7.5.2020
Hay preocupación entre los trabajadores de la Ciudad. Tambalean 18.000 contratos debido a la sanción de la ley de Emergencia Económica por el coronavirus.
En medio de polémicas, cruces y denuncias de posible precarización laboral, suspensiones y recortes salariales, la Legislatura porteña aprobó este jueves la Ley de Emergencia Económica y Financiera de la Ciudad, por la que se le otorgan al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta herramientas como la «ilimitada» reasignación de partidas y la revisión de contratos de bienes y servicios, con la excusa de afrontar las dificultades derivadas de la pandemia de coronavirus Covid-19.
En una sesión mixta -virtual y presencial-, la iniciativa fue aprobada con 38 votos positivos de los bloques de Vamos Juntos,(macrismo-larretismo puro), Partido Socialista (manejado por el centrista Roy Cortina), UCR-Evolución (Lousteau), Consenso Federal (lo que queda del lavagnismo) y GEN (Stolbizer), todos socios políticos del jefe comunal.
En tanto, la iniciativa recibió el rechazo de 21 diputados del Frente de Todos, Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad (Luis Zamora).
El proyecto había sido enviado a la Legislatura hace dos semanas desde el Poder Ejecutivo y durante su tratamiento en la Comisión de Presupuesto recibió señalamientos de bloques opositores y aliados, lo que dilató su tratamiento e hizo peligrar su aprobación, lo que derivó en modificaciones, muchas de ellas que corrigieron la embestida del gobierno porteño contra los salarios municipales.
Durante las casi tres horas que duró el debate no faltaron cruces y chicanas sobre las responsabilidades de los gobiernos, las excepcionalidades dispuestas en momentos de emergencia, quiénes son los actores más perjudicados de la crisis y cuáles son las medidas necesarias para mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia.
El punto más polémico del proyecto original era el que facultaba al gobierno de Rodríguez Larreta a escalonar el pago de los salarios de los trabajadores del Estado local ante una virtual falta de liquidez en las cuentas públicas.
En ese sentido, Claudio Romero (Vamos Juntos) calificó a esa idea como un “error” que fue “subsanado”, pero no dejó de recordarle a la oposición que en la historia de la Ciudad esa medida la habían tomado un gobierno peronista, en 1992 (Carlos Grosso), y un gobierno progresista, en 2002 (Aníbal Ibarra).
El presidente de la Comisión de Presupuesto dijo que fue el propio Jefe de Gobierno quién decidió “retirar el escalonamiento que trajo mucha zozobra” y estimó que cuando se comete “algún que otro error” si se “puede enmendar, no es trágico, sino que habla de la grandeza de haber reconocido que podemos mejorar”.
Sin embargo, desde los partidos opositores señalaron que la ley nada dice de los contratos de locación de servicio, lo que pone en riesgo potencial a “cerca de 18 mil trabajadores”.
También se criticó de manera reiterada que, ante la posibilidad de reasignar partidas por encima de lo indicado en el marco normativo, no existieran mayores controles parlamentarios.
La creación de una comisión especial de seguimiento de la redistribución de fondos es -a los ojos de la oposición- “pomposa”, burocrática e insuficiente.
Sobre ese punto, Cecilia Segura (Frente de Todos) señaló que la estructura de ese organismo pone la mayoría y la presidencia a manos del oficialismo y que se corre riesgo de “que termine siendo una comisión de convalidación de la impunidad”.
La eliminación del tope del 5% para re-direccionar partidas también fue criticada por su compañero de bancada, Javier Andrade, quien señaló que, por ejemplo, la Ley de Emergencia Nacional votada en diciembre último ponía un tope del 7,5%.
Desde la UCR, Francisco Nosiglia dijo “no comprender el ánimo de no acompañar (esta iniciativa), cuando en Nación se gobierna sin presupuesto, sin sesionar en el Congreso, con una Ley de Emergencia de 2019 que delegó más competencias que la de 2002”.
El Frente de Todos explicó su rechazo a la norma no sólo en la “discrecionalidad absoluta” para el manejo de fondos sino que especialmente criticó la falta de políticas económicas que apuntaran a fortalecer a sectores vulnerables, a sectores medios de la ciudadanía porteña y a las PyMEs.
Andrade dijo además que esta crisis puso en evidencia otras carencias “estructurales” generadas por el macrismo, cómo “la pérdida de 500 camas de internación que ahora se está trabajando para recuperar”.
También se destacaron las críticas a la concentración de todos los ingresos en una cuenta pública unificada y en el re-direccionamiento de los fondos del juego que se destinan al Instituto de la Vivienda hacia otras áreas sensibles.
“Los que votan esta ley lo están haciendo para que no haya agua en las villas de la Ciudad”, disparó Gabriel Solano (FIT-PO) quién además apuntó contra la precarización de los salarios, especialmente los del personal de salud, quienes afrontan la pandemia “sin los equipamientos de protección” necesarios.
En cambio, el socialista Roy Cortina afirmó que no se trata de una “ley perfecta para todos pero es absolutamente razonable”, mucho “más sobria que la ley de emergencia nacional”.
Al momento de presentar el proyecto, el ministro de Economía porteño, Martín Mura, había dimensionado la crisis de recaudación con una caída estimada de 80.000 millones de pesos.
La norma aprobada podrá ser aplicada hasta el 31 de diciembre de este año y alcanza a los tres poderes del Estado porteño.
