Red de radios

22.6.2020

El oficialismo porteño consiguió dictamen de comisión y esta semana espera poder avanzar en el recinto. Desde el gremio de repartidores insisten que se trata de un «proyecto hecho por y para las plataformas».

El bloque del oficialismo porteño en la Legislatura firmó el viernes, durante un plenario de comisiones, un dictamen favorable del proyecto para regular la actividad de los repartidores y de las plataformas de aplicaciones de delivery, con lo que giró al recinto de sesiones la iniciativa, sobre la que la oposición pidió más tiempo para debatir.
El proyecto fue despachado en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Tránsito y Transporte, de Justicia y de Asuntos Constitucionales con el aval de los legisladores del bloque Vamos Juntos y de su aliado UCR-Evolución.
En ese marco, durante el encuentro, que se desarrolló de manera mixta -con legisladores presentes y otros a distancia-, se leyeron varias comunicaciones con objeciones al proyecto, que fueron enviadas por sindicatos que agrupan a los trabajadores del sector y a cámaras de empresarios del rubro que estarán alcanzados por la normativa propuesta.
La propuesta iba a ser tratada en la sesión ordinaria del jueves pasado, pero el oficialismo no logró reunir los votos necesarios para habilitar el debate, por lo que optó por postergar la discusión hasta esta semana.
El proyecto contempla una extensa normativa para ordenar esta modalidad de trabajo, que adquirió protagonismo desde que comenzó la cuarentena y abarca al servicio de mensajería y reparto de sustancias alimenticias popularizados con el crecimiento de plataformas tecnológicas como Rappi, Glovo, PedidosYa y Uber Eats.
En la actualidad, existe una ley que regula la actividad de los deliverys, pero no prevé la modalidad bajo la cual trabajan esas operadoras digitales, mediante las cuales, los usuarios pueden realizar los pedidos a través del teléfono celular, contactar los locales de gastronomía o enviar correspondencia.
Para ello, el proyecto del oficialismo porteño, firmado por la legisladora Cristina García de Aurteneche y el diputado Marcelo Guouman, propone la creación de un registro de las operadoras digitales y los repartidores y mensajeros, e incorpora requisitos para ambas partes, como estar inscriptos en la AFIP y tener domicilio en el distrito.
Por su parte, el bloque del Frente de Todos -a través de los diputados Manuel Socías, Lucía Cámpora, Santiago Roberto y Cecilia Segura-, firmaron un despacho en minoría en el cual se solicitó el archivo del expediente.
«Es fundamental tomarnos el tiempo suficiente para poder debatir este proyecto que solo busca favorecer a las empresas y no protege a los más vulnerables que son los comercios, las y los trabajadores y las y los usuarios que sufren las prácticas abusivas de estas plataformas», advirtió Roberto.
En su dictamen, señalaron que con la propuesta del oficialismo, «el Estado se convierte en cómplice de la explotación laboral dejando a los trabajadores a merced de las reglas de juego propias de cada empresa, las que incluyen mecanismos de premios o castigos para los repartidores, los que se ven reflejados en la asignación o no de pedidos, de acuerdo a un ranking de horas de permanencia de conexión a la aplicación y efectividad».
«El proyecto en consideración poco viene a solucionar al quitarles la estabilidad laboral y la relación de dependencia, aunque en lo discursivo pretendan manifestar otra voluntad», indicaron.
«La ley actual habla que para ser trabajador de mensajería, tenés que estar en relación de dependencia. Este proyecto de ley lo borra de plano, y solo habla de mensajero habilitado por la autoridad de aplicación«, había dicho Juan Manuel Loimil Borrás abogado del gremio de mensajeros ASIMM.
«Por otra parte califica a las app como intermediarias, que es precisamente la forma en que ellas se presentan, no como mensajerías. Basicamente es una ley, escrita ¿por? y para las plataformas». habí precisado el laboralista.
Loimil Borrás señaló, además, que en el borrador «se presentan a las app como intermediarias entre un ‘proveedor’ que sería el mensajero y un usuario que contrata su servicio ‘el cliente’. Un dibujo que nadie puede creer realmente».
Desde ASIMM adelantaron su rechazo a la iniciativa del Gobierno Porteño y sostuvieron que se trata de «un proyecto de ley hecho por y para las plataformas con el fin de tratar de legalizar el trabajo en negro».

19.6.2020

Bajo la consigna “Larreta hacete cargo”, la Federación Nacional Territorial de Capital (FeNaT-CTAA Capital), junto a Somos Barrios de Pie, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la Federación de Organizaciones de Base (FOB) realizaron este jueves una Jornada de Ollas en las villas y barrios populares porteños para reclamar que el trabajo que realizan cotidianamente sea reconocido y considerado esencial. Las jornadas se repetirán todos los jueves hasta que sus exigencias sean escuchadas.

Reproducimos nota de la Agencia ACTA-CTA:
La FeNaT-CTAA Capital participó de la jornada armando más de un centenar de ollas populares distribuídas en toda la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, Pablo Spataro, secretario General de la Central porteña, expresó: “Esta jornada es fundamentalmente para hacer visible el trabajo comprometido de miles en esta Ciudad que el Estado intenta invisibilizar y desconocer en su caracter de trabajadores y trabajadoras. Son compañeros y compañeras que desarrollan tareas en espacios comunitarios, atendiendo comedores y merenderos, realizando trabajos de cuidados de distinto tipo, ejerciendo el rol de promotores y promotoras en materia de atención a la Violencia de Género y de la Salud, entre otros tantos aspectos de la vida comunitaria que abordan a diario. Necesitamos que todo ese trabajo y esa entrega se reconozca salarialmente.»
La emergencia sanitaria y la profunda crisis económica y social se recrudece y golpea con mayor fuerza en las villas de emergencia y barrios populares de la Ciudad. En este contexto, los problemas estructurales históricos quedan al descubierto y la vulneración de los derechos más básicos de los sectores populares es moneda corriente. ¿Cómo se explica, que si las villas son el 10% de la población de la Ciudad, representan 1 de cada 2 casos de Covid-19? Más de 6 mil casos después, y lamentando el fallecimiento de numerosxs referentes sociales, el Gobierno de la Ciudad los sigue tratando como ciudadanxs de segunda.
No es novedad el crecimiento exponencial de casos y la expansión de la pandemia en cada uno de los barrios, como tampoco es novedad que los comedores y merenderos que día a día levantan las organizaciones populares están desbordados. Y ello no es casualidad. Es parte de un modelo de Ciudad estructuralmente desigual, en donde desde hace 13 años gobernó el macrismo; de un modelo de Ciudad que siendo la más rica del país día a día crece la pobreza, la desocupación y el hambre; de un modelo de Ciudad en donde los negociados inmobiliarios y el enriquecimiento de unos pocos significa que hoy la mayoría de nuestras villas no están urbanizadas y que lxs trabajadorxs tengan cada vez menos ingresos.
Desde una de las 100 ollas que organizó la FeNaT-CTAA Capital, Amalia Aima, secretaria de Acción Social de la CTAA Capital y referente del Movimiento de Villas y Barrios Germán Abdala, al ser consultada sobre por qué salen con las ollas a la calle contestó: “Porque somos las primeras en exponernos para dar de comer o merendar a nuestro barrio por amor, porque no tenemos horario, porque en cada comedor damos todo, porque a pesar de que muchos de afuera del barrio nos discriminan, nosotros jamás discriminamos. Salimos a la calle porque es necesario que nuestra voz sea escuchada: la pandemia es hoy, puede quedarse o irse mañana, pero el hambre sigue y la desocupación también. Siempre luchamos por pequeños derechos, cosas que para muchos son naturales, pero para nosotros no existen. Siempre fuimos invisibles en esta sociedad de la alta alcurnia, pero eso tiene que cambiar”.
Por su parte, María Eva Koutsovitis, del Frente de Organizaciones Salvador Herrera – CTAA Capital, agregó: “Las trabajadoras comunitarias somos esenciales para garantizar las tareas de cuidado en nuestras comunidades: la asistencia alimentaria, la asistencia sanitaria, el cuidado de nuestra infancia, de nuestras madres y padres, de nuestro ambiente. Somos quienes venimos en la primera línea gestionando la pandemia sin que nuestro trabajo sea jerarquizado y reconocido económicamente. Somos nosotras las que exigimos garantizar el derecho al agua potable para poder alcanzar nuestra autonomía. Somos nosotras quienes exigimos políticas públicas que garanticen los derechos en igualdad de condiciones. Somos nosotras, las esenciales, las que le decimos no a este modelo de Ciudad que hace más de una década solo concentra el poder y la riqueza precarizando el conjunto de las políticas urbanas”.
Desde las 500 ollas distribuidas por el total de las organizaciones en todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires se exigió también un Fondo de Emergencia urgente, con fondos públicos aportados por los sectores más ricos de la Ciudad, para reconocer el trabajo no pago de miles de compañeras, para realizar las obras que les permitan acceder al agua potable y para re-urbanizar las Villas.
A su turno y desde otra de las ollas, Mercedes Duarte, de Villa 31, del Comedor Feminismo al Palo, organización Somos Fuego y Promotora contra la Violencia de Género de la casa Ñanderoga, expresó: “lo que queremos es visibilizar el trabajo de las promotoras de salud y de género y pedimos un salario digno para todas nosotras”.
Desde hoy y hasta que el reclamo sea escuchado, se seguirán realizando ollas populares todos los jueves al mediodía en más de 20 villas y barrios populares porteños.

19.6.2020

Por Laura Litvinoff

La semana pasada el Gobierno de la Ciudad intentó cerrar el único hogar convivencial para adolescentes madres que llegaron allí derivadas por causas relacionadas a la violencia de género. La presión social por redes logró modificar esa primera iniciativa y ahora se habla de mudarlo a un lugar que no cumple con las condiciones básicas de seguridad. El Hogar Eva Duarte no es un lugar de paso, es una oportunidad para chicas de hasta 18 en situación de alta vulnerabilidad social.

“Me enteré que quieren desalojar el Hogar, Vivi… es nuestra casa, ¿cómo puede ser?” Le dijo Lil Busto, una de las tantas egresadas del Hogar Eva Duarte, a Viviana Aguirre, estudiante de psicopedagogía y trabajadora de esa institución hace ya más de cuatro años. Y esa pregunta fue tanto una zozobra como la constatación de que el Hogar es eso, una casa y una oportunidad, como dice Vivi, “de poder construir algo por fuera del círculo de la violencia. Y justamente por eso el desalojo es muy grave, porque es un espacio que a las pibas les brinda la posibilidad de un futuro mejor».
El Hogar de Mujeres y Disidencias Eva Duarte fue creado en 1991, depende económicamente de la Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad y es la única unidad convivencial para adolescentes y sus hijes que sufren o sufrieron alguna situación de violencia de género y que no cuentan con un alojamiento seguro, ni redes sociales de contención. La semana pasada, la Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario, se comunicó con las coordinadoras del Hogar, para anunciar la “mudanza” de la institución por supuestas cuestiones de seguridad sanitaria.
“El motivo que informan es que no podemos seguir donde estamos, que es dentro del edificio del Hogar San Martín, porque en otra ala del lugar también funciona un hogar con personas de la tercera edad y eso podría ponerlas en riesgo. Pero la realidad es que las poblaciones de los dos hogares no tienen contacto alguno, por eso creemos que todo esto es una excusa para desarmar el programa y desalojarnos”, denuncia Viviana.
“Como todas sabemos, a las mujeres nos cuesta un montón poder visibilizar la violencia que padecemos, y estos espacios lo que hacen justamente es mostrarle a las jóvenes alternativas diferentes para poder vivir y desarrollar la vida adulta y, a sus hijes, la posibilidad de tener una formación psicopedagógica diferente, adquirir otros hábitos y empezar a pensar que la vida no tiene porqué ser dura, que puede ser diferente”, explica Viviana.
Como el hogar es convivencial y no transicional, una vez que las jóvenes ingresan, a partir de los 14 años, pueden quedarse a vivir allí hasta los 18: “Básicamente esa es la principal diferencia con otros lugares transitorios o paradores en donde las chicas suelen pasar unos meses hasta que luego son derivadas a lugares como el Eva”, explica Florencia Álvarez, psicóloga social del Hogar y delegada de ATE.
A su vez, al ser un refugio de puertas abiertas, las jóvenes pueden ir al colegio, llevar a les niñes al jardín, o hacer la actividad que deseen; así como también pueden elegir si quieren quedarse viviendo allí o dejar de hacerlo.
“Trabajamos con una pedagogía de la ternura como una respuesta ética y política que va en contraposición con la crueldad y el desamparo que las pibas han recibido, en la mayoría de los casos desde su familia, y también por parte del Estado. Por eso decimos que el Hogar es mucho más que un techo o una comida: es un espacio en donde ellas pueden construir su identidad, configurar sus subjetividades, y ser alojadas en el más amplio sentido de la palabra”, cuenta Florencia.
Hasta la semana pasada, el plan del Gobierno de la Ciudad era cerrar el espacio y distribuir al personal y a las jóvenes que ahora se encuentran allí en otros dispositivos que también pertenecen a la Dirección de la Mujer, lo que hubiera generado que esas otras instituciones, muchas hoy ya colapsadas por la pandemia, se terminen de llenar y no tengan más plazas para otras personas que también los necesitan.
Pero la lucha que durante toda la semana llevó adelante el colectivo de trabajadoras del Hogar tuvo eco a nivel social y ese plan inicial finalmente quedó descartado. Sin embargo, la mudanza sigue en pie porque ahora lo que la Subsecretaría está intentando hacer es que el Hogar vuelva al predio en donde funcionaba hasta 2009, cuando tuvo que ser desalojado por peligro de derrumbe.
“Estamos muy preocupadas porque lo último que nos dijeron es que vamos a tener que volver al predio de Belgrano, de donde tuvimos que mudarnos porque estaba en pésimas condiciones y los techos se caían a pedazos. El lugar en donde estamos ahora si bien no es ideal, al menos cuenta con las condiciones básicas de cuidado y de seguridad, algo que, además, hemos logrado nosotras gracias a la lucha permanente de todas las trabajadoras”, cuenta Daniela Keclach, psicóloga del Hogar.
Esta unidad convivencial, ubicada en La Paternal, cuenta con capacidad para diez adolescentes y diez niñes, y actualmente tiene siete adolescentes registradas con sus hijes, pero viviendo en el Hogar hay solamente dos, ambas con sus bebés.
–¿A qué se debe esto?
–Al ser un lugar de puertas abiertas, cuando empezó la cuarentena varias jóvenes decidieron transitar una parte del aislamiento en la casa de sus familiares, y ahí fue cuando empezó todo el conflicto, porque cuando ellas quisieron volver no pudieron. Desde el día 15 de la cuarentena hasta hoy nosotras estamos pidiendo el reingreso, pero desde la Subsecretaría no nos están permitiendo los ingresos ni reingresos de nadie, el espacio quedó totalmente aislado y muchas de las pibas que quedaron en los barrios están conviviendo con sus agresores o están expuestas al virus. Nosotras entendemos que, con este tipo de acciones, el Gobierno está haciendo todo lo posible para concretar desalojo –se alarma Viviana.
Además del traslado, la mayoría de las trabajadoras de los espacios que dependen de la Dirección General de la Mujer también tienen que lidiar con las condiciones laborales con las que fueron contratadas. Nadia Polanco, delegada general de la Junta Interna ATE Promoción Social, dice: “Tenemos un montón de compañeras bajo modalidades fraudulentas de contratación: monotributo, contratos tercerizados a través de la UBA y, en muchos de los dispositivos de cuidado convivenciales como los Hogares y los CIM (Centros Integrales de la Mujer), en este momento las compañeras ni siquiera cuentan con ART”.
“Al mismo tiempo que se van vaciando de recursos materiales y humanos nuestros espacios, también se van cerrando programas por falta de personal. En tanto se dan ‘de baja’ los contratos, estos puestos de trabajo quedan vacíos y no se reponen, de modo que las compañeras sostienen guardias entre dos para asistir a más de 40 personas. Por eso nos resulta muy costoso realizar nuestras tareas y disponer del tiempo necesario para que estas mujeres puedan tener un acompañamiento amoroso y de calidad”, concluye Florencia.

18.6.2020

En la tarde de ayer Facundo Escalso, de 19 años, recibió una bala de la gendarmería, en lo que según fuentes policiales fue un robo. Él era vecino del Barrio Rivadavia, del Bajo Flores. El Comité de Crisis del Bajo Flores, donde se nuclean distintos actores sociales del barrio ante la pandemia, detalla la situación.

“En medio de discusión entre vecinos, apareció la gendarmería, entre corridas y confusiones lo fusilaron de 4 tiros, 2 por la espalda y 2 en los brazos. Se estuvo esperando más de una hora a la ambulancia SAME, sin permitir que la madre y los vecinos le realicen primeros auxilios, ya que estaba vivo. Al llegar la ambulancia y llevárselo, no dejaron que la madre los acompañe, agrediéndola físicamente, llegando al Hospital Piñero”.
Una vez en el piso lo rodearon con una fila de gendarmes que no dejaban pasar a nadie hasta que llegara la ambulancia. “Lo dejaron morir en el piso”, dijo Lucas un vecino del Bajo Flores.
La causa fue a parar al Juzgado Criminal y Correccional 55, a cargo de la jueza Alejandra Allaud donde se abrió una causa penal por “averiguación de causal de muerte”, ya que los datos aportados por la fuerza implicada son dudosos.

18.6.2020

Ante el escándalo de espionaje que involucra a policías de la Ciudad, este viernes distintos bloques de la oposición convocan a una sesión especial al Jefe de Gabinete Felipe Miguel para ser interpelado

Ante el escándalo de espionaje que ha salido a la luz y que involucra a policías de la Ciudad, en el día de mañana distintos bloques de la oposición convocan a una sesión especial a las 10.30 hs para que el Jefe de Gabinete Felipe Miguel, se presente para ser interpelado al respecto.
La diputada Myriam Bregman del PTS en el Frente de Izquierda, destacó que “Miguel debe explicar por qué mintió en noviembre del año pasado cuando en esta Legislatura afirmó que esos policías que habían pasado a la AFI solo realizaban simples tareas de custodia. Desde nuestras bancas del Frente de Izquierda le pedimos al gobierno de Larreta que informe cuántos policías de CABA provenían de la dictadura. Respondieron que son 282 agentes; entre ellos el Comisionado Mayor de Investigación Informática Rodrigo Simón, que estuvo en la Federal durante la dictadura, pasó por todos los gobiernos constitucionales y ahora se descubre que espiaba para Macri en nombre de la policía de la Ciudad, constituyendo su propia historia un ejemplo de cómo se han reciclado los represores en este país”.
Para finalizar, Bregman afirmó que “nuestro partido y nuestros compañeros han sido víctimas de esta práctica ilegal, por eso tenemos mucho para preguntar mañana”. Sabemos que no es la primera vez que esto pasa pero no por eso vamos a minimizar lo que ya es un escándalo de proporciones, si se analizan de conjunto todas las causas que se han iniciado por este espionaje, se demuestra que el gobierno de Mauricio Macri incurrió en una práctica sistemática y muy aceitada de la cual el propio presidente no podía estar exento. Por eso este viernes 19 estaremos en el recinto esperando al Ministro”.