Red de radios

23.11.2020

El día 19 de noviembre, la Legislatura porteña votó el Proyecto de Ley N° 2588-J-2020, remitido por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, titulado “Buenos Aires Ciudad Bici” que autoriza el arancelamiento de este sistema de transporte público. Compartimos un informe elaborado sobre este tema por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC) y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP).

El proyecto plantea la creación de un «fondo para el desarrollo de la movilidad sustentable» que servirá para costear las obras de infraestructura para ampliar y mejorar la red de ciclovías y para eso propone que los usuarios comiencen a pagar por usar las Ecobicis los fines de semana, modificando el artículo 5 de la Ley N° 5954
«Queremos recuperar las 400 estaciones y las 4.000 bicicletas de acá a 12 o 18 meses, esa es nuestra aspiración», dijo Juan José Méndez (Télam)
Lo llamativo del anuncio del Secretario de Transporte porteño es que ese objetivo –con el cual justifica el arancelamiento- ya aparecía cumplido en 2019.
La verdadera novedad, entonces, es que la plata para la ampliación del servicio, o mejor dicho, para que vuelva a tener las mismas estaciones que en 2019, la vamos a poner los usuarios.

¿Hay otra opción para recaudar fondos?

Claro, se puede vender publicidad en los rodados y en las estaciones.
Pero el GCBA no puede porque la publicidad se la queda Tembici, la empresa brasilera a la que Larreta le regaló el sistema público de bicicletas por 10 años, a cambio de que amplíen el sistema a 400 estaciones y 4000 bicicletas

Promesas repetidas y arancelamiento del servicio

De 2010 a 2018, el GCBA construyó un sistema público de bicicletas gratuito que llegó a acumular 8 millones de viajes, 200 estaciones y 2.500 bicicletas, con un tiempo de uso de 1 hora de lunes a viernes y de 2 horas los fines de semana y feriados.
En 2018, cuando mejor estaba funcionando, decidieron concesionarlo a la única empresa que se ofreció: Tembici.
Tal como aseguraba Clarín, por entonces, “el Gobierno porteño le adjudicó la concesión a la empresa brasileña Tembici, a la que le abonará un canon mensual. Deberán llevar la red a 4.000 bicicletas y llegar a 400 estaciones. Y podrán colocar publicidad en los rodados”. En ese entonces, el Jefe de Gobierno aseguró que el servicio seguiría siendo gratuito.

Sin embargo, poco y nada fue cumplido por parte de la empresa

Pese a que, en febrero de 2019, el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta anunciaba el objetivo cumplido de las 4000 bicicletas y las 400 estaciones, desde entonces el servicio empeoró notoriamente.

Tembici: mal servicio, ganancia garantizada y cero inversión

En 2018, desde la Secretaría de Transporte porteña aseguraban que la privatización del servicio supondría “un alivio para las arcas comunales”, el presupuesto asignado en 2019 fue similar al que tenía cuando era administrado por el Estado.
Desde que el servicio se concesionó, el GCBA se sigue haciendo cargo de la construcción de las ciclovías, de las estaciones y de reparar los rodados. Pero además le paga al concesionario $ 3.329.166 por mes en concepto de “costos de mantenimiento “ (el monto total son 470 millones para los 10 años que dura la concesión) y le regala 500 espacios en la vía pública para que la empresa recaude en concepto de publicidad, más el sponsoreo en bicicletas, estaciones, vehículos de traslado y en la aplicación móvil.
Alta recompensa para un concesionario que empeoró notoriamente el servicio.
A semanas de haber comenzado la concesión, Tembici permitió la filtración de datos de los usuarios.
Desde mediados de 2019, se multiplicaron las estaciones sin bicicletas, los rodados en muy mal estado y la app de Ecobici no reflejaba la cantidad de rodados disponibles en los puntos de retiro, entre otros problemas.
El propio GCBA admite que, desde diciembre de 2019, Tembici no incorporó ni una bicicleta nueva.
A fines de 2019, una auditoría del propio GCBA también admite que Tembici está incumpliendo la cláusula 5 apartado 5.1.2, donde se establece la cantidad de bicicletas disponibles que debe haber siempre en cada estación.
Un mes más tarde, el 26 de diciembre de 2019, el GCBA intima a Tembici ya que la empresa sigue sin cumplir con la cantidad mínima de bicicletas por estación.
Hoy en día, la propia cuenta de Ecobici permite ver que hay menos de 1000 rodados disponibles (https://twitter.com/EcobiciB).

Ninguno de estos hechos motivó sanción alguna por parte del GCBA.

La Ciudad le otorgó un año de plazo sin multas para cumplir con los parámetros exigidos por el pliego de condiciones, “a fin de que la empresa pueda ajustar las variables necesarias para el logro de un servicio óptimo y de calidad”, señaló el gobierno porteño. Vencido ese plazo, ya se le podría aplicar multas por, por ejemplo, no contar con las bicicletas suficientes para dar el servicio, como ocurrió durante el verano.
Así llegamos a la pandemia y el ASPO donde, en vez de alentar el uso de la bicicleta, el GCBA cerró el Sistema hasta mediados de mayo. Eso sí, el canon a Tembici se pagó puntualmente.
En mayo, cuando el STPB volvió a funcionar con la mitad de su infraestructura (2000 bicicletas y 200 estaciones) el GCBA hizo pago el sistema, de manera solapada: empezaron a cobrar una multa después de los 30 minutos de uso del rodado.
Esta medida no solo desalienta el uso del sistema, a contrapelo del discurso del GCBA, sino que tiene un claro fin recaudatorio ya que hasta ese momento las penalidades no eran económicas sino, tal como aparece en el contrato, eran sobre el acceso al sistema (aquellos que devolvían tarde una bicicleta quedaban impedidos de utilizar nuevamente el STPB por cierta cantidad de tiempo).
Ahora, la Legislatura, con el impulso del Jefe de Gobierno, da un paso mayor: termina de arancelar el único servicio gratuito de transporte del que disponía la Ciudad y descarga el financiamiento, principalmente, en los usuarios.

Las obras que no cumplió Tembici las deberemos pagar los usuarios.

De esta forma, el GCBA decide sostener la concesión y el financiamiento a una empresa que no cumplió con su principal compromiso (la duplicación de la red y de la cantidad de bicicletas), que brinda un pésimo servicio desde agosto de 2019 y que se niega a dar a conocer cuánto recauda por publicidad, dato fundamental para poder definir si es necesario buscar nuevas fuentes de financiamiento.
El GCBA decide arancelar el STPB en plena pandemia, justo cuando el servicio debería ser estimulado con mayor fuerza, porque la utilización de la bicicleta no sólo genera un beneficio individual sino también un beneficio social. Arancelar, claramente, va en una dirección contraria a este objetivo.
A su vez, la ley no establece la tarifa que van a empezar a cobrar los fines de semana. Esto es sumamente grave ya que, como el STPB no es un Servicio Público sino un Sistema de Transporte por discrecionalidad del oficialismo, las tarifas no van a tener audiencia pública para establecer el monto a cobrar, con lo cual el Estado va a definirlas de unilateralmente.
El mejor sistema con respecto a los servicios es que se paguen con impuestos y que el acceso sea gratuito. De lo contrario, el sistema puede excluir a quienes no pueden pagar, o generar un sistema de tarifas sociales focalizadas, que siempre dejan a gente afuera.
En la actualidad, existe un fondo para financiar al subte (FONDO SUBTE) creado por la Ley N° 4472, que se nutre de diferentes fuentes. Esa experiencia debería ser extendida para conformar un FONDO DE TRANSPORTE, que permita financiar gran parte del transporte público en la ciudad, incluidas las bicicletas públicas.
Ese fondo debería incorporar 20% de los ingresos por peajes de AUSA (actualmente es el 10%) y otros ingresos como un mayor porcentaje de lo que se recauda por el impuesto automotor o 10/15% de los ingresos por multas y estacionamiento medido, también se debería aprovechar la totalidad de los ingresos obtenidos por los permisos de circulación en el microcentro.
En el caso del sistema público de bicicletas, se suma la publicidad, que es la principal fuente de financiamiento de TEMBICI la empresa concesionaria actual.
Antes de discutir el arancelamiento hay que discutir la ganancia que obtiene Tembici por la venta de publicidad, monto que podría cubrir los montos que se necesitan pata mantener el servicio.
Sin embargo, Tembici no ha presentado esa información, pese a que el GCBA se la ha solicitado, y que es una obligación contemplado en el contrato de concesión. La empresa sigue sin responder a la intimación.
La totalidad de los espacios en bicicletas, estaciones, vehículos y app se ofrecieron en forma exclusiva a los patrocinadores del Sistema: Banco Itaú y Mastercard.
Este proyecto muestra el fracaso de la privatización del servicio, realizada con la excusa de ampliar y mejorar el servicio. Hoy, a dos años de realizada la concesión, Tembici no cumplió con su compromiso (400 estaciones y 4000 bicicletas), el STPB funciona peor que en 2018 y encima el gobierno financia y mantiene a una empresa que se niega a dar a conocer cuánto recauda por publicidad
Tembici asegura que los problemas que tuvo durante 2019 y hasta la pandemia se debieron al vandalismo y el robo de rodados.

Sin embargo, los datos presentados por el GCBA este año desmienten lo indicado por Tembici.

En la respuesta del GCBA se puede ver claramente que, pese al aumento que hubo en el robo de rodados respecto a 2018 (año en que aún era manejado por el Estado el servicio), la diferencia entre un año y otro no resulta para nada tan significativa.
“Se informa que, debido al cambio en la concesión del Sistema de Transporte en Bicicleta desde febrero de 2019, y por la gran envergadura y dinamismo del mismo, es difícil determinar un número preciso de bicicletas robadas y dañadas. Sin embargo, ha sido posible registrar un total de aproximadamente 1900 bicicletas robadas o dañadas en el año 2018 y un total de aproximadamente 2900 entre los años 2019 y 2020.
Sin perjuicio de la información brindada ut supra, es importante destacar que gran parte de las bicicletas dañadas son reparadas y los robadas recuperadas mediante el trabajo en conjunto entre la empresa concesionaria, el gobierno y la policía de la Ciudad”.
Además, el art. 57 del Pliego obliga a la concesionaria a contratar un seguro para actos de robo o vandalismo.

23.11.2020

Luego de más de cuatro años la denuncia ante la Organización Internacional de Trabajo es en reclamo del Cupo Femenino Sindical.

Carlos Elías, referente de la Agrupación Celeste, junto al abogado Javier Leira, recurrieron a la Organización Internacional de Trabajo respecto del incumplimiento por parte de la entidad gremial con Amadeo Genta a la cabeza, en reclamo del Cupo Femenino Sindical que no cumple SUTECBA.
Luego de hacer distintas presentaciones judiciales ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, ésta vez irán a la OIT ya que desde hace varios años vienen realizando el reclamo y según afirmaron ¨Fue obviado por la junta electoral sindical en al menos cuatro elecciones sindicales desde la aprobación de la Ley¨. Es por eso que intiman a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales a que se dé lugar a las mujeres en los cargos que no fueron incluidas.
El documento cuenta con 14 páginas en total y la presentación fue realizada por Carlos Elías ante la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales..
La ley de Cupo Femenino Sindical N°25.674 establece que “la integración obligatoria de mujeres en cargos electivos y representativos de las organizaciones sindicales determinando que el porcentaje femenino será de un mínimo de 30% cuando el número de mujeres alcance o supere ese porcentual sobre el total de los trabajadores y trabajadoras” y que en el caso que la cantidad de trabajadoras no llegase al 30% la representación en los cargos deberá ser proporcional a esa cantidad.
El SUTECBA cuenta con un 45% de afiliadas y la Comisión Directiva del gremio está compuesta por 22 hombres y 4 mujeres.

20.11.2020

Médicas y médicos porteños autoconvocados organizaron una movilización al Hospital Fernández de la Ciudad. Llevaron un petitorio al titular de la filial de la Asociación de Médicos Municipales. Reclaman por el deterioro salarial, que se profundizó durante la pandemia. Piden un aumento del 100%.

Los médicos y médicas municipales dependientes de la Ciudad de Buenos Aires movilizaron hasta el Hospital General de Agudos «Dr. Juan A. Fernández» para presentar un petitorio en el que reclaman un incremento salarial urgente a la Presidencia de la Asociación de Médicos Municipales, Dr. Alfredo Currás.
«El mismo expresa el profundo malestar que sufrimos en razón del deterioro salarial que gradualmente experimentamos a lo largo de los últimos años a partir de negociaciones paritarias repetidamente cerradas en valores por debajo de la inflación oficial, situación que se ha agudizado por la falta de una actualización salarial durante este año.», expresaron.
Este cuadro naturalmente se magnificó en el contexto de la crisis sanitaria producto de la pandemia. «La tarea aún no ha terminado, y obra en conocimiento de todos que es dable -y probable- un futuro reagravamiento de la situación epidemiológica regional.», advirtieron.
Finalmente, solicitan convocatoria a asamblea, que se reclame en paritarias un incremento del 100% con respecto al salario actual (con lo que se estaría recuperando solamente parte de lo perdido en paritarias previas), que se reclame que dicha actualización del salario sea remunerativa en su totalidad, que se reclame el 82% móvil para el cómputo de los montos jubilatorios.
«Este petitorio es una expresión conjunta que, aun habiendo surgido de modo independiente y espontáneo, hemos decidido conducir de forma organizada por los carriles de la formalidad y la institucionalidad. Por esto entendemos que, al menos inicialmente, el mismo debe ser presentado y elevado mediante la intermediación de los representantes gremiales designados a tal fin.», aseguraron.
«No obstante queremos dejar claramente expresado que, de no ser el mismo debida y oportunamente atendido, se entenderán como puestas en duda la eficacia y/o la representatividad sindicales. A partir de allí evaluaremos rápidamente la toma de medidas adicionales directas, entre las cuales mantenemos en consideración el paro con mantenimiento de guardias y la movilización a la sede central de AMM y al Ministerio de Salud de la CABA.», dispararon.
El conjunto de las Residencias médicas del hospital se sumó al petitorio suscribiendo a la totalidad de sus puntos.

19.11.2020

En la sesión ordinaria de este jueves se aprobó el nuevo proyecto de estacionamiento medido, que aumentara 21 veces la cantidad de espacios tarifados en la Ciudad, junto con el acarreo. La diputada Alejandrina Barry a su vez denunció el tarifazo del subte y del peaje.

En la sesión ordinaria de este jueves en la Legislatura porteña se aprobó el nuevo proyecto de estacionamiento medido, impulsado por el PRO.
Los puntos más polémicos de este proyecto es que extiende el sistema de estacionamiento pago en la Ciudad de manera exponencial, en donde prácticamente todas las calles pasarían a ser pagas. La única excepción sería para los vecinos residentes que no pagarían estacionamiento en un área de hasta 300 metros de distancia desde su domicilio.
Esta ley es otro claro exponente de los negocios del PRO con las empresas de acarreo. El negocio de las empresas continúa, y el oficialismo porteño quiere otorgarles más beneficios a través de esta ley. Esta ley Larreta la viene promoviendo desde el año pasado y hoy la terminó de gestar.
La diputada por el PTS/FIT Alejandrina Barry, intervino durante la sesión denunciando que esta ley favorece a las grandes empresas, mientras, una vez más, perjudica a la población: “La mayoría acá habrán visto la película Relatos Salvajes. ¿Se acuerdan del personaje de Ricardo Darin? Bombita, el que se transformó en un ídolo popular. Bueno, con esta ley, Bombita será un poroto. Una vez más, la realidad superará la ficción”, comenzó la diputada, haciendo referencia a aquella película argentina donde el principal personaje prende fuego la sede de un servicio de acarreo de autos.
Con esta ley se ampliarían de 4.000 a 85.000 los espacios tarifados, y se aumentarían 21 veces más calles para cobrar el estacionamiento. “Esto no es más que transformar a la Ciudad de Buenos Aires en un estacionamiento pago al aire libre. Una privatización masiva del espacio público, cuyo único fin es recaudatorio”, denunció Barry.
En febrero del corriente año, junto a Myriam Bregman, lograron un fallo en la Justicia que suspendía la audiencia pública para aumentar los parquímetros. “Era todo tan trucho, que hasta la dirección donde tenías que retirar la documentación para la audiencia era una sociedad civil, que nada tenía que ver con el gobierno de la ciudad”, recordó. Sin embargo, hoy Juntos por el Cambio vuelve a la carga con este proyecto.
En esta ley, el sistema de parquímetros pasaría a manos del Estado de la Ciudad, y estas máquinas serían reemplazadas por un pago a través de plataformas digitales y Whatsapp. Este es uno de los argumentos del oficialismo donde supuestamente te hace la vida “más sencilla”. Sin embargo, habrá que pagar en todos lados donde se quiera dejar el auto. Por eso Barry denunció que “con esta ley el gobierno pretende multiplicar la recaudación. Se ve que quieren pagarse la campaña electoral”.
Para ejemplificarlos, Barry explicó: “Si llevas a tus hijos a la escuela y aunque pares por 15 minutos, tendrás que pagar; si sos médico y vas al hospital donde trabajas, pagas. Este proyecto no ordena el tránsito, solo incrementa el balance recaudatorio del gobierno y de las empresas, un negocio redondo”.
Mientras el acarreo sigue siendo concesionado para empresas privadas. En la actualidad, sólo dos empresas manejan el servicio de acarreo, que tienen la concesión desde 1990 y operan sin control desde el 2001, prorrogándoles su contrato. Con esta ley, se continúa garantizando impunidad a estas empresas, ya que no se las investiga, e incluso pueden ser parte de la licitación y volver a tomar el servicio.
“Y como si fueran pocos los favores a estas empresas truchas, reducen a la mitad el plazo para retirar un auto acarreado. Pasa de 90 a 45 días. Si no lo retirás, te lo compactan. O sea, si no podés pagar $ 3000, más $ 1080 por cada día de demora que no lo retires, perdés tu auto”, explicó Barry.
Mientras tanto, la diputada dejó en evidencia el beneficio a los empresarios con este tipo de leyes, mientras a los trabajadores, que utilizan sus autos para ir a trabajar, o llevar a sus hijos, no les aumentan los sueldos, como al personal de salud, en primera línea toda la pandemia. A este curro se le debe sumar el aumento del subte y del peaje en las autopistas porteñas, medidas que solo son un avance del tarifazo que el Gobierno nacional habilitará para todas las empresas de servicios públicos privatizadas. La empresas aumentan sus ganancias, los trabajadores pierden poder adquisitivo.
“Entonces es clarísimo en este proyecto, como en tantos otros, que para Juntos por el Cambio es más negocio tener una grúa, que ser médico, que ser enfermero, que salvar vidas en esta Ciudad. Así que no cuenten con nuestro voto para esto. Desde el FIT vamos a seguir denunciando y enfrentando los grandes negociados desde la dictadura a esta parte, pero que ahora, en un contexto de crisis social se vuelven cada vez más obscenos para la vista de miles de trabajadores y sectores populares en esta ciudad”, finalizó Alejandrina Barry.

18.11.2020

Los espacios dedicados a la defensa de los Derechos Humanos cuestionaron las declaraciones de la ministra contra la comunidad docente. “No podemos tolerar declaraciones agraviantes contra quienes a diario se ocupan de educar”.

Los organismos de derechos humanos emitieron una declaración en el cual repudiaron los cuestionamientos realizados por la ministra de educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Soledad Acuña, a la comunidad docente. De esta manera, el texto que lleva la firma de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, entre otros organismos, señaló que “las palabras de la ministra lastiman a toda la sociedad y merecen más que unas disculpas”.
Además, los organismos añadieron: “mientras como sociedad atravesamos una profunda crisis causada por el macrismo y agravada por la pandemia, hay sectores que no han dejado nunca de trabajar, esforzarse y sostener las tareas para garantizar derechos. Tal es el caso de las y los docentes. Por eso no podemos tolerar declaraciones agraviantes contra quienes a diario se ocupan de educar, pero también de enseñar solidaridad. Son quienes, como Sandra y Rubén, hacen su trabajo e incluso el que a veces no hace el Estado, como preparar algo caliente cuando hace frío o servir el pan porque el hambre no deja aprender. Son quienes salen a luchar con el guardapolvo blanco como bandera y hasta son perseguidos en una gestión de la Ciudad que se ocupó más por reprimirlos que por mejorar su situación”.
En este mismo sentido, enfatizaron: “la ministra habla de la importancia de enseñar a pensar, mientras estigmatiza a los docentes que trabajan y luchan por mejorar sus condiciones para formarse como actores partícipes de la educación y no como tecnócratas fuera de su historia. Instala la desconfianza sobre la tarea docente en las familias, como si padres y madres debieran cumplir una tarea de vigilancia sobre quienes han estudiado para enseñar, deslegitimando su labor. Incluso insta a la denuncia como en las peores épocas de nuestra historia”.
“Las palabras de la ministra lastiman a toda la sociedad y merecen más que unas disculpas. Instamos al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta a tomar medidas, porque estas declaraciones no constituyen un hecho aislado: son la ideología con la que se piensan las políticas públicas de educación en la ciudad que más recursos concentra y que menos igualitariamente los distribuye. La raíz del problema, muy por el contrario de lo que manifiesta la ministra, no está en la formación de los y las docentes, sino en no valorar su enorme tarea”, concluyeron los organismos.