Red de radios

18.9.2020

La Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña se reunió este jueves para tratar la incorporación del Sistema de Reconocimiento Facial (SRF) a la modificación el sistema de seguridad público de la ciudad, que consiste en utilizar sistemas de inteligencia artificial y reconocimiento facial en manos del Ministerio de Seguridad porteño. El proyecto de ley fue presentado por Claudia Neira, Claudio Américo Ferreño, Victoria Montenegro y Santiago Luis Roberto, del Frente de Todos. La Fundación Vía Libre propone prohibir su uso porque en “diversos lugares del mundo estas tecnologías en poder de las fuerzas de seguridad están siendo cuestionadas, en particular por los marcados antecedentes de vigilancia desproporcionada en la esfera pública y discriminación de todo tipo, pero muy especialmente racial y de clase”. Por su parte la legisladora del PTS-FIT Myriam Bregman señaló: “¿se puede regular algo tan peligroso? Ese sistema fue parte del sistema de espionaje que puso en marcha el macrismo. El uso de estas tecnologías fue promovido por Patricia Bullrich, a pesar de que no fueron exitosas en ningún lado. Hay graves denuncias sobre su uso discriminatorio: por ejemplo, en EE.UU., para la persecución de inmigrantes, y ahora para identificar manifestantes del #BlackLivesMatter”.

El Sistema de Reconocimiento Facial (SRF) ya fue puesto en marcha en modo piloto el 25 de abril de 2019 por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, cuyo Centro de Monitoreo ubicó en el barrio porteño de Chacarita. Se activó un sistema de reconocimiento facial en 300 cámaras de vigilancia de la Ciudad. Pero el sistema presentó fallas en el reconocimiento de personas consideradas sospechosas, arrojando falsos positivos, por lo que el Registro Nacional de Reincidencia ordenó depurar la base de datos del SRF, suspendió la publicación de datos personales y ordenó interrumpir el Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC) en noviembre de 2019.
Ahora, a partir de un proyecto presentado por Claudia Neira, Claudio Américo Ferreño, Victoria Montenegro y Santiago Luis Roberto, del Frente de Todos, la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña se reunió este jueves para tratar la incorporación del Sistema de Reconocimiento Facial (SRF) a la modificación el sistema de seguridad público de la Ciudad. Y rápidamente comenzó la polémica en torno a la utilización de sistemas de inteligencia artificial y reconocimiento facial en manos de fuerzas de seguridad.
La Fundación Vía Libre, junto con el respaldo de organizaciones como AccessNow, ADC, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y ODIA, expresó: “entendemos que antes de avanzar en esta regulación se debe dar otra discusión todavía más profunda: ¿es aceptable instalar tecnologías de esta naturaleza en la esfera pública? Esta pregunta no es nueva y no somos los primeros en hacerla. Varios distritos y ciudades se han dado esta discusión en los últimos meses y en muchos casos la respuesta fue un rotunto no. En los EE.UU., a nivel de Estados Federales y Municipales se han dado diversas legislaciones sobre esta práctica. En el Estado de California, una ley prohibe el uso de cámaras colocadas en chalecos de los oficiales de policía. En varias ciudades se prohibió directamente el uso de sistemas de reconocimiento facial. El puntapié inicial lo dio San Francisco, pero la acompañan Alameda, Berkeley y Oakland. A su vez, en el estado de Massachusetts, estas tecnologías fueron directamente prohibidas en Boston, Springfield, Cambridge, Easthampton, Northampton, Brookline y Somerville”.
Asímismo, la organización agregó: “desde la Fundación Vía Libre instamos a la Legislatura porteña a dar este debate y ampliar las voces que participen del mismo, a la vez solicitamos que se haga lugar a una posición más firme en relación a estas tecnologías. En la regulación planteada no se pone sobre la mesa de debate el impacto en Derechos Humanos, no se solicita una evaluación de impacto sobre los mismos, ni siquiera se ha cursado el proyecto a la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación, sede natural de un proyecto de este tipo”.
La fundación también recordó la posición sobre el tema de Joseph Cannataci, tras su visita en Argentina como Relator de Naciones Unidas para el derecho a la privacidad de las personas: “soy consciente de la necesidad de detener a las personas sospechosas de haber cometido delitos y llevarlas ante la justicia, pero no veo la proporcionalidad de instalar una tecnología con graves implicaciones para la privacidad para buscar en una lista de 46 mil personas, que actualmente incluye a menores y delitos no graves, y que no se actualice y compruebe cuidadosamente su exactitud”, expresó, en referencia a la activación que realizó el GCBA en abril de 2019 de un sistema de reconocimiento facial en 300 cámaras de vigilancia de la ciudad, conectado a la CONARC, la base de datos pública de personas buscadas por la justicia, compuesta por 46.000 archivos.
En este sentido, Vía Libre expresó: “¿Por qué decimos que es indispensable una moratoria / prohibición de uso de sistemas de reconocimiento facial? Porque son sistemas que impactan directamente sobre los Derechos Humanos de toda la ciudadanía, incluyendo aspectos centrales como el derecho a la privacidad, el debido proceso, la presunción de inocencia, la libre circulación y la libertad de reunión en el espacio público. Porque nunca en democracia se había instalado un sistema tan invasivo de los derechos de libre circulación en la esfera pública. Porque estos sistemas registran, analizan y evalúan según la fisonomía de las personas, con un retroceso notable en materia de discriminación. Porque no hay evidencia de que estos sistemas cumplan con los objetivos previstos ni información clara sobre su utilización de los mismos en la C.A.B.A. Porque la conformación de bases de datos biométricas supone la vulneración de derechos fundamentales en materia de protección de datos sensibles de la ciudadanía y la dinámica de implementación impide a las personas tener conocimiento acabado sobre la recolección, procesamiento, uso y eventual destrucción de los datos recolectados en la esfera pública. Porque en diversos lugares del mundo estas tecnologías en poder de las fuerzas de seguridad están siendo cuestionadas, en particular por los marcados antecedentes de vigilancia desproporcionada en la esfera pública y discriminación de todo tipo, pero muy especialmente racial y de clase”.
Por su parte, la legisladora del PTS-FIT Miryam Bregman expresó: “el Frente de Todos quiere tratar un proyecto para regular el sistema de cámaras instaladas en la Ciudad. ¿Se puede regular algo tan peligroso? Ese sistema fue parte del sistema de espionaje que puso en marcha el macrismo con su grupo Super Mario Bros. En el país, el uso de estas tecnologías fue promovido por Patricia Bullrich a pesar de que no fueron exitosas en ningún lado. Hay graves denuncias sobre su uso discriminatorio: por ejemplo en EE UU para la persecución de inmigrantes, y ahora para identificar manifestantes del #BlackLivesMatter. Es un sistema peligroso porque arroja falsos positivos, por la posibilidad de hackeo y porque es altamente invasivo de la privacidad. El reconocimiento facial instaurado por Larreta es duramente cuestionado por organismos de derechos humanos por persecutorio y violatorio de la libertad e intimidad. Aunque se regule, le están dando la posibilidad de continuar usando y proveyéndose de ese sistema al jefe de los fiscales, Juan Bautista Mahiques, envuelto en el escandaloso caso de manipulación de causas judiciales. ¿En serio no piensan que es peligroso?”, se preguntó.
En tanto, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad envió una carta a la diputada del FTD Claudia Neira con una serie observaciones y recomendaciones, donde insta a los y las legisladoras a que “la normativa debe inspirarse en y cumplir con los principios de proporcionalidad y razonabilidad para generar un marco de implementación adecuado y que el SRF no devenga en acciones desmedidas, instrusivas o violatorias de las garantías constitucionales”. Asimismo, sostiene que “el documento explicita la necesidad de adoptar medidas para garantizar la seguridad de la información, en cuanto al tratamiento y almacenamiento de las bases de datos, así como el diseño de planes de contingencia frente a eventuales incidentes informáticos”.

18.9.2020

En una nueva reunión, las autoridades del gobierno de la Ciudad expresaron que «no estaban dadas las condiciones para hacer frente a lo acordado» y a cambio les ofrecen una asignación estímulo de 2.500 pesos para jornada simple y 5.000 para jornada completa.

En el día de ayer SADOP seccional Capital, participó junto a los otros gremios docentes de la Ciudad, de una nueva reunión de la mesa de condiciones laborales y salariales, llevada a cabo en el Ministerio de Educación porteño: «Expresamos nuestra preocupación sobre la continuidad de la deuda que el gobierno tiene con todxs lxs trabajadorxs de la educación, ya que se sigue incumpliendo el acuerdo paritario firmado en febrero de este año.», aseguraron en un comunicado firmado por el Consejo Directivo Seccional.
Según relataron desde el SADOP: «El Subsecretario de Carrera Docente, Manuel Vidal comunicó a los gremios, que no estaban dadas las condiciones para hacer frente a lo acordado en la paritaria firmada a principios de este año. Asimismo informó que se va a realizar un pago de una asignación estímulo por única vez.»
La misma consta de $ 2.500 para el cargo testigo de jornada simple o su equivalente a 19 horas cátedras. Y de $ 5.000 para el cargo testigo de jornada completa o su equivalente a 38 horas cátedras. Además se abonará una asignación adicional para los cargos de conducción, donde el Maestrx Secretarix o sus equivalentes cobrará $ 400 jornada simple y $ 800 jornada completa; vicedirectorxs y equivalentes cobrarán $ 600 jornada simple y $ 1.200 jornada completa y los Directorxs y equivalentes cobrarán $ 1.000 jornada simple y $ 2.000 jornada completa.
«Frente a este ofrecimiento, los y las docentes privadxs, que somos la mitad del sistema educativo porteño queremos que nos paguen lo que firmamos en la paritaria de febrero. Este parche de $ 2.500 ni siquiera cubre el costo de un abono mensual de internet, que en este contexto de pandemia es fundamental para seguir enseñando. Queremos que no se desfinancie más el sistema educativo de la ciudad.», señalaron.
Y afirmaron también: «seguimos apostando al dialogo. En este sentido exigimos al gobierno de la Ciudad que convoque cuanto antes a una nueva reunión de la mesa salarial para que entre todos y todas podamos construir las mejores soluciones en esta coyuntura extraordinaria.»

18.9.2020

Según los datos de la Dirección de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad la pobreza pasó de un 22,1% a un 33,6% en el último año, con más de un millón de porteños en esta situación. La indigencia tuvo un salto mayor pasando del 6,2 al 15,7% en un año. El desempleo llegó al 14,7% en la Ciudad.

Se dieron a conocer los datos de la Dirección de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad y se puede observar un salto en la pobreza y en la indigencia muy grande en el distrito más rico del país.
Los números informan que 1.032.000 de los 3.072.000 totales de porteños se encuentran bajo la línea de pobreza. Es decir que uno cada tres residentes de la Ciudad no tienen ingresos para comprar la canasta básica. El salto que se da en el último año es desde un 22,1% a un 33,6% de pobreza sobre la población total del distrito.
Con respecto a la indigencia la diferencia es mayor comparando los mismos períodos del 2019 y el 2020. Los índices del 2019 daban un 6,2% de indigencia y para este año creció a un 15,7%. Uno de los datos más alarmante es que unos 48.000 hogares (que abarcarían a 95000 personas) no tuvieron ningún ingreso. El año pasado eran unos 10000 hogares los que no tuvieron ningún ingreso.
La pobreza e indigencia vienen creciendo en la Ciudad, sobre todo desde el 2017. En números concretos se pasó de un 4% de indigencia en el 2017, a un 4,3% en 2018, 6% en 2019 y ahora un 15,7%. Con respecto a la pobreza, en el 2017 había un 14% de la población en esta situación y fue creciendo año tras año hasta llegar al actual 33,6%.
El informe también muestra la cantidad de hogares que apenas superan la línea de pobreza, y por ende cualquier movimiento leve en la economía familiar, como un aumento de precios o la pérdida de un ingreso, los pondría por debajo de dicha categoría. En esta situación se encuentran 1.360.000 personas, es decir un 44,3% de la población. En síntesis uno de cada dos porteños se encuentra en condiciones de vulnerabilidad económica y social.

Crecimiento del desempleo e IFE para pocos

La crisis económica que se viene arrastrando hace años, sumado a la pandemia, provocó que en este último cuatrimestre pierdan su trabajo unas 323.000 personas, según los datos de este informe. De este número muchos pasaron a la inactividad directamente por ende no se encuentran dentro de la categoría en los datos como desocupados.
En el informe se expresa que: “Este período, signado por la fuerte caída en la ocupación y la reducción del ingreso real, resulta en un empeoramiento en la situación social de la población de la Ciudad. Unas 323.000 personas pierden su ocupación –la mayoría pasando a la inactividad–, el desempleo trepa al 14,7% con 221.000 personas desocupadas, y aquellos que conservan su ocupación ven caer sus ingresos reales (la variación de precios alcanza casi el 40%) e incluso muchas veces, también los nominales. En particular, dentro del menguado conjunto de ocupados, se produce un aumento significativo de los que no perciben ingreso (prácticamente se duplican, alcanzando las 63.000 personas)”. Es decir que seguramente con el fin de la cuarentena este índice va a pegar un nuevo salto cuando miles salgan activamente a buscar un empleo.
Por otro lado el informe plantea que el alto porcentaje de hogares sin ningún tipo de ingresos se debe a que muchos no pudieron acceder a ninguna ayuda estatal, ni siquiera al IFE, ya que no se encuentran registrados en la seguridad social o por los distintos requisitos que limitaba el acceso al beneficio.
Todos estos datos en el distrito más rico del país son alarmantes, y si se traslada al resto de las provincias la situación es mucho más preocupante. A finales del mes van a estar los datos del Indec para todo el país pero ya se puede prever números similares.
Si uno ve el foco en las políticas para los sectores más pobres se puede ver que la ayuda social es ínfima, que deja de lado a cientos de miles de personas necesitadas y encima se viene criminalizando la pobreza como con las tomas de tierras en distintas partes del país.
En la Ciudad se pueden observar grandes negocios inmobiliarios con venta de tierras en los lugares más caros, cuando la mayoría se encuentra en una situación de emergencia económica y habitacional. En paralelo Rodríguez Larreta despide trabajadores en el ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, es decir, el sector que trabaja con esta población más empobrecida. Toda una muestra de las políticas hacia los más necesitados.
Como se puede ver en estos meses de pandemia los más agraviados fueron los que viven en villas, barrios populares o directamente en situación de calle; los trabajadores precarios que necesitan del ingreso del día a día; los trabajadores de la salud y estatales que están en primera línea. En una Ciudad donde los principales sindicatos son dirigidos por el kirchnerismo y son opositores es inadmisible que pase esto sin respuestas contra las políticas de Larreta. La lucha por mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población debe ser constante.
Mientras se debate sobre la opulencia de la Ciudad, un tercio de la población es pobre y casi la mitad se encuentra en emergencia económica. No es lo mismo Puerto Madero que el sur de la Ciudad, por eso la opulencia no es una cuestión territorial, sino que es una diferencia de clases. Mientras miles no tienen ningún ingreso o con sueldos de miseria, la opulencia queda para unos pocos.

17.9.2020

La Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires anunció una jornada de lucha para este jueves 17 de septiembre. “Cómo personal sanitario estamos sufriendo el agravamiento de la pandemia, con aumento de casos y diseminación geográfica. Pero también con el agotamiento físico y mental, consecuencia de nuestras paupérrimas condiciones laborales. Nos encontramos en la primera línea, con sobrecarga laboral, aumento de tareas y jornadas extenuantes. Con miles de compañeros y compañeras contagiadas, nuestra salud está en constante riesgo. Ni el GCBA ni las conducciones sindicales se pronunciaron por quienes fallecieron. Nuestros salarios se encuentran congelados desde marzo. Con la complicidad de la burocracia sindical somos empujades al pluriempleo, que nos expone aún más. Quien debería cuidar a la población y a nosotres es el Estado, que en vez de garantizar nuestros derechos y el acceso a la salud, nos precariza”, remarcan.

Así lo anunciaron en un comunicado desde la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires: “les residentes y concurrentes reunides en Asamblea queremos expresar, una vez más, nuestra preocupación frente a la situación actual en la que trabajamos. Cómo personal sanitario, estamos sufriendo el agravamiento de la pandemia, con aumento de casos y diseminación geográfica. Pero también con el agotamiento físico y mental, consecuencia de nuestras paupérrimas condiciones laborales. Nos encontramos en la primera línea, con sobrecarga laboral, aumento de tareas y jornadas extenuantes. Con miles de compañeres contagiades, nuestra salud está en constante riesgo. Ni el GCBA ni las conducciones sindicales se pronunciaron por les compañeres fallecides. Nuestros salarios se encuentran congelados desde marzo, con la complicidad de la burocracia sindical somos empujades al pluriempleo, que nos expone aún más”, remarcan.
Asimismo, apuntan principalmente contra la responsabilidad del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en el empeoramiento de su situación de precariedad: “quien debería cuidar a la población y a nosotres es el Estado, que en vez de garantizar nuestros derechos y el acceso a la salud, nos precariza. Miembros de la SATI que salieron a desmentir los números de camas declarados por el Ministro Quirós expusieron lo que la Asamblea de Residentes y Concurrentes viene sosteniendo hace meses: el colapso de camas, la falta de personal, el pluriempleo y los bajísimos salarios – destacaron – Estamos viendo deteriorarse nuestra salud, nuestras condiciones de vida, y el gobierno solo propone como salida apelar a la responsabilidad individual. Queremos desarrollar nuestro trabajo con toda la calidad científica que la situación amerita, para eso nos formamos todos los días. Pero el Estado no garantiza las medidas necesarias”.
También hicieron referencia a la incertidumbre que tienen varios concurrentes y residentes con respecto a su continuidad laboral: “somos miles les residentes y concurrentes que, habiendo terminado nuestra formación en mayo, tenemos retenido nuestro título sin ningún tipo de derecho al trabajo estable. El 30 de septiembre, finalizada la prórroga extorsiva, el gobierno nos dejará sin trabajo, en pleno pico pandémico. Hace tiempo que manifestamos nuestra enorme preocupación, y le propusimos al Ministerio en numerosas oportunidades la permanencia de les profesionales especialistas y con experiencia, a través del pasea planta permanente. Pero el Gobierno nos ignora, y piensa poder prescindir de todes les profesionales, agravando la crisis sanitaria. En algunos efectores se ha hablado de una prórroga o contrato transitorio, pero no es extensiva a todes les que nos quedamos sin trabajo en plena pandemia, ni tampoco se especifican las condiciones contractuales. Una vez más, nada oficial. Resulta que para el gobierno, quienes estamos en primera línea enfrentando la pandemia somos mano de obra descartable”, denuncian.
También señalaron su preocupación por la forma en que se llevó adelante el examen de residencias, dónde más de 10.000 profesionales se postularon para el ingreso al sistema de ingreso y formación para trabajar en los efectores públicos: “intentan imponer el ingreso de cualquier manera, sin garantizar medidas de bioseguridad para les ingresantes, y presionando para que residentes y concurrentes levantemos las cohortes, medida que previene los contagios entre trabajadores. Se obliga una vez más a trabajadores sin salario ni ART a exponerse al contagio, desvalorizando nuestra salud. Somos miles les residentes y concurrentes que ya nos contagiamos, habiendo tenido compañeres en estado de gravedad”, sostienen, y agregan: “responsabilizamos a Pedro Silberman y a los encargados del desarrollo del examen de la falta de seriedad con la que están abordando la situación. Llamamos a organizarse y pelear por la regularización de los exámenes y por respuestas a todes les compañeres”.
En ese contexto es que convocan a “organizar una enorme jornada de lucha el 17 de septiembre”, por el “acceso a la salud y por todos nuestros derechos”. Entre las principales demandas, reclamarán por el “pase a planta de egresades residentes y concurrentes de todas las especialidades”, el fin del “trabajo gratuito”, por “salario, ART y obra social para concurrentes”, la “reapertura de paritarias, recomposición salarial y basta de pluriempleo”, por “respuestas inmediatas al conjunto de postulantes al examen de residencias 2020”, “que se garanticen las medidas de bioseguridad de ingresantes, el conjunto de residentes y concurrentes y trabajadores”, por el “respeto a las cohortes y licencias”, la “centralización del sistema de salud”, el “pase a la carrera profesional de enfermería”, y por “el acceso a la salud pública y de calidad para todes”.

15.9.2020

A través de la Procuración General de la Ciudad, pedirá que se declare inconstitucional la medida de Alberto Fernández y a la vez presentará un recurso de amparo para frenar la quita de fondos. Mientras, estos fondos son para la policía y no para salud, vivienda ni educación.

Como respuesta a la decisión anunciada por Alberto Fernández la semana pasada de quitar el 1,18 % de los fondos coparticipables que recibía la Ciudad para entregarla a la provincia de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño Rodríguez Larreta, anunció que recurriría a la Justicia para que la medida sea declarada ilegal.
Según Télam, esto tendrá lugar el día miércoles, cuando el gobierno porteño pedirá a la Corte Suprema que sea declarado inconstitucional el decreto nacional, y presentará a su vez un recurso de amparo para ponerle un freno al recorte de los fondos, estimado en 150 millones de pesos diarios. Con este recurso de amparo, esperan desde la Ciudad que se obtenga una medida cautelar.
La “guerrita” entre Rodríguez Larreta y Alberto Fernández, como la denomina el periodista Werner Pertot, recién comienza.
Desde el gobierno porteño, los funcionarios ya dicen que esto impactará sobre el gasto público, y tendrán que “revisar el presupuesto”: “Hasta que la Justicia se expida, y esperamos que lo haga lo antes posible, vamos a tener que enfrentar esta quita de fondos y tomar algunas medidas excepcionales”, ya había adelantado Rodríguez Larreta.
El vicejefe de gobierno Diego Santilli, no dijo que fuera a afectar a la policía este recorte, sino las obras públicas: “Obviamente se verá dañada la infraestructura, pero no nos alcanza con eso, acá el impacto es brutal”, señaló, mientras evalúan que en el área de “obras y mantenimiento” impactaría fuerte la reducción de partidas presupuestarias.
Durante su gobierno, Mauricio Macri en 2016 le había subido la coparticipación a la Ciudad del 1,4 al 3,75 %, lo que generó fuertes críticas de las provincias.
El DNU 735/20, dispone retomar el punto de coparticipación extra que Macri le otorgó a la Ciudad tras el traspaso de la Policía Federal. Se trata de unos 35 mil millones de pesos, con los que el gobierno nacional creó el Fondo de Financiamiento y que la provincia de Buenos Aires usará para pagar los haberes de la policía bonaerense.
En el marco de haber cedido ante todos los pedidos de la policía luego del levantamiento de la semana pasada, el gobierno nacional destinará más fondos para fortalecer a la fuerza que es responsable de casos de gatillo fácil, torturas, represión, está involucrada en los negocios ilegales como la trata y el narcotráfico, y es la principal sospechosa de la muerte de Facundo Castro.
Mientras tanto, los jefes de gobierno de la Ciudad y Nación se pelean por la coparticipación, pero ninguno discute a dónde irán esos fondos: ¿por qué no se destinan para el sistema de salud, al borde del colapso en el AMBA, para los enfermeros y médicos que todos los días se mueren enfrentando en la primera línea la pandemia? ¿Para la educación, que hace cinco meses docentes, familias, estudiantes, sindicatos, vienen reclamando por la conectividad y computadoras? ¿Por qué no se destinan a un plan de viviendas populares, que pusieron en evidencia su necesidad y urgencia las 2500 familias que se encuentran pasando hambre y frío en la toma de Guernica?
Mientras tanto, se preocupan por quién se queda con esos fondos, una discusión “entre unitarios y federales”, como dijo la diputada Myriam Bregman en la Legislatura Porteña el jueves pasado, en lugar de discutir lo verdaderamente importante para las y los trabajadores y el pueblo pobre.