Red de radios

7.6.2020

El Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y el Frente Salvador Herrera presentaron una acción de amparo colectivo para que la justicia adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes de establecimientos públicos en el contexto de educación a distancia por suspensión de las clases presenciales y la universalización del acceso a internet para disminuir la brecha digital ante la continuidad del aislamiento social obligatorio.

Al afirmar que sin internet, ni computadoras no hay educación a distancia, la demanda apunta a que la justicia le ordene al gobierno porteño que reconozca el Derecho Humano al Acceso a Internet y garantice la conectividad digital a quien no pueda pagarla, que garantice internet y una computadora a cada estudiante de establecimientos educativos estatales que lo necesite, y que garantice una computadora para cada adulto mayor que no pueda costearla.
“La irrupción de la pandemia de coronavirus trajo aparejadas una serie de nuevas e inesperadas circunstancias que pusieron de manifiesto y profundizaron las desigualdades a nivel digital. Por ello, es imprescindible que en este marco se garantice el acceso a internet a todos los habitantes de la Ciudad que lo soliciten y esencialmente se otorgue acceso a internet y computadora al estudiantado porteño”, expresó Jonatan Baldiviezo del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
En igual sentido, María Eva Koutsovitis de la CLIC/IPYPP señaló: Actualmente se puede afirmar que el acceso a internet es un derecho fundamental para los seres humanos, no sólo por razones ociosas o de consumo, sino también porque es un derecho conexo a otros, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la igualdad de oportunidades, el derecho a la información, el derecho a participar en la vida cultural, el derecho a la salud, el derecho al pleno desarrollo de la personalidad, etc”.
ESCRITO DE LA DEMANDA del Expte. N° 4012-2020/0 caratulado “ARMANDO, FRANCO DAMIAN Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO – APLICACIONES MOVILES-INTERNET”: AQUI

5.6.2020

El pasado miércoles profesionales de la salud realizaron una concentración en la puerta de la institución.

En esta ocasión, fueron los trabajadores del Hospital General de Agudos, Dr. Enrique Tornú, quienes salieron a la calle para hacerse escuchar. Aunque la situación de crisis se da en todos los hospitales y centros de salud del país. Los trabajadores de la salud son los que están en la primera línea de fuego combatiendo la pandemia de Covid-19, además de que son los que están sufriendo la peor de las realidades, junto a otros sectores como las villas y barrios más vulnerables. Incluso muchas veces son ellos mismos quienes denuncian las condiciones en las que deben atender a sus habitantes, como ya lo han manifestado trabajadoras y trabajadores del Hospital Durand, o el Rivadavia.
Máxima Parra, quien trabaja en la Unidad de Terapia Intermedia y es enfermera con más de 40 años de profesión, nos cuenta que hoy está viviendo junto a sus compañeros y compañeras de trabajo una situación muy complicada en la que está en juego su vida y la de todos los que están expuestos de manera cotidiana en el hospital. Allí, según sus propias palabras, deben dar servicio “sin los insumos suficientes”, y asegura que “necesitan de todo”.
Cuando empieza a enumerar, la lista parece interminable: “Como en la mayoría de los hospitales, no hay elementos de protección personal, ni en cantidad suficientes, ni de calidad”. Y cuenta que tampoco tienen algo tan básico como uniformes completos, “ni lavados ni desinfectados”. Además revela que “faltan elementos de trabajo en general y personal capacitado para dirigir una pandemia como esta”. Tampoco cuentan con protocolos para cada servicio, ni fumigaciones ni entrega de repelentes para combatir la otra epidemia: el dengue.
Según Máxima, también necesitan “más enfermeros capacitados para poder abrir los servicios cerrados”. Pero a todas estas falencias, se les suman otros problemas que aquejan al personal de salud en general: “Necesitamos aumento salarial urgente y el cobro de los bonos prometidos por las autoridades”.
Al igual que muchísimos enfermeros y enfermeras en el resto del país, exige que se los reconozca: “quedó demostrado que somos personal esencial, por eso pedimos que se nos reconozca como profesionales de la salud y nos incluyan dentro de la ley 6035”.
Estos reclamos que hacen hoy las trabajadoras y los trabajadores del Hospital Tornú, se replican en las instituciones de salud a lo largo y ancho del país. Quienes se encuentran en primera línea enfrentando a esta pandemia, se encuentran hoy en una situación extrema y con sus derechos vulnerados.
Es necesario que tanto el Gobierno de la Ciudad de Horacio Rodríguez Larreta, como el Nacional de Alberto Fernández, atiendan sus necesidades de forma urgente. Hay que avanzar en la unificación del sistema de salud público y privado, para que los recursos vayan destinados a cubrir las necesidades reales de la población, sin que haya pacientes y trabajadores de primera y de segunda.

4.6.2020

Se trata de Carmen Canaviri. La militante popular era coordinadora del merendero comunitario Lucecitas del Sur.

Desde Barrios de Pie emitieron una declaración tras conocerse el fallecimiento de la referente barrial, Carmen Canaviri, coordinadora del merendero comunitario Lucecitas del Sur del Bajo Flores. La organización popular confirmó que la militante social falleció en el Hospital Piñeiro como resultado del COVID-19: “Nuestra compañera Carmen Canaviri, de 56 años, militante social y coordinadora de un merendero de nuestro movimiento en el Barrio Rivadavia de Bajo Flores, Ciudad de Buenos Aires”.
Además, recordaron: “Es la segunda muerte en nuestro Movimiento a causa de la pandemia. El 25 de mayo falleció nuestro querido Agustín Navarro, hoy Carmen. Pero también ya lamentamos la muerte de familiares de compañeros/as. Bajo Flores es el barrio donde hay más contagios después de Retiro, también donde más muertes tenemos que lamentar.”
En este mismo sentido el comunicado recordó a las distintas víctimas de la enfermedad en barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “La militancia social pone el cuerpo, el Oso, Ramona, Agustín. También Miriam, delegada de Bajo Flores ya había perdido la vida.”
“La pandemia recrudece los problemas que tenemos como sociedad, la pobreza, la falta de trabajo, techo y pan. Por eso necesitamos más que nunca un Estado presente que acompañe a las organizaciones populares en su valioso rol territorial. No queremos muertes evitables. En la Ciudad más rica del país no puede faltar la asistencia alimentaria y sanitaria ni los protocolos adecuados ante esta emergencia sanitaria en nuestros barrios. Es urgente que el Gobierno de la Ciudad destine los recursos indispensables donde más golpea la pandemia. Compartimos el pesar con familiares, vecinas y vecinos de Carmen”, denunciaron desde Barrios de Pie.

4.6.2020

Lo advirtió la jueza Romina Tesone ante la entrega de latas de atún vencidas. Fue en una audiencia celebrada este miércoles por motivo del amparo iniciado por las legisladoras Myriam Bregman y Alejandrina Barry junto a familias y docentes.

A los reclamos por más y mejores alimentos, al amparo debió sumarse uno más: que no se entregue comida en mal estado. Fue ante la denuncia de muchas familias que recibieron latas de atún vencidas.
Las explicaciones del Gobierno fueron insólitas: planteó que “solo algunas” latas estaban vencidas, que se enteraron después de haberlas entregado a las familias y que habían “labrado actas” con lo ocurrido.
La jueza Romina Tesone, a cargo del juzgado Contencioso N° 1, fue contundente al advertir que “con labrar un acta no alcanza, el atún vencido no es comida, es veneno”; y le exigió al Gobierno que, en un plazo de 48 horas, presente un protocolo para controlar el estado y calidad de los alimentos.
“Es inadmisible tener que reclamar por comida en mal estado y porque los pibes se pueden intoxicar. La comida que entrega el Gobierno no solo no cumple la ley, sino que además vulnera la dignidad de miles de niños y niñas que están encerrados en los barrios”, reclamó la legisladora Alejandrina Barry, presente en la audiencia junto a abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH).
Junto a las reiteradas denuncias de incumplimiento de la sentencia judicial, la audiencia había sido convocada también por el intento del Gobierno porteño de entregar canastas cada un mes, y no cada quince días.
Tras un acalorado debate, el Gobierno debió retroceder con esa medida: gracias al fuerte reclamo de familias y docentes que la rechazaron, el Gobierno anunció en la audiencia que mantendrá la entrega quincenal.
Respecto al incumplimiento de la sentencia, Alejandrina Barry denunció que “el Gobierno quiere darles a los pibes una lata de caballa cada diez días durante varios meses, porque tienen la concepción de que como son pobres pueden comer cualquier cosa. Pero no es así, los pibes dejan de comer por lo mala que es la comida del Gobierno y pasan hambre”. Y destacó que “no vamos a dejar de pelear por eso. Durante años trabajé en la Villa 21-24 y no voy a permitir que a los pibes se los trate de esta manera”.
En la audiencia se ordenaron nuevas medidas: se deberá incorporar 1 litro de leche adicional en todas las canastas y el Gobierno deberá garantizar la comunicación con las familias que no reciben canastas, para informarles cómo acceder a las mismas.
La jueza, que fijó una nueva audiencia para el viernes 12 de junio, volvió a exigirle al Gobierno que mejore la calidad y la variedad de los alimentos, y que contemple la entrega de nuevos alimentos reemplazar a la carne.

4.6.2020

A través de una videoconferencia, sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires presentaron un demoledor informe sobre la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

La video conferencia compartida entre la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-Capital), junto a la Asociación de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP) y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), presentó el presentaron el Informe Técnico-político de la Ciudad de Buenos Aires titulado “COVID-19, Crónica de una emergencia anunciada”.
De la videoconferencia participaron, Daniel Catalano, secretario general de ATE-Capital, Angélica Graciano, secretaria general de UTE y Roberto Pianelli, secretario general de la AGTSyP donde cuestionaron duramente a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño por la gestión de la crisis sanitaria en el marco de una política sistemática de reducción de la inversión en salud, educación y áreas sociales.
Según comunicaron desde la CTA de la Ciudad de Buenos Aires el documento sostiene que la “emergencia es un emergente de un problema estructural: la desigualdad en la Ciudad de Buenos Aires” y asegura que esto se evidencia en “la multiplicación de los contagios en las villas y barrios populares”.
Además, de acuerdo al informe, “la ausencia de respuestas al problema habitacional, sumado a la falta de agua y de medidas sanitarias adecuadas demostraron, nuevamente, que Rodríguez Larreta piensa una Ciudad solo para los ricos”.
El trabajo realizado por los sindicatos, también “detalla el vaciamiento y las carencias de infraestructura y recurso de los programas para la atención de niños, niñas y adolescentes, de los paradores para familias y adultos y de los hogares de la tercera edad. Es decir, el Gobierno de Larreta dejó sin protección a todas las franjas etarias y sociales vulnerables en la jurisdicción”.
Denuncian en el informe que “Larreta no sólo no tomó las previsiones necesarias para evitar que la Ciudad sea el distrito más afectado por el COVID-19, sino que provocó la explosión de contagios con una actitud de desidia y abandono que se hizo más visible durante el último fin de semana cuando más de diez familias en el barrio de La Boca permanecieron más de 48 horas sin atención ni aislamiento por parte del GCBA pese a haberse confirmado un caso positivo de Coronavirus en el grupo habitacional. Sólo después de varias denuncias de organizaciones barriales acudieron las autoridades sanitarias”.