Red de radios

16.7.2020

Natalia Sposato

El Gobierno de la ciudad ingresó sin notificación previa a todas las clases que funcionan en el aula virtual oficial. Docentes y estudiantes rechazan la intromisión y defienden la libertad de cátedra.

Este jueves el rectorado del Joaquín V. González hizo pública la respuesta de la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente (UCSFD) ante la consulta por la aparición de una “persona” ajena a la institución en las aulas virtuales. La misma figura identificada como “María Pitton”, según el organismo dependiente del gobierno, es la encargada de realizar el “seguimiento de la conectividad”. Sin embargo, el sindicato de docentes Ademys denuncia que este usuario fue parte de clases virtuales en el conjunto de los 29 terciarios de la CABA, algo imposible para una sola persona. Queda en evidencia que a las prácticas de “ciberpatrullaje” el Gobierno de Larreta y, la ministra de Educación, Acuña sumó el espionaje a los docentes y estudiantes de los profesorados.
En momentos en que crecen los reclamos de la comunidad educativa ante la deserción y la preocupación de los docentes por los protocolos que elaboró el Ministerio conducido por Acuña para la vuelta a clases ¿qué quiere controlar el Gobierno de Larreta en las aulas?
Los institutos se encuentran en conflicto con el gobierno desde hace al menos dos años debido a la implementación de la UniCABA que busca reemplazar a los profesorados, terminando con la autonomía de los mismos. Este episodio de espionaje es un ataque a las libertades de los estudiantes y docentes. Así lo explica Ademys en su declaración: “Esta situación de control del trabajo docente y de la participación de la comunidad educativa en las aulas virtuales, según reflejan por ejemplo los comunicados del ISP Joaquín V. González, no había sido consultada a dicha institución y por lo tanto vulnera un principio elemental de respeto a la libertad de cátedra ejercida por cada docente y significa una injerencia de esta Unidad creada por el Ministerio de Educación de Caba, en los institutos.”
La vigilancia, el espionaje y la represión en la cuarentena se ha vuelto una política de Estado en todos sus niveles. Facundo Castro lleva más de dos meses desaparecido y se lo vio por última vez en un patrullero de la Policía Bonaerense. Ya son al menos 13 los muertos a manos de las fuerzas represivas en los últimos cuatro meses.
En las escuelas la comida no alcanza y es de mala calidad como refleja el fallo que la justicia otorgó luego de la presentación de las legisladoras del Frente de Izquierda, Myriam Bregman y Alejandrina Barry. Es frente a este tipo de demandas vienen en aumento ante la gravedad de la situación económica que las respuesta es redoblar el uso de las fuerzas represivas.
Sofía Quaglia, consejera estudiantil del Profesorado Normal N°1 y referente de la agrupación 9 de Abril, declaró: “Mientras el gobierno de la ciudad nos espía, son miles de compañeros que se quedaron sin laburo, sufrieron rebajas salariales o no tienen ningún derecho laboral porque están precarizades y mantener la cursada virtual se les vuelve imposible. Al mismo tiempo nuestros docentes están sobrecargados de trabajo y no reciben ayuda alguna para hacer frente a las clases virtuales.” Y agregó: “estamos exigiendo el retiro inmediato de la intromisión de los funcionarios y personal de la UCSFD del gobierno de la Ciudad de las cursadas de los 29 institutos terciarios. No vamos a dejar pasar ningún avance sobre nuestra autonomía”.

16.7.2020

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta busca regular la actividad de repartidores y repartidoras de apps a través de la modificación del Código de Tránsito y Transporte. El proyecto se trata hoy en la Legislatura porteña. Por eso, trabajadores y trabajadoras de apps como Glovo, Rappi, Pedidos Ya o Uber Eats, concentran desde las 10.30 frente al edificio legislativo en rechazo a la iniciativa oficial. “Este proyecto significa legalizar la precarización laboral para los trabajadores de apps de reparto. Es un ataque a los ingresos, a la jornada laboral y a la vida de los trabajadores de reparto. Quiere impedir que los trabajadores de provincia de Buenos Aires trabajen en CABA. Impone nuevas obligaciones que golpearan al bolsillo de los trabajadores, nuevas vestimentas, seguros y multas. Significa mayores gastos, por ende, jornadas laborales más extensas que lejos de terminar con las muertes en reparto, las profundiza. Hacemos responsables de nuestras vidas y las de los siete compañeros muertos a las empresas y a los gobiernos”, sostuvo en un comunicado la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR).

Desde las 10:30 se trata en la Legislatura porteña el Proyecto de ley impulsado por Vamos Juntos, que busca regular la actividad de los y las trabajadoras de reparto de plataformas digitales a partir de la modificación del Código de Tránsito y Transporte. Un proyecto rechazado por la oposición – que quedó en minoría en la votación del dictamen para que llegue a su tratamiento hoy – y organizaciones y asociaciones de trabajadores y trabajadoras de reparto. Para que el proyecto regulatorio se apruebe el bloque legislativo que responde al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta necesita 31 votos, que se estima que obtendría con los votos provenientes de la UCR-Evolución.
El proyecto define a las plataformas de reparto como Glovo, Rappi, PedidosYa y UberEats como “Operadores de Plataforma Digital donde terceros ofertan y demandan servicios de Mensajería y Reparto”, y a cada repartidor o repartidora como “persona humana que ejecuta el servicio”. De esa manera, las empresas quedan reconocidas como “intermediarios” que brindan su plataforma para que los y las repartidoras oferten opciones de trabajo, sin reconocer la relación laboral entre ellos, lo cual aporta a legalizar la precarización laboral que ya sufren día a día, con largas jornadas laborales, sin salario fijo, sin relación de dependencia, obra social ni ART, todas situaciones que denuncian cotidianamente las organizaciones y asociaciones de trabajadores de reparto, que ya realizaron cuatro paros internacionales y tres nacionales en reclamo de sus derechos laborales.
La Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR) convocó a concentrar hoy frente a la Legislatura porteña “para repudiar el proyecto de Juntos por el Cambio de modificación de la ley vial que significa legalizar la precarización laboral para los trabajadores de apps de reparto”, sostuvo la agrupación en un comunicado.
“Este proyecto va en contra de todos los reclamos que los repartidores venimos realizando en los últimos cuatro paros nacionales e internacionales – remarcó ATR – Es un ataque a los ingresos, a la jornada laboral y a la vida de los trabajadores de reparto. Quiere impedir que los trabajadores de provincia de Buenos Aires trabajen en CABA. Impone nuevas obligaciones que golpearan al bolsillo de los trabajadores, nuevas vestimentas y seguros, nuevas multas. Esto significa mayores gastos, por ende, jornadas laborales más extensas que lejos de terminar con las muertes en reparto, las profundiza. Hacemos responsables de nuestras vidas y las de los siete compañeros muertos a las empresas y a los gobiernos”, sostuvo la agrupación, que reclama una regulación que reconozca el vínculo laboral, que contemple medidas de seguridad para terminar con las muertes laborales, un ingreso igual a la canasta familiar, ART y cobertura médica para quienes realizan tareas de reparto.

15.7.2020

Desde la Junta Interna ATE de Promoción Social CABA continúan en estado de alerta y movilización ante la crítica situación social en la Ciudad de Buenos Aires y las políticas de vaciamiento para el área por parte del gobierno porteño.

“Luego de más de 100 días de implementado el aislamiento social preventivo y obligatorio, las políticas públicas sociales lejos están de poder responder de manera acorde a la crisis económica y social que nos encontramos atravesando”, afirman.
Entre los hechos que evidencian las consecuencias de este vaciamiento de políticas públicas, la Junta señala que en la actualidad hay hogares, que además de estar superpoblados y en pésimas condiciones edilicias, no cuentan con el personal necesario para llevar a cabo las tareas de cuidado. Esto imposibilita el acompañamiento y contención que necesitan los niños y niñas alojados o las mujeres víctimas de violencia de géneros que se encuentran viviendo en estos lugares.
En este sentido, denuncian que en las últimas semanas hubo más de 60 contagios de coronavirus entre trabajadores, niños, adolescentes y mujeres convivientes. “La decisión de no destinar mayores recursos sumada a una improvisación sostenida, redundan en la falta de medidas de cuidado adecuadas. Al día de hoy, es deficitaria la aplicación de protocolos para casos sospechosos y confirmados, continúan sin implementarse los testeos de forma ágil, hay falencias en el mapeo de contactos estrechos, y es deficiente la provisión de elementos de protección personal para evitar contagios. Asistimos a situaciones extremas donde debido a la falta de personal, se tergiversan criterios sanitarios adrede, presionando y amedrentando a lxs trabajadorxs para tomar tareas, a sabiendas de someter a riesgos evitables que incluyen a la población con la que trabajamos”, detallan desde la Junta.
Agregan que la falta de protección también se hace evidente cuando se niegan derechos básicos, como la entrega de una cantidad miserable de alimentos por familia cada 15 días, productos que muchas veces llegan podridos; también cuando no se otorga un subsidio habitacional y se expulsa a la situación de calle.
Respecto a la situación de los trabajadores, explican que en un Ministerio declarado esencial, como es el de Desarrollo Humano y Hábitat, que encabeza María Migliore, más de la mitad cobra “salarios de miseria”, que se encuentran por debajo de los 25000 pesos, además de estar contratados “de forma fraudulenta” a través del monotributo o la tercerización: “Así, hoy estamos al frente sin derechos básicos como ART. A ello hay que sumar el escándalo del pago de aguinaldo en cuotas, que bien vale decir, muchxs compañerxs ni siquiera lo reciben por la condición irregular de contrato”.
“Lo esencial se hace invisible a los ojos del Gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta que apuesta a que la crisis en curso recaiga sobre las espaldas de lxs laburantes y avanza con el ajuste a costa de los derechos de las poblaciones más vulnerables. Desde nuestra Junta Interna seguiremos defendiendo el salario y nuestras condiciones de trabajo, como así también los derechos de las personas con las que trabajamos y es por ello que nos encaminamos a la toma de medidas de mayor conflictividad para garantizarlos”, finalizan desde la Junta Interna ATE Promoción Social CABA.

14.7.2020

Trabajadores de aplicaciones de delivery volvieron a concentrarse en el Obelisco en reclamo de que las empresas les proporcionen material de prevención contra el Covid-19, y además se declararon en alerta contra un proyecto que se analiza en la Legislatura y que consideran que los perjudica.

Como en anteriores ocasiones, los empleados del sector se manifestaron en plena Avenida 9 de Julio en reclamo de que las empresas les provean elementos para los cuidados sanitarios en el marco de la pandemia del coronavirus.
No obstante, durante la movilización los repartidores se enteraron que en los próximos días podría tratarse y aprobarse una ley que impulsa el oficialismo porteño de regularización de la actividad del delivery y que rechazan al considerar que «se hizo de espaldas a los trabajadores».
«Nos acabamos de enterar que este jueves podría discutirse en la Legislatura un proyecto de (el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta de regularización del trabajo y que nosotros rechazamos porque se hizo a espaldas de los trabajadores», dijo Damián Zárate, delegado de los empleados de apps de delivery.
Según el trabajador, con esta ley «6.000 pibes se quedan sin laburo, ya que por ejemplo los que son de provincia no van a poder trabajar en la Ciudad» y comentó que «lo único favorable es la ART», en referencia a la cobertura que se prevé la iniciativa para accidentes de trabajo.
El mes pasado, el gobierno de la Ciudad logró obtener despacho de mayoría en la Legislatura porteña para su proyecto de ley que busca regular la actividad de repartidores y de las plataformas de aplicaciones de delivery.
El proyecto contempla una normativa para regular el servicio de mensajería y reparto de alimentos, popularizados por apps como Rappi, Glovo, PedidosYa y Uber Eats, pero no cuenta con el visto bueno de la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR).

14.7.2020

Por Vivian Palmbaum

En la Villa 21-24 hace dos semanas que varias manzanas están sin luz y en otras se corta todos los días. Hacerle frente a la pandemia con la escasez y las carencias estructurales. Entrevista con Flavia Romero del Frente Popular Darío Santillán e integrante de la Junta Vecinal.

En la Villa 21-24, de la CABA viven más de 80.000 personas. Uno de los barrios populares más grandes de esta Ciudad donde cotidianamente sus habitantes están sometidos a una vulneración que se multiplica. Quienes viven en el barrio vienen denunciando una situación de precariedad en el tendido eléctrico al que nunca le dieron solución, y que ahora se vive de manera continuada desde hace más de quince días. Se suma a la falta de agua y cloacas que en la pandemia se convierte en un detonante de contagios masivos que enfrentan las organizaciones del barrio y que al momento de escribir estas líneas suman 2029 casos de Covid 19.
Desde Marcha entrevistamos a Flavia Romero, del Frente Popular Darío Santillán e integrante de la Junta Vecinal de la Villa 21-24 y parte del comité de crisis del barrio.
¿Cómo está la situación en el barrio con los cortes de luz?
“Hoy en el barrio no la estamos pasando muy bien. Más allá del Coronavirus, estamos padeciendo los cortes de luz en el barrio, es muy lamentable lo que nos está pasando. Ya hace dos semanas que el corte de luz es continuo. En varias manzanas estuvimos tres, cuatro días sin luz y se corta todos los días, por ahí viene una hora y se vuelve a ir. El gobierno no se está haciendo cargo de la gran problemática que tenemos acá en el barrio”.
Flavia Romero responsabiliza al gobierno de Ciudad, Edesur y la gestión que hace la UGIS. La Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS) es una estructura creada por el gobierno de la Ciudad, desde la gestión del Pro, que debiera asistir en situaciones de emergencia social además de organizar, ejecutar y supervisar las obras de solución, mejoramiento habitacional y mantenimiento del hábitat en villas y barrios vulnerables. Sin embargo tal como señala Romero, “ellos tienen que laburar en el barrio, no solo la electricidad, sino el agua, a luz, las cloacas y todas las cosas que pasan en el barrio y no está pasando”.
Frente a esta situación que no encuentra respuestas, Romero explica que “hace unos días atrás hicimos una movilización desde el barrio hasta la Jefatura de Gobierno, que ya no se puede vivir sin luz, la situación no da para más. Pudimos lograr que nos reciba la gente de Edesur y la gente del gobierno y poder trasmitirles las necesidades que tenemos acá en el barrio con el tema de la luz”.
¿Cómo se cuida la salud sin agua en pandemia?
La luz tiene que ver mucho con el agua también. Acá cuesta mucho que salga el agua, tenemos sectores que no hay y en varias casas tienen motor y si no tenes luz no podes hacer subir el agua para poder abastecerse todo el día y poder higienizarse. Nosotros decimos el gobierno hace la propaganda en la tele de que hay que higienizarse para combatir el virus, pero ¿cómo hacemos nosotros si ni siquiera tenemos agua? Es lo más básico que tenemos para evitar el virus acá en el barrio. No nos podemos lavar las manos, no podemos limpiar nuestra casa, no podemos higienizar las cosas necesarias para poder combatirlo. Esto se fue de las manos, lo venimos padeciendo hace muchísimos años pero ahora es más fuerte con la necesidad frente a la pandemia que estamos viviendo en los barrios populares”.
Además de los servicios básicos ausentes, la pandemia también se vive en el barrio con muchas necesidades. “A todo esto se suman los vecinos y vecinas que no tienen trabajo, que los que hacían changas hoy no la tienen y cada día se suman más a los comedores. Somos las mujeres quienes estamos bancando… lo hacemos de lunes a viernes y estamos bancando el almuerzo, merienda y cena todos los días para los vecinos que realmente necesitan, que no tienen como sustentar a su familia y recurren a los comedores para llenar el estomago cuando no tenes un mango o no tenes llena la heladera”.
Flavia sintetiza, “es un combo, el vecino lo poco que tiene lo conserva en la heladera, y se corta la luz tres o cuatro días y tienen que tirar toda la comida. La luz es un gran problema cuando no lo hay y el agua también. Tienen que esperar hasta la noche y juntar unos baldes de agua para poder usarlo en el baño, poder usarlo en la cocina para limpiar, higienizarse.”
Además, agregó que “estamos denunciando esta situación, estamos denunciando al gobierno de la ciudad y a Horacio Rodríguez Larreta sobre toda la realidad que vivimos en la villa 21 y en todos los barrios populares. Lo mejor que podrían hacer es que se urbanice el barrio y podamos vivir en mejores condiciones porque la situación ya no da más. Nosotros también nos merecemos vivir mejor, nosotros también necesitamos tener luz, agua, cloaca y tener vivienda digna para poder estar en mejores condiciones en el barrio, pero el gobierno hace oídos sordos, por eso nosotros salimos a luchar. Pero es difícil con este gobierno porque no quiere a la gente pobre”.

Aislamiento en el barrio

Flavia Romero que es parte de la Junta Vecinal de la Villa 21-24 explicó que “hay un comité de crisis que estamos muchas organizaciones sociales y venimos laburando en el barrio desde que salió la pandemia. Si hoy el barrio está así, con la cantidad de positivos es porque las organizaciones sociales venimos bancando antes. Tenemos 2029 casos que para nosotros es muchísimo y esto sigue avanzando”. Contó que lograron con la Junta Vecinal que bajen a testear a las y los vecinos. Sin embargo resaltó que “hoy los vecinos están un poco complicados porque al principio venían y se lo hacían, pero después surgió una mala atención de los hoteles donde los llevaban. Les daban comida horrible, comida que nadie quería comer y nosotros también le exigimos al gobierno si podía mejorar el tema de la comida para los vecinos. Últimamente estaban mandando a los vecinos a los paradores también. Además hicimos una nota al gobierno de la ciudad que frene con eso y no los lleve a los paradores a los vecinos porque no era lo mejor y por lo menos pudimos lograr eso. Lo que se está viendo en el barrio es que no están yendo muchos vecinos (a testearse) por temor a dejar sus casas, por temor a que los sigan llevando a los paradores y por la situación de que en algunos hoteles la mala atención que les dan”.
“Nosotros como organización social tratamos de ver a los vecinos que por ahí están con síntomas, hablar con ellos, que se vayan a hacer el testeo para que no sigan contagiando más, porque es alarmante la cantidad de positivos que hay en el barrio. También es un problema cuando la gente esta (auto) aislada porque el gobierno tarda mucho en bajar la mercadería para poder abastecerse esos 14 días que están aislados y nosotros también estamos impulsando y empujando eso para que sea lo antes posible para que la vecina o el vecino que tiene hacer aislamiento en espera del resultado o en espera de hacerse el testeo no ande saliendo a la calle, para poder evitar los contagios”.
Para finalizar enfatizó, “nos tenemos que cuidar entre todos y tenemos que seguir avanzando y luchando para el mismo lado. No vamos a aflojar hasta que esto mejore, tanto como la necesidad del barrio que la padecemos hace mil años y también con la pandemia que salimos a la calle a ayudar a los vecinos, a los que están aislados”.