Red de radios

25.7.2020

Por Ariel García

Tras haberse pronunciado en contra del proyecto de ley presentado por Juntos por el Cambio en la Legislatura porteña, el Frente de Todos se abstuvo en general. El bloque del Frente de Izquierda encabezado por Myriam Bregman acompañó el pedido de las calles rechazando la ley.

«No podemos acompañar una #LeyDeApps que no escucha los reclamos de lxs trabajadorxs de plataformas de delivery» había publicado en su cuenta de Twitter la joven legisladora Lucía Cámpora del Frente de Todos. Las y los trabajadores habían dejado en claro que la Ley presentada por el larretismo buscaba avalar el modelo de precarización y fraude laboral que reclaman las empresas como Rappi, Glovo, Pedidos Ya y Uber Eats.
La ley que se aprobó avala el modelo de trabajo de estas empresas que imponen cortos tiempos de entrega y que pagan entre 45 y 70 pesos por pedido, una miseria mientras ganan millones. Impone a las y los repartidores la responsabilidad y los costos de los materiales de seguridad; y desliga a las empresas de toda responsabilidad ante cualquier accidente laboral o inconveniente, además de dar vía libre a que las estas sigan despidiendo por mail. El Gobierno de Larreta con esta ley avala el fraude laboral y la precarización.
El rechazo entre los trabajadores era unánime. La ubicación del sindicato Asimm y sus patotas que golpearon compañeros, está al servicio de que no se desarrolle ninguna vanguardia de organización y lucha, se oponían de palabra al proyecto aunque tampoco prepararon ninguna lucha seria para tirarlo abajo y enfrentar a Larreta y sus amigos CEO´s. Como hicieron los jóvenes residentes y concurrentes de salud el año pasado, haciendo retroceder a Larreta y su ley de flexibilización en salud. Asimm, una conducción sindical alineada con el Frente de Todos a nivel nacional y de la Ciudad, que ahora dice que hay que confiar en Alberto Fernández, cuando en el Congreso aún no se abrió ninguna discusión. Entonces nos preguntamos ¿a qué juega el Frente de Todos? Dice que se opone, luego se abstiene y le deja vía libre a Larreta y a las empresas para que avancen.
Llama la atención de quienes en pos de representar los derechos de la juventud trabajadora, se les pueda siquiera ocurrir abstenerse ante semejante injusticia, semejante fraude laboral que ellos mismos denunciaron, pero a la hora de que las papas queman, prefieren abstenerse.
Del otro lado de la valla, trabajadores de la Asamblea Nacional de Trabajadores de Reparto se movilizaban bajo un inestable clima. No era la primera vez que lo hacían. Contando tres paros internacionales y diferentes acciones hacia la Legislatura habían dejado en claro que esta ley favorecía solo a las empresas, y que el modelo de trabajo que buscaba avalar fue el causal de la muerte de 7 trabajadores en lo que va de la cuarentena, por quienes se vienen movilizando y exigiendo justicia. Junto a repartidores de La Red de Trabajadorxs Precarixs, parte de la Asamblea Nacional, se movilizaron trabajadoras de call-center, trabajadoras domésticas y de comidas rápidas que están en lucha.
El día de la votación el bloque del Frente de Todos, en el que se encuentra el asesor presidencial Leandro Santoro, se abstuvo de la ley en general y votó a favor de algunos artículos. ¿En contra? Nada.
Los legisladores del Frente de Izquierda-Unidad y la legisladora de AyL fueron los únicos que votaron negativamente, rechazando la ley que legitima la precarización que sufren miles, como pedían las y los trabajadores que manifestaban en la puerta de la Legislatura.
La polémica siguió y las legisladoras y legisladores peronistas no han emitido una explicación al respecto, ¿por qué no rechazar una ley que es un ataque directo a los trabajadores? Tampoco se han pronunciado por el ataque de una patota de Asimm a los trabajadores a metros del recinto.
Más allá de que el voto del Frente de Todos no era decisivo para que Larreta avance con su ley (acordada junto con los legisladores de la UCR y de Lousteau, que ya tenían los votos para ser aprobada) el voto en contra de esta ley era un fuerte respaldo a la lucha de los trabajadores de reparto por sus condiciones laborales en medio de la pandemia.
La abstención, es un mensaje político a las patronales para que puedan avanzar sobre los derechos de les pibes sin ningún problema de aquellos que se dicen oposición. Esto ya lo vimos, cuando el Frente de Todos votó endeudar a la Ciudad a pedido de Larreta, lo opuesto a «desendeudar» el país y lo contrario a un impuesto a las grandes fortunas.
Esta señal fortalece a las empresas para impedir que a nivel nacional se conquiste un convenio colectivo de los repartidores de las Apps, un golpe al reclamo de miles de pibas y pibes que dan su vida pedaleando en las calles en beneficio de estos monopolios. A pesar de esto, el apoyo del Frente de Izquierda-Unidad en la Legislatura y la organización en desarrollo de las y los trabajadores es un punto de apoyo para seguir esta pelea que recién empieza.
El debate sobre la votación también fue tratado en el día de ayer, viernes, en el portal del diario Página/12 por la periodista Roxana Sandá quien escribió: «Se estima que existen unxs 160.000 trabajadorxs de plataformas digitales en todo el país: cerca de 60.000 son de reparto. La legisladora Myriam Bregman, del Frente de Izquierda -único bloque junto con AyL que votaron en contra del proyecto-, sostiene que mientras tribunales de todo el mundo establecen una relación de dependencia entre las plataformas y lxs trabajadorxs, en la Argentina los grandes empresarios intentan imponer una reforma laboral de hecho, y parte de ese objetivo es ir a una ’uberización’ de la economía, reforzando las cadenas de desigualdad. Quieren cortar la responsabilidad de las empresas con sus dependientes mediante el uso de plataformas, algo que hoy es ilegal porque lo prohíbe la Ley de Contrato de Trabajo, aunque no la hagan cumplir. El ’capitalismo de plataformas’ es austero porque con sólo invertir en software ganan millones. Esta ley favorece a las empresas que se están llenando de dinero con la pandemia, pero quienes apuestan a ese negocio saben que el gran límite a su rentabilidad es la organización de lxs trabajadores».

24.7.2020

En un nuevo relevamiento, la Asamblea demuestra que hay 270 camas de Unidad de Terapia Intensiva y no 450, como sostiene el Gobierno de la Ciudad. Además, hay sólo un profesional médico cada 30 pacientes, falta de capacitación y de protocolos, que aceleran y profundizan el colapso del sistema de salud.

En el segundo relevamiento sobre 17 hospitales de la Ciudad, la Asamblea de Residentes y Concurrentes porteños demuestra que en la tierra de Larreta y compañía, el desborde del sistema público de salud es inminente y que no se cuenta con 450 camas en UTI (Unidad de Terapia Intensiva) sino con 270. Además, dichas camas sólo cuentan con algunos respiradores y no con toda la aparatología necesaria para atender correctamente, como monitores de control, bombas de infusión continua y el adecuado personal capacitado.
Las otras camas destinadas a pacientes Covid que no están en UTI, llegan a una ocupación del 87% (992 ocupadas sobre un total de 1139). Muchas de ellas están ubicadas en las guardias o en salas improvisadas, en varias ocasiones sólo separadas por un nylon.
El relevamiento agrega que más de la mitad de la guardia UTI está a cargo de residentes, profesionales en formación y capacitación, cuando en realidad no es más que la cara de la precarización laboral en salud, mediante jornadas extensas de trabajo y un sueldo menor al personal de planta; y que el 66% de dichos residentes no cobra por las guardias realizadas.
En relación a la implementación de nuevos protocolos, sólo se aplicaron en el 7,7% de los hospitales. El 53,8% de las entrevistas, arroja que no hubo mejoría en los espacios de descanso. Un dato alarmante: el 41,7% de los hospitales no cuenta con incorporación de personal para hacer frente a la pandemia, lo que genera mayor sobrecarga laboral y exposición al contagio para quienes desempeñan sus tareas. Por otro lado, en el 50% de los hospitales donde sí se incorporó personal, el mismo es de manera transitoria, lo que avala los contratos precarios por un tiempo determinado y no garantiza el pase a planta permanente.
Desde el inicio de la pandemia, las medidas adoptadas por el Gobierno de la Ciudad, como así también el gobierno de la Provincia de Buenos Aires (el AMBA es el área con mayores contagios del país) y el gobierno nacional, consistieron en aislar a la población para “ganar tiempo”, pero desde fines de marzo hasta la actualidad, el acondicionamiento de los hospitales a lo largo y a lo ancho del país es insuficiente, están desbordados, se multiplica el contagio entre trabajadores de salud y ya son más de 20 los fallecidos.
Además, en noticias recientes se escuchó decir al ministro de salud Ginés González García que los contagios aumentan por “la indisciplina social”, adjudicando la responsabilidad individual, pero sin hacer mención a los miles de trabajadores que, presionados por las empresas y las fábricas, sí o sí tienen que concurrir a los lugares de trabajo, enormes focos de contagio. A esto se agrega que la modalidad de aislar sin testear a los contactos estrechos, aún no alcanza para conocer la información epidemiológica de manera certera, en cuanto a la cantidad de casos y sectores de población con mayor exposición al virus.
A la fecha, Argentina cuenta con más de 150.000 casos y en las últimas 24 horas los contagios se dispararon a 5439. La cifra de muertes asciende a 2702. En el pico de la pandemia, es imperante imponer la agenda de la salud a la altura de la crisis sanitaria, mediante la implementación de protocolos, insumos de calidad para poder atender, testeos masivos entre trabajadores esenciales y la creación de comisiones de higiene y seguridad, llevadas adelante por los mismos trabajadores de la salud. Como también la unificación del sistema de salud privado con el público y que todos los recursos estén destinados a las necesidades de la población.

23.7.2020

Por Diego Moneta

En abril creó un nuevo grupo de choque para reprimir en el contexto de aislamiento obligatorio. Hace unos días, tuvo que comprar camas de terapia intensiva por el aumento del porcentaje de ocupación. ¿Cuáles son las prioridades de Horacio Rodríguez Larreta?

A mediados de abril, en su comparecencia ante una de las comisiones de la Legislatura, el secretario de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, reconoció la existencia una nueva unidad dentro de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Conocida como “Despliegue de Intervención Rápida”, fue creada en plena pandemia para actuar ante “alguna situación anómala” que se pudiera dar en puntos que se identificaran como “sensibles”.
De esa manera, la fuerza iba a custodiar embajadas, bancos, hospitales y hasta supermercados e intentó ser justificada por D´Alessandro como una “policía de proximidad”. Sin embargo, el entrenamiento de 700 oficiales en el predio de la Avenida Francisco Fernández de la Cruz y Escalada, estuvo a cargo del Comisario Mayor Pablo Kisch, quien se encarga de la coordinación de distintos grupos especiales alejados de lo que podría ser considerado una “fuerza de cercanía”.
Su creación estaba en sintonía con gastos recientes en armamento para equipar a la policía. A principios de abril, se publicó en el Boletín Oficial de la ciudad la compra directa a Fabricaciones Militares de municiones antidisturbios por un valor cercano a los 53 millones de pesos, realizada por la Subsecretaría de Gestión Administrativa de la Secretaría de Seguridad. Además, se consideraban futuros desembolsos para vehículos y equipamientos.
D’Alessandro se justificó diciendo que era una de las compras anuales que las fuerzas llevan a cabo todos los años, sólo que se había adelantado. Sin embargo, la misma resolución (69/2020) informaba que la adquisición del material era de carácter urgente para “hacer frente a la situación socioeconómica que se está atravesando como consecuencia de la pandemia”. Rápidamente, el argumento de que era una “fuerza de cercanía” se caía.
La compra por parte del Gobierno de la Ciudad fue repudiada y denunciada por sectores de la oposición, organizaciones sociales y de derechos humanos, y el Observatorio de Derecho a la Ciudad. Posterior a la creación de la nueva unidad de la fuerza, el secretario D´Alessandro tuvo que comparecer a la legislatura.
Además, se sumaba el disgusto de los propios integrantes de la fuerza. La mayoría fueron convocados sin previo aviso, de manera muy informal, y ante una posible negativa debían conseguir un reemplazo proveniente del mismo lugar. Ya eran varios los cuestionamientos a la creación de la DIR y los gastos para su equipamiento dentro de una fuerza de seguridad que días atrás había tenido una denuncia penal por maltratos a personas en situación de calle durante los controles para cumplir el aislamiento.
El gasto apresurado en materia de seguridad contrasta con la liviandad con la que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires manejaron y manejan la situación sanitaria. Por su acción e inacción a lo largo de estos meses aparecieron distintas denuncias: falta de agua en los barrios Padre Mugica y Padre Ricciardelli, la situación de los comedores populares, y la deficiente implementación del Plan Detectar. Así mismo, tanto desde el Frente Barrial de CTA como desde ATE Capital criticaron a Horacio Rodríguez Larreta por su responsabilidad ante el manejo de la pandemia.
Estos últimos días se conoció la noticia de que el Gobierno porteño había adquirido alrededor de 40 camas de terapia intensiva. Se podría pensar que persigue el objetivo de robustecer el sistema público de salud en pleno pico de casos por coronavirus. Sin embargo, la desinversión durante los últimos años, que hizo perder cientas de plazas de internación, demuestra las prioridades del jefe porteño y, sobre todo, de su espacio político.
Según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, que analiza el período 2007-2017, la Ciudad perdió un total de 563 camas. Es decir, desde que gobierna el PRO se produjo una regresión del sistema público equivalente al cierre de cinco hospitales, según también afirma la fundación. En 2018, Cambiemos aprobó un proyecto en la Legislatura para convertir a enfermeras y enfermeros en “personal administrativo”.
A pesar del diálogo inicial con Provincia y Nación, el jefe porteño siempre marcó su posición a favor de desregular la cuarentena, al punto que llegó a participar de las salidas habilitadas para los “runners”. En un contexto que amerita la máxima responsabilidad, tanto de los ciudadanos como de las autoridades, Rodríguez Larreta no parece estar dispuesto a cambiar las prioridades. Si la opción es entre gastos en seguridad y la inversión en salud, Horacio ya eligió la primera.

23.7.2020

En el día de hoy, durante la realización de una medida de reclamo y visibilización por condiciones sanitarias y laborales, una patota del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la CABA (SUTECBA) atacó a trabajadoras y trabajadores afiliados de ATE del área de Promoción Social.

El hecho tuvo lugar en la sede del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, conocido como “Elefante Blanco”, que se encuentra en Avenida Piedrabuena al 3200 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Nos encontrábamos llevando adelante una medida en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat para visibilizar una vez más nuestro reclamo por condiciones dignas de trabajo, estabilidad laboral, elementos de protección de calidad y protocolos claros para continuar desempeñando nuestras tareas en contexto de pandemia”, relataron las trabajadores y los trabajadores de ATE Promoción Social.
“Nuestro Ministerio nos declara esenciales pero nos precariza y nos vulnera de forma cotidiana”, agregaron.
“Cuando nos estábamos retirando de forma pacífica, una patota identificada como del gremio SUTECBA avanzó sobre nosotrxs a golpes de puño y palos al grito de ‘váyanse de acá’, ‘nosotros somos mafia’, ‘acá manda SUTECBA’”.
Ante el violento ataque las trabajadoras y los trabajadores agredidos se vieron obligados a resguardarse en el interior del Ministerio, y responsabilizaron a la ministra porteña, María Migliore, del gobierno del PRO por su seguridad e integridad.
“Somos trabajadores esenciales, queremos todos nuestros derechos y los derechos para las poblaciones con las que trabajamos”, declararon.
Finalmente las personas agredidas pudieron retirarse de la sede ministerial de forma segura.

22.7.2020

Por La Retaguardia

Fabio Manupella, integrante de la organización Proyecto 7, habló acerca de las condiciones en las que vive la gente en situación de calle durante la pandemia de COVID-19. Lo hizo en el programa radial La Retaguardia, a partir de lo sucedido en el barrio porteño de Constitución a principios de julio, cuando incendiaron a una persona durante la madrugada. Manupella cuestionó la ausencia de políticas de parte del Gobierno nacional, de la Ciudad de Buenos Aires, y el incumplimiento de leyes vigentes que protegen sus derechos.

A principios de julio, una mujer en situación de calle fue prendida fuego y asesinada. Ocurrió en la madrugada del sábado 4, bajo la autopista 25 de Mayo en el barrio porteño de Constitución. Las cámaras ubicadas en el lugar, informó el medio El Grito del Sur, registraron el hecho y podrían dar indicios de la persona responsable. En referencia a este caso, Fabio Manupella, integrante de la organización Proyecto 7 que trabaja con personas en situación de calle, expresó: “Estoy muy enojado con lo que está pasando con les compañeres en situación de calle, los medios corporativos no difunden esto. Lo que pasó con nuestra compañera en Constitución, estando a dos cuadras de la Comisaría, es un lugar muy transitado por la policía. Conozco el lugar, he hecho y llevado comida para la gente de ahí. Esto fue en la calle Virrey Ceballos, a una cuadra de la Avenida San Juan. En ese momento estaba todo muy iluminado pero no había policías”.
A partir de lo sucedido en Constitución, Manupella describió las situaciones que atraviesa, en este contexto de pandemia, la gente que vive en la calle. “Hay compañeros que se están muriendo por el coronavirus. Cuando los carteles nos dicen ‘Quedate en casa’, ¿dónde tenemos nuestras casas nosotros? Si no fuera por Proyecto 7 que hizo la denuncia ante la justicia mucho antes de que comience la pandemia para que se adelante el operativo frío y que el juez ordenó al Gobierno de la Ciudad, al jefe de gobierno y sus ministros sacar, proteger y mejorar la situación que vive la gente en situación de calle. No hicieron nada de nada. Tenemos que aclarar algo, que es muy difícil y esperemos que se entienda bien: tener encerrada a gente en situación de calle que tiene problemas de adicciones, familiares, y un montón de cuestiones, es muy difícil. Proyecto 7 lo hace, y el Gobierno no, y no tiene ninguna intención de hacerlo. Y esto viene desde hace muchos años. Hace 20 días atrás murieron dos personas: una compañera de 24 años de coronavirus, y otro compañero de Barracas también, cerca del CI (Centro de Integración de Proyecto 7). Y si no fuera que llamamos a la ambulancia hubiese muerto en la calle, como están muriendo otros”, denunció. Y agregó: “No hay control de limpieza e higiene, no tienen profesionales, como psicólogos. El Gobierno de la Ciudad cree que con un chocolate caliente y tener encerrada a la gente se arregla el problema, y no es así”.
“A nosotros el subsidio habitacional no nos sirve, es de 5.000 a 7.000 pesos. ¿Qué hacés con eso? ¿Dónde alquilás? Se puede ir a un hotel y después se está en situación de calle de nuevo. Nosotros queremos políticas públicas. Que existan de verdad, que se cumplan. Hay una ley, la 3706, que no se cumple. El BAP (Buenos Aires Presente) no existe y nunca existió. El operativo frío consiste en ir a los paradores y nada más. Y la pandemia va seguir hasta que no salga una vacuna, y nosotros vamos a seguir estando en la calle. Hasta ahora nadie del Gobierno lanzó el operativo frío.”, remarcó. La ley a la que hace referencia es la de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle. “Vengo enojado con lo que está pasando, porque nadie ve nada, o se hacen los boludos. Veo los carteles por la ciudad de ‘quedate en casa’, y justo debajo de uno a dos compañeres durmiendo. La Ley 3706 se tiene que cumplir, y se tiene que aplicar. Ningún medio habla de esto, si no fuera por los medios alternativos y populares esto no se sabría”, continuó.
El integrante de Proyecto 7 también responsabiliza al Gobierno nacional: “Esto pasa en todo el país. Nadie quiere vivir en la calle, esto es provocado por los Estados. Y lo que está pasando con la pandemia es que la gente se quedó sin trabajo. Hoy hay un 30% más de gente en la calle de lo que había. Si uno va a Pavón y Entre Ríos (Desarrollo Social de La Ciudad) se ven colas desde las tres de la mañana. Esa oficina es un desastre, lo que se ve ahí es muy indigno. Hay maltrato”, manifestó.
Por último, hizo mención de que los CI de la organización están desbordados, y aclaró que al mismo tiempo están siendo muy estrictos con las exigencias de higiene y protocolos por el coronavirus. “Compañero que entra, ni bien llega, va al baño, la ropa se pone una bolsa, y se cambia. Los compañeros tienen los barbijos constantemente puestos”, detalló.
“Nuestra vida no son diez mil pesos por día”, declaró en referencia a un fallo de la justicia que obliga al jefe de gabinete del Gobierno porteño, Felipe Miguel, al cumplimiento de hacerse cargo de la gente en situación de calle, y que no de cumplirse la multa sería de ese valor por cada día que pase. La principal exigencia del juez Guillermo Scheibler, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 13, es que se active el protocolo de actuación para prevención y manejo de casos sospechosos con el fin de prevenir la propagación del virus COVID-19 en los hogares, lugares y/o dispositivos de resguardo. Y que dote a los paradores y hogares de los y las profesionales de la salud que fueran necesarios en cada uno según su caso. Algo que el Gobierno continúa incumpliendo.