Red de radios

29.9.2016

Dos jóvenes, uno de 15 y otro de 18 años, fueron maltratados e intimidados en un control policial. Luego sometidos a una sesión de torturas, que terminó en un descampado cerca del Riachuelo. Por último, fueron robados. Un prefecto detenido.

Ser joven y caminar por ciertos barrios de Buenos Aires, de noche, puede ser un asunto peligroso. Dos jóvenes, uno de 15 años y el otro de 18, miembros de la revista La Garganta Poderosa denunciaron a la Policía Federal y a la Prefectura Naval por haberlos torturado primero y robado después. En el hecho intervinieron más de veinte prefectos. Uno de ellos, Leandro Antunez fue detenido por orden del fiscal Marcelo Munilla Lacasa, que además pidió la remoción de los agentes que intervinieron.

El sábado a la noche, en la Villa 21, Ezequiel, el menor de los dos jóvenes, se encontró con Iván, en la esquina de Iriarte y Alegre. En ese momento, uniformados de la Federal los pararon. Les pidieron documentos y los requisaron. Luego los dejaron ir, aunque antes los maltrataron e intimidaron, según relataron los jóvenes.

“Cincuenta pasos después –relató Gabriela Carpineti, la abogada de Ezequiel e Iván–, llegaron al lugar varios móviles de Prefectura, con más de veinte prefectos. Esposados, fueron trasladados hasta la garita que tiene esa fuerza en Osvaldo Cruz e Iguazú”. Ahí, contó la abogada, fueron sometidos a la primera sesión de torturas. Ezequiel fue golpeado adentro de la garita, Iván en el interior del móvil de Prefectura.

“Después fueron trasladados a un descampado al lado del Riachuelo, donde está la fábrica Pepsi, y los volvieron a torturar”, dice Carpineti. Los golpearon en la cara, les dieron palazos en el cuerpo y les hicieron un simulacro de fusilamiento. Finalmente les dijeron que corrieran y que rezaran si querían salvarse; que es lo que hicieron, sin siquiera mirar atrás, relató la abogada. “Antes de liberarlos –agregó– les robaron todas sus pertenencias, hasta las zapatillas.”

Tras la corrida, ayer se presentaron en la Fiscalía de Pompeya, para prestar declaración. No supieron si volver a correr o declarar: ahí reconocieron a uno de los prefectos, Leandro Antúnez, que luego de la denuncia fue detenido por orden del fiscal Marcelo Munilla Lacasa.

“Esto sucede –advirtió Carpineti–, en el marco de un conjunto de políticas de control de cierto sector poblacional, totalmente discriminatorio. Son dispositivos que desde el Ministerio de Seguridad alientan las detenciones arbitrarias, sin orden judicial”. “Me estoy refiriendo –señaló– a los protocolos que habilitan requisas sin órdenes de la justicia, pero que esta avala, como el caso del fallo Vera ( en referencia al dictamen que dice que la policía tiene la facultad de pedir documentos para identificar a personas sin motivos de sospecha).”

En este mismo sentido, el CELS denunció la gravedad del caso de Ezequiel e Iván. En un documento, detalló que “luego de que este Protocolo se pusiera en vigencia, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que en los primeros dos meses de los ‘Operativos de Control Poblacional Conjunto’ 85 445 personas fueron interceptadas en el área metropolitana de Buenos Aires. Según el Ministerio, solo 312 fueron detenidas, es decir que el 99,64 por ciento de las interceptaciones y posibles requisas tuvieron un resultado negativo. Estos procedimientos vulneran derechos constitucionales como la libertad y la privacidad de las personas interceptadas y requisadas”.

El CELS agregó que “en los últimos meses, se han conocido casos a través de videos y denuncias públicas que muestran cómo funciona la discrecionalidad policial amparada en las llamadas ‘detenciones por averiguación de identidad’. Lo que ocurrió ahora muestra las consecuencias más graves de estas políticas”.

29.9.2016

Marcelo Ramal, legislador del FIT, señaló que la ley de eventos masivos votada por la Legislatura “es una operación de impunidad a favor del gobierno de la Ciudad, en relación a Time Warp”.

“La ley es un refrito de normas que ya existen y que han sido violadas por empresarios y funcionarios. Apunta a presentar ante la opinión popular -y ante la propia justicia- la idea de que Time Warp ocurrió porque no había normas para prevenirlo. Es un planteo que absuelve de responsabilidad a los funcionarios, comenzando por el Jefe de Gobierno”, continuó.

“Apoyar este refrito, de nuestra parte, sería sumarnos a un gigantesco engaño. Llamamos a la juventud y a los familiares de las víctimas a luchar contra este engaño, y contra un Estado y gobiernos que, de Cromañón para acá, han avalado un gigantesco negocio a costa de la vida de nuestros jóvenes”, finalizó Ramal.

29.9.2016

A través de las redes sociales, la organización informó que dos niños fueron torturados por agentes de la Prefectura. Cuando se presentaron a la Procuraduría contra la Violencia Institucional identificaron al prefecto Leandro Adolfo Antúnez. 

Por La Garganta Poderosa

Cuando la impotencia no te deja pensar, cuando la rabia no te deja escribir, cuando el dolor no te deja llorar, las fotos se vuelven gritos, ante los dedos estúpidos que balbucean unas líneas, mientras los ojos escupen sobre el teclado. ¿Saben cuántos años tiene, Ezequiel Villanueva Moya? No hay razones, ni a derecha, ni a izquierda, ¡15 años tiene, cagones de mierda!

Atrevido, tuvo el tremendo tupé de salir la noche del sábado para visitar a su abuela Beti, que también vive en la Villa 21. De regreso, lo paró la Policía Federal para revisarlo y, aprovechando que justo lo saludaba su amigo Iván Navarro, los denigraron un rato a los dos, entre amenazas y chicanas sobre el supuesto origen espurio de sus prendas. “Yo me acerqué para darle un abrazo a Eze y un oficial, así, de la nada, directamente vino y me pegó una trompada”.

Negativa la requisa, los dejaron ir, pero apenas 30 pasos, donde volvieron a ser interceptados por tres móviles de Prefectura, con cuatro uniformados cada uno. “Nos tiraron adentro de un coche y nos llevaron hasta la garita de Osvaldo Cruz e Iguazú”. ¿Para qué? “Para cagarnos a palos”. ¿Y los largaron? “No, nos subieron a otro auto, pero primero nos taparon la cabeza y nos obligaron a sentarnos uno encima del otro”. De ahí, se los llevaron hasta un descampado lindero al Riachuelo, detrás de una fábrica, sobre el Camino de Sirga. “Cuando ya había unos 10 prefectos, uno dijo que nos iban a matar, porque total nadie nos iba a reclamar”.

Trompadas en la cara y palazos en las piernas, como tantas otras veces a tantos otros villeros, esta vez no fueron suficientes. “Nos obligaron a tirarnos al piso y hacer flexiones de brazos, hasta que uno le saltó sobre la espalda a Ezequiel y otro me preguntó a mí dónde quería el tiro”. Pero no, todavía no termina. “Alterados, como sacados, nos esposaron a un caño y dispararon varios tiros al aire, mientras nos quitaban las camperas que supuestamente habíamos robado”. Pero no, robar, robaron ellos, “que se reían cuando nos ponían un cuchillo en el cuello y nos decían que también les parecían lindas nuestras zapatillas, nuestras cadenitas… Nos sacaron todo”. Justo ahí, a pocas cuadras de la Parroquia Caacupé, uno de los prefectos puso su arma en la nuca de Iván, para obligarlo a rezar. “Dale, un Padre Nuestro para que no te mate, dale”. Y al final, cuando por fin accedieron a soltarles las manos, los encañonaron por la espalda, con una escopeta: “Corran bien rápido, o van a ser boleta”.

Corrieron, corrieron a sus casas, corrieron a nuestra redacción, corrieron a la Procuraduría contra la Violencia Institucional y ayer se presentaron en la fiscalía de Pompeya, para prestar declaración. ¿Y adivinen qué? Sí, estaba ahí, uno de ellos estaba ahí, el prefecto Leandro Adolfo Antúnez estaba ahí. Lo vieron, lo señalaron y lo denunciaron. Acto seguido, el fiscal Marcelo Munilla Lacasa pidió la orden de detención y la remoción de los agentes que integraban el móvil. Pero ahora, nuestros compañeros tienen miedo. Sus familias tienen miedo. Nosotros tenemos miedo.

Basta de silencio y basta de impunidad:
¡Control Popular a las Fuerzas de Seguridad!

29.9.2016

El PRO busca los votos necesarios para el ingreso de privados en el Autódromo. El proyecto que el año pasado Macri no pudo aprobar, intentará volver esta semana de la mano de Rodríguez Larreta. El PRO, los radicales y el FpV estarían negociando el texto final.

Manuel De Santo

Bajo el pomposo título de “Plan integral, social, cultural, deportivo y comercial, tendiente a la integración, urbanización, recuperación, reposicionamiento y jerarquización del Autódromo, con impacto económico y cultural en beneficio del Área de Desarrollo Sur de la Ciudad”, el PRO sigue a paso firme en la privatización de terrenos de la zona sur.

La ley que busca su aprobación crea un fideicomiso del que será parte el Gobierno de la Ciudad y los privados que deseen ingresar, los cuales deberán estar relacionados con la industria automotriz y/o del automovilismo deportivo y/o motociclismo deportivo, durante 30 años, en el predio tiene casi 180 hectáreas.

Todo el proyecto quedará además a cargo del Ministerio de Modernización de la Ciudad como autoridad de aplicación, que está al mando de Andy Freire, ex director del gigante inmobiliario IRSA, que tiene unos cuantos negocios en la Ciudad, entre ellos los principales shoppings y otros grandes emprendimientos inmobiliarios.

Este Ministerio tendrá a cargo todos los grises que tiene la ley que se develarían recién con su reglamentación. Entre otras cosas, cómo se integrará el patrimonio del fideicomiso, cómo se designarán las personas físicas o jurídicas para el mismo, qué facultades tendrá el Gobierno de la Ciudad, entre ellas su poder de veto. Casi un cheque en blanco en manos de quien fuera director de IRSA hasta hace menos de un año.

Pero no son los únicos puntos oscuros. El Laboratorio de Políticas Públicas cuestionó además la redacción del artículo 5° que establece que “el derecho constituido sobre el bien de dominio público retornará al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Esta ambigüedad permite que pueda “no reintegrarse el objeto (inmueble) con sus mejoras y construcciones, sino los derechos que quedaron acreditados en el Banco Ciudad”, algo que es muy incierto porque la ley no exige ninguna contraprestación y permite que se queden con todas las ganancias. Al no explicitar que esos terrenos no puedan ser vendidos en el futuro, lamentablemente, y dadas las últimas experiencias en la Ciudad, es de temerse que podamos terminar en la venta lisa y llana de esos terrenos una vez finalizado el fideicomiso.

El diputado del Frente de Izquierda, Patricio del Corro, adelantó que se opondrá a este proyecto y que “el predio del Autódromo tiene que ser recuperado por la Ciudad para el desarrollo de actividades deportivas y culturales de los vecinos de la comuna 8 y volver a ponerlo en el lugar que se merece. De hecho, hay otros proyectos que promueven la puesta en valor del Autódromo, pero manteniéndolo en la esfera pública y habilitando nuevos espacios verdes, pero el oficialismo solo busca como favorecer negocios privados. Es paradigmático que hace años que la Comuna 8 espera tener un hospital equipado que pueda atender su demanda, pero jamás ha sido una prioridad del PRO. El proyecto que pretenden votar ni siquiera incluye un estudio de impacto ambiental, permitiendo hasta la realización de deportes acuáticos de motor en el lago, que junto con los de Lugano y Soldati forman parte de un corredor biológico en la zona sur”.

Suba de tarifas, pero baja de impuestos a los privados

El nuevo plan del PRO establece también diversos incentivos fiscales relacionados con el pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y exención del Impuesto de Sellos y del pago de distintos impuestos relacionados con las nuevas construcciones, como verificaciones de obras y otros.

Son tantos los beneficios que las empresas que sean parte podrán utilizar estas exenciones para otras actividades económicas que realicen en la Ciudad, aunque nada tengan que ver con el objetivo del plan previsto en el proyecto.

El mismo informe realizado por el Laboratorio de Políticas Públicas estimaba que “el plazo de recupero de la inversión será de 2,17 años gracias a los beneficios impositivos dispuestos por el Gobierno de la Ciudad a los participantes del proyecto, sumado a que no se prevé el cobro de un canon de explotación por el uso de tierra pública”. Una verdadera estafa que terminaremos pagando los porteños, no solo porque los privados no pagarán nada por utilizar estos terrenos públicos, sino que tendrán además exenciones impositivas para cualquier actividad que realicen en la Ciudad.

Nada mal si se tiene en cuenta que actualmente, según publicó Clarín, un ex ministro de Economía dijo, en referencia a la situación del país, que los inversores “por un tiempo pretenderán recuperar el capital invertido acá en cuatro o cinco años, cuando en países previsibles se estiran a doce”. Una vez más la Ciudad a la vanguardia, facilitando las ganancias capitalistas.

Los negocios de los privados están a plena luz, pero no queda para nada claro cuáles serán los supuestos beneficios para los porteños que traerá este proyecto.

El papel del Frente para la Victoria y la oposición

Después de acompañar las votaciones de la Agencia de Bienes S.E. o la concesión del Centro de Exposiciones del Parque Thays, el Frente para la Victoria presentó un proyecto que reproduce el espíritu de lo esencial del macrista: la privatización de hectáreas verdes de la Ciudad.

Presentaron por intermedio de los diputados Andrade y Pokoik algunas pequeñas enmiendas para permitir este fideicomiso privado en tierras públicas. Su proyecto disminuye la duración de 30 a 20 años, pretende privilegiar a las PyMEs y baja los montos de las exenciones impositivas, pero mantiene el espíritu de esta legislación privatista del espacio público.

Habrá que ver hasta dónde no es más que una puesta en escena para negociar con el oficialismo la aprobación de la ley a cambio de algunos cambios cosméticos. La realidad es que el PRO necesita además de los votos de sus aliados de Cambiemos, los del peronismo porteño, que viene hasta ahora obsequiando al jefe de Gobierno con los votos necesarios para que se apruebe cada una de sus iniciativas privatizadoras.

27.9.2016

Este Martes 27 de Septiembre se realizarán por primera vez las jornadas multidisciplinarias de voces sobre el aborto, organizadas por el Legislador Porteño Pablo Ferreyra, Presidente de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional.

Según indica el comunicado “Hablamos de Aborto busca constituirse como un espacio desde el cual poder abordar una temática que permanece negligentemente ocultada, a partir de condicionamientos políticos y/o religiosos”.

“Esto lleva a que se opte por la penalización y la persecución aun cuando se encuentra demostrado, a nivel mundial y local, que la pena no tiene efectos preventivos y no genera una disminución de la práctica; sino un mayor riesgo para la vida y la salud de las mujeres que deben recurrir a procedimientos inseguros, en muchos casos sin condiciones de asepsia, poniendo en riesgo su propia vida”, agregan.

“Según datos que nunca pueden terminar de corroborarse, ya que continúa siendo una práctica clandestina, en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año. Un número que nos demuestra a las claras la imposibilidad de seguir negándonos a discutir entre todxs esta realidad”. “Desde las 10:30 en el Salón San Martín de la Legislatura (Perú 160), tendremos una nueva oportunidad de construir los consensos necesarios para encarar socialmente una problemática que nos incumbe a todxs”, concluyen.

Entre los participantes se encuentran Susana Cardozo (guionista de La Leona), Gian Franco Rosales (coordinador nacional de Hombres Trans – FALGBT), Myriam Bregman (Diputada Nacional FIT), Victoria Montenegro (Secretaria Nacional DDHH de Kolina), Victoria Tesoriero (Católicas por el derecho a decidir) y Soledad Deza (abogada del caso Belén).