Red de radios

31.5.2020

Nadia Gauna y Andrea Jira

Nuevamente el COVID19, y la precarización a la que nos someten nos arrebata a otro compañero. Esta vez un joven trabajador del Programa Juegotecas Barriales del GCBA.

Esta nota está escrita entre lágrimas y profunda bronca.
Le decíamos “shampoo”, se llamaba Víctor tenía 32 años y vivía en la villa 31 con su compañera, sus 4 hijos e hijas, y otros familiares.
Era un tipo muy querido por sus compañeros y compañeras de trabajo, por sus amigos y amigas, y por las familias de la juegoteca. Lo conocimos en Puerto Pibes, hicimos juntos el curso de líderes recreativos comunitarios, compartimos campamentos, juegos, amistad. Luego un grupo de esos líderes comunitarios, nosotras incluidas comenzábamos a trabajar, allá por el 2007 en “cartoneritos”, un programa de asistencia integral para hijas e hijos de los recicladores urbanos. Y por último compartimos trabajar en el mismo programa, Juegotecas Barriales, espacios de juegos donde los niños, niñas y adolescentes de los barrios vienen a jugar.
Shampoo era de la 31, esa misma villa donde hace pocos días murió Ramona.
También era parte de esos tantos trabajadores estatales, que, bajo el gobierno de Larreta, trabajó cubriendo el dispositivo hogares, sin los elementos de seguridad esenciales.
Un sector esencial, que también se caracteriza por no tener todos los elementos que se requieren para llevar adelante la tarea. Con falta de personal, con problemas edilicios, con escasos elementos de seguridad e higiene. Tal es así, que las y los trabajadores del Programa Juegotecas Barriales tienen que llevarse sus barbijos, y utilizando en muchos casos el transporte público.
Tampoco hay protocolos claros para actuar, pero esto no solo ocurre en los hogares, también pasa lo mismo en los paradores, donde ya dieron positivo por Covid-19 varios trabajadores, sumando también, la falta de capacitación para las nuevas tareas que asignan.
El Covid 19 no se ve, hasta puede no tener síntomas, lo que si vemos es la precariedad de la vida en las villas, lo vemos en la falta el agua, en la falta suministros de higiene y en las familias que viven hacinadas. También vemos como el Estado no garantiza ninguno de estos elementos, pero a cambio militariza los barrios. Las familias pasan hambre y el gobierno de la ciudad no cumple con el fallo judicial que presentara el Frente de Izquierda junto a docentes y familias para que las canastas alimenticias sean nutritivas y que alcancen.
Todos los días escuchamos más números de muertes injustas, hoy nos toca de cerca y nos duele más. No vamos a naturalizar la muerte de un amigo y compañero.
Nos cansamos de escuchar conferencias de prensa donde Alberto Fernández, Larreta y Kicillof, mostrándose en unidad, nos cuentan cómo trabajan para disminuir la curva y repiten una y otra vez que lo primero es la vida de las personas.
Pero los que trabajamos en los sectores esenciales y vivimos en los “barrios vulnerables” como les gusta decir, sabemos que es un discurso armado y guionado, que sale por televisión y no puede estar más lejos de la realidad. Con orgullo nos dicen que las Fuerzas Armadas utilizaron contenedores de la minera Barrik Gold que contamina con cianuro, para usarlos como centro de aislamiento ¿Como no llenarse de bronca? tenemos que escuchar que nos digan en la cara, que ellos ya sabían que esto iba a pasar. Nosotras nos preguntamos entonces, ¿por qué no hicieron nada?
Necesitamos que los sindicatos, tanto ATE como SUTECBA se pongan a la cabeza de estos reclamos. Son estos en las manos de los trabajadores quienes pueden cumplir un rol fundamental y necesario.
Tenemos claro que todos los gobiernos desprecian la vida de las y los trabajadores, como la de los miles de familias que viven en las villas y barrios populares de cuidad y provincia.
Desde esta bronca, apretando los dientes y secando nos las lágrimas, queremos gritar bien fuerte que nuestras vidas valen más que sus ganancias.

31.5.2020

Por Federico Puy

Las víctimas fatales y la expansión del COVID 19 en un territorio que está separado apenas por unos metros de los grandes hoteles de Retiro, es el capítulo más dramático de una situación general donde el hacinamiento y la pobreza conviven con enormes dificultades para acceder a servicios básicos como el agua.

En el Barrio Carlos Múgica (Villa 31) habitan aproximadamente 60.000 personas. Entre ellos, muchos de los trabajadores que hoy se consideran esenciales para que funcione la ciudad: los tercerizados de las aerolíneas, gastronómicos, comercio y la lista sigue. También vive gran parte del personal de limpieza de los hospitales, muchas enfermeras como Lesly, vecina del bajo autopista a la que, al inicio de la cuarentena le ofrecieron trabajo en los hoteles donde alojaban a los repatriados; a ella le ofrecieron un “sueldo” de 15.000 pesos para estar 24 horas a su cuidado. Trabajadores no registrados, cuentapropistas, pero también jóvenes de las apps y tantos otros, como los de la construcción, que levantan los cientos de edificios a los que después no pueden acceder. Más del 50 % de los habitantes de la 31 son jóvenes precarios.
La pandemia saltó sobre el gobierno porteño con las problemáticas de siempre en las zonas vulnerables y en medio de un operativo de reasentamiento de 1.000 familias en la 31. Asistimos hasce unos días al crimen social de Ramona (militante de la organización la Garganta Poderosa), y todo el foco sobre la aparición de casos de COVID 19 en los barrios populares puso a la orden del día una discusión estructural en la Ciudad de Buenos Aires ¿El aislamiento es igual para todos?
Desde que comenzó el proceso de “urbanización” del Barrio Carlos Mugica en 2018, 364 familias se mudaron a los 25 edificios de tres pisos que construyó Larreta con un préstamo del Banco Mundial y fondos provenientes de la venta de terrenos del Tiro Federal [1]. Los frágiles edificios de tres pisos no tienen agua, no tienen gas y no tienen cloacas. Pero según los funcionarios, los habitantes no valoran el “cemento alisado” (sic) [2]. Pero como vimos, en poco tiempo instalaron una sede del Banco Santander y un MacDonald’s en los ingresos del barrio, una zona estratégica para la logística portuaria y la especulación del suelo.
¿Esto es la urbanización tan mentada? Para colmo, tanto el Banco Santander y el McDonald’s no están pagando servicios y deben tener sus “escrituras” en regla. Ambas sedes tuvieron agua, luz y durante la pandemia; significa que tienen su propia conexión. El barrio no.

¿Por qué vale tanto la zona de Retiro?

Esta situación particular es más bien un plan general que viene hace muchos años de “gentrificación”, que es la transformación de espacios urbanos, impulsada por la especulación inmobiliaria y la inversión privada, que convierte barrios y zonas populares en productos atractivos. Por lo general, la inversión privada se combina con iniciativas de gobiernos locales y regionales para mejorar accesos de transporte, generar condiciones para la instalación de negocios y actividades destinadas a sectores medios y altos. Estos procesos resultan en la suba de los alquileres de viviendas y locales (por el aumento del precio del metro cuadrado, el objetivo de empresas inmobiliarias), el aumento del costo de vida en general y la expulsión de familias de clase media baja y trabajadoras, así como el cierre de pequeños comercios locales. Este proceso implica el desplazamiento de la población original de un área por presión del mercado: se mejora la infraestructura en el mejor de los casos, o se “inventa” un nuevo barrio (distritos de arte, de diseño, de gastronomía, etc.), o se desarrolla comercialmente una zona más o menos espontáneamente.
Es que para los capitalistas, los terrenos y suelo de estas grandes ciudades son usadas para sus ganancias. En general, la política del capitalismo, como estudia el geógrafo marxista David Harvey [3], se ve afectada por la perpetua necesidad de encontrar campos rentables para la producción y absorción de un excedente de capital. Para esto, la urbanización desempeña un papel particularmente activo (junto con otros fenómenos) en la absorción del producto excedente que los capitalistas producen continuamente en su búsqueda de plusvalor. Según Harvey,
La absorción del excedente mediante la transformación urbana tiene empero un aspecto aún más tenebroso: ha supuesto repetidas rachas de reestructuración urbana mediante una “destrucción creativa” que casi siempre tiene una dimensión de clase, ya que suelen ser los más pobres y menos privilegiados, los marginados del poder político, los que más sufren en esos procesos. Para hacer surgir la nueva geografía urbana del derrumbe de la antigua, se requiere siempre violencia [4].
En concreto, este fenómeno aquí se expresa en la proximidad de grandes concentraciones que van desde la terminal de trenes y ómnibus de Retiro, el aeropuerto, el puerto y hacia la zona Sur, por solo dar un ejemplo; muestra por un lado el potencial de la concentración de la clase trabajadora en una zona determinada y por el otro, las zonas de concentración del capital en sus respectivas expresiones. La zona de Retiro, con la proximidad a un núcleo importante del transporte que va desde diferentes líneas de colectivo, la terminal de ómnibus de larga distancia, subte y trenes, va determinando su importancia para los negocios. Además, son terrenos muy importantes para el transporte de mercaderías y la logística, y su proximidad a un centro financiero puede dar lugar a un provecho directo o también indirecto, arrendando el terreno a una cadena hotelera que lo utiliza para sus propios propósitos.
Si lo vemos con otros ojos, el Paseo del Bajo es también una muestra de esto. Una obra que costó un total de US$ 700 millones, de los cuales 340 fueron financiados por la Corporación Andina de Fomento (CAF), que conecta las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata a lo largo de siete kilómetros pasando por Retiro y la villa 31. Esta autopista tiene como fin acelerar el tiempo de salida de las mercaderías desde el puerto, para llegar más rápido a las fábricas del primer cordón de la Provincia de Buenos Aires con el método “just in time”. Y no asombra para nada que esta obra se pagó, entre otros negociados, con la venta de un grupo de terrenos que están dentro de la villa 31 [5]. O también, y desde otro ángulo, el reflote del proyecto “Puerto Madero 2” para extender Puerto Madero, el barrio más caro y ocioso de la Ciudad. El plan comenzó con la construcción de Catalinas I y II, el antepuerto y el Paseo del Bajo que ya mencionamos, y se completará con el traslado del Puerto de Buenos Aires a terrenos ganados al río para liberar las terminales actuales y habilitar negocios inmobiliarios, comerciales y turísticos, junto con poblar a la vera del Río desde la Isla Demarchi hasta el partido de Vicente López con torres de 50 pisos [6].
Dos caras de una misma moneda, transporte y logística en las grandes ciudades, permiten reconocer que las contradicciones del capital son tales que, mientras intenta expulsar de las grandes urbes a los explotados y dividirlos, sin embargo ha alcanzado el momento de mayor concentración espacial de la clase obrera, los pobres y oprimidos en la historia de la humanidad en nodos urbanos donde confluyen trabajadores registrados, subcontratados, precarios y desdempleados, de distintas zonas periurbanas, lo que vuelve al transporte público en un eslabón esencial para la producción –como se ve ahora con la crisis saitaria– y que potencialmente es también un eslabón débil en caso de acciones de lucha. En ese marco, por ejemplo, transformaron al transporte urbano en una necesidad determinante para acceder a lo más básico –a un trabajo, a educación o la salud–, y a las familias trabajadoras en rehenes de los costos –en tiempo de vida y en dinero– y a ser parte del proceso de la producción del gran capital.

El Banco Mundial y una ciudad de los grandes negocios

Como vimos, para el proceso de urbanización, el Banco Mundial “prestó” dinero al gobierno de la ciudad. La función del Banco Mundial (u otros organismos de créditos internacionales), según David Harvey, es la una política de favorecer abiertamente al capital especulativo por encima del pueblo. También explica que entre otros mecanismos, los capitalistas necesitan de los poderes de los promotores respaldados por el capital financiero y empresarial, y un aparato estatal con rentabilidad de negociante, junto al financiamiento a través de toma de deuda,
Un organismo que por su creación y propios intereses nunca cuestiona la idea de que a una ciudad le puede ir bien (en términos de acumulación de capital) aunque a su población (aparte de un sector privilegiado) y al medio ambiente les vaya mal [7].
Para muestra de esto, en la Ciudad de Buenos Aires, hace menos de un mes, Larreta volvió a tomar deuda, y por si quedaban dudas, la normativa no especifica el destino de este nuevo endeudamiento por US$ 150 millones, junto a la creación de bonos públicos para pagar 9.000 millones de pesos a proveedores. Todos los bloques, desde el oficialismo, pasando por el PS, Evolución, Consenso Federal y hasta el bloque completo del Frente de Todos, votaron afirmativamente, a excepción del Frente de Izquierda. Pero lo que está en juego es mucho: los terrenos, el suelo, el metro cuadrado del Barrio Carlos Mugica, se quieren vender para pagar deuda contraida por la ciudad con organismos internacionales de crédito y encarar multimillonarios negocios capitalistas. Mientras el contagio del virus se extendía, ya se anunció que el Banco Interamericano de Desarrollo tendrá una concesión en una parcela de la Villa 31 por 100 años , para la construcción de su sede en un “edificio-puente” que uniría la villa con el barrio de Recoleta. ¿Casualidad?
Hace muchos años que se habla de los grandes negociados para la especulación inmobiliaria. El macrismo, desde la asunción de Mauricio como Jefe de Gobierno hasta el segundo mandato en curso de Horacio Rodriguez Larreta, ataron a la Ciudad a una disciplina presupuestaria junto a la liberalización del mercado del suelo y de la vivienda, y crearon un gran negocio con la especulación inmobiliaria y la recalificación del suelo urbano, para los usos que generan la tasa de ganancia financiera más alta.
Pero no pudo hacerlo solo: contó para votaciones en la Legislatura de ventas de terrenos y negocios inmobiliarios, con aquellos que hoy son parte del gobierno nacional del Frente de Todos de Alberto Fernández. No por nada a esa época se la llamó, periodísticamente, como la del Pacto PRO-K, ocurrido en el 2012, y pasó a la historia como una política histórica del peronismo en la Ciudad de “toma y daca” para negociar leyes por cargos políticos y grandes negocios inmobiliarios.
Demos tan solo algunos ejemplos: venta de terrenos lindantes al ferrocarril Sarmiento en los barrios de Caballito, Palermo y Liniers, para entregar a “emprendedores” privados y hacer torres; la autorización para la venta en subasta pública del Edificio del Plata en US$ 80 millones para financiar la construcción del Centro Cívico; polo artístico en la Boca y Barracas llamado “Distrito de las Artes”; Centro Cívico en los terrenos del sur de la ciudad –donde los beneficios se estiman en más de US$ 200 millones para las constructoras Teximco, EMA S.A. y Dal Construcciones–;cesión de 37 hectáreas del Parque Roca para la construcción de un playón de carga y descarga por 30 años a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga, entre otros proyectos.
Más adelante, estos negociados continuaron sin tanto escándalo y con el peronismo aportando tan solo los votos necesarios, con la concesión de un predio lindero al Parque Thays para construir el Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires y la concesión de la Plaza Houssay. Luego, con la craeción de la Agencia de Bienes, el PRO logró una de sus mayores conquistas para su plan privatista. A través de esta Agencia, que se suma a la Corporación Puerto Madero y a la Corporación Buenos Aires Sur, todos los terrenos propiedad de la Ciudad de Buenos Aires estarán bajo la órbita de estas tres corporaciones para ser vendidos a los pulpos privados [8].

Por una salida de las y los trabajadores

De conjunto, la Ciudad de Buenos Aires es una fortaleza del gran capital, pero a su vez una gran concentración obrera. Es la sede de las instituciones del Estado, del poder político y también del comando de la economía, las oficinas centrales de las grandes empresas y las sedes más importantes de los bancos públicos y privados. La interrupción del funcionamiento normal de estas contribuye a desorganizar la economía de una manera mucho más amplia que la de la Ciudad. La Capital, además, no se puede pensar –por la población que entra a trabajar y por su economía– de manera separada al GBA. Más de 2.000.000 personas cruzan a diario para trabajar y provienen del Gran Buenos Aires. Lo vemos hoy claramente con los análisis sobre la flexibilización o no de la cuarentena respecto al AMBA (Área Metropolitana) donde la prohibición de circulación es una de las claves del confinamiento.
La situación actual es totalmente crítica y puede escalar. Se necesita en forma urgente construir una alianza desde la clase obrera ocupada y desocupada, junto a la juventud, el movimiento de mujeres y las organizaciones sociales, con los sindicatos en primera línea paralizando la Ciudad ante cada hecho ante cada crimen social, para parar esta embestida, están asesinando a trabajadores y trabajadoras.
Hay salida a esta crisis social y no es confiando en los distintos gobiernos, que mientras hacen demagogia en los medios y las redes sociales, se disputan las tierras más codiciadas de la ciudad, sino confiando en la propia fuerza de los trabajadores y trabajadoras del barrio, convocando a la más amplia movilización, respetando todas las medidas de distanciamiento social y sanitarias de protección personal, en coordinación con otros trabajadores y familias de las villas y asentamientos de CABA, exigiendo y peleando en los sindicatos y organizaciones de trabajadores y trabajadoras porque tomen estas demandas, siendo que viven allí miles de trabajadores, como sucede en el caso de los aeronáuticos.
Como veremos, en la ciudad, las consecuencias de este proceso de urbanización para la economía global y para la absorción de capital excedente han sido y son enormes. Las formas que acogen las ciudades van de la mano del desarrollo y las necesidades de la propia producción capitalista. Como parece probable, y ante una crisis histórica como la que estamos viviendo, las dificultades fiscales de la actual coyuntura aumentan, y la fase hasta ahora exitosa, neoliberal, posmodernista y consumista de absorción capitalista del excedente mediante la urbanización, entra en total contradicción. Solo cuando se entienda que quienes construyen y mantienen la vida urbana tienen un derecho primordial a lo que han producido, y que una de sus reivindicaciones es el derecho inalienable a adecuar la ciudad a sus necesidades, llegaremos a una política de lo urbano que tenga sentido comunitario.
Partimos de la necesidad urgente de un plan integral de viviendas que dé respuesta a los distintos sectores de la clase trabajadora. No hay una salida posible a este problema sistémico si no se ataca la concentración de la propiedad privada en manos de los grandes pulpos inmobiliarios y desarrolladores. Por eso, no alcanza con un impuesto a las viviendas ociosas que se encuentran deshabitadas producto de la especulación inmobiliaria –como, por ejemplo, gran parte de Puerto Madero-: es preciso expropiar dichos inmuebles sin pago para resolver lo más urgente declarando la Emergencia Habitacional que incluya la prohibición de los desalojos, así como la creación de una inmobiliaria social con control de les trabajadores y habitantes, que cuente con un registro y banco de inmuebles disponibles para administrar el acceso a los inmuebles expropiados. Para esto se debe hacer público el registro de propiedad de los inmuebles. La urbanización real de las villas y asentamientos, con participación de sus propios habitantes, como reclaman las distintas coordinadoras por vivienda. Poner en pie organismos de autoorganización comunales o barriales que nucleen y releven la demanda habitacional de forma territorial.
Estas demandas no son solo urgentes sino realizables. No podemos seguir financiando la fuga de capitales que habilitó la contracción de deuda cuando lo que está en juego son las vidas de millones. Una reforma urbana integral, para terminar con el hacinamiento y la falta de vivienda que hoy agobia a las tres millones y medio de familias que se encuentran en emergencia habitacional, y donde casi un millón de las mismas habitan en alguna de las 4.300 villas y asentamientos que hay en nuestro país. En la ciudad la clase obrera tiene poderosos sindicatos que controlan posiciones y zonas estratégicas del gran capital, desde los bancos y sus finanzas, pasando por escuelas y hospitales, hasta el transporte y las comunicaciones. Es necesaria y urgente su pronta intervención.

NOTAS AL PIE

[1] El plan para relocalizar a las más de 600 familias que quedan tenía como fecha límite noviembre, pero se adelantó primero para agosto y ahora para fines de junio, lo cual obliga a una velocidad récord en plena pandemia. Estas semanas, sin ir más lejos, el operativo incluye la mudanza de 77 familias. El Covid 19 incentivó a algunos vecinos que tenían dudas a apurar su mudanza. De acuerdo a la ley de reurbanización 6129 aprobada en la Legislatura, 364 familias fueron mudadas del Bajo Autopista de la Ilia hasta las viviendas nuevas en las cercanías del Ministerio de Educación, en un proceso largo en el que muchos habitantes tenían reparos y se quejaban de no haber sido consultados.

[2] “Las trampas de la urbanización de la villa 31”, informe especial, Página/12, por Luci Cavallero y Verónica Gago.

[3] Harvey, David, Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana, Madrid, Ediciones Akal, 2013.

[4] Ibídem, p. 36.

[5] Esta obra contó con innumerables denuncias por un proceso licitatorio que fue defectuoso e irregular en favor de IECSA, la empresa del primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, para adjudicarle los tramos más caros de la construcción del Paseo del Bajo.

[6] Lo cierto es que la modificación en los pliegos de licitación a último momento fue lograda en sintonía con la designación en su momento de Nicolás Caputo como cónsul en Singapur. La multinacional PSA Singapure es una de los posibles licitatarios del puerto, como así la monopólica APM terminal Maersk del grupo AP Moller de origen danés.

[7] Harvey, ob. cit., p. 53.

[8] Exp. 2485-J-2015: votan a favor Taiana, Muiños, Pokoik y Cerruti.

29.5.2020

El secretario adjunto nacional del sindicato, Rodolfo Aguiar, aseveró que el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta procura «llevar a los trabajadores directo a la muerte» porque bajo «la figura del voluntariado intenta que miles de empleados violen el aislamiento social, preventivo y obligatorio y se expongan al contagio».

Rodolfo Aguiar rechazó la decisión del gobierno porteño y sostuvo en el documento que «los súper poderes le hicieron muy mal a Rodríguez Larreta», ya que considera que está «en condiciones de posicionarse por encima del Estado de derecho y conducir a miles de trabajadores de forma directa a la muerte» a partir de su resolución.
El gremio denunció que la resolución 20/MJGCBA detalla que «los empleados del gobierno que presten servicios en áreas no esenciales deberán ser puestos a disposición del programa exclusiva o parcialmente para realizar una o más actividades», lo que «es a todas luces inaceptable», puntualizó el sindicalista.
También sostuvo que «es inaceptable que en el orden local se pretenda legislar sobre la esencialidad de las tareas laborales y otorgar ese carácter a la totalidad del recurso humano dependiente del gobierno de la ciudad», y añadió que Rodríguez Larreta «no puede detener la escalada de contagios, otra vez endurece la cuarentena al cerrar comercios y, de repente, procura que decenas de miles de trabajadores del distrito se vuelquen a las calles», puntualizó el dirigente.
«No puede existir voluntariado que encubra semejante barbaridad, ya que está en juego la vida de la gente. Esa resolución es de imposible cumplimiento y debe quedar sin efecto», explicó Aguiar, quien afirmó que hasta el momento un gran número de estatales cumple sus tareas como voluntarios ante la pandemia.
La ATE ratificó su reclamo de que «se acondicionen de forma adecuada los puestos de trabajo para garantizar el cuidado y salud de los trabajadores».
Para el dirigente, no es posible violentar con una norma local el aislamiento vigente, y añadió que el gobierno porteño ya demostró que «no es capaz de cuidar siquiera al personal de la salud a partir de la provisión de elementos de protección, por lo que mucho menos lo hará con agentes no formados y capacitados para cumplir las tareas y funciones que se procura imponer».
«El gremio, al igual que afirma Rodríguez Larreta, también quiere un Estado presente. Pero la diferencia es que la ATE lo desea para defender los derechos de la gente y no para hacer lobby a favor del gran empresariado nacional», concluyó.

29.5.2020

Por La Retaguardia

En plena pandemia, sin agua ni salud garantizada en las villas, la Legislatura porteña pretendía, a instancias del oficialismo, reunirse para tratar la rezonificación (para poder luego vender) varios terrenos cedidos por Nación durante el gobierno de Macri. La idea final es la construcción de torres en los predios aledaños al viaducto de la Estación Villa Crespo del ex FFCC San Martín. La venta supondría el desalojo de una radio comunitaria. Las voces de Mini Pérez, integrante de Radio Asamblea y del diputado por el Frente de Todos, Juan Manuel Valdés, ayudan a comprender la maniobra legislativa en plena pandemia. Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, celebró que la justicia frenara al gobierno local.

En los terrenos del ferrocarril, que ahora transita por elevación, funcionan la Asamblea de Juan B Justo y Corrientes y la radio comunitaria FM 94.1, que cumple un importante rol social para el barrio y sus alrededores. Hace meses que vienen esperando el momento de máxima tensión, que finalmente llegó hace algunas semanas, cuando se conoció la noticia que la Legislatura porteña trataría en segunda lectura el proyecto que autorizaría la venta de terrenos, entre ellos aquel que contiene la Radio Asamblea Aún no llegan a distenderse totalmente, aunque la justicia haya frenado a la legislatura, que por ahora no podrá tratar el proyecto.
Desde la Asamblea se resisten a la venta junto a un grupo de vecinos y vecinas que yse se oponen al Megaestadio que se construyó en los terrenos que pertenecían históricamente al Club Atlanta. Mini Pérez, integrante de la radio, todavía muestra su enojo. “Estamos sorprendidos e indignados. Porque todos sabemos la cantidad de problemas que hay en esta Ciudad de Buenos Aires: los contagios se siguen multiplicando, tenemos una cantidad de casos de dengue increíbles, no alcanzan las viandas escolares, no hay todavía solución al problema del agua en los asentamientos populares. Y con todo esto… qué se reúna la Comisión de Planeamiento y Presupuesto, que sean convocados los legisladores a discutir la rezonificación para construir unas torres que no son ninguna necesidad para el barrio, que son solamente para que algunos sigan ganando más plata… Esta discusión se terminó el pasado viernes 5 de mayo, cuando se votó este proyecto. Por otro lado, el viaducto del ferrocarril, que se inauguró el 9 de Julio del año pasado con bombos y platillos, que es una obra importante, tuvo algunos inconvenientes. Esa obra se paró, porque se debían cantidades industriales de plata a los contratistas, pero bueno… la Ciudad de Buenos Aires no se hace cargo. Entonces la Estación Villa Crespo, o la Estación Paternal, que antes teníamos los vecinos para ir a tomar el tren hacia Retiro, ya no la tenemos más, y nadie se hace cargo de que quedaron sin hacer las estaciones, por darte un ejemplo de cómo se llevó adelante esta obra, entre tantas otras”, comentó Mini Pérez, integrante de la Asamblea y de la radio que allí funciona, en diálogo con Tengo Una Idea, por Radio La Retaguadia.

“Que la Legislatura se convoque para tratar este proyecto es un contrasentido”

Así comenzó su participación en el programa Otras Voces, Otras propuestas de Radio La Retaguadia, el legislador del Frente de Todos, Juan Manuel Valdés, quien también denunció el Proyecto de ley para vender dos terrenos linderos al viaducto de la Estación Villa Crespo. Valdés rechazó “que la legislatura se proponga sesionar sólo cuando esto beneficia una agenda tan mezquina como es la venta de tierra para un sector económico que tendrá más suerte de encontrar precios más bajos en este momento, porque además no estamos hablando de un momento en el que el mercado inmobiliario va a pagar una gran suma de dinero por estar tierras, más bien un momento de depresión de todos los precios”.
“El Gobierno de la ciudad ha ido avanzando en toda la zona, porque no sólo es la Asamblea y la radio, hay muchos vecinos y vecinas que se oponen a esto, porque es cambiarnos la vida. Se hizo este Megaestadio, luego ya se han cedido terrenos, legalmente no hay cómo, a la empresa, para que por ejemplo desde la calle Corrientes se pueda circular hacia el estadio”, agregó. El megaestadio no estuvo exento de polémicas desde el inicio del proyecto, cuando la empresa y directivos del Club Atlanta, dueño histórico de esas tierras, hablaban de miniestadio. El club del barrio perdió esos terrenos en 1991 cuando quebró. Los recuperó parcialmente gracias a la expropiación del Estado comenzado el nuevo siglo. Las tierras donde funciona el magaestadio quedaron abandonadas, expropiadas por el Gobierno de la Ciudad, cedidas a Atlanta, pero sin uso. El Gobierno de la Ciudad propició entonces que le fuera cedido a la empresa (el Grupo La Nación, más ASM Global), con algunos beneficios y exenciones de impuestos inexplicables e innecesarios. A la vez, le reconoce a Atlanta la propiedad del lugar, garantizándole un alquiler mensual. Un grupo de vecinos y vecinas se oponen a su funcionamiento.
Al momento de alzar las voces para oponerse a este nuevo proyecto inmobiliario sobre los terrenos que pertenecían al ferrocarril, el legislador Valdés planteó, “Nuestros métodos habituales de hacernos escuchar que tienen que ver con hacer radios abiertas, asambleas, festivales, son un poco complejos en este momento. Ustedes nos están dando una mano y tantos otros medios por suerte, de los que no son hegemónicos y no responden a este poder tan concentrado. Porque lo primero es que las y los vecinos se enteren de lo que están pasando. Porque nadie sabe, nadie no dijo nada todavía”, dijo antes de que saliera el amparo que detuvo la sesión de la legislatura..
Pérez, destacó la importancia de la radio y sobre las actividades que continúan, “sigue saliendo con las restricciones lógicas del momento, pero nosotros estamos trasmitiendo todo el día, tenemos 50 programas aproximadamente, la mayoría de producción propia porque son colectivos, vecinos y vecinas que hacemos distintos programas. La Asamblea sigue haciendo semanalmente su olla popular, en este momento bajo otra modalidad: no nos juntamos todos. Se entregan viandas, bolsones de alimentos. Cada vez son más las familias que se acercan. Todo se hace a pulmón con la contribución de las y los vecinos. Esto vamos a seguir haciéndolo en nuestro lugar”.
“Nosotros tenemos un comodato, en el 2004 lo firmamos por primera vez, con el AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), el dueño originario de esas tierras, el Estado nacional. Hubo un intento de desalojo hace un tiempo, y en el año 2017 lo firmamos nuevamente. Que por supuesto también fue una lucha. Cada vez que venía Larreta al Barrio ahí estábamos nosotros preguntándole adónde íbamos a ir después, el cine, la olla popular, el centro de jubilados, hasta que finalmente dijeron: “bueno está bien”, se firmó el comodato. Ahora tendremos que ver cómo hacer para llegar hasta ellos, evidentemente la única manera va a ser esta: presionando y haciendo que todo el mundo se entere. Sinceramente si hay algo no precisamos en este barrio son más torres, más cemento. Ya no alcanza la luz, la infraestructura, en verano Villa Crespo es un desastre, nos quedamos todos sin luz acá. En el bajo viaducto, en ese lugar, por la Ley de Comunas, los vecinos tenemos derecho a decir que queremos que se haga ahí. Acá trabajamos en un tejido social de hace muchísimos años, con una cantidad grandísima de organizaciones de todo tipo. Todo ese conjunto hicimos un proyecto, donde participan desde centros culturales para hacer espectáculos, centros de jubilados que plantearon lugares para los adultos mayores, un lugar para la Feria de Consumo Popular, etc.”, explicó.
Como contó Mini, las tierras pertenecían a la AABE. Durante el gobierno de Mauricio Macri, una serie de terrenos ubicados en lugares clave de la ciudad, fueron cedidos al Estado local. La fase dos del plan inmobiliario parece ser la que ahora frenó la justicia: rezonificar en la legislatura, para luego vender. Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, resumió el proceso. “En el año 2019, el ex presidente Macri empezó a transferir gran cantidad de inmuebles a la Ciudad de Buenos Aires. Estaban orientadas principalmente a talleres ferroviarios: Colegiales, Catalinas Sur, Caballito, Villa Crespo. Ahí hay algunos terrenos particulares: uno que se conoce como el Triángulo de Salguero; y otros dos, ubicados en el barrio de Villa Crespo, que son aledaños al Megaestadio Arena. El año pasado la legislatura ya autorizó la venta, pero no tenían autorización para construir en ellos. Para venderlos, el gobierno debía tener una nueva normativa para esos terrenos, que comenzó a discutirse a fines del año pasado. Para el proyecto del predio aledaño al Viaducto Gral. San Martín, ya se aprobó una altura de 45 metros, dos torres grandes. Ese proyecto ya tiene aprobación en primera lectura. Se convocó a audiencia pública en marzo, donde recibió un rechazo casi unánime de los oradores que participaron, principalmente vecinas y vecinos de la zona, y quedaba pendiente que la legislatura lo tratara en segunda lectura. Era de suponer que con los votos oficialistas, más algunos otros votos de opositores que funcionan como orgánicos del gobierno, se iba a aprobar”.
Valdés fue más allá con su análisis: “en este contexto a lo único que va a llevar a la venta de las tierras es al despilfarro, al desprendimiento de recursos estratégicos para una ciudad como es el suelo. La ciudad tiene un déficit habitacional, es decir personas que necesitan una vivienda digna de 500.000 personas. Sumado a la cuestión de los inquilinos, la mitad de los porteños alquilan, y se encuentran en una situación muy delicada. También tenemos una gran carencia de espacios públicos, de espacio verdes, donde tenemos un tercio de lo que las recomendaciones internacionales demandan como espacio verde por habitante. Nosotros planteamos que la situación jurídica de estos terrenos es bastante dudosa. Están queriendo vender terrenos que son motivo de investigación”, aseveró el legislador.
La denuncia pública del asunto, más la interposición judicial del recurso de amparo, consiguieron frenar al gobierno local, al menos por ahora. “Seguramente el juzgado federal le correrá traslado al gobierno para que se defienda de esta petición de que todo quede como está. No debería pasar mucho tiempo para que el juez decida definitivamente sobre esta medida cautelar de no innovar”, cerró Baldiviezo.

28.5.2020

Por Martin Massad y Juan Cruz Guido

Diálogo con el secretario general de ATE Capital acerca de las donaciones que entregan desde el gremio, la situación de las trabajadoras y trabajadores del Estado en el marco de la pandemia por COVID-19.

Muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires están atravesando una situación muy complicada y en ese contexto ustedes, desde el Sindicato, están tratando de brindarles asistencia. ¿Cómo ven la situación concretamente?
Daniel Catalano: Nos encontramos con una situación que realmente angustia. Por ejemplo, en el barrio de Barracas no hay agua potable desde hace varios días. El otro día conseguimos una donación y el martes vamos a descargar agua para la mayoría de los vecinos. Sin embargo, creemos que no es nuestra función hacer esto, pero si no nos involucramos y dejamos de participar, dejamos a los vecinos librados a la suerte de Rodríguez Larreta, y eso es un problema grave.
Los vecinos no cuentan con la estructura para poder alimentarse diariamente y tienen escasez de elementos de higiene, y además al no tener agua se hace difícil que el COVID-19 no entre con cierta determinación, haciendo que se lleve puesta la vida de muchas personas. Por otra parte, en estos lugares la mayoría de las personas se encuentran en situación de vulnerabilidad laboral, lo que afecta directamente su posibilidad de garantizarse la comida. La ciudad de Buenos Aires no está entregando los alimentos de la manera en que tiene que entregarlos. Se desconoce a las organizaciones sociales y los comedores ya no saben qué inventar. Hay barrios en los que hacen vaquitas para poder hacer las ollas populares. Esto es lo que está pasando y en ese contexto se están haciendo donaciones de alimentos que se juntan y luego se reparten para ayudar a los vecinos.
¿Cómo es la actividad sindical actualmente?
D.C.: Nosotros venimos trabajando como siempre, no tuvimos ningún tipo de impedimento para hacerlo. Lo que se pausó en esta etapa son las asambleas, los congresos ordinarios y extraordinarios, debido a que no se puede realizar ningún tipo de actividad que implique poner en riesgo el distanciamiento social que legalmente se ha establecido, pero la vida sindical sigue vigente.
Lo que se determinó a través de una resolución del Ministerio de Trabajo es que no está permitido realizar memorias y balances, asambleas, elecciones de delegados, pero no se impiden las medida de fuerza ni todas esas medidas de excepciones que constituyen la vida institucional de todos los gremios.
La actividad sindical, entonces, continúa. Estamos manteniendo discusión de paritarias y, por otro lado, también tuvimos otro fallo de la justicia producto de nuestra labor gremial en la ciudad de Buenos Aires que no cesa. Tenemos nuestros trabajadores en los hospitales nacionales, públicos y provinciales, y también los trabajadores de la niñez y los adultos mayores en los pasos fronterizos, y todo eso se sostiene con una actividad sindical que no está frenada.
¿Cree que en la pospandemia se fortalecerá el rol del Estado y por ende el de los trabajadores estatales en la Argentina?
D. C.: No sabría decirlo por varias razones. La primera es que no podemos determinar en qué momento terminará la pandemia porque hasta que no haya una cura de esta enfermedad va a ser difícil poder pensar un esquema como el que conocemos en la vida cotidiana. Por otro lado, entiendo que los grupos dominantes siguen pensando que la única tarea posible es la de un Estado chico e inexistente, y lo que tenemos que hacer ahora es discutir un modelo de país que nos permita a nosotros y nosotras poner en valor la acción del Estado, lo que requiere también de una definición política del Poder Ejecutivo. Respecto a eso, pienso que deberían abrir la planta permanente, dar estabilidad laboral y empezar a mostrar que el Estado necesita una transformación acorde a la época y, además, deberíamos empezar a trabajar en la recuperación de las empresas que fueron del Estado y que están privatizadas. Esta sería una señal muy buena para todos nosotros y nosotras porque marcaría una nueva etapa en el país, en la que se podría dejar de tener miedo de la palabra “populismo” o “estatista” para ver que esta es una real herramienta de transformación, en tanto los pueblos necesitan que el Estado tenga mucha presencia para organizar sus derechos. Me parece que esta va a ser la madre de todas las batallas, y va a ser difícil pero hay que animarse a dar este debate porque parece que los empresarios tienen miedo de que dejemos de ser sus empleados.
¿Cómo ve a nivel general la situación de la estructura estatal?
D. C.: No pudimos todavía sentar una base donde poder discutir la estabilidad laboral de los empleados públicos. De hecho, la pandemia se lleva puesta todas las discusiones que para nosotros son centrales, pero tenemos dificultades importantes que tratar porque nos hizo perder un 45% de masa salarial. Este año vamos a tener una inflación bastante importante y tenemos que ir pensando en todos los paliativos que se puedan ir generando para poder darle algún tipo de espalda a quienes tenemos que garantizarles los derechos.
Para nosotros es importante que el pase a planta se pueda materializar pudiendo así darle estabilidad laboral a nuestros compañeros y compañeras de trabajo y pensar de manera colectiva esta pandemia. Es una crisis muy grande, que requiere de mucha firmeza y determinación, y los que garantizamos derechos tenemos que poder tener estabilidad laboral, tenemos que poder llevar un plato de comida a nuestra casa, sabiendo que al otro día vamos a seguir teniendo trabajo y eso se logra con un gobierno que tiene estabilidad laboral y nosotros apostamos a que Alberto Fernández lo haga.
Estamos trabajando en el abandono que están padeciendo los vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires, y desde ahí estamos tratando de colaborar. Hoy nos enteramos de que un paciente del Hospital Borda falleció al ser atacado por perros salvajes que están en el fondo del predio. Las autoridades llamaban regularmente al Instituto Pasteur para que los animales sean rescatados pero con la pandemia se han olvidado. El paciente salió a caminar y fue atacado imprevistamente. Sentimos mucho dolor, angustia y bronca, porque esta es otra muerte evitable de Horacio Rodríguez Larreta, a quien en estos días lo medios blindaron bastante. El caso de Ramón es el caso emblemático de la desidia de los barrios populares.