edificios y otras irregularidades.

Hace instantes, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y su par porteña, Soledad Acuña, brindaron una conferencia de prensa por el retorno a las clases presenciales.
Previamente, ambos ministros de Educación mantuvieron una reunión con el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Trotta informó que es la vigésima jurisdicción educativa con la que se reúne, en el marco de la gira que emprendió por todo el país el 11 de enero, para acordar las condiciones para la vuelta a clases presenciales.
El tema de la presencialidad escolar se instaló definitivamente en la agenda de debate público y mediático a partir del 15 de enero, cuando Larreta y Acuña ratificaron el regreso a clases presenciales para el 17 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires. La alarma se encendió automáticamente entre la docencia y en las familias trabajadoras. Con la oposición de los sindicatos y sin haberlo discutido previamente con ningún docente, el gobierno de la Ciudad insistía en volver a las aulas con la “máxima presencialidad posible” en plena pandemia.
Trotta recorrió el país con la misma política, para volver a clases presenciales sin garantizar la vacunación para la docencia y sin hacer anuncios claros respecto de los protocolos que se aplicarán en todo el país. Solo repitió en cada punto, que los protocolos son el “camino seguro” para la vuelta a clases, aunque por fuera de los lineamientos que aprobó el Consejo Federal de Educación en 2020, no hay otra normativa clara y actual a la que deban ceñirse todos los gobiernos provinciales y el de la Ciudad. Basándose en estos lineamientos, cada jurisdicción educativa debe adecuarlos y elaborar sus propios protocolos para el ciclo lectivo 2021. Los resultados de la aplicación de estos lineamientos, pueden verse en la política diseñada por Acuña y Larreta, altamente rechazada por las familias y la comunidad educativa en su conjunto, por ser inaplicable y poco seria.
Finalmente, después de que el Gobierno de la Ciudad atacara duramente a la docencia que rechaza la vuelta a las aulas totalmente irresponsable, sin darles participación en el debate, ni a los colectivos que se organizaron como “Familias por un retorno seguro a las aulas”, el ministro Trotta se sentó al lado de Acuña, en un claro aval a su política educativa. No dio precisiones sobre vacunación, ni testeos ni infraestructura escolar. Solo insistió en los protocolos como la única vía para garantizar la “presencialidad cuidada”.
Nathalia González Seligra, ex diputada nacional por el Frente de Izquierda, dirigente nacional del PTS y miembro de la conducción del Suteba La Matanza, sostuvo que “el marco nacional que planteó Trotta con un documento llamado ’A las aulas’ está pensado para escuelas abstractas, es decir para situaciones no reales. Plantea ciertas medidas que debieran cumplirse como la distancia social, las condiciones de higiene de infraestructura, la bimodalidad, es decir muchas condiciones que no se dan en las escuelas reales que tenemos en Argentina. Por lo menos yo puedo hablar de la provincia de Buenos Aires donde años y años de desinversión educativa, plantean hoy una escuela totalmente en crisis, derruida, no preparada para la vuelta a la presencialidad en pandemia”.
En la conferencia Trotta dijo que todo el trabajo “de los últimos meses”, de “manera colaborativa”, se va a ver reflejado en la próxima reunión del Consejo Federal de Educación convocado para el próximo viernes 12 de febrero en la Quinta de Olivos, con la participación del presidente Alberto Fernández.
Desmintiendo todas las denuncias de la comunidad docente y los colectivos de familias, Acuña dijo que “para nosotros esta reunión ratifica la vocación mutua y la decisión de comenzar las clases de forma presencial el 17 de febrero en la ciudad de Buenos Aires, es parte de un proceso participativo amplio que venimos llevando adelante hace meses, en el que hemos dialogado con docentes, con directivos, tanto de escuelas públicas, como de gestión privada, con docentes sindicalizados, con sindicatos, con familias, más de 2000 familias participaron de este proceso para pensar y diseñar una nueva escuela, con distanciamiento social. Estamos convencidos que no solamente es necesario volver a la presencialidad sino que es posible”.
“En la reunión pudimos seguir conversando algo que venimos haciendo hace tiempo con el equipo de Nación sobre las características que tiene el protocolo que aprobó la ciudad”, agregó la funcionaria.
Contra la visión optimista de Acuña, desde la mañana de este lunes circulan denuncias como la que enviaron a este medio los colectivos Vacantes para Todxs en las Escuelas Públicas y Familias por un Retorno Seguro a las Escuelas: “Estamos recibiendo numerosas denuncias de incumplimiento de protocolos en el primer día hábil para la docencia. La gran mayoría de las y los docentes de la Ciudad trabajan en varias escuelas y deben concurrir a ellas en transporte público. Asientos completos y gran cantidad de personas paradas es lo que encontraron como escenario, corroborando el incipiente colapso del transporte público, tal como lo venimos anticipando desde hace semanas. Hubo denuncias de termómetros que no funcionan o peor aún de escuelas en donde no se les tomó la temperatura a las personas que iban ingresando por falta de personal destinado a ello. Sobran las imágenes de sanitarios en estado deplorable, donde falta el jabón, el papel higiénico y las toallas de papel. Además de pérdidas de agua y cantidad insuficiente de inodoros. Aulas que dan a patios cubiertos sin ventilación, ventanas que no abren, rotas hace años, pies de alcohol en gel con bidones vacíos. Todas demostraciones de que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la Ministra Soledad Acuña DESPRECIAN la salud y la vida no sólo de lxs trabajadores de la educación, sino de las familias y las infancias. LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALES NO ESTÁN DADAS”.

Vacunación

Trotta sostuvo que la docencia es uno de los cinco grupos priorizados para recibir la vacuna contra el Covid-19 y “ese proceso incluye – cuestión que va a ser debatida el próximo viernes – un orden de aplicación de la vacuna que está siendo debatido por las jurisdicciones. Es voluntad de nuestro gobierno proponer que en primera instancia sean vacunados los docentes de la educación inicial, especial y del primer ciclo, la escuela primaria y luego poder seguir cubriendo el 1.450.000 docentes y no docentes de todo el sistema educativo”.
“Hay que desplegar toda una logística que se viene trabajando con cada jurisdicción educativa para que apenas estén disponibles las dosis en Argentina en el número suficiente podamos iniciar este despliegue. Hemos sido claros que para nosotros lo que permite un regreso seguro a la presencialidad son los protocolos y todo el aprendizaje institucional y la construcción de la evidencia a lo largo del 2020 de lo que puede ser una escuela segura, por supuesto creemos que la vacunación nos va a permitir ir construyendo la inmunización en la sociedad y a partir de la vacunación de los docentes intensificar la presencialidad. Pero claramente lo que permite un regreso seguro son los protocolos que han sido aprobados no solo por el Estado nacional, sino que es una regla construida conjuntamente con las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires”.
Otra vez, lo único que hay son los famosos protocolos. Nada de precisiones sobre calendario de vacunación para la docencia.

Transporte en CABA

Consultada por la movilidad y el transporte en la Ciudad, Acuña aseguró que es algo que también vienen trabajando con el gobierno nacional. “Solamente el 30 % de las familias del nivel primario y el 40 % del secundario utiliza el transporte público. La mayoría de las familias de la comunidad educativa, como fueron asignadas por cercanía a las escuelas, se trasladan con autos particulares o caminando. De todas maneras, para ese 30 % de primaria y ese 40 % de secundaria hemos definido con el gobierno nacional una serie de medidas que van a garantizar la prioridad para el uso de transporte público para aquellos docentes o familias con niños que se trasladen para asistir a la escuela”. También aseguró que la ciudad sigue trabajando con Nación y la provincia de Buenos Aires para aumentar la frecuencia de las líneas interurbanas. “Además, estamos trabajando para fomentar el uso de la bicicleta”, cerró Acuña y sostuvo que están trabajando con el Banco Ciudad para que haya planes de compra de bicis en 36 cuotas.
Paritarias

Con respecto a la paritaria docente Trotta dijo que “nuestro gobierno tomó la decisión en enero de 2020 de reinstitucionalizar la paritaria nacional docente a lo largo del año pasado firmamos 4 paritarias nacionales, vamos a convocar a una reunión paritaria a las 5 organizaciones sindicales la semana próxima, ese es nuestro compromiso”. Allí dijo que van a discutir el salario inicial, hoy en $27.500, lo que debe ser su esquema de recomposición, la realidad del incentivo docente que según sostuvo en 2020 el gobierno duplicó la inversión en este concepto. “Pretendemos que la paritaria nacional docente refleje el proceso de recomposición de inversión educativa que hoy está transitando la Argentina a partir del Presupuesto 2021 que implicó dejar atrás el proceso de desinversión educativa que se impuso en Argentina a partir del año 2016”. Destacó el “crecimiento del presupuesto educativo que se ve reflejado en el presupuesto 2021, no es una meta, es tan solo el primer paso para volver a cumplir leyes como la ley de financiamiento educativo”.
La información recabada por este medio desmiente las declaraciones del ministro. A lo largo y ancho del país en estos momentos se desarrollan distintas peleas en defensa del salario docente. En 2020 hubo tres provincias que no otorgaron aumentos de salarios a sus docentes: Mendoza, Neuquén y Chubut. En algunos casos, como en Jujuy, les dieron recién en noviembre un aumento de 10 % en dos cuotas. En Tucumán el gobierno de Manzur viene de recortarles los salarios el año pasado con la eliminación de la cláusula gatillo y el no pago del último tramo. Solo recibieron un 6 % de aumento por decreto. El salario docente perdió como en la guerra contra la inflación. Por otra parte, según denuncian docentes de distintas partes del país, en la discusión paritaria nacional estuvieron representados por la Ctera, organización sindical totalmente oficialista que no dio participación a los gremios de base, al igual que en la discusión para la elaboración de los protocolos nacionales volcados en el documento “A las aulas”.
Con respecto al Presupuesto 2021 que tanto elogia Trotta, según la economista de este medio, Lucía Ortega, para Educación y cultura “hay un aumento del 21 % en términos reales, no obstante, eso se debe al brutal ajuste que ya está habiendo en 2020, con una caída del 9 %”. Vale recordar que el signo que marca el diseño de todo el presupuesto, es el ajuste que manda el Fondo Monetario Internacional para el pago de la deuda externa.
Por su parte Acuña indicó que “este sábado los docentes de la Ciudad recibieron el pago del bono que cerraba la paritaria 2020 de 8000 pesos para los docentes de jornada completa y 4000 para los de jornada simple y a partir del 22 vamos a empezar a tener conversaciones con los sindicatos sobre lo que va a ser la paritaria 2021. Hoy un docente en la Ciudad de jornada completa está ganando $72.500 pesos en mano, sin antigüedad y uno de jornada simple $36.250 en mano sin antigüedad. Hablamos de $72.500 porque la mayoría tiene más de dos cargos”. Sin embargo, otro de los reclamos de la docencia y sus sindicatos en la Ciudad de Buenos Aires es la recomposición salarial, ya que este bono entregado por Acuña es en negro y por única vez, cuando de lo que se trata es de recomponer el salario a tono con la inflación de este año.

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