Red de radios

23.6.2016

Los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad Autónoma organizados en la junta interna de Promoción Social elaboraron un documento sobre las políticas del Programa Buenos Aires Presente y de las direcciones de Mujer, Adicciones, Niñez y Adolescencia. “Declaramos el estado de emergencia de las políticas públicas y en la situación laboral a nivel ministerial”, manifiestan.

“Entendemos que este escenario es consecuencia de un deterioro sistemático que, en nombre de la eficacia y la eficiencia, desgastó, recortó, tercerizó y fragmentó las políticas sociales en la ciudad. La gestión del Pro, en los últimos ocho años, desligó al Estado de sus responsabilidades como empleador y garante de derechos para la población más vulnerable. Se deterioraron, así, el carácter público de las políticas sociales y, también, las condiciones laborales de sus trabajadores”, comienza el informe.

El análisis pormenorizado de los trabajadores del Estado atraviesa diversas aristas. Entre ellas, la situación de los hogares convivenciales donde se albergan menores apartados de su grupo familiar temporal o definitivamente, por orden de la Justicia.

“En estos dispositivos, donde debieran vivir un máximo de 30 bebés, niños o adolescentes según las leyes vigentes, se hacinan hasta 50 chicos. Los edificios están derruidos y con goteras, y sistemáticamente hay plagas de roedores y cucarachas”, precisa la junta interna.

Además, señala que “por momentos” tres operadores sociales deben hacerse cargo de la crianza y cuidado de todos los niños. Y que hay faltante de pañales, medicamentos y alimentos.

Tan alarmante resulta la falta de vacantes en estos refugios y hogares que protegen a niños y adolescentes en situación de explotación sexual, mujeres víctimas de violencia de género y población en situación de calle.

“Para los chicos explotados sexualmente, ingresar a dispositivos convivenciales implica la posibilidad de acceder no sólo a espacios de cuidado y contención, sino también a recursos materiales básicos, como alimentos y vestimenta. La falta de vacantes en dichos espacios provoca que los niños y jóvenes tengan que recurrir a quienes son sus explotadores, al encontrar pocas respuestas desde las políticas públicas”, subrayan los trabajadores.

“Para las mujeres víctimas de violencia, el ingreso a hogares o refugios constituye un recurso fundamental para acceder a condiciones mínimas de seguridad y, también, para romper con la dependencia material, que impide el desarrollo de un proyecto de vida libre de violencia”, acotan también.

Las 17.000 personas en situación de calle (número estimado por organizaciones especializadas) superan ampliamente las vacantes disponibles en paradores que sólo funcionan de 17:00 a 8:00. El único subsidio habitacional que ofrece el gobierno de la ciudad en la actualidad, para familias, es de $1.800 mensuales, por no más de diez meses. El monto es ampliamente superado por el valor de una habitación para tres personas en un hotel familiar de $4.000 mensuales.

Atención fragmentada

A pesar de estar recomendada en los marcos normativos que rigen al ministerio, la atención integral no se lleva a la práctica. “Son varias las políticas que abordan la misma población y/o la misma problemática sin ningún tipo de vinculación; asimismo, se fragmenta a las personas según el aspecto de abordaje de cada política, interviniendo varios equipos en forma disgregada. Fragmentadas y desarticuladas, estas intervenciones producen efectos de revictimización, dado que las personas con las que trabajamos deben exponer sus historias en reiteradas oportunidades, a la espera de una atención de las demandas que, en muchos casos, jamás serán abordadas en la forma que corresponde”, sentencia el documento.

Los trabajadores denuncian que se atienden aspectos urgentes, postergando los acompañamientos con continuidad en el tiempo. El cuadro se agudiza con la ausencia de proyectos institucionales y protocolos de intervención en muchos efectores. En consecuencia, “cada trabajador despliega su quehacer desde la individualidad, sin encontrar indicadores de procedimiento que orienten y ordenen la práctica”, indican.

“En la mayoría de los casos, tampoco contamos con espacios de planificación y evaluación de las intervenciones, que nos permitan reflexionar sobre los procesos, para garantizar la calidad de las políticas públicas. En muchas ocasiones, a su vez, se nos niega la posibilidad de realizar reuniones de equipo o de asistir a espacios de capacitación y supervisión”, agregan.

Estado edilicio

Según los trabajadores, la mayoría de los edificios donde se desarrollan los programas y proyectos del ministerio no cuentan con las condiciones adecuadas de seguridad e higiene que establecen las normas: cucarachas y ratas conviven con estructuras deterioradas, con problemas eléctricos y peligro de derrumbe.

“Nos vemos sometidos a realizar entrevistas en pasillos, escaleras, en la calle o en oficinas con espacios únicos sin divisiones, donde es una tarea titánica efectuar la atención en el marco de respeto que esto amerita”, advierte también.

Contratos precarios y fraudulentos

En el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, cinco trabajadores que hacen la misma tarea en el mismo programa durante las mismas horas por semana, pueden cobrar hasta cinco salarios distintos. Más de 1.200 empleados no tienen estabilidad laboral: 900 se encuentran bajo contrato de locación y alrededor de 300 son tercerizados mediante ONG y universidades.

23.6.2016

El jueves 9 de Junio se aprobó, por mayoría en la Legislatura, la Ley que

crea una Agencia de Bienes Sociedad del Estado en la Ciudad de Buenos
Aires. La Agencia podrá negociar, en complicidad con la Legislatura, la
compra, venta, alquiler, concesión, canje de inmuebles y parques de
nuestros barrios. Con esta Agencia y las Corporaciones del Sur y Puerto
Madero nos terminan de quitar a los ciudadanos, habitantes y usuarios de la
ciudad, toda posibilidad de participar democráticamente en las decisiones
sobre el destino y uso de los bienes comunes, tal como lo establece la
Constitución de la Ciudad y la Ley Orgánica de Comunas 1777. El Gobierno de
la Ciudad con el apoyo de 42 Legisladores, pretende impedirnos el ejercicio
de ese derecho, poniendo a disposición de unos pocos, la facultad de
definir qué se hará con los bienes que son nuestros, que necesitamos y que
mantenemos con nuestros impuestos.

Los bienes de nuestra ciudad pasarán a satisfacer los intereses de los
grandes negocios inmobiliarios de la región, en lugar de atender las
múltiples necesidades ciudadanas; tales como espacios verdes, campos
deportivos, escuelas, jardines infantiles, hospitales, centros de salud
públicos y centros culturales, entre otros. Estos bienes van a terminar en
manos de empresarios inmobiliarios que ni siquiera conocen nuestros
barrios.

En una entrevista del diario La Nación del 8 de Febrero de 2016, Federico
Weil (dueño de una de las desarrolladoras de edificios de Puerto Madero,
que creció a la sombra de la crisis de 2001 con capitales del exterior y
cuyo actual socio es una de las inmobiliarias más grandes en Brasil) dijo:
“va a haber una movilización de tierra urbana valiosa como hace mucho no
vemos. Ya hay anuncios del gobierno de la ciudad de que van a vender
fracciones de tierra muy bien ubicadas, que se van a subastar para que las
compren desarrolladores”.

Esto confirma las intenciones reales que se mueven detrás de la Agencia de
Bienes. Se profundizará la creación de los llamados “Polos”. Como el
Audiovisual o el Tecnológico, que nos quitan nuestra identidad, nada
aportan al barrio y atraen empresas que obtienen excepciones en el pago de
impuestos y grandes ganancias con los bienes que son de todos.

Contrariamente a lo que hacen las más importantes ciudades del mundo que
cuidan, compran e incrementan los bienes públicos, para poder planificar y
ampliar el bienestar de sus ciudadanos; este gobierno descuida, vende y
achica permanentemente dichos bienes. Durante los dos gobiernos macristas
de la ciudad, ésta perdió cerca de 200 manzanas de inmuebles públicos;
entendemos que con la creación de esta Agencia la disminución de bienes
públicos será irrecuperable.

Ante tal situación las organizaciones y vecinos abajo firmantes
participantes de la campaña *BUENOS AIRES NO SE VENDE* se ven en la
obligación, en defensa de sus derechos, de los bienes comunes y de las
generaciones futuras, de:

• – Oponerse a todas y cada una de las decisiones que estas
corporaciones tomen sobre los bienes públicos.

• – Exigir la participación vecinal directa comunal para definir el
uso y/o destino de cada bien público que posea la ciudad.

• – Reconocer la oposición a esta ley hecha por los legisladores: *Adrián
Rodolfo Camps (PSA)*, *Marcelo Ramal, Patricio del C**o**rro(FIT)*, *Gustavo
Javier Vera (BC)*, *Fernando Pablo Vilardo (AyL)*, *Hernán Ariel Arce, Roy
Cortina (PS)*, *Pablo Ricardo Ferreira, María Andrea Conde, Paula Penacca,
Lorena Iris Pokoik García, María Magdalena Tiesso, Javier Andrade, José
Cruz Campagnoli (FPV), **Paula Oliveto Lago*, *Maximiliano Ferraro (CC).*

• – Declarar contrarios a la voluntad popular y ciudadana expresada
masivamente en la Audiencia Pública y las reuniones realizadas respecto a
esta ley a los legisladores: *Natalia Fidel, María Inés Gorbea, María
Patricia Vischi, Marcelo Alejandro Guouman, Juan Francisco Nosiglia, Hernán
Abel Rossi (Suma +) María Graciela Ocaña, Marcelo Hugo Depierro, Diego
Mariano García de García Vilas (Confianza Pública), **Silvia María Eva
Gottero, María Rosa Muiños, Claudio Alejandro Heredia (FPV), **Javier
Alberto Gentilini (FR), **Claudio Marcelo Palmeyro (PS), Legisladora
Claudia Calciano, Carolina Estebarena, Cristina García de Aurteneche,
Cecilia María de La Torre, Mercedes de las Casas, Natalia Persini, Carmen
Polledo, Victoria Inés Roldán Méndez, Lía Rueda, Paula Beatriz Villalba,
Omar Ahmed Abboud, José Luis Acevedo, Juan Pablo Arenaza, Cristian Bauab,
Octavio Calderón, Daniel Eduardo del Sol, Agustín Forchieri, Alejandro
García, Claudio Nino, Esteban Angel Penayo, Eduardo Petrini, Daniel Presti,
Roberto Quattromano, Francisco Quintana, Benigno Emilio Raposo Varela,
Gabriel Maximiliano Sahonero, Eduardo Antonio Santamarina, Jian Ping Yuan
(PRO). *

• – Considerar inaceptables las abstenciones de los
legisladores: *Gabriel Marcelo Fuks y Carlos Alfonso Tomada *

*MOVIMIENTO COMUNERO*

23.6.2016

La censura no es ya una mordaza, ni tampoco un garrote. La censura es una sábana corta. En la noche del pasado 21 de junio inspectores de la Agencia Gubernamental de Control clausuraron el Bar La Tribu.

El 25/05/16 habían recibido una visita de los inspectores en la que les exigieron una documentación vinculada al "Plan de Evacuación" que nunca antes habían solicitado. En esa misma inspección los intimaron, bajo apercibimiento de clausura, a cumplir con la documentación.

Desde ese día iniciaron todos los procedimientos necesarios para avanzar con la documentación faltante y durante la inspección de ayer explicaron la situación y mostraron los papeles de los avances que habían hecho -que por el papeleo que conlleva no se puede tener de un día para el otro- (ante oídos sordos y ojos ciegos). Tienen el “Plan de Evacuación” en trámite, y esta semana se presentaba a Defensa Civil, por eso la bronca.

Les pidieron que les dieran un plazo, pero no. La tolerancia no los caracteriza. Diálogo CERO.
El apercibimiento de clausura se hizo efectivo y la voluntad demostrada en palabras, y con firmas de ingenieros, no alcanzó. Es por esto que las actividades del bar serán SUSPENDIDAS esta semana y hasta próximo aviso, cuando puedan tener todo lo necesario para rectificar la situación y poder continuar con la agenda de eventos programados.

La programación de la radio continuará con normalidad. Esperan encontrarnos pronto en el querido bar de su casa con parlantes.

21.6.2016

Marcelo Ramal, legislador porteño por el Frente de Izquierda, presentó en la tarde de hoy el “mapa de la emergencia edilicia” de las escuelas de la Ciudad.  En una aplicación digital interactiva, el mapa registra más de 90 edificios escolares con problemas de mantenimiento e infraestructura. “El mapa es el resultado de un intenso trabajo de nuestra banca en conexión con la docencia combativa, los centros de estudiantes y el conjunto de la comunidad educativa”, señaló Ramal en la conferencia que se realizó en el salón Jauretche de la Legislatura. Allí, se hicieron presentes grupos de padres de diversas escuelas de la Ciudad, junto con representantes docentes y de centros de estudiantes. Junto a Ramal,  estuvieron en la mesa Jorge Adaro, secretario general del sindicato docente ADEMYS, y Amanda Martín, de la agrupación Tribuna Docente y asesora del FIT en la comisión de Educación de la Legislatura.

“Invitamos a todos los colegios con crisis edilicias a sumar su denuncia al mapa. Queremos que esta difusión sirva de palanca para promover la deliberación y la organización de estudiantes, docentes y padres en todas las escuelas”, señaló Ramal.  A partir de la difusión del “mapa”, el legislador del FIT concluyó proponiendo la preparación de “una jornada de lucha contra la crisis edilicia a la escala de toda la Ciudad, coordinando la acción de las diversas escuelas afectadas”.

Link para acceder al mapa: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1wlnKP6Ne0NvieHp5JOqfmac3HN8

21.6.2016

El Tribunal ordenó, además, el decomiso de las máquinas que quedan en la fábrica y que se investigue la responsabilidad de los propietarios del predio. El 28 de junio se conocerán los fundamentos.

El 28 se conocerán los fundamentos

Por Ana Inés Cabral*

Apenas unos minutos pasadas las 15, el Tribunal Oral Criminal N°5 dio a conocer el veredicto mediante el cual condenó a Luis Sillerico y Juan Manuel Correa a la pena de 13 años de prisión por considerarlos coautores  del delito de reducción a la servidumbre, en línea con lo solicitado por el fiscal Fabián Céliz en sus alegatos.

Además de ordenar la inmediata detención de los ahora condenados, los magistrados dispusieron el decomiso de las máquinas que aún quedan en la fábrica y que la causa vuelva a la etapa de instrucción para investigar la responsabilidad de los propietarios del taller, Jaime Geiler y Daniel Fischberg. El 28 de junio se conocerán los fundamentos.

Correa y Sillerico se desempeñaban como encargado y capataz, respectivamente, del taller clandestino ubicado en el barrio porteño de Caballito que se incendió el 30 de marzo de 2006, ocasionado la muerte de seis personas, cinco de ellas menores de edad.

A la mañana, los imputados tuvieron la posibilidad de realizar las últimas palabras antes de conocer la sentencia. “Yo trabajé y perdí todo. No soy culpable y pido justicia”, sostuvo Sillerico. Por su parte, Correa declaró: “Tengo un profundo pesar con el incendio. Fue una tragedia que no pensamos que iba a pasar. Quiero estar tranquilo y empezar de nuevo. No hicimos nada malo”.

El juicio oral comenzó el 18 de abril y a lo largo del debate declararon más de 15 testigos. Según la investigación, en el lugar trabajaban y vivían más de 60 personas en condiciones de hacinamiento, que realizaban jornadas que iban desde las 7.00 hasta altas horas de la madrugada, por la cual recibían como contrapartida una ínfima retribución económica. El expediente afirma que las víctimas contaban con un solo baño y con una sola ducha sin agua caliente, que las habitaciones estaban separadas por cartón prensado o maderas y que las puertas estaban hechas con cortinas de tela. Además, no tenían heladera, las conexiones eléctricas eran muy precarias y convivían con material inflamable.