#8 Años de política educativa Macrista:
26.7.2016
Capítulo 4:¿A quiénes benefician las reformas educativas del macrismo?
La NUEVA ESCUELA SECUNDARIA: a medida de los intereses privados
El Ministerio de Educación de la Ciudad (MEGC) emitió las resoluciones 321-MEGC-2015y 1189-MEGC-2015, que establecen los diseños curriculares de la llamada "nueva escuela secundaria" (NES). El hecho reavivó los cuestionamientos a las características y contenidos de los diseños y el conflicto ante los impactos de la reforma en la enseñanza y sus condiciones en las escuelas medias de la Ciudad.
"Participación" y "consenso" en el relato educativo macrista
El 12/12/2014, Mercedes Miguel (directora general de planeamiento del MEGC) publicó una de sus habituales cartas a las escuelas, en la que anunciaba el cierre de los diseños que ahora cuentan con resolución oficial (ver acá). Agradecía allí los "aportes", "encuestas", "jornadas NES" y hasta "cientos de conversaciones informales de gran aporte colaborativo" (sic) que, a su decir, expresarían el carácter "participativo" de la reforma.
Sin embargo, es claro que permanecen sin solución numerosos reclamos ante problemas asociados a la NES, que abarcan pérdida de derechos docentes por cesantías e implantación de modalidades laborales precarias (por ejemplo, con los "EDI"), trastornos horarios e insuficiencia de espacios, deficiencias edilicias no resueltas, lineamientos cuya coherencia pedagógica es al menos discutible, entre otras. Cabe entonces dudar: o el proceso no fue tan "participativo" como se afirma, o se dio "participación" sobre asuntos de escasa relevancia; o ambas cosas a la vez, como fue reiteradamente denunciado ante distintas convocatorias a las "Jornadas NES" (ver por ejemplo acá, acáy acá).
Varias escuelas denunciaron que los aportes que cursaron al MEGC terminaron siendo "archivados" sin devolución. Al fin, las medidas intimidatorias y represivas desplegadas por las autoridades contra los estudiantes en las tomas de escuelas terminaron de desnudar el relato de "diálogo", "participación" y "consenso" como lo que es: pura impostura de un gobierno conservador y autoritario, montada para legitimar una de sus políticas.
Distribución (desigual) de responsabilidades sobre la "calidad educativa"
La funcionaria dice también que el nuevo diseño curricular, a través de los elementos que lo integran, "garantiza una educación de calidad"; y que "hoy todas las escuelas tienen una base sobre la que deberán construir su propio Proyecto Curricular Institucional" "en consonancia" con las resoluciones 1505-MEGC-14y 458-SSGECP-14.
Ante todo hay que decir que ningún diseño, sea "nuevo" o "viejo", garantiza por sí mismo calidad pues ésta requiere, entre otras cosas, las condiciones concretas cuya resolución siguen reclamando las instituciones, docentes, estudiantes y familias.
La omisión de algo tan básico le permite a la funcionaria determinar, como si nada, que las instituciones educativas deberán resolver cómo absorben lo que se decidió permaneciendo sin respuesta aquellos reclamos y necesidades,con un "proyecto" "congruente con las condiciones edilicias y los recursos con los que cuenta cada una de las instituciones educativas y de conformidad conlas previsiones presupuestarias correspondientes en caso de tratarse de Instituciones de Gestión Estatal". Deben además dar "garantías" de que se cumplirán los objetivos del diseño, y demostrar que las adecuaciones o modificaciones que incorporen a su "proyecto institucional" suponen "una mejor oferta educativa para la población atendida" (resolución 458-SSGECP-14, cursivas nuestras). También aquí se advierte el "ADN educativo" macrista: el Estado se desentiende de sus obligaciones y señala a escuelas y docentes como responsables exclusivos de la "calidad educativa".
"Ganadores" y "perdedores" en las reformas educativas del PRO
Pero esta reforma, como todas las del macrismo, tiene hijos y entenados. Las escuelas públicas deben ceñirse a emplear "los recursos con que cuentan" dentro de las "previsiones presupuestarias". En contraste, las escuelas privadas pueden acrecentar la carga horaria mínima de 38 hs. semanales en hasta un 50% más, algo que el MEGC informa en varias comunicaciones(ver por ejemplo acá, pp. 18 y 19; o acá). Nada parecido hay en las comunicaciones a escuelas públicas, ni en las resoluciones 1505-MEGC-14y 458-SSGECP-14que enmarcan el "proyecto curricular institucional".
Luego, estaconcesión evidencia un doble estándar que privilegia unas instituciones (las privadas) sobre otras (las públicas). La extensión de turnos, como se vio en las "escuelas pioneras", plantea problemas concretos y no resueltos a gran parte de las escuelas públicas, a la vez que se presenta como ventaja para las escuelas privadas, permitiéndoseles una extensión mayor aún.
El dato muestra qué "aportes" recogió efectivamente el MEGC, pues satisface demandas de la Vicaría Episcopal de Educación (ver acá, pág. 11). Con esto se da libertad irrestricta a las escuelas privadas para manejar el valor mercantil del servicio educativo y/o negociar subsidios administrando la carga horaria y, así, la rentabilidad del sector; aumentando de paso la prerrogativa de estas patronales y la Iglesia para definir unilateralmente y en función de sus particulares intereses la enseñanza, sus enfoques y contenidos.
La canonización ministerial de "aportes" de la Iglesia Católica no se limita a esta concesión. Varias definiciones del nuevo diseño (los "EDI", la adopción de “ejes” y "bloques" que disuelven espacios y contenidos, la "selección" de contenidos y definición de espacios en manos de las rectorías, la consiguiente fragmentación pedagógica y precarización del trabajo docente; entre otras ampliamente cuestionadas) tienen también su origen en propuestas de esa institución (ver acá, pág. 12). Al establecerlas como norma para toda la educación secundaria el MEGC implanta, en escuelas públicas, orientaciones de gestión, control y (des)regulación del trabajo docente propias del negocio educativo privado, y abre el camino a una radical fragmentación del nivel.
En lo esencial, estas orientaciones e influencias ya estaban presentes en avances que Planeamiento realizó durante 2013 (ver acá), lo cual deja claro que ya existían decisiones que no fueron modificadas en dos años de "participación".
Ajuste y menoscabo de las condiciones de enseñanza en las escuelas públicas, y ampliación de privilegios de las patronales de la educación privada y protección de sus ganancias, son las dos caras de esta política. Amplía la transferencia de recursos económicos y políticos a favor de la escuela privada a costa de la escuela pública, y "transforma" a esta última hacia un modelo autoritario, gerencial, fragmentado y precarizado en términos pedagógicos y laborales.
Los caminos de la privatización
En esa vía de privatización de las escuelas públicas, los métodos crecientemente autoritarios y antiestatutarios con que se implementa la NES y el régimen de "profesor por cargo" juegan un rol central en la desarticulación y atomización del sistema educativo, a la par de la concentración gubernamental de poder de control y evaluación. Derogan las garantías y regulaciones comunes y públicas, reemplazándolas por "reglas" personalizadas y arbitrarias. El proceso se articula así con otras políticas del PRO que van en el mismo sentido general, como los cierres de cursos, el monopolio gubernamental del manejo de vacantes de escuelas públicas vía "inscripción on line", la centralización de inscripción y clasificación docente en la COREAP; etc.
Su complemento es la cooptación individualizada de directivos mediante "capacitaciones" y "sensibilizaciones" en universidades privadas, becas y viajes al exterior, fomentando una cultura institucional de competencia individual por "premios" gubernamentales, funcional a la charterización del sistema público (ver acá, entre otras).
Esta "cirugía mayor" sobre las escuelas públicas para su "transformación" privatista supone una modificación profunda de las formas tradicionales de gestión del sistema. Los “ganadores” de las reformas macristas son, también, convocados a conducir esta “cruzada transformadora”.
El gobierno directo de la Iglesia Católica sobre la educación porteña
Se ha denunciado reiteradamente la presencia de la Iglesia Católica en el gobierno de Mauricio Macri, y los enormes favores que éste le ha dispensado a costa del patrimonio público (ver por ejemplo acá, acá, acá, acáy acá). Esteban Bullrich reproduce ampliadamente ese patrón, ejecutando los "consejos" eclesiales con medidas a veces grotescas (ver acá, entre otras); pero además constituye a la Iglesia en actor privilegiado que participa y decide realmente y en su propio beneficio sobre las políticas educativas de la Ciudad. En esta perspectiva, unge a la Pontificia Universidad Católica Argentina y otras entidades orgánicas de la Iglesia como cabeza y columna vertebral de todas sus políticas.
Para esto, Bullrich pobló el MEGC de representantes corporativos de esas entidades, convirtiendo áreas públicas en apéndices de la Iglesia Católica; una evidencia más de la concepción patrimonial de lo público que detenta el macrismo. La conducción de áreas como Educación de Gestión Privada, Planeamiento Educativo y Curriculum[i], y las ingentes comitivas de asesores nombradas en tiempo récord ilustran cualitativa y cuantitativamente una estrategia que, para allanar la privatización del sistema educativo, pone a su mando a sus principales beneficiarios: los dueños del negocio educativo privado. El rancio cuño menemista del PRO queda, así, impúdicamente expuesto.
La educación que necesitamos: pública, laica, gratuita y universal
En un sentido general, las políticas privatistas del PRO continúan y extreman la transferencia realizada por el menemismo en los ’90, cuyas bases materiales fueron dejadas intactas por todas las normativas nacionales creadas a partir de la Ley de Educación Nacional que sustituyó la Ley Federal de Educación. Muestran los límites del actual Sistema Educativo Nacional y, más grave aún, una vía cierta de profundización de sus características más regresivas.
La situación en la Ciudad plantea, con carácter urgente, la tarea de recuperar el carácter público de la educación y de la construcción de sus políticas, con participación efectiva de los trabajadores; y el cumplimiento del Estado de la totalidad de sus obligaciones en el sostenimiento de las condiciones generales de la educación.
El programa de los trabajadores de la educación debe incorporar la eliminación de subsidios y privilegios de la educación privada, la estatización de sus establecimientos y la incorporación de sus trabajadores al Estatuto Docente con estabilidad y plenos derechos, y la efectiva separación de Iglesia y Estado. Son a la vez condiciones para el desarrollo de políticas curriculares y de la enseñanza, de formación docente continua, de investigación educativa, de mejora y fortalecimiento de las condiciones del trabajo profesional docente y para el sostenimiento de la escolaridad de niños, adolescentes y jóvenes, sustentadas en modalidades científicas y democráticas de construcción y acceso al conocimiento. Sólo un sistema educativo público, único, laico, gratuito y universal puede dar marco que posibilite tales políticas.
Por las necesidades así planteadas, la lucha económica defensiva contra las políticas de ajuste y privatización requiere ampliarse hacia un plano político, ideológico y pedagógico. La unidad y organización de los trabajadores y el conjunto de las clases populares son herramienta insustituible para frenar la destrucción del sistema público de enseñanza, y restituir el derecho universal a la educación y la apropiación real del conocimiento por parte del conjunto de las clases sociales excluidas del poder económico y político.
Equipo de trabajo de la Secretaría de Asuntos Pedagógicos – Ademys