Red de radios

6.5.2016

El legislador porteño por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Marcelo Ramal participó de la conferencia de prensa realizada en la Legislatura por el ataque de una patota  a vecinos y militantes, en la sede de la Comuna 4. En la conferencia,  fueron presentadas las fotos tomadas por los vecinos que presenciaron los hechos.

Ramal afirmó que “las imágenes son concluyentes, acá no hubo un enfrentamiento ni  “incidentes”, sino una zona liberada para el accionar de una patota criminal. La patota estuvo comandada por Rodolfo Corzo, funcionario de la Comuna 4 que responde al jefe comunal Jorge Apreda del PRO”.

“Esta acción criminal organizada desde el Estado fue en defensa del negociado con las tierras públicas de Casa Amarilla, urdido entre el Gobierno  y Angelici. A través de este acuerdo, se han enajenado tres hectáreas que estaban destinadas a vivienda popular y espacio público, a favor de un proyecto de estadio-shopping”.

“Los testimonios y fotos de los vecinos no sólo colocan en el banquillo a los funcionarios del PRO involucrados, comenzando por el jefe comunal Apreda que debe ser apartado de inmediato de su cargo.  Se trata de toda una orientación social que privilegia los negocios inmobiliarios por encima de la necesidad de vivienda y espacio público de los vecinos de la Ciudad y que mediante sucesivos pactos han llevado adelante el PRO y el FPV en la Legislatura”.

6.5.2016

Marcelo Ramal denunció en la sesión de la Legislatura que el ataque a los jóvenes de "Boca es Pueblo" fue perpetrado por punteros que responden al PRO que actuaron en defensa de un negociado urdido entre Angelici y el gobierno de la Ciudad en pos de la venta de las tierras de Casa Amarilla para la construcción de un Estadio-Shopping, donde debería haber viviendas." 

Y dijo que "Como en el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra por parte de una patota de la Unión Ferroviaria, el Gobierno de la Ciudad armó una zona liberada en la sede comunal para tercerizar la represión a los vecinos y agrupaciones que se oponen al Estadio-shopping a través de una patota.”

Ramal explicó que: “Las 4 manzanas de tierras de Casa Amarilla pertenecían al IVC y tenían como destino la construcción de 4000 viviendas, de las cuales el PRO sólo construyó 400 y sólo luego de una orden judicial.  La entrega de tierras públicas se ha llevado adelante a través de sucesivos pactos entre el PRO y el kirchnerismo en el marco de los cuales se votó en diciembre último la primera lectura de la Agencia de Bienes en la Legislatura, que hoy no consigue los votos para su segunda aprobación por la enorme lucha de los vecinos que defienden el patrimonio público”.

“Exigimos el inmediato esclarecimiento de los hechos y el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del ataque” cerró Ramal.

2.5.2016

Por Fuente: Cosecha Roja

La Policía Metropolitana lo hizo otra vez. Montó un show que los medios transmitieron en vivo y en el que la estrella fue un joven de 20 años, acusado de subirse las notas de una materia que cursó en la UADE. En 2013, ya habían allanado su casa en búsqueda de equipos que lo involucraran en transferencias bancarias ilegales: la noticia se difundió dos meses después como si hubiera sido en tiempo real. Hoy, el “super hacker” volvió a ser la tapa de los portales de noticias. La historia de una farsa que se repite como farsa.

El combo se armó con las medidas de la policía y la cobertura mediática exagerada. Para allanar la casa de Christian Cámara en San Cristóbal, la fuerza metropolitana usó dos drones y dejó sin luz a toda la cuadra. Tenían temor a que el joven borrara todos los registros de su computadora, a pesar de que no alcanzan unos pocos minutos para hacerlo. “La información digital es muy difícil de borrar de forma segura, puede llegar a tardar de 9 a 12 horas dependiendo del disco”, explicó el periodista Ariel Torres en La Nación. En el allanamiento encontraron también cuatro celulares, una tablet, un par de módems y reproductores de CD.

Esta vez, la justicia acusó a Cámara de alterar las calificaciones en el portal Mi UADE y de acceder al sistema de la empresa de telefonía Claro. La investigación había comenzado con la denuncia de un profesor que se dio cuenta de la diferencia en las notas en febrero de este año. Cámara no quedó detenido, pero según el delito que se le imputa podría tener una condena de un año de prisión. La fiscal Daniela Dupuy contó a los medios que la denuncia la presentaron las autoridades de la universidad y a partir de allí “se elaboró una estrategia de investigación” en conjunto con la Policía Metropolitana. “El material y las computadoras secuestradas nos van a permitir determinar los accesos que se realizaron al sistema”, dijo la titular de la Fiscalía de Delito Informático.

Los medios, entonces, lo convirtieron en un delincuente de alta peligrosidad: especialistas invitados a los paneles de los programas de la tarde lo confundieron con un hacker, exageraron los números y hasta mezclaron los términos informáticos. El estudiante, en cambio, “saltó de usuario en usuario” hasta llegar a los administrativos y meterse en el perfil del decano. “La aplicación a la que acceden los alumnos de la UADE para ver sus calificaciones es vulnerable”, dijo a Cosecha Roja el periodista Darío Laufer, que sigue de cerca la causa hace más de dos años. En otras palabras: no es necesario demasiado conocimiento en el tema para alterarla, cualquier persona con un poco de picardía podría hacerlo. Cámara no fue tan astuto: dejó demasiadas huellas para ser un profesional del delito informático. Su abogado Manuel Romero Victorica aseguró que su defendido considera a la acusación como un “disparate”.

La noticia se esparció de la misma manera que en 2013, a través de la Policía Metropolitana como única fuente. Tres años atrás, Cámara había sido acusado de interferir en cuentas bancarias y servidores de juego. Los investigadores creen que a través de la instalación de un virus lograba convertir a las computadoras en “zombies” y así robaba pequeñas cantidades de dinero. En su momento, el Jefe de la División de Delitos Informáticos de la Policía Federal, Walter Enrique Bernal, aseguró que desviaba US$ 50.000 por mes hacia cuentas personales. Según fuentes judiciales, el análisis de los equipos electrónicos secuestrados en el allanamiento nunca se dio a conocer. “El peritaje sigue, pero la causa está congelada”, confirmaron.

4.5.2016

LUNES 9/5 – 12.30 HS CORTE – FESTIVAL EN SUAREZ Y MONTES DE OCA

Ademys acompañó a familias, docentes y estudiantes en su reclamo ante la Legislatura porteña por una solución inmediata frente a las constantes amenazas de bombas que han recibido.

Alumnos, madres de niños de Jardín, maestras y directivos, relataron cómo las comunidades de las escuelas Normal 5, Liceo 3, Técnica 4, Técnica 14, Liceo 2, Comercial 1, Comercial 4 y Normal 3 deben -desde hace dos semanas- evacuar diariamente los edificios y quedar durante horas a la intemperie dadas las permanentes amenazas de bomba en las escuelas del barrio.

Exigimos se active inmediatamente la investigación y se arbitren todos los medios para evitar que continúe esta terrible situación que padecen tanto los estudiantes como todos los trabajadores de las escuelas.

Invitamos a la comunidad a acompañar el reclamo de las escuelas en el CORTE-FESTIVAL que realizarán el próximo LUNES 9/5 – 12.30 HS EN SUAREZ Y MONTES DE OCA