Red de radios

28.10.2020

A pesar de las maniobras de su defensa para suspender el juicio, el policía Luis Chocobar seguirá siendo juzgado por asesinar por la espalda a Pablo Kukoc de 17 años en 2017 en el barrio porteño de La Boca. De acuerdo al cronograma del juicio, se espera que hoy declare.

Continúa hoy el juicio contra el policía Luis Chocobar, acusado de haber matado por la espalda en 2017 a Pablo Kukoc de 17 años mientras corría después de un robo, en el barrio de La Boca. De acuerdo al cronograma del juicio se espera que hoy declare el policía, quien llegó libre al juicio.
A pesar de las pruebas, la fiscalía le imputa el delito de “homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber” por el crimen de Kukoc, el cual prevé una pena máxima de 5 años de prisión. Mientras que la querella de la familia del joven lo acusa por “homicidio agravado”, que contempla la pena de prisión perpetua.
La defensa de Chocobar había solicitado suspender el debate “hasta que se resuelva un recurso de inconstitucionalidad que presentó contra la negativa de que sea juzgarlo por un jurado popular”, pero el Tribunal Oral de Menores Nº 2 rechazó el planteo por lo que el juicio continúa.
El caso Chocobar se convirtió en un símbolo de impunidad, que fue respaldado por el entonces Gobierno de Mauricio Macri, quien lo recibió personalmente en la Quinta Presidencial de Olivos, el día en que se cumplían seis meses de la desaparición de Santiago Maldonado, todo un mensaje para avalar el gatillo fácil y la impunidad, dando el nombre de Doctrina Chocobar, a los fusilamientos que lleva adelante de la policía con la excusa de “combatir el delito”.
Pero el macrismo no es el único sector que defienden a los asesinos del gatillo fácil. Desde el poder político estas prácticas son amparadas por funcionarios tanto de la oposición de derecha como del Gobierno, como Sergio Berni, el Ministro de Seguridad bonaerense, la provincia con más casos de gatillo fácil desde que comenzó la pandemia, como la desaparición y posterior asesinato de Facundo Astudillo Castro en manos de la policía bonaerense, fuerza que utilizan para amedrentar y amenazar con represión a las familias que luchan por un derecho tan elemental como la vivienda.

27.10.2020

Por Alfredo Moreno

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, aprobó las polémicas cámaras de reconocimiento facial. Seguridad y privacidad en las manos de la inteligencia artificial.

La iniciativa fue aprobada con los votos del oficialismo, sus aliados radicales y de Vamos Juntos. Las principales organizaciones de derechos civiles, Amnistía Internacional, el CELS y la Fundación Vía Libre, argumentaron que el sistema invade la privacidad y puede ser usado para espionaje ilegal. Los legisladores de la oposición no acompañaron el proyecto.
Las organizaciones de derechos civiles aseguran que la tecnología “presenta múltiples afectaciones para el ejercicio de derechos humanos. Entre los cuestionamientos explicaron que, por ejemplo, la tecnología tiene dificultades para distinguir personas de tez oscura. Lo cual deriva en un sinnúmero de falsos positivos y afecta en forma desproporcionada a los grupos que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad”.
El proyecto presentado por Claudia Neira diputada del Frente de Todosi, tuvo la intención de llenar vacíos que existían en la Ley de Seguridad que la Legislatura votó en 2016. La diputada argumenta que “la Ley de Seguridad pública ya existía, no la presentamos nosotros. No estamos instalando ni proponiendo el tema, sino intentamos un equilibrio entre la seguridad y la libertad. Es una ley que pone algunos controles en algo que existe hace mucho tiempo”.
Las organizaciones de derechos civiles denunciaron una falta de debate donde se pueda evidenciar la producción de datos a cargo del motor de inteligencia artificial que poseen las cámaras de reconocimiento facial. Hecho que produjo que los legisladores del Frente de Todos rechazasen acompañar la votación.
Claudio Cingolani, diputado de Vamos Juntos, defendió la confección de la ley, dijo que el proyecto votado no sólo no tuvo grandes cambios respecto del presentado inicialmente por el Frente de Todos y que, además, se realizaron reuniones con las organizaciones para escuchar diversas posturas. Argumentó que no se pueden modificar las imágenes para distribuirlas en medios, se debe especificar la autoridad, se crea una comisión de seguimiento de videovigilancia que es diferente a la comisión de seguridad”, enumeró sobre los cambios que se hicieron a la actual normativa.
En este contexto es bueno preguntarse hasta donde los legisladores conocen los procesos que conforman y configuran las TIC, el software y las acciones posibles para que la Política no termine siendo el GPS de estas tecnologías.
Hay 10.000 cámaras funcionando en la ciudad, con el argumento de capturar imágenes de personas en condición de delito, se rastrean y graban datos (pixeles) de los porteños ¿éstos estarán geo referenciados?
Las técnicas de inteligencia artificial aplicadas al reconocimiento facial, más los datos del momento de captura de la imagen conforman la base del big data para seguimiento de las personas. ¿Los ciudadanos que habitamos y transitamos por la ciudad conocemos las implicancias de estas tecnologías?
Las capacidades de reconocimiento facial, permiten entender cuándo aparecen rostros en una imagen o en un vídeo, así como los atributos de dichos rostros. Estas capacidades están dadas por el software que se utiliza. Por ejemplo, el software puede analizar atributos como los ojos están abiertos o cerrados, el color del cabello, el color de la tez y la geometría del rostro. Estos atributos detectados son cada vez más útiles para conformar caracterizaciones sobre los portadores de dichos atributos.
Es cierto que son muy útiles para organizar millones de imágenes, o realizar búsquedas en ellas, en cuestión de segundos mediante etiquetas (tags) de metadatos (ej., gorra, tatuajes, anteojos, rango de edad) o para identificar a una persona (es decir, reconocimiento facial mediante una imagen fuente o un identificador único).
Los softwares de reconocimiento facial utilizan la técnica de puntuación de similitud que es una medida estadística, es la probabilidad de que dos rostros de una imagen pertenezcan a la misma persona. Por ejemplo, una imagen con una puntuación de similitud del 95% indicaría que, entre todos los rostros analizados, esta imagen tiene una similitud del 95 % con la imagen de la que se ha realizado la búsqueda.
Cuánto más alta la puntuación de similitud, significa que es más probable que dos imágenes sean de la misma persona. Dicho eso, una similitud de incluso el 99% no garantiza que sea una coincidencia positiva. Como probabilísticamente no se pueden realizar determinaciones con precisión absoluta, se trata con modelos de predicción.
Aquí es donde el umbral de similitud entra en juego. El umbral de similitud es la puntuación de similitud más baja que la aplicación (el software) está dispuesta a aceptar como posible coincidencia. El umbral que se elija afecta fundamentalmente los resultados que se obtienen en la búsqueda. La cantidad de identificaciones erróneas (a veces denominadas positivos falsos) es un resultado directo de la configuración del umbral. La persona o un dispositivo de inteligencia artificial usuaria del software seleccionará la configuración adecuada en función de sus necesidades y caso de uso de la aplicación.
Estas tecnologías implementan el sesgo o prejuicio de las personas que definen las configuraciones enunciadas, estructuras de datos y alertas que permiten interpretar la información aportada por el big data y decidir acciones sociales culturales y políticas.
Es urgente reconocer que las actuales formas de vigilancia masiva violan el derecho humano a la privacidad y constituyen una forma de ciberataque.
El resultado de la votación limita la democracia y expone a los porteños y a las personas que transitan por la ciudad a vivir “la experiencia del big brother”.

Antecedentes conectados

En 2019 el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; y el vicejefe de Gobierno porteño a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, presentaron el nuevo Sistema de Reconocimiento Facial de la Policía de la Ciudad, una tecnología que permite localizar y detener a personas prófugas mediante la detección de rostros a través de cámaras de video-vigilancia que están ubicadas en distintas calles y estaciones de subte.
Rodríguez Larreta sostuvo que “es un paso más que estamos dando de incorporar tecnología para cuidar a la gente”.
El nuevo Código procesal penal (CPP) de la Ciudad de Buenos Aires votado por Cambiemos el 4 de octubre de 2018, habilita entre otras cosas el acceso a todo dispositivo fijo o móvil con capacidad de conectarse a internet que entre muchas funcionalidades permite la geolocalización.
La coincidencia de hechos políticos institucionales con la implementación de tecnología de reconocimiento facial, parece estar indicando que la compra que formalizó el gobierno de Cambiemos de un software para el programa de ciberseguridad, viene a resolver la provisión de herramientas TIC.
El Boletín Oficial con fecha 5 de octubre de 2018, publico la resolución administrativa 1658/2018 que estipula la compra de un software a Israel para el programa de ciberseguridad. El mismo, se enmarca dentro de un acuerdo de Implementación para la instalación de un Proyecto Núcleo de CORE iSOC & CSIRT/CERT de Ciberdefensa.

La visita

El presidente del Consejo Nacional de Investigación y Desarrollo de Israel, Isaac Ben Israel, estuvo en Buenos Aires del 3 al 6 de julio de 2018. En este período, mantuvo encuentros con autoridades nacionales y diferentes organismos de investigación científica y de seguridad. Se desempeña, además, como presidente de la Agencia Espacial de Israel y director del Centro de Estudios de Ciberseguridad de la Universidad de Tel Aviv, es uno de los principales expertos en ciberseguridad de Israel.
El visitante, en noviembre de 2010, dirigió el Alto Comité de Ciencia y Tecnología, un grupo de trabajo para formular planes nacionales que pondrían a Israel entre los cinco primeros países líderes en el campo cibernético. Este trabajo, llamado “La Iniciativa Nacional de Cyber”, fue pedido especialmente por el primer ministro del Estado israelí. En Buenos Aires, participó como disertante principal en el evento “Innovation Day”, organizado por los Amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina. Además, será parte de múltiples actividades académicas sobre ciberseguridad e investigación espacial en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación.ii
Las ventas de estos productos basados en software, representan el 10 por ciento de las ventas mundiales en Ciberseguridad. Empresas israelíes vendieron más de 6.000 millones de dólares en 2014 y solamente en el primer trimestre de 2015, el aumento en las inversiones en I + D (Investigación más Desarrollo) para estas empresas creció en un 40 % en comparación con el trimestre del año anterior.
Israel tiene más de 300 empresas en este momento dedicadas a la ciberseguridad, en comparación con las 150 empresas que tenía en 2010 y las 250 empresas en 2013. El principal motor que impulso este liderazgo, es la política ciber-nacional, que aprobó el gobierno israelí en 2011.

Cibernéticos en defensa y ataque una realidad contada en series Netflix

Se define un CSIRT como un equipo o una entidad dentro de un organismo que ofrece servicios y soporte a un grupo en particular con la finalidad de prevenir, gestionar y responder a incidentes de seguridad de la información. Estos equipos están conformados por especialistas multidisciplinarios que actúan según procedimientos y políticas predefinidas, de manera que respondan, en forma rápida y efectiva, a incidentes de seguridad, además de coadyuvar a mitigar el riesgo de los ataques cibernéticos.
El CSIRT se ha propuesto seguirles el paso a unos adversarios más grandes y más nebulosos, ofreciendo asesoramiento en el análisis de riesgos, los planes de continuidad de negocio, el análisis de malware y muchas otras áreas.
Los equipos que surgieron principalmente para responder a incidentes han evolucionado y ahora con frecuencia están orientados a ser un modelo integral de gestión de seguridad de la información. En efecto, mientras que el alcance de los CSIRT se limitaba en gran medida a prestar servicios de “respuesta”, hoy en día cada vez más adoptan una postura proactiva. Se centran en la prevención y en la detección de incidentes, lo que logran por medio de una mezcla de habilidades y formación de la conciencia, alertas y monitoreo, así como de la difusión de información relacionada con seguridad de la información, el desarrollo de planes de continuidad de negocio, y el desarrollo de documentos de mejores prácticas y de análisis de vulnerabilidades.
La implicancia de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TIC) en la vida cotidiana ya es un hecho. La vida humana se comunica mediante infraestructuras TIC equipos, dispositivos y la red internet. Fue tan disruptivo su crecimiento e inserción en la vida cotidiana, que el “Grupo de los 20” reemplazó a Estados y sus Gobiernos en la promoción de leyes que garanticen la privacidad y calidad de la vida humana. La política está a cargo de las empresas 4.0 que participan del grupo de los 20.
La ciberseguridad o seguridad de tecnología de la información, se enfoca en la protección de la infraestructura computacional y de comunicaciones como todos los dispositivos que se conectan a redes por donde aportan o consumen contenido digital. La ciberseguridad comprende software (bases de datos, metadatos, archivos), hardware, redes de computadoras y todo lo que se valore y signifique un riesgo para la integridad de los datos y el acceso.
“El próximo Pearl Harbor al que nos enfrentemos podría muy bien ser un ataque cibernético que paralice nuestros sistemas de energía, red eléctrica, seguridad y nuestro sistema financiero”, aventuró el experimentado Leon Panetta, extitular de la CIA y del Pentágono en la administración Obama.
La vigilancia de ciudadanos, salvo cuando sea ordenada individualmente por un juez, viola los derechos humanos, no es efectiva y es una forma de ataque cibernético.
El objetivo declarado de dicha vigilancia es combatir lo que algunos Gobiernos consideran terrorismo.

– Alfredo Moreno, Profesor TIC en Univ. Nacional de Moreno.

i Dictamen del proyecto tratado el 22 de octubre
https://www.vialibre.org.ar/wp-content/uploads/2020/10/Despacho_LEY_Expediente_1686_2020..pdf
ii https://agenciaajn.com/noticia/llega-a-la-argentina-el-principal-experto-israeli-en-ciberseguridad-2-99871

25.10.2020

Por Lorena Oliva

El militante afrouruguayo Ángel Acosta Martínez recuerda que, en 1982, decidió traerse a vivir a su hermano a la Argentina para terminar con la persecución y las constantes golpizas que el joven recibía en Uruguay por motivos raciales. Por una ironía del destino, José Delfín Acosta Martínez murió en nuestro país en 1996, a los 32 años, víctima de violencia policial impulsada por el racismo. Un fallo reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó, 24 años más tarde, que “los agentes de policía actuaron movidos más por un perfil racial, que por una verdadera sospecha de comisión de un ilícito”.

Meses antes de la sentencia, dada a conocer el 14 de este mes, el Estado argentino reconoció la responsabilidad local en la violación de los derechos humanos contra Acosta Martínez, luego de haberla negado durante más de una década. Se trata de la primera resolución en América latina en la que el organismo internacional considera que el origen étnico de una persona fue determinante para que se efectuara su arresto arbitrario y discriminatorio.
La sentencia reconoce la existencia del racismo estructural en nuestro país y, entre las medidas de reparación, obliga al Estado a elaborar un registro de detenciones por causas arbitrarias y discriminatorias. También establece que se debe capacitar a las fuerzas de seguridad sobre el carácter discriminatorio que tienen los estereotipos de raza, color, nacionalidad u origen étnico, así como la sensibilización sobre el impacto negativo que la utilización de perfiles raciales tiene sobre las personas afrodescendientes.
“Hay quienes me dicen ‘hiciste justicia’, pero yo no lo veo así. Se hará justicia cuando estén en la cárcel los asesinos, pero también los cómplices y los encubridores del crimen de mi hermano”, explica Acosta Martínez.

Crimen y encubrimiento

Durante el proceso –llevado primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego remitido a la Corte del organismo internacional– quedó demostrado que, en la madrugada del 5 de abril de 1996, José Delfín Acosta Martínez se encontraba en la entrada del boliche Maluco Beleza, ubicado en el Centro porteño. Allí fue detenido junto a otros ciudadanos afrodescendientes por policías que llegaron al lugar. Los detenidos fueron conducidos a la comisaría 5ta. en donde, según la versión policial, el hombre de 32 años se habría arrancado la ropa y comenzado a golpearse contra las paredes y una mesa sin que los efectivos pudieran controlarlo, y que murió camino al hospital Ramos Mejía.
“Cuando fui a reconocer el cuerpo, le vi golpes por todos lados. Algunos parecían marcas de bastonazos. Cuando me entregaron sus ropas, la camisa estaba limpia, sin restos de transpiración, y José era de transpirar mucho. Además, me decían que se había arrancado la ropa, y la camisa tenía todos los botones. Estaba lavada. El pantalón tenía marcas de zapatos, en ese momento no lo entendí, pero después caí en la cuenta que eran producto de las patadas que le propinaron. Me dieron sus cadenitas en perfecto estado, pero nunca me entregaron las llaves de la casa”, recuerda Ángel Acosta Martínez.
La abogada de la familia, Myriam Carsen, denuncia que la Justicia local se negó a investigar y a los veinte días cerró la causa. “En el juzgado N° 10 tomaron la versión policial llena de inconsistencias como cierta. El juez la aceptó y rechazó los planteos de la querella. Es un caso en el que se llegaron a fraguar, incluso, los resultados de la autopsia. El comisario salió en conferencia de prensa a hablar de sobredosis de drogas y alcohol cuando todavía no estaban los resultados de las pericias toxicológicas. Cuando la familia traslada el cuerpo a Uruguay para que se le realizara una nueva autopsia, allí figura la existencia de golpes que el Cuerpo Médico no había visto”, explica Carsen, hija de Octavio Carsen, el abogado que llevó adelante la causa casi desde sus inicios, recientemente fallecido.
Acosta Martínez recuerda que, tras la muerte de su hermano, comenzaron las amenazas y el hostigamiento tanto hacia su familia como hacia algunos testigos. “Me atropellaron dos veces, me amenazaron de diferentes maneras. Todo eran palos en la rueda. Me costó seis meses lograr llevar el cuerpo a Uruguay para la nueva autopsia. Pero el cuerpo estaba sin órganos. Sin embargo, los médicos de allá consideraron inverosímil la cantidad de alcohol y drogas que supuestamente mi hermano había ingerido. Si hubiera tenido tal cantidad, hubiera llegado a la comisaría en coma”, explica el hombre, un reconocido militante afrodescendiente, quien agrega que su hermano ni siquiera tomaba alcohol porque estaba bajo tratamiento médico.
Después de años idas y vueltas judiciales a fines de los noventa, los Acosta Martínez –una de las familias afrodescendientes más antiguas de Uruguay, reconocida por la preservación y difusión del candombe como forma de vida– llevaron el caso de José Delfín ante la Comisión Interamericana de Derechos Humano en el año 2000. “Durante todo el tiempo que duró el litigio, el Estado argentino, representado por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos y de Cancillería, negó cualquier violación a los derechos humanos. De hecho, el año pasado, cuando el caso llegó a la Corte, el Estado argentino volvió a ratificar su posición. Sin embargo, en una audiencia celebrada en marzo de este año, los mismos organismos, cambio de gobierno mediante, reconocieron la responsabilidad”, explica Carsen.
Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos, confirma que el reconocimiento de la responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos no era la postura que el Estado había mantenido durante todos los años anteriores. La funcionaria menciona diferentes razones para tan rotundo cambio de posición.
“El gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2019 reconoce como su columna vertebral la defensa de los derechos. Cuando advertimos que hay violaciones de derechos humanos, nuestro deber como abogados del estado es no litigar y reconocer la responsabilidad. Pero además había un informe de 2015 muy categórico, de la Procuraduría de Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal, que había concluido que en el caso se habían cometido violaciones a los derechos humanos. Se había elaborado en el marco del litigio internacional y tenía hasta pericias que habían determinado que el joven no se murió por sobredosis sino por golpes. No podíamos seguir defendiendo lo indefendible”, menciona la funcionaria.

Una problemática vigente

Pochak considera que quedó probado que la detención estaba basada en sesgos raciales, absolutamente discriminatorios. Y aunque se trata de un hecho ocurrido hace 24 años, cree que da en el centro de una problemática que sigue vigente en el país. “Se trata de un caso paradigmático, sobre todo si ahora uno ve que hay detenciones y violencia policial que se ensaña, por ejemplo, con la colectividad senegalesa. En ese sentido, este fallo puede ayudar a las distintas autoridades del Estado y el Estado es uno solo –nacional, provincial, local– a mejorar”, analiza Pochak.
Por su parte, si bien Acosta Martínez celebra el fallo en lo que hace a la detención ilegal de su hermano, siente que todavía hay mucho por decir sobre el posterior encubrimiento. “Ante la Corte, la posición del Estado estuvo representada todos estos años por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos y de Cancillería que, sistemáticamente, negaron cualquier delito. Incluso, a sabiendas de la existencia del dictamen de la Procuraduría que decía lo contrario y que, por otra parte, a nosotros nos ocultaron”, denuncia.
En este sentido, el fallo de la Corte IDH hace una observación al respecto: “No deja de llamar la atención que ‘el Estado no haya hecho del conocimiento público, ni del de la Comisión y ni siquiera de la familia’ el contenido del informe técnico realizado por la Procuraduría Especializada contra la Violencia Interinstitucional”, puede leerse en uno de sus pasajes.
En función del mencionado informe y del avance del caso en la Corte IDH, el año último la causa judicial se reabrió en el mismo juzgado. “No tengo el poder para pedir que se cambie de juzgado, pero que se tramite ahí no me da seguridad, me afecta hasta emocionalmente que esté ahí. Y aparte ya sabemos que los jueces pasan, pero los juzgados son como familias, que se cubren entre ellos”, afirma Acosta Martínez.
Si bien hoy cuenta con el respaldo del fallo y el informe técnico de la Procuraduría, el hombre se muestra escéptico ante los posibles alcances del juicio. “A mi hermano no lo mataron por negro sino por defender los derechos de los negros. En el episodio que da origen a su detención, la Policía estaba hostigando a un afrobrasileño y él se involucró para defenderlo. Más de 20 años después, la vida de un negro o de un originario siguen sin valer nada en la Argentina. Si hasta el mismo presidente Fernández dice que los argentinos descienden de los barcos. El racismo está tan instalado que no se dan cuenta”, analiza. Es por eso que Acosta Martínez sueña con un instrumento legal que, a la manera de la Ley Micaela, sensibilice sobre el racismo y la discriminación. “Se podría llamar José Delfín”, concluye.

23.10.2020

Por Colectivo de Medios Populares (*)

Rechazaron el planteo de la defensa del policía que buscaba suspender el debate y pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles. En las puertas de Comodoro Py, madres de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil acompañaron a la familia y amigos del joven asesinado.

La segunda jornada del juicio oral que juzga al policía Luis Chocobar, acusado de haber matado en 2017 al joven de 17 años, fue breve. Los jueces sólo notificaron a las partes de su decisión de rechazar el pedido de la defensa que en la primera audiencia volvió a insistir con un juicio por jurados.
“Estamos felices porque el juicio va a seguir en pie. Gracias a Dios por todo el apoyo que nos dieron los familiares que son los que nos ayudan a nosotros a seguir en pie con este juicio. Espero que se haga justicia, que es lo que venimos a pedir todos los familiares”, expresó Belén, la hermana de Juan Pablo, en la vereda del Tribunal donde desde temprano esperaban la decisión de los jueces.
Desde Salta y por teléfono, Ivone la mamá de Juan Pablo, agradeció a quienes se acercaron hoy a acompañar a la familia y pidió que se haga justicia por su hijo “porque lo mataron a quemarropa, podría haberlo detenido y nosotros podríamos verlo en la cárcel, no en un cementerio”.
“En este sistema injusto jamás vamos a tener justicia, pero se la tenemos que arrancar y tenemos que seguir en la calle no sólo por Pablo sino por todos los pibes asesinados por gatillo fácil: a Pablo lo asesinó Chocobar y el Estado es responsable”, agregó Emilia Vasallo, madre de Pablo “Paly” Alcorta, un chico de 17 años que recibió un disparo del policía bonaerense Diego Tolaba en 2013, y una de los motores de la Marcha Nacional.
Además de Emilia, con las imágenes y las remeras que recuerdan a sus hijos asesinados se movilizaron otras madres como Angélica, quien en julio de 2009 perdió a Jonathan “Kiki” Lezcano de tan sólo 18 años. “Estamos acá, a pesar de la pandemia porque nos matan a nuestros hijos. Hoy estoy acá por Chocobar, para que no sea injusto como lo que hicieron con Santiago Veyga el asesino de mi hijo, que está en la calle y ahí está matando… Hoy más convencida que nunca, estoy de pie, puedo decir justicia por todos los pibes asesinados por gatillo fácil, justicia por esas chicas que se las llevaron y nunca más volvieron, justicia por el hambre que estamos pasando en nuestros barrios, justicia para la igualdad”.
Muy cerquita, policía mediante, un pequeño grupo de personas se manifestaron en apoyo al policía que mató por la espalda a Juan Pablo Kukoc aquel diciembre de 2017 y que fue recibido por el ex presidente Mauricio Macri. Entre los manifestantes que tocaban cacerolas con la Marcha de las Malvinas como música de fondo, se encontraban oficiales y policías retirados que también fueron parte de las protestas que exigían aumento salarial. Como Mariano Díaz, ex suboficial del Grupo Halcón, separado de la fuerza por intento de sedición en 2014.
El juicio continuará el próximo miércoles al mediodía y está prevista la declaración –si es su intención declarar- del chico menor de edad acusado de haber participado del asalto al turista estadounidense. Luego será el turno de la indagatoria de Chocobar.

(*) La Retaguardia, Radio Gráfica, Radio Presente, FM Riachuelo, Revoluciones, Agencia Paco Urondo, Sur Capitalino.

23.10.2020

Por Valeria Foglia

Organizaciones de izquierda y socio-ambientales volvieron a manifestarse contra los planes del Gobierno para instalar megafactorías de cerdos en Argentina.

En la tarde del viernes organizaciones políticas y socio-ambientales realizaron una acción simbólica en el Obelisco antes de entregar una carta a las autoridades contra el memorándum de entendimiento que el Gobierno quiere firmar con China a comienzos de noviembre. Los partidos que componen el FIT Unidad, junto a Timón Verde, Conciencia Solidaria y el Nuevo MAS estuvieron presentes para rechazar la instalación en el país de decenas de megafactorías porcinas con el objetivo de producir novecientas mil toneladas de carne para abastecer la demanda del mercado interno chino.
Con un semaforazo, la concentración del Obelisco buscó llamar la atención ante “un plan para profundizar el modelo extractivista en curso y sumergir a Argentina aún más en la crisis social, sanitaria, climática y ecológica que atravesamos a nivel global”, como afirman en la carta entregada en Cancillería, Agricultura y otras dependencias involucradas. “Con la vida no se negocia”, dice la misiva, en la que también denuncian “una falta de conciencia ambiental, una visión cortoplacista y estrecha con el único fin de obtener divisas para el pago de la deuda externa y garantizar ganancias a un puñado de empresarios”.
Como parte de múltiples iniciativas, este domingo tendrá lugar el festival virtual Primavera en llamas, con la participación de artistas, intelectuales y referentes de luchas socio-ambientales de América Latina.
La cartera que encabeza Felipe Solá negocia el megaplan porcino desde marzo sin dar demasiada información ni publicitarla ampliamente. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Juan Cabandié, pese a las críticas que señalan la contradicción que implican las megagranjas con las leyes ambientales vigentes, ha mirado el asunto desde afuera. Entre otros aspectos, se apunta al consumo voraz de agua (hasta un millón y medio de litros por día), los desechos industriales de excretas de los porcinos, la contaminación del aire, la tierra y el agua, el hacinamiento de los animales en feedlots, la provisión de antibióticos a gran escala que entrañan un potencial pandémico.
No es la primera manifestación contra el acuerdo porcino ni será la última. Desde fines de agosto hubo varias acciones, incluyendo una jornada nacional, para decirle no al acuerdo porcino. Las organizaciones persistirán en estado de alerta y movilización para visibilizar la necesidad de frenar estos planes. “Ni con China ni con nadie; ni en noviembre ni nunca”, afirman.