Red de radios

27.7.2020

Por Jazmín Manuel

Yo, adolescente se estrenó, originalmente, en 2019. Dirigida por Lucas Santa Ana y basada en el libro de Nicolás “Zabo” Zamorano, explora las vivencias de la juventud luego de la tragedia de Cromañón. El jueves tuvo su estreno en el canal CineAR y ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming CineAR Play.

El 23 de julio se estrenó, de forma gratuita por CineAR, Yo, adolescente, dirigida por Lucas Santa Ana. El film era esperado por muches: hace meses que el título de esta historia está dando vueltas por redes sociales, programas de radio y notas periodísticas. Es, seguro, una de las películas argentinas más publicitadas y de las que más se estuvo hablando durante los meses que lleva el 2020. Basada en el libro de Nicolás Zamorano, quien comenzó a escribir la trama en un fotolog durante el 2005, recorre la historia de Zabo, un pibe de 16 años que atraviesa una etapa de autodescubrimiento y, a la vez, de luto, después del suicidio de su mejor amigo.
A grandes rasgos, es la típica película teen en la que los protagonistas de la trama parecen ser los vínculos sexo-afectivos, les amigues, las fiestas, las drogas y el confuso camino de un joven explorando con su sexualidad. Pero, principalmente, lo que la diferencia del resto es el contexto: la historia transcurre en la Argentina post Cromañón, atravesada por la angustia demoledora de la tragedia aún reciente. Se hacen presentes, a lo largo del film, ciertas referencias a las heridas que esa noche de diciembre de 2004 dejó, no sólo al movimiento musical del país, sino a toda una generación de jóvenes que crecieron con el trauma en sus espaldas.
A la hora de situar la película en su contexto social e histórico, la principal herramienta que se utiliza es la música. Para aquelles que están en sus 20’s y en adelante, la nostalgia es inevitable al encontrarse con escenas donde suenan canciones de Airbag, Árbol y Adicta, entre otras. Incluso, hay una escena que se ubica en un recital de Boom Boom Kid, una de las bandas más importantes del under de la década del 2000.
El film toca temas muy fuertes como la depresión, el luto y la muerte. A lo largo de la historia, se nota que, partiendo del suicidio de un amigo muy cercano, el protagonista se ve atravesado por esta pérdida, en su forma de actuar y de sobrellevar los problemas que afronta día a día. Sin caer en spoilers, se puede decir que la muerte es, en cierto punto, el hilo que conecta todas las piezas de la trama, como un ciclo que se repite.
Más allá de la presencia constante del luto, el tópico que parece tener más peso en la película es la sexualidad: el protagonista mantiene vínculos sexo-afectivos con uno de sus amigos  — con el que parece experimentar —  y una chica —con la que comparte un vínculo más íntimo. Zabo se encuentra en un permanente estado de confusión, experimentación y auto-aceptación. La forma en la que se representa este entramado de relaciones, a diferencia de muchas otras películas o series  — en las que se reafirma la “obligación” de salir del clóset, y se señala constantemente la presión del entorno — , en este film se percibe de una forma más personal. Podemos notar cómo, muy naturalmente, el protagonista se sincera consigo mismo sobre lo que siente y, además, cómo va ganando madurez a lo largo de sus experiencia; resultado de la “prueba y error”, reconociendo con el tiempo sus fallas, y aprendiendo de sus errores al relacionarse con otres.
En resumen, Yo, adolescente es una película orientada a un público juvenil, en la que se verán reflejades aquelles que se encuentran en el secundario, pero que representa, en especial, a quienes fueron adolescentes en la época de Cromañón. Más allá de la presencia de algunos diálogos que pueden percibirse un tanto forzados, no hay mucho que criticar.
La trama representa a toda una generación y visibiliza problemas que enfrentan, en general, les adolescentes; cuestiones que no deben ser subestimadas. Sin ninguna duda, es un film cuyo mensaje no solamente es importante, sino que también es necesario.

26.7.2020

Desde el Movimiento Cromañón afirman que a través de las fotos compartidas por una mamá, se enteraron que el Santuario está siendo descuidado: “Una vez más, con mucho dolor e impotencia, denunciamos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el permanente abandono del Santuario”.

Reproducimos comunicado del Movimiento Cromañón:
Hace 15 días atrás denunciamos los intentos del director del Hospital Santojanni por avasallar con el único espacio físico en el área de salud para el seguimiento de las y los sobrevivientes y familiares.
Días después, se denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la demora en la resolución de los juicios civiles y la ejecución de las sentencias. El Santuario, nace de una necesidad común de materializar el sufrimiento, de tener un espacio concreto donde recordar a las pibas y a los pibes fallecidos, pero también del deseo de encontrarnos y abrazarnos. Pese a las diferentes transformaciones que se han ido sucediendo sobre la calle Bartolomé Mitre, siempre siguió siendo nuestro lugar y el espacio sagrado de las pibas y los pibes.
Ellas y ellos viven con nosotres en esa calle. Por esto lo cuidamos, lo limpiamos, lo pintamos, lo llenamos de sentidos. La preservación del mismo tiene nuestro permanente aporte, sin embargo es Obligación del Gobierno de la Ciudad garantizar su limpieza y seguridad permanente, su alumbrado y el buen estado de todo lo que allí se encuentra.
Exigimos que las áreas gubernamentales correspondientes reglamenten y ejecuten todos los puntos que la ley de Reparación Integral a las víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas fatales de «La Tragedia República de Cromañón «, nº 6103, prevé para garantizar tales condiciones, así como denunciamos la falta de funcionamiento de la Dirección Asistencia Inmediata dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Esta Ley, sancionada en la Legislatura porteña, obliga a la Ciudad a dar asistencia a las y los sobrevivientes y familiares en materia de salud tanto física como psíquica, realizar los seguimientos correspondientes, difundir por medio de los canales oficiales todo aquello que se decida en función de la atención, asistencia económica , programas para continuar con los estudios primarios y secundarios, capacitación laboral, e inclusión en proyectos de microemprendimientos.
Que estemos denunciando el abandono del Santuario no es un hecho aislado, como hemos mencionado, sino parte de la sistemática ausencia de políticas por parte del Gobierno de la Ciudad que logran no sólo minimizar sino invisibilizar la Masacre de Cromañón, sus causas y sus consecuencias y cómo, a pesar de la ausencia estatal, permanecemos en la calle luchando y recordando en la memoria activa. No alcanza con que vayan con una hidrolavadora a limpiar cada vez que alertamos sobre el estado del Santuario.
Exigimos la permanente custodia, preservación y resguardo del espacio y todo lo que allí se encuentra y hemos construido con tanto esfuerzo y, sobre todo, el compromiso de la dirección de Asistencia Inmediata y el urgente contacto con su director Mariano Goyenechea .
Seguimos luchando por la Patrimonialización del Boliche Cromañón y cuidando nuestros espacios.
LA MEMORIA NO SE NEGOCIA
El Santuario no se toca.
¡Las y los pibes de Cromañón presentes ahora y siempre!
MOVIMIENTO CROMAÑÓN

26.7.2020

Por Jonatan Baldivieso y María Eva Koutsovitis

La gestión de la pandemia en la Ciudad Autónoma

Existe un mecanismo para evaluar la ética pública de un gobierno y es cómo trata y respeta los derechos de los sectores vulnerables, marginados del acceso a los bienes y servicios que brinda una ciudad. Este mecanismo se despliega más claramente en época de crisis, como la que estamos viviendo actualmente. También las fortalezas y las debilidades de la eficiencia de una gestión se intensifican y la idiosincrasia del grupo político que gobierna muestra su verdadero rostro. Con estas premisas, haremos un racconto desde la distancia de cómo el GCBA y la gestión de Horacio Rodríguez Larreta ha afrontado la pandemia del coronavirus Covid-19 en la Ciudad.
El 30 de enero la OMS declaró a la epidemia del Covid-19, como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. El 11 de marzo caracterizó al Covid-19 como una pandemia. El Presidente de la Nación anunció el 19 de marzo el establecimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Uno de los objetivos de esta medida era contener la transmisión de Coronavirus a fin de que los Estados (nacionales, provinciales y municipales) pudieran adecuar la infraestructura y la gestión a los desafíos de la pandemia.
En la Ciudad de Buenos Aires, la gestión estableció que existían tres ámbitos sociales y espaciales muy vulnerables, los geriátricos, los paradores y las villas.
Al presente, más de la mitad de los geriátricos tienen casos confirmados, se infectaron 1947 adultos mayores y fallecieron 201. El aislamiento comunitario no funcionó. El fracaso se debió a la precariedad laboral de los trabajadores de la salud, a la falta de controles estatales del cumplimiento de los protocolos y del estado de las habilitaciones, y también a que los protocolos no contemplaron la particularidad de decenas de personas conviviendo en ámbitos espaciales comunes. Al fallar las medidas preventivas, el protocolo propone para la contención del contagio la realización de un hisopado a los siete días de la aparición del caso confirmado sin considerar que esa persona estuvo contagiando en forma previa a la aparición de los síntomas y que mientras se esperan los resultados de los hisopados la cadena de contagios continúa.
Este problema también lo tienen los “protocolos implementados” en los paradores de la ciudad, donde se encuentran alojadas aproximadamente 2000 personas que se encuentran en situación de calle. Con una salvedad, hasta el día de la fecha no existe un Protocolo Integral específico para los paradores. Existen protocolos de ingreso y ante casos sospechosos, pero no uno que regule justamente las medidas de prevención. El juez Scheibler expresó en una sentencia que dicho protocolo resulta “ineficaz para impedir que las personas que se encontrasen en paradores pudieran contagiarse masivamente”, debido a que, «durante el tiempo de incubación del virus, la persona que lo posee no presenta síntomas –por lo que el protocolo aún no se activa— pero ya sería capaz de propagarlo”. En esta misma causa judicial, el gobierno acompañó un protocolo aprobado el 6 de enero de 2020. Resulta admirable el grado de prevención del GCBA, sólo que en su contenido no existe ninguna mención a Coronavirus.
Una vez quebrantada la barrera del aislamiento comunitario, el Covid-19 infectó a 90 de las 92 personas que habitaban en el parador de Retiro. El gobierno sostuvo que aplicó todos los protocolos. Quizás los protocolos están mal elaborados y no consideran el hecho de que cientos de personas están conviviendo hacinadas durante las 24 horas del día en un espacio cerrado. Tal vez la propia existencia del parador es contraria a toda medida de prevención en esta crisis sanitaria y las personas en situación de calle debieron ser alojadas en hoteles, algo más digno y respetuoso del derecho a la vivienda. Dignidad que el gobierno reconoció a los repatriados, pero desconoce a los que viven en la calle. El trato desigual no termina allí. En la ciudad los contagiados con síntomas leves van a hoteles, en cambio a las personas en situación de calle las alojan nuevamente en otro parador, uno especial construido en Costa Salguero. El Código de Edificación aprobado en 2018, redujo de 30 a 18m2 la superficie mínima de una vivienda. Decisión muy cuestionada socialmente. Pero el gobierno no respeta lo que exige a los privados que construyen en la ciudad. A los que están en situación de calle les ofrece un espacio de alrededor de 4m2. Las viviendas colmenas, que existen en otros países y nos escandalizan, por lo menos otorgan esos espacios con intimidad.
A pesar de haber individualizado a las villas (Barrios Populares según la Ley N° 27.453) como ámbitos de alta peligrosidad de contagio, el gobierno de la Ciudad demoró más de dos meses y medio desde el establecimiento del aislamiento para la elaboración del “Protocolo de Actuación frente a la Propagación de Covid-19 en Barrios Populares”. Una aclaración menor: el GCBA no estuvo más de dos meses elaborando el protocolo, sino que no pensaba elaborarlo. El juez Darío Reynoso tuvo que obligar al gobierno a confeccionarlo. El 30 de mayo se aprobó la primera versión del protocolo, que hasta el día de la fecha no supera el status de un conjunto de lineamientos generales.
Mientras tanto los Barrios Populares fueron sacrificados. Durante semanas barrios como Carlos Mugica (ex Villa 31-31bis), Padre Ricciardelli (ex Villa 1-11-14), Scapino o Villa 21-24 sufrieron la falta de agua potable. La precariedad de la infraestructura sanitaria en las villas es generalizada y no garantiza que el agua que llega a las viviendas sea potable y segura. Además, los cortes del suministro son recurrentes. Por esta razón, advirtiendo que el gobierno continuaba con la misma asistencia sanitaria que ya era deficitaria en pre pandemia, la Cátedra de Ingeniaría Comunitaria (CLIC) logró que la Justicia, en una sentencia histórica, ordenara garantizar agua potable a las 400.000 personas que viven en las villas. Desde el 6 de mayo, a casi dos meses de la orden judicial, el gobierno no acompañó ni un escrito informando al juzgado que cumplió la medida judicial. Decidió endilgar responsabilidades a AYSA y al Estado Nacional. En un posicionamiento insólito, Rodríguez Larreta sostuvo que la ciudad no tenía ninguna responsabilidad con el 15% de su ciudadanía. Esta semana un juez federal le recordó que los habitantes de las villas también son ciudadanos/as de la ciudad y que son su responsabilidad y que, por lo tanto, la causa judicial debe tramitar ante jueces de la ciudad.
La correlación es directa entre el corte de suministro de agua y el incremento de contagios. El Ministro de Salud, Fernán Quirós, informó que estudios con testeos serológicos IgG, para medir la cantidad de personas con anticuerpos de coronavirus, detectaron que el 53% de los habitantes del barrio cursaron la enfermedad.
El incumplimiento de sentencias judiciales en estos temas no es novedoso. El 18 de febrero de 2011, la Justicia ordenó elaborar un plan de obras para disminuir el riesgo eléctrico de la Villa 21-24 realizando las reparaciones urgentes que resultaran necesarias. Pero el gobierno no cumple la medida judicial. Mientras tanto murieron personas electrocutadas en el Barrio. Ni la pandemia modificó el respeto oficial por la vida. Hace semanas que la Villa 21-24 sufre cortes continuos de luz en distintos sectores del barrio por varios días.
A cuatro meses del aislamiento, la ciudad aún no tiene protocolos para inquilinatos ni para edificios residenciales. La pandemia hace todo lo posible para poner en el centro del debate de la Ciudad la emergencia habitacional, pero sigue sin hacer mella en la mirada negacionista del gobierno. ¿Será porque su atención está fija en no permitir que la pandemia frene los negocios inmobiliarios? Tanta es la concentración del gobierno de Rodríguez Larreta en los temas inmobiliarios, que la Legislatura, a instancias del bloque oficialista, estuvo sin sesionar durante un mes porque la Justicia Federal ordenó que no se altere la situación de hecho y de derecho de inmuebles ferroviarios ubicados en Villa Crespo y del predio conocido como Triángulo de Salguero. La Legislatura que estaba apremiada por votar las leyes que autorizaran negocios inmobiliarios en estos terrenos quedó sin agenda de discusión durante un mes.
Detallamos solo algunos capítulos de lo sucedido en la Ciudad durante esta pandemia, para que lo esencial no sea invisible a la memoria y para que a posteriori de los discursos observemos que en la Ciudad hay un ejercicio del arte de la política orientado a transformar lo público en privado y una manifiesta práctica de sacrificio de los sectores populares.

25.7.2020

Por Ariel García

Tras haberse pronunciado en contra del proyecto de ley presentado por Juntos por el Cambio en la Legislatura porteña, el Frente de Todos se abstuvo en general. El bloque del Frente de Izquierda encabezado por Myriam Bregman acompañó el pedido de las calles rechazando la ley.

«No podemos acompañar una #LeyDeApps que no escucha los reclamos de lxs trabajadorxs de plataformas de delivery» había publicado en su cuenta de Twitter la joven legisladora Lucía Cámpora del Frente de Todos. Las y los trabajadores habían dejado en claro que la Ley presentada por el larretismo buscaba avalar el modelo de precarización y fraude laboral que reclaman las empresas como Rappi, Glovo, Pedidos Ya y Uber Eats.
La ley que se aprobó avala el modelo de trabajo de estas empresas que imponen cortos tiempos de entrega y que pagan entre 45 y 70 pesos por pedido, una miseria mientras ganan millones. Impone a las y los repartidores la responsabilidad y los costos de los materiales de seguridad; y desliga a las empresas de toda responsabilidad ante cualquier accidente laboral o inconveniente, además de dar vía libre a que las estas sigan despidiendo por mail. El Gobierno de Larreta con esta ley avala el fraude laboral y la precarización.
El rechazo entre los trabajadores era unánime. La ubicación del sindicato Asimm y sus patotas que golpearon compañeros, está al servicio de que no se desarrolle ninguna vanguardia de organización y lucha, se oponían de palabra al proyecto aunque tampoco prepararon ninguna lucha seria para tirarlo abajo y enfrentar a Larreta y sus amigos CEO´s. Como hicieron los jóvenes residentes y concurrentes de salud el año pasado, haciendo retroceder a Larreta y su ley de flexibilización en salud. Asimm, una conducción sindical alineada con el Frente de Todos a nivel nacional y de la Ciudad, que ahora dice que hay que confiar en Alberto Fernández, cuando en el Congreso aún no se abrió ninguna discusión. Entonces nos preguntamos ¿a qué juega el Frente de Todos? Dice que se opone, luego se abstiene y le deja vía libre a Larreta y a las empresas para que avancen.
Llama la atención de quienes en pos de representar los derechos de la juventud trabajadora, se les pueda siquiera ocurrir abstenerse ante semejante injusticia, semejante fraude laboral que ellos mismos denunciaron, pero a la hora de que las papas queman, prefieren abstenerse.
Del otro lado de la valla, trabajadores de la Asamblea Nacional de Trabajadores de Reparto se movilizaban bajo un inestable clima. No era la primera vez que lo hacían. Contando tres paros internacionales y diferentes acciones hacia la Legislatura habían dejado en claro que esta ley favorecía solo a las empresas, y que el modelo de trabajo que buscaba avalar fue el causal de la muerte de 7 trabajadores en lo que va de la cuarentena, por quienes se vienen movilizando y exigiendo justicia. Junto a repartidores de La Red de Trabajadorxs Precarixs, parte de la Asamblea Nacional, se movilizaron trabajadoras de call-center, trabajadoras domésticas y de comidas rápidas que están en lucha.
El día de la votación el bloque del Frente de Todos, en el que se encuentra el asesor presidencial Leandro Santoro, se abstuvo de la ley en general y votó a favor de algunos artículos. ¿En contra? Nada.
Los legisladores del Frente de Izquierda-Unidad y la legisladora de AyL fueron los únicos que votaron negativamente, rechazando la ley que legitima la precarización que sufren miles, como pedían las y los trabajadores que manifestaban en la puerta de la Legislatura.
La polémica siguió y las legisladoras y legisladores peronistas no han emitido una explicación al respecto, ¿por qué no rechazar una ley que es un ataque directo a los trabajadores? Tampoco se han pronunciado por el ataque de una patota de Asimm a los trabajadores a metros del recinto.
Más allá de que el voto del Frente de Todos no era decisivo para que Larreta avance con su ley (acordada junto con los legisladores de la UCR y de Lousteau, que ya tenían los votos para ser aprobada) el voto en contra de esta ley era un fuerte respaldo a la lucha de los trabajadores de reparto por sus condiciones laborales en medio de la pandemia.
La abstención, es un mensaje político a las patronales para que puedan avanzar sobre los derechos de les pibes sin ningún problema de aquellos que se dicen oposición. Esto ya lo vimos, cuando el Frente de Todos votó endeudar a la Ciudad a pedido de Larreta, lo opuesto a «desendeudar» el país y lo contrario a un impuesto a las grandes fortunas.
Esta señal fortalece a las empresas para impedir que a nivel nacional se conquiste un convenio colectivo de los repartidores de las Apps, un golpe al reclamo de miles de pibas y pibes que dan su vida pedaleando en las calles en beneficio de estos monopolios. A pesar de esto, el apoyo del Frente de Izquierda-Unidad en la Legislatura y la organización en desarrollo de las y los trabajadores es un punto de apoyo para seguir esta pelea que recién empieza.
El debate sobre la votación también fue tratado en el día de ayer, viernes, en el portal del diario Página/12 por la periodista Roxana Sandá quien escribió: «Se estima que existen unxs 160.000 trabajadorxs de plataformas digitales en todo el país: cerca de 60.000 son de reparto. La legisladora Myriam Bregman, del Frente de Izquierda -único bloque junto con AyL que votaron en contra del proyecto-, sostiene que mientras tribunales de todo el mundo establecen una relación de dependencia entre las plataformas y lxs trabajadorxs, en la Argentina los grandes empresarios intentan imponer una reforma laboral de hecho, y parte de ese objetivo es ir a una ’uberización’ de la economía, reforzando las cadenas de desigualdad. Quieren cortar la responsabilidad de las empresas con sus dependientes mediante el uso de plataformas, algo que hoy es ilegal porque lo prohíbe la Ley de Contrato de Trabajo, aunque no la hagan cumplir. El ’capitalismo de plataformas’ es austero porque con sólo invertir en software ganan millones. Esta ley favorece a las empresas que se están llenando de dinero con la pandemia, pero quienes apuestan a ese negocio saben que el gran límite a su rentabilidad es la organización de lxs trabajadores».

24.7.2020

En un nuevo relevamiento, la Asamblea demuestra que hay 270 camas de Unidad de Terapia Intensiva y no 450, como sostiene el Gobierno de la Ciudad. Además, hay sólo un profesional médico cada 30 pacientes, falta de capacitación y de protocolos, que aceleran y profundizan el colapso del sistema de salud.

En el segundo relevamiento sobre 17 hospitales de la Ciudad, la Asamblea de Residentes y Concurrentes porteños demuestra que en la tierra de Larreta y compañía, el desborde del sistema público de salud es inminente y que no se cuenta con 450 camas en UTI (Unidad de Terapia Intensiva) sino con 270. Además, dichas camas sólo cuentan con algunos respiradores y no con toda la aparatología necesaria para atender correctamente, como monitores de control, bombas de infusión continua y el adecuado personal capacitado.
Las otras camas destinadas a pacientes Covid que no están en UTI, llegan a una ocupación del 87% (992 ocupadas sobre un total de 1139). Muchas de ellas están ubicadas en las guardias o en salas improvisadas, en varias ocasiones sólo separadas por un nylon.
El relevamiento agrega que más de la mitad de la guardia UTI está a cargo de residentes, profesionales en formación y capacitación, cuando en realidad no es más que la cara de la precarización laboral en salud, mediante jornadas extensas de trabajo y un sueldo menor al personal de planta; y que el 66% de dichos residentes no cobra por las guardias realizadas.
En relación a la implementación de nuevos protocolos, sólo se aplicaron en el 7,7% de los hospitales. El 53,8% de las entrevistas, arroja que no hubo mejoría en los espacios de descanso. Un dato alarmante: el 41,7% de los hospitales no cuenta con incorporación de personal para hacer frente a la pandemia, lo que genera mayor sobrecarga laboral y exposición al contagio para quienes desempeñan sus tareas. Por otro lado, en el 50% de los hospitales donde sí se incorporó personal, el mismo es de manera transitoria, lo que avala los contratos precarios por un tiempo determinado y no garantiza el pase a planta permanente.
Desde el inicio de la pandemia, las medidas adoptadas por el Gobierno de la Ciudad, como así también el gobierno de la Provincia de Buenos Aires (el AMBA es el área con mayores contagios del país) y el gobierno nacional, consistieron en aislar a la población para “ganar tiempo”, pero desde fines de marzo hasta la actualidad, el acondicionamiento de los hospitales a lo largo y a lo ancho del país es insuficiente, están desbordados, se multiplica el contagio entre trabajadores de salud y ya son más de 20 los fallecidos.
Además, en noticias recientes se escuchó decir al ministro de salud Ginés González García que los contagios aumentan por “la indisciplina social”, adjudicando la responsabilidad individual, pero sin hacer mención a los miles de trabajadores que, presionados por las empresas y las fábricas, sí o sí tienen que concurrir a los lugares de trabajo, enormes focos de contagio. A esto se agrega que la modalidad de aislar sin testear a los contactos estrechos, aún no alcanza para conocer la información epidemiológica de manera certera, en cuanto a la cantidad de casos y sectores de población con mayor exposición al virus.
A la fecha, Argentina cuenta con más de 150.000 casos y en las últimas 24 horas los contagios se dispararon a 5439. La cifra de muertes asciende a 2702. En el pico de la pandemia, es imperante imponer la agenda de la salud a la altura de la crisis sanitaria, mediante la implementación de protocolos, insumos de calidad para poder atender, testeos masivos entre trabajadores esenciales y la creación de comisiones de higiene y seguridad, llevadas adelante por los mismos trabajadores de la salud. Como también la unificación del sistema de salud privado con el público y que todos los recursos estén destinados a las necesidades de la población.