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13.7.2016
El pasado domingo las calles de San Telmo amanecieron colmadas de policías. Luego de cuatro fines de semana de lluvia, los trabajadores y las trabajadoras de la cooperativa “El Adoquín” se encontraron con más de 300 efectivos ubicados en las inmediaciones de la Defensa entre Humberto Primo e Independencia donde domingo a domingo comercializan sus productos. Desde el año 2009, bajo la consigna “trabajo digno hecho a mano” este colectivo de 400 artesanos, manualistas y microemprendedores -en su mayoría mujeres- mantienen una feria de manera autogestiva. Pero en la mañana del 10 de julio personal de la política federal, funcionarios de espacios públicos, infantería, oficiales femeninos –dado el número de mujeres que integra la cooperativa- acataban la orden de desalojo de Gonzalo Ezequiel Demian Viña integrante de la Fiscalía Sudeste para impedir que se armara la feria. Esta sede judicial está a cargo de la fiscal Verónica Guagnino.
Resistiendo el desalojo, los integrantes de El Adoquín reunidos en asamblea se movilizaron para rechazar el operativo entonando a su paso la consigna “queremos trabajar” y el himno nacional. Los acompañaban vecinos del barrio, compañeros y compañeras de otras organizaciones de San Telmo e integrantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) de la que el Adoquín hace parte -empresas recuperadas (MNER), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), etc.- y Misioneros de Francisco, entre otros colectivos que se acercaron para brindar su solidaridad. También se acercó a dar su apoyo la unidad básica del barrio, la legisladora María Rosa Muiñoz, quien junto al entonces legislador Taiana, presentaron un proyecto para la legalización definitiva de nuestra feria y otros actores de la sociedad civil. Gracias a la movilización se logró abrir un canal de dialogo con el fiscal Viña y la firma de un acta acuerdo para levantar el operativo con el compromiso de una reunión en la fiscalía para el lunes siguiente a las 11 de la mañana.
Pasadas las 12 del mediodía el operativo fue levantado. En pocos minutos Defensa se vestía nuevamente de colores: carteras, tejidos, remeras, mates y demás productos hechos a mano embellecían el gris del empedrado deleitando a turistas o vecinos que se acercaban con sus familias. Luego de 4 domingos consecutivos donde las condiciones climáticas lo habían impedido, los integrantes de El Adoquín lograban comercializar sus productos aunque no recuperar las horas de trabajo perdidas como tampoco armar sus puestos de propiedad colectiva -fabricados por ellos mismos en el taller de la cooperativa- que permiten desarrollar su actividad en mejores condiciones.
Cuando el paisaje de San Telmo había recobrado la cadencia de un domingo cualquiera, un número mayor de efectivos regresa a la zona con una nueva orden para levantar la feria. Esta vez el comisario explicó que la disposición provenía del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Fernando Martín Ocampo.
Habiendo logrado generar una instancia de diálogo con la fiscalía que preveía una reunión para la jornada siguiente y ante el atropello de un nuevo operativo que ponía en riesgo la reproducción del conjunto de quienes integran la cooperativa y sus familias en un contexto de extrema vulnerabilidad (como es el de los y las trabajadoras que hacen parte de la economía popular), los integrantes de El Adoquín permanecieron en la calle en defensa legítima de su fuente de trabajo amparándose en el artículo 14bis de la Constitución Nacional. Con este fin, montaron una barricada en la esquina de Defensa e Independencia permitiendo el paso exclusivamente a transeúntes y turistas e impidiendo la circulación a las fuerzas de seguridad y los funcionarios de espacios públicos para garantizar la continuidad del trabajo durante lo que restaba de la jornada. Esto no evitó, sin embargo, sucesivas amenazas de decomiso dificultando la comercialización en las horas que fue posible gracias a la organización de grupos de 50 compañeros que mantenían la barricada.
Hacia el caer de la tarde contando con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil que nuevamente se acercaron a expresar su solidaridad con los y las trabajadores se realizó una olla popular manteniendo el control del acceso a la calle Defensa hasta las nueve de la noche con el fin de mantener la feria.
El lunes por la mañana, luego de una jornada de extrema tensión y angustia en condiciones de trabajo sumamente precarias que impidieron generar los ingresos mínimos, la fiscal Guagnino y el fiscal Viña recibieron a los delegados de la cooperativa. Ambos fiscales demostraron buena voluntad en la resolución del conflicto comprometiéndose a evitar nuevos operativos ordenados por parte del poder judicial así como a impedir situaciones de represión y persecuciones por parte del Ministerio fiscal. También estuvieron presentes los abogados que representan a El Adoquín, la Dra. Gabriela Carpineti y el Dr. Nahuel Berguier, y por Defensoría General las Dras. Natalia Ohman y Paula Lago. El ministerio fiscal asumió este compromiso aunque sin poder asegurar la ausencia de nuevos operativos ordenados por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como en el año 2013 frente a acontecimientos similares, El Adoquín sigue peleando por la defensa del “trabajo digno hecho a mano”. Esta cooperativa que desde hace 7 años es reconocida no solo por la calidad de los productos que comercializa -entre los cuales rosarios entregados al papa Francisco como obsequios en ocasión de visitas de organizaciones sociales como la CTEP- sino por el fin social de la actividad que realiza no está dispuesta a renunciar a su espacio de trabajo: la calle. Para lograrlo, hoy se hace imperativo abrir una instancia de diálogo con los funcionarios del Gobierno de la Ciudad a fin de legalizar la feria. Se trata una vez mas de defender un derecho humano, el derecho a trabajar dignamente, por sobre los intereses económicos que favorecen el de la propiedad privada. Pero también de defender el derecho a la ciudad: para quienes y como se construye el espacio público.
8.7.2016
Ayer, por la tarde, el Frente de Artistas Ambulantes Organizados (FAAO) realizó un Festival en defensa del arte callejero y en repudio al Proyecto de Ley 2538/15 en pleno centro porteño. La iniciativa multidisciplinaria incluyó números de circo, musicales y de pintura, con el objeto de llamar la atención sobre el estado de emergencia que afronta la cultura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ahora se ha extendido de la problemática de los espacios culturales para alcanzar también a los artistas callejeros cuya búsqueda artística no tiene techo. Por Yamila Belén Martínez Pandiani para ANRed
Entre las 13 y las 17 hs. del día de ayer tuvo lugar en Diagonal Norte y Florida un festival de arte callejero que pese a haber sido realizado sobre la calle Florida no tuvo flores pero sí, cual brújula, un Norte definido: defender a la cultura callejera de los embates que sufre a raíz del Proyecto de Ley 2538/15 que presentó el gobierno en noviembre del año pasado y busca, bajo el aparente fin de “reglamentar” el arte callejero, cercenar las posibilidades de expresión de cientos de artistas callejeros que, sin molestar a nadie, dan diariamente un poco de vida a los transeúntes y aportan algo de color a los grises pavimentos de la ciudad de Buenos Aires.
En una entrevista para ANRed, Lara Aldana, una de las tantas artistas en esta situación, refirió que “el Proyecto de Ley 2538/15 es completamente restrictivo” respecto al arte que ellos realizan en la calle al estipular una serie de restricciones y hacer obligatoria la necesidad de gestionar una serie de permisos burocráticos para poder realizar sus presentaciones. Asimismo, la entrevistada aseveró que, en la misma línea de las severas pautas que se plantean a los centros culturales, el Proyecto de Ley, que rechazan mediante este festival, tiene que ver con “negar la cultura” y, en ese sentido, controlar al pueblo argentino para que este no piense por sí mismo. Limitar la cultura es privar a la sociedad del arte, escalpelo por excelencia para diagnosticar e intentar resolver los problemas que los aquejan, el instrumento indispensable para operar sobre sus vidas dejando a un lado los parches insuficientes que son, para el caso, los planes del gobierno de turno.
Hacer festivales con la cultura como fachada y con fines comerciales como sustento es negar la cultura: por el contrario, dejar sin efecto el Proyecto 2538/15 es gobernar en pos de una cultura popular e inclusiva, para el que lo tiene todo y el que no tiene nada, fin último al que debe aspirar todo gobierno si se cree un gobierno para el pueblo. Esperemos que estos actos artísticos que derrocharon talento en la tarde de ayer no queden obsoletos y, como todo arte, abran los ojos de los gobernantes para que estos entiendan que el arte, en todas sus manifestaciones, no pasa por un espacio cerrado, un tiempo, una forma o cumplir a rajatablas un reglamento: el Arte no conoce credo, tiempo, raza ni techo.
7.7.2016
María Agustina Chaves, Delegada Subte – Línea D
Dos trenes Alstom 0 Km estuvieron a punto de impactar de frente en la estación Las Heras.
Después de una semana con la línea H cerrada, no sin antes haber hecho una campaña contando las bondades de la “modernización” y la “automatización”, Metrovías y Sbase inauguraron el pasado lunes los nuevos Alstom, que funcionan con un nuevo sistema de señales: el CBTC, de origen alemán. Esta llegada, se dio en medio de accidentes y fuertes debates.
El hecho ocurrió por la tarde, cuando se encontraba un tren estacionado en el andén de la estación Las Heras preparado para salir, con pasajeros dentro y en el andén.
Por la misma vía, pero de frente y en dirección contraria, apareció otro tren, que estaba por ingresar en esa misma estación. La conductora del tren entrante se dio cuenta de la situación a tiempo y frenó a 50 metros del que se encontraba estacionado, evitando lo que podría haber sido una tragedia.
El martes por la tarde también, una formación que funcionaba de manera automática pasó de largo en la estación Humberto Primo, llevándose a cientos de pasajeros que debían bajar (o dejando a los que querían subir) en esa estación. Todas estas situaciones ocurrieron con el nuevo sistema automático de señales de la empresa Siemmens en funcionamiento, al cual tanto Metrovías como Sbase han hecho grandes loas, llegando incluso a sugerir que era más seguro que otros sistemas donde intervienen seres humanos.
Esta novedad viene siendo anunciada con bombos y platillos por Metrovías desde hace varios meses, junto a la promesa de que esto permitiría brindar un mejor servicio. Pero la realidad es que los millones de pasajeros que utilizan por día este transporte siguen viajando como ganado por la poca frecuencia que sigue habiendo.
Además de que esas promesas eran a costa de los trabajadores, ya que anunciaron que los nuevos trenes funcionarían de manera automática, prescindiendo de los guardas. Esta “innovación” fue sellada en un pacto con la burocracia de UTA. Acto seguido, Sbase ordenó a los mecánicos que vandalizaran los trenes a estrenar, para quitarles los comandos que le permiten al guarda abrir y cerrar las puertas. Toda una provocación hacia los trabajadores, que después de llevar adelante la campaña “Sin guarda no hay subte”, lograron que AGTSyP, el sindicato con representación real entre la base, firmara un acuerdo donde la empresa se comprometía a mantener el puesto de guarda. Sin embargo, Metrovías también manifestó sus intenciones de que los trenes funcionaran durante el 80% del servicio en forma automática. Lo que ocasionó un gran debate entre los trabajadores, ya que la mayoría del Secretariado y de la lista Roja y Negra planteaban que una pelea contra la automatización era inviable, mientras otros, como los integrantes de la lista Bordó-Violeta y trabajadores independientes, planteaban que era necesario hacer un debate frente a la cuestión de la “automatización” que lleva a prescindir puestos de trabajo. La falla en el sistema el día de hoy, demuestra que ningún sistema es infalible, sobre todo cuando trata de despreciar la labor humana. Y que ese debate sigue abierto.
Otra discusión que se abre es acerca de cómo pensar al trasporte público. En ese camino, los trabajadores han denunciado en numerosas oportunidades que la gestión del organismo estatal esconde detrás de anuncios rimbombantes sus verdaderas intenciones: llenar sus bolsillos a costa de usuarios y los propios trabajadores. Ya que no les tiembla el pulso para llevar el precio del boleto a 7,50, llegando a una suba de más del 400% desde que se hicieron cargo del subterráneo en el año 2012. Pero si bien la recaudación es cada vez mayor, las inversiones siguen siendo insuficientes. Y donde las hay, se prioriza la estética o ese afán de darle al subte un aire de primer mundo con wi-fi y trenes automáticos. Mientras que los usuarios siguen viajando en pésimas condiciones, a lo que se suma la falta de inversión en infraestructura que hace que las estaciones también se caigan a pedazos. Y por si fuera poco, se agrega el problema que significa viajar para los ancianos o las personas con capacidades físicas diferentes, debido a que las pocas escaleras mecánicas y ascensores que hay, no funcionan. Incluso hubo situaciones donde se han desprendido escalones de las escaleras mecánicas, como en la estación Tribunales en diciembre de 2015, o en José Hernández en febrero de este año, accidente que dejó un saldo de varios heridos. Además de innumerables accidentes donde incluso hubo 4 trabajadores que perdieron su vida, siempre producto de la falta de inversión.
Todos estos argumentos son suficientes para darse cuenta de que el subte debe estar en manos de usuarios y trabajadores, los únicos interesados en que sea eficiente, seguro, y de calidad. Los mismos que ahora deben plantarse frente al tarifazo que en los próximos días hará cada vez más inaccesible este servicio al pueblo trabajador. Aquellos que viajan en autos privados con chofer, sólo buscan enriquecerse a costa del pueblo trabajador. El actual gobierno, conformado por CEOs, representa a una clase que poco sabe de las penurias que debemos pasar día a día los que solo tenemos nuestra fuerza de trabajo, y sin embargo deciden cómo debemos viajar. Metrovías es cómplice y ejecutor de las políticas neoliberales del gobierno de Cambiemos. Antes recibió jugosos subsidios de parte del FpV. Por eso debe abrir los libros para ver en que se han ido todos estos años de millonarios subsidios y escasas inversiones. 12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:ES'>Maca: Luego del primer acto público que se hizo en el Programa, que fue con normalidad, los que habíamos tomado cargo nos fuimos a Bolívar para firmar, nos entregaron las planillas para completar nuestros datos y estuvimos esperando que nos las reciban. Antes de que entráramos a firmar sale una persona y pregunta quienes eran los de Lugano y los que estaban por firmar ese espacio se acercaron y les pidieron las planillas. No les dieron ninguna explicación y se las retuvieron. No daban explicaciones, sólo que era una orden del Ministerio o algo así. Al rato llegan los compañeros del Movimiento Popular la Dignidad a preguntar qué era lo que estaba pasando, porque se les había sacado las planillas, no nos dieron explicaciones. El resto de los que estábamos para firmar en otros espacios lo pudimos hacer. Los de Lugano no, ese día no le devolvieron las planillas.
Mariela: Pero en ese momento era mucha gente para acallar, creo que esto es un nuevo intento de disciplinar a todo trabajador que intente exigir cuáles son sus derechos, por eso no me parece raro o ingenuo que hayan reabierto los expedientes.
Maca: Obviamente que es una persecución, de esta manera buscan amedrentar a aquellos que quieren protestar por mejoras de estos espacios, por la educación pública en general.
Este miércoles 6, convocan a Paseo Colón 255 a las 13hs para acompañar a los trabajadores perseguidos, para seguir peleando por los derechos de los trabajadores y niños y niñas para que no logren imponer sus políticas flexibilizadoras y privatistas que las disfrazan de mejoras cuando el eje del problema es la falta de construcción de escuelas en Caba y todo el país.
6.7.2016
Por Sebastián Polischuk
A partir del fuerte crecimiento de hechos de violencia, sobre todo por parte de la policía y la justicia porteña hacia personas afrodescendientes, y en reclamo por el asesinato del militante senegalés Massar Ba, días pasados se realizó una importante actividad convocada por distintas organizaciones comunitarias, como la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina (ARSA), Agrupación Xangô, Sociedad Caboverdiana, Comisión Organizadora 8 de Noviembre, organismos dependientes la Procuraduría de la Nación (Procuraduría de Violencia Institucional-PROCUVIN), las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJOS), y el diputado y Presidente de de la Comisión de Derechos Humanos, Garantía y Antidiscriminación José Cruz Campagnoli.
Bajo esta temática y a casi 4 meses del asesinato de Massar Ba, la actividad consistió en visibilizar situaciones de violencia a partir de una serie de videos de testimonios de personas senegalesas, víctimas de maltrato policial y otro sobre el caso el caso de Massar Ba. Además se realizó una charla en profundidad sobre estos temas.
Massar Ba, fue un militante muy importante para la lucha contra la xenofobia, el racismo y los derechos de las personas afro en Argentina. Fue asesinado el 7 de marzo de este año. La policía demoró en llegar pese a estar herido agonizante durante varias horas en el barrio porteño de San Cristóbal. Además prácticamente no hubo investigación sobre el hecho y sus autores.
El caso de Massar Ba no está aislado de todo tipo de violaciones de derechos humanos que sufren día a día las personas afro en nuestro país, hechos inscriptos en el contexto actual de crisis mundial del capitalismo, ascenso de gobiernos de derecha y las últimas medidas que se vienen impulsando sobre todo desde el gobierno de Mauricio Macri en Nación y Rodríguez Larreta en la Ciudad. Basta con mencionar las políticas de militarización de las villas, e intento de regularizar las protestas sociales, la represión, censura a militantes de Centros Culturales y desalojo de trabajadores “manteros” o vendedores callejeros (muchas de estas personas trabajan en ese rubro). Toda una serie de medidas lamentables que se acrecientan mucho más y son avaladas desde el poder político.
Por otra parte y con motivo de empezar a tener una pequeña herramienta, al finalizar la actividad se entregó a los presentes la Guía de Recursos para la Comunidad Afro en Buenos Aires, que trata sobre cómo actuar cuando la policía los detiene y qué hacer frente a estas situaciones de violencia, racismo y xenofobia. Guía que fue traducida al francés y al idioma senegalés, el wolof. También se hizo entrega de la declaración 355/2006 de la Legislatura porteña aprobada el jueves 23 de junio en el que se adhiere al decenio internacional de los afrodescendientes aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, como un mecanismo más de protección de derechos humanos.
Las situaciones de violencia, racismo y xenofobia en la que viven actualmente muchas personas afrodescendientes en nuestro país
Uno de los oradores de la actividad fue el diputado José Cruz Campagnoli quién explicó que “toda esta situación se produce bajo este sistema capitalista que cada vez genera más desigualdad y concentración de la riqueza, y del cual las personas de comunidades afro se ven obligadas a migrar de sus países para poder llevar una vida que les permita sobrevivir. Y agregó que Argentina, que fue un país que históricamente permitió la entrada de grandes corrientes migratorias, en este contexto y bajo este nuevo gobierno se están empezando a profundizar “ciertas tendencias persecutorias, discriminatorias, segregacionistas frente al colectivo de afrodescendientes. Entonces nos parece a nosotros que tenemos que hacer todo lo posible que esté a nuestro alcance para colaborar en poder garantizar la protección de derechos que el Estado hoy se niega a garantizar en su plenitud”.
Además dio cuenta de que también lo mejor que podemos hacer es denunciar y visibilizar estas situaciones y que el caso del asesinato de Massar Ba es un caso extremo en donde hay toda una responsabilidad institucional encubierta que no tiene intenciones de indagar en su asesinato y es por eso que es fundamental seguir peleando para que se esclarezca este hecho para que todos los derechos puedan ser respetados.
Carlos Alvares de la Agrupación Xangô y de la Comisión Organizadora 8 de Noviembre, dio su aporte al decir que:
“Nos acercamos a la comisión porque entendíamos que en la Ciudad de Buenos Aires realmente no solamente el crimen de Massar sino también el crecimiento de la violencia policial, institucional, racista está cada vez más tomando nuestros cuerpos, violentándonos con cada una de las distintas acciones que evidenciamos muchas veces en nuestro cotidiano. Y nosotros no queremos dejar de levantar nuestra voz, de dar presencia, de poner el cuerpo, la bandera de resistencia como lo han hecho nuestros antepasados y nuestros ancestros y hoy nosotros continuamos esa lucha. Como bien decía el compañero José en un contexto bastante complicado, vemos que la Ciudad de Buenos Aires esta siendo un epicentro de violencia discriminatoria y racista. Cada uno de nosotros que transita y que tiene este color de piel, muchas veces tienen montones de no solamente historias o de anécdotas sino también de cómo la violencia racista afecta a nuestros cuerpos, a nuestras familias, nuestro desarrollo en nuestros lugares de trabajo o a nuestros niños en las escuelas, a nuestros jóvenes adolescentes en el secundario y podríamos seguir nombrando a tantas personas en situaciones de discriminación conocemos”.
Y agregó también en referencia a Massar Ba: “Entonces nosotros asumimos ese compromiso desde cada una de nuestras organizaciones pero también desde la Comisión 8 de Noviembre, refrendado por cada uno de ustedes que cotidianamente le dicen también ‘no al racismo, no a la discriminación’ y a que la memoria del compañero Massar Ba y de tantos otros africanos, afrodescendientes, negros, negras, no afro que son víctimas de la violencia y del racismo. Que sus muertes y crímenes no sean en vano”.
Por su parte, Miriam Gómez de la Sociedad Caboverdiana e integrante de la Comisión Organizadora 8 de Noviembre, agradeció a los presentes y a las personas que llevaron a cabo la tarea de armar la guía y a los que se prestan día a día a dar declaraciones de denuncia sobre situaciones violencia policial que padecen, siendo muchas veces perseguidos y amenazados por la policía.
“Los casos de asedio y de hostigamiento hacia los chicos de Senegal no se remiten solamente a la calle en que los corren con sus mercaderías, que como les digo las compran ahí mismo a los propios comerciantes de la zona, van a buscarlos a sus habitaciones, rompen las puertas, algunos están desnudos y los sacan a la calle como están, les roban las pertenencias, los teléfonos, el dinero… ¿Eso es un allanamiento? ¿Eso es búsqueda de mercadería, que no tiene factura, por ejemplo? Por supuesto que no, no hay órdenes judiciales para realizar esos allanamientos, porque si a uno le muestran una orden, uno como respetuoso de la ley permite, pero lo que está pasando es pura delincuencia, lamentablemente delincuencia organizada.”
En relación a esto Aba Gouyabi de la Asociación de Senegaleses Residentes en Argentina, afirmó:
“Los padecimientos que estamos sufriendo como colectividad y los allanamientos que venimos soportando hace ya bastante, son cada vez más dolorosos. A nuestros compatriotas a veces les llevan toda la mercadería y lo peor de todo es que no le dan ningún papel para decirle que cosas se llevaron y donde las tienen. O sea lo que se llevan de ahí, nadie vio, nadie sabe, y no hay ningún papel que registre que se llevaron plata, pero estas cosas no se ven. Por eso, estamos pidiendo a toda la sociedad, a las autoridades, a la justicia que nos ayuden sobre estos temas porque sinceramente queremos estar en paz como todo ser humano que está viviendo en Argentina. Estamos trabajando y tenemos derecho a vivir como cualquiera.”
Ahora en referencia a los pocos datos que hay sobre las denuncias de estas violaciones de derechos, José Nebbia de PROCUVIN concluyó:
“Desde PROCUVIN estamos notando un incremento de hechos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad tanto en cantidad como en calidad no solamente por la información que nos llega directamente sino también por la información que llega a los ATAJOS y que los ATAJOS nos informan y eso no es casualidad. Encontramos que las fuerzas de seguridad reconocen y accionan en función de un discurso político. Es decir cuando hay una habilitación política las fuerzas de seguridad la reconocen y actúan en consecuencia. Todos se habrán enterado del caso de la murga. En los últimos tiempos han aparecido determinados casos que parecían muy difíciles que ocurran, sin embargo se están cometiendo y nosotros estamos registrando un aumento en calidad y en cantidad. Por ejemplo, puedo señalar la modificación de los protocolos respecto a las protestas sociales, en donde encontramos que el enfoque de valor es absolutamente distinto en el cual el peso que se le da a un derecho como es la integridad física o la vida empieza a decaer versus al valor que se le da a la propiedad o al espacio público para transitar. Esos son mensajes muy concretos de quienes tienen que tener el control político sobre las fuerzas de seguridad y los primeros que los sufren son ustedes. Nosotros estamos muy preocupados por las distintas señales que se están dando desde distintos ámbitos respecto de esta pulsión de avanzar del Estado policial, de la habilitación de las fuerzas de seguridad para que sigan adelante.”