Red de radios

8.8.2020

El 16 de julio la Legislatura de Buenos Aires aprobó adherir al Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) del Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, “una serie de resoluciones podrían suponer barreras de acceso a ese derecho”, advirtieron en un comunicado conjunto el CELS, Amnistía Internacional Argentina, ELA, la Fundación Huésped, FUSA y REDI. “La Ciudad de Buenos Aires debe garantizar las interrupciones legales del embarazo”, plantearon.

El 16 de julio, por amplia mayoría, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires votó la Ley de Adhesión al Protocolo Nacional para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) del Ministerio de Salud de la Nación.
No se trata de una ley que consagra nuevos derechos, sino que garantiza los que ya están vigentes desde hace 100 años. En este sentido, el Protocolo del Ministerio de Salud de la Nación tiene como objetivo asegurar la accesibilidad de la práctica y dar lineamientos para una atención médica de calidad a las y los profesionales de la salud que atienden casos de embarazos producto de violación, o situaciones en las que el embarazo pone en riesgo la salud integral de la persona gestante o su vida.
El Ejecutivo porteño promulgó la adhesión a la Ley 6312, pero “adoptó una serie de medidas que podrían operar como obstáculos para su ejercicio o demoras para su acceso”, advirtieron en un comunicado conjunto desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Huésped, la Fundación para la Salud del Adolescente (FUSA) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
Específicamente, los organismos de derechos humanos y sanitarios firmantes apuntan que uno de esos obstáculos es “la creación de ‘equipos interdisciplinarios’, a pesar de que la Corte Suprema dejó en claro que para la atención de abortos legales no se puede exigir la intervención de más de un profesional o la implementación de consultas o derivaciones que no tengan razones terapéuticas”.
Asimismo, si bien resulta conveniente estructurar la prestación de servicios en distintos niveles de atención en función de la etapa gestacional, “es sumamente alarmante establecer una limitación temporal en el acceso a la ILE y la incorporación de requisitos no contemplados en la ley, sumamente regresivos”, señalaron.
Las personas con discapacidad, además, tienen derecho a contar con sistemas de apoyo para tomar decisiones en forma autónoma. Tal como señaló la Corte Suprema en el fallo FAL, los supuestos de ILE no pueden ser interpretados restrictivamente.
La lectura conjunta de las resoluciones 841 -Programa A la par– y la 1722 del Ministerio de Salud “podría suponer un interés en disuadir a las mujeres, niñas y varones trans para acceder a la ILE”, indicaron los organismos.
“Las normas imponen a los equipos de salud que ofrezcan alternativas a quienes ya decidieron acceder a una ILE, lo que implica cuestionar la autonomía de quienes transitaron por la consejería, evaluaron sus opciones y optaron por una ILE”, señalaron, apuntando el carácter potencialmente disuasorio de la normativa.
En el mismo sentido, el Programa A la par tiene como “población objetivo” a “las personas gestantes que tendrían derecho a acceder a una ILE, como las embarazadas en situación de riesgo de salud, y no a todas las personas que estén transitando un embarazo. Como política pública, debe estar disponible para quienes requieran ese acompañamiento del Estado durante el embarazo y también con posterioridad”.
El Programa A la par, además,establece que los equipos técnicos “serán los encargados de generar estrategias en pos de ir al encuentro de las personas embarazadas y sus familias”.
Los organismos se detienen en este punto y señalan: “Nos preocupa el proceso de identificación de las mujeres que necesitan acompañamiento, y la potencialidad de que impacte en el derecho a la privacidad y en la confidencialidad médico-paciente. En ningún caso terceras personas, ni siquiera agentes estatales, pueden acceder a información confidencial -como lo es la historia clínica-, ya que esto vulneraría la privacidad de las personas que el Estado debe proteger.”
Entre las estrategias mencionadas para prevenir los embarazos no intencionales en la adolescencia no aparece mencionada la educación sexual integral, una política que debe garantizar el derecho a recibir información científicamente validada acerca de la sexualidad en los tres niveles de escolaridad y en todos los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada. Es, además, una herramienta que ya tiene la ciudad a través de la Ley 2.110.
Por último, la creación del Programa Derivación Garantizada a la persona embarazada para instituciones con ideario confesional y/o ético “le otorga conciencia a las instituciones y limita, nuevamente el acceso a la salud”, señalan los organismos.
“La objeción de conciencia es individual ya que son las personas que trabajan en estas instituciones de salud quienes gozan del derecho a la libertad de conciencia. Su objetivo es resguardar las íntimas convicciones morales de la persona que objeta, pero no puede funcionar como una barrera para el acceso a la salud de las personas que necesitan cuidados médicos. Los servicios de salud, sean de gestión pública o privada, deben asegurar que cuentan con personal suficiente para garantizar el acceso a las prácticas de ILE, tal como indicó el Comité CEDAW”.
“En síntesis, la Ley votada por los y las representantes de la Ciudad es clara y responde a un reclamo largamente postergado”, establecen los organismos firmantes. “Tal como lo señaló el Jefe de Gobierno en su comunicación pública, se deben armonizar convicciones personales con realidades que nos interpelan y ponen a prueba nuestro sentido de comunidad. Es por ello que entendemos que se deberían revisar las medidas regresivas que pueden suponer una limitación en el acceso a la salud para las personas gestantes, y consolidar una política pública que ponga el acento en proteger los derechos humanos”, concluyen.

6.8.2020

Un comunicado de los docentes suplentes de escuelas primarias exige que se suspendan de inmediato los ceses en los cargos que se vienen produciendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Solicitamos que se suspendan de manera urgente los ceses que se están produciendo desde el mes de junio. A su vez exigimos un salario mínimo garantizado para los cientos de docentes sin cargo, ya que hay compañerxs cesados desde el mes de marzo”, sostiene el comunicado. Además reclaman la nulidad de los ceses de profesorxs de media que fueron dados de baja a partir de la apertura de actos públicos de dicha área.
La nota aclara que, si bien a partir del mes de junio comenzaron a realizarse actos públicos con el fin de poder acceder a cargos que no estaban cubiertos, estos no son suficientes para emplear a los cientos de docentes que estaban en funciones al momento del inicio de la pandemia. Esto se debe a que los pedidos de licencias, al realizarse el trabajo de manera no presencial, es considerablemente menor y que aquellxs que habitualmente pueden acceder a suplencias, se encuentran sin cargos que tomar y, por ende, desempleados en medio de una pandemia.
El comunicado afirma que “de este modo, el gobierno de la ciudad estaría incumpliendo con el el DNU 329/2020 que prohíbe realizar despidos en el marco de la emergencia sanitaria”. Concluye exigiendo: “¡Ningún docente sin cargo! ¡No a los ceses de suplentes! ¡Salario mínimo garantizado para todxs lxs docentes!”

5.8.2020

Estos datos fueron dados a conocer por el ministerio de salud de la Ciudad. Se registraron hasta el momento 2937 adultos mayores contagiados en 321 instituciones de un total de 482 geriátricos registrados.

En conferencia de prensa, el ministro de salud Fernán Quirós, dio a conocer los datos registrados hasta este jueves. De un total de 482 residencias para adultos mayores se registraron 321 instituciones por donde paso el Covid-19. Donde se registraron 482 adultos mayores fallecidos y 2937 contagiados.
El ministerio de salud de la Ciudad, en cada conferencia, da cifras, pero de lo que no se habla es de cuál es el plan de contingencias ante la pandemia. Tampoco, luego de 4 meses de cuarentena, dan las razones de estas cifras en las residencias para adultos mayores y mucho menos hablar de cuáles son las responsabilidades de estos contagios y fallecimientos. Nunca olvidemos que las cifras son personas.
El coronavirus tiene entre los adultos mayores a uno de los principales sectores de población de riesgo y desde que comenzó la cuarentena cientos fueron las denuncias de familiares por el destrato de las autoridades de los geriátricos y la falta de protocolos y protección sanitaria acorde.
De esto no se habla en las conferencias de prensa, pero si se habla en la calle y entre familiares y trabajadores de las residencias para adultos mayores. Cientos fueron las imágenes de denuncia en varios medios, donde la falta protocolos y protección sanitaria y hasta la denuncia de maltrato para con los adultos mayores fueron puestas en evidencia mientras desde el Estado hacían la vista gorda.
El defensor del pueblo de la tercera edad, Eugenio Semino, viene denunciando esta realidad en los geriátricos porteños, desde antes de la pandemia. Y ya a medidas del mes pasado afirmó ante nuestro noticiero Alerta Spoiler que, “un tercio de los fallecidos son adultos mayores de geriátricos”. Y al mismo tiempo denunció que “la pandemia lo que ha hecho es denudar todos los problemas estructurales de los sistemas de atención de salud y de cuidados”.
La vida de nuestros adultos mayores es tratada como un negocio para los empresarios del sistema privado de cuidado de las personas. La unificación del mismo con el sistema público, bajo la órbita estatal y controlado por los trabajadores de la salud y familiares, hubiese sido una necesaria primera medida para dar vuelta las prioridades y lograr salvar vidas. Nuestros adultos mayores no son descartables y mucho menos un negocio, son nuestros queridos adultos mayores.

4.8.2020

En la Legislatura Porteña, la diputada por el PTS/FIT interpeló al Gobierno porteño por la represión del pasado 1 de agosto, y por el accionar de la Policía de la Ciudad, protagonista de 7 casos de gatillo fácil durante la cuarentena e involucrada en el espionaje de la AFI. Se refirió también a los graves problemas del sistema de salud en la Ciudad y los derechos de las mujeres.

En la primera sesión especial de la Legislatura porteña durante la pandemia, los distintos bloques interpelaron al jefe de gabinete Felipe Miguel, que expuso un extenso informe sobre “los grandes logros” del gobierno de la Ciudad. Datos que no concuerdan ni de cerca con la realidad que vienen denunciando los trabajadores y trabajadoras, jóvenes, mujeres y familias de los barrios.
La diputada del PTS/FIT U Myriam Bregman cruzó al jefe de Gabinete Felipe Miguel por la política represiva de su gobierno: “En esta ciudad de las desigualdades, se permite que cada sábado los llamados anti cuarentena se manifiesten en el obelisco en escuálidas columnas, mientras que a unas cuadras se reprime y encarcela a aquellos que reclaman justicia por Santiago Maldonado, a 3 años de su desaparición forzada”, haciendo referencia a la represión del pasado sábado 1 de agosto. “¿En virtud de qué criterio se decide qué manifestación reprimir y cuál no?”
Esta misma policía es la que persigue a quienes salen a ganarse el pan, como los vendedores ambulantes o la comunidad senegalesa, y que el jefe de gabinete no dio ninguna explicación sobre por qué “salen a los tiros” con sus armas reglamentarias.
También son los protagonistas de 7 de los 24 casos de gatillo fácil en todo el país durante la cuarentena, 6 cometidos en la Provincia de Buenos Aires por esta fuerza, cuando no se encontraban de servicio. “Es la misma policía que está implicada en el espionaje de la AFI, que tenían enormes carpetas de mi partido, de organizaciones sociales, que espiaba a su propio gobierno, y sin embargo no hubo una sola mención en su informe”.
Muchos de estos agentes tienen un pasado negro: 282 agentes de la Policía de la Ciudad provienen de la dictadura militar y por antigüedad ocupan altos mandos. En 2018, cuando se votó la reforma del Código Procesal Penal, Bregman denunció que estaban creando un “ejército de buchones a sueldo”, listos para reprimir y para hacer espionaje en las organizaciones sociales: “Exigimos que se nos explique si pasaron por algún centro clandestino. ¿Continuaron la investigación de estos agentes? ¿Qué hicieron con los que se vestían de dirigentes sociales para infiltrarse en las marchas? No pude ser que en su informe no haya ni una palabra de todo esto”, interpeló la diputada.
Por su parte, el diputado por el bloque UCR/Evolución Martín Ocampo, ante este cruce de Bregman sobre el accionar de la Policía de la Ciudad, defendió a dicha fuerza de manera eufórica.

Otra realidad en la Ciudad

Con respecto a la problemática de salud en la Ciudad, la diputada señaló que “la mayor desigualdad se da entre los hechos y los relatos”. Contrastó los dichos de funcionarios con datos de la realidad que surgen de los propios trabajadores: “Hay 100 trabajadores y trabajadoras contagiados por día. Son pocos, están sobrecargados y se cierran servicios por la cantidad de contagios, como por ejemplo en el Hospital Rivadavia donde tuvieron que cerrar el sector de pediatría”.
También hizo mención a la situación en el Hospital Piñero: “Melina, una concurrente, me decía que sólo hay 8 camas en la UTI (Unidad de Terapia Intensiva) y están todas ocupadas”. Y contó acerca de la situación extrema que están padeciendo en el Álvarez: “Internaron gente en el “chatero”, que es el lugar donde se desechan la orina y otros residuos. Allí las 14 camas están todas ocupadas”.
Por último en este punto, señaló que “la asamblea de residentes y concurrentes denunció la existencia de un profesional médico cada 30 pacientes”. Y alertó también sobre la situación en la salud privada, como lo que está sucediendo en el Sanatorio Trinidad de Palermo, donde habilitaron 15 camas, pero con sólo dos enfermeras.
Para finalizar, la diputada se refirió también al problema de la alimentación en las escuelas, el fallo judicial presentado desde su banca que el gobierno continúa sin cumplir, y cuestionó el servicio de los comedores, exigiendo un informe detallado de las empresas que los manejan y otorgan canastas de miseria a las familias que más lo necesitan.
También expresó su enorme preocupación con respecto a la modificación en las semanas de gestación que quiere presentar el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta en el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, recientemente aprobado en la Ciudad y que se adhiere al vigente a nivel nacional.
Luego de un cuarto intermedio el Jefe de Gabinete, Felipe Miguel, volvió unos breves minutos para contestar algunas preguntas. Con respecto a los policías de la Ciudad involucrados en el espionaje de la AFI contestó una evasiva, pero no contestó sobre el “Ejército de buchones”, ni dio explicaciones sobre aquellos efectivos que vienen de la última dictadura militar, como tampoco hizo mención alguna sobre los 7 casos de gatillo fácil cometidos por agentes de la Policía de la Ciudad que fueron señalados por Bregman.

3.8.2020

El Secretario Adjunto de UTE, Eduardo López, se refirió a la medida de fuerza que llevan a cabo docentes porteños desde hoy y señaló que: ¨En marzo Larreta dijo que el salario sería de 32.000 y que luego llegaría a 35.000 y ahora dice que no nos los van a pagar¨.

¨Estamos haciendo un cese de tareas hasta el miércoles donde no vamos a dar clases virtuales¨, informó Eduardo López. Además explicó que todavía no cobraron el aguinaldo correspondiente y focalizó que piden ¨llegar a los 35.000 pesos de básico que es por debajo de la línea de la pobreza¨.
El dirigente gremial se preguntó: ¨¿Tiene plata? La semana pasada comprometió 220.000 dólares para hacer un bowling en el Tiro Federal¨.
También puntualizó: ¨Larreta nos felicita en cada conferencia de prensa pero no nos da los 2.200 pesos que se había comprometido¨. En la misma línea agregó que: ¨la semana pasada amplió 109 millones para Alemarsa S.A para mantenimiento de veredas, aumentando un 40% el presupuesto para marzo¨.
¨Estamos haciendo un cese de tareas hasta el miércoles donde no vamos a dar clases virtuales¨, informó López. Además explicó que ¨todavía no cobramos el aguinaldo¨ y reafirmó que el reclamo es ¨llegar a los 35.000 pesos de básico que es por debajo de la línea de la pobreza¨.