Golpiza, amenazas y despidos en la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires

11.4.2016

La Junta Interna de la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, hoy ha emitido un comunicado de prensa denunciando la brutal golpiza sufrida por un trabajador en la vía pública y la amenaza de muerte mediante llamados telefónicos. El hecho sucede mientras la dirección de la institución despide a un delegado, “desconociendo su tutela sindical”. Reproducimos comunicado

Desde la Junta Interna de la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires expresamos nuestra profunda preocupación ante una serie de ataques e intimidaciones que viene sufriendo uno de nuestros delegados quien, hace unas semanas sufrió en la vía pública una salvaje golpiza por parte de cuatro individuos. Luego de recibir la golpiza, lo amenazaron de muerte llamándolo al teléfono de la oficina mientras trabajaba.

En el día de la fecha fue presentada la Denuncia penal en el Juzgado de Instrucción Penal Nº12, causa Nº 20675/2016. Siendo evidente la gravedad del tema esperamos que las autoridades de la Dirección aporten a la justicia la información necesaria acerca de la llamada intimidatoria que entro al conmutador de la dependencia para poder descubrir quien la hizo.

Al mismo tiempo, y en este contexto, el Director de Estadística y Censos José María Donati, decide despedir nuevamente a uno de nuestros delegados, reincorporado por la justicia, desconociendo su tutela sindical.

¡Basta de despidos!
¡Basta de amenazas!
¡Los trabajadores y trabajadoras estamos de pie y seguiremos defendiendo nuestros derechos!
¡Pase a planta permanente, no a la precarización laboral!
¡Aumento salarial ya!
¡Unidad de las y los trabajadores! ¡Si tocan a uno tocan a todos!

 

Junta Interna Ate Estadística

Incendio en taller clandestino: un año sin Rodrigo y Rolando

10.4.2016

En el incendio de Flores murieron los niños Rodrigo y Rolando Mur Menchaca. El empresario Lee Sung Yop está procesado por el delito de Trata de Personas con fines de explotación laboral agravado. 

Por Santiago Haber Ahumada

 

El lunes 11 de abril a las 10 hs., en la Sala II de la Cámara Criminal Federal de Comodoro Py, se llevará adelante la audiencia oral y pública donde se debatirá el procesamiento del empresario textil Lee Sung Yop por el delito de Trata de Personas con fines de explotación laboral agravado. La querella de la familia, conformada por Gabriela Carpineti y Nahuel Berguier, busca desde hace un año avances en la causa que investiga la responsabilidad del empresario textil.

El empresario explotaba comercialmente el taller textil del barrio de Flores donde el 27 de abril de 2015 murieron en un incendio los niños Rodrigo y Rolando Mur Menchaca, hijos de trabajadores textiles que trabajaban en ese taller en gravísimas condiciones de explotación.

Lee Sung Yop fue procesado en primera instancia por el delito de explotación laboral. El Juzgado Federal N° 6 determinó en el procesamiento que “los damnificados trabajaban más de doce horas diarias sin gozar del apropiado descanso, en precarias condiciones de higiene, ventilación e iluminación, y en inapropiadas condiciones de seguridad”. También señaló que, debido al escaso salario que percibían los trabajadores, se veían prácticamente obligados a vivir en el mismo lugar en el que trabajaban.

La confirmación del procesamiento del empresario Lee implica un avance en el resguardo de los derechos de los trabajadores de esta rama industrial, así como un paso fundamental para que se haga justicia por los niños Rodrigo y Rolando Mur Menchaca y su familia.

Prefectos golpean a discapacitado en Pompeya

9.4.2016

Fabián Mosquera es un hombre con múltiples discapacidades, tiene 38 años. Bajaba del colectivo 9, en la intersección de Avenida Sáenz y Cruz, del barrio de Pompeya, cuando una patrulla de Prefectura clavó los frenos a centímetros de sus piernas. “Me salió insultarlos, entonces se bajaron siete prefectos y sin mediar palabra me empezaron a pegar. Me esposaron en el piso y llegó otra patrulla, se bajó uno y dijo: ‘súbanlo a la camioneta y tírenlo al Riachuelo’”, relata Mosquera. La camioneta empezó a andar y el cuerpo de Fabián casi desmayado seguía recibiendo golpes.

A las 21:00, la patrulla frenó en uno de los bordes del Riachuelo. Lo tiraron de la camioneta y entre siete prefectos, lo patearon, le dieron golpes de puño en la cabeza y en todo el cuerpo. “Vamos a tirarlo al río”, dijo uno de los uniformados. Del otro lado del agua, un hombre desde un coche estaba siendo testigo involuntario. Al grito de “lo van a matar”, sacó su celular y empezó a echar flashes. Fabián no supo nada más de esa persona que logró que los prefectos huyeran dejándolo adormecido, pero vivo.

Fabián vive en el partido de Lanús y el 25 de marzo pasado se disponía a llegar al barrio de Pompeya, como lo hace cada día para ir a trabajar a la Villa 1-11-14, donde reparte alimento en los comedores del barrio. “Pensé que me iba a morir ahogado o de tantos golpes”. “Me dieron varias veces, pero nunca me habían amenazado con tirarme al río”, no para de repetir.

Después de la feroz golpiza de la Prefectura, Fabián tiene: un brazo fisurado, lesiones en todo el cuerpo y una recuperación que le va a llevar 45 días. La denuncia se la tomó la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO) y la causa ya avanza en el trámite.

Es imposible no relacionar los casos, los fantasmas vuelven o nunca se fueron. El ex Puente Alsina se llama desde principio de 2015, Puente Ezequiel Demonty. Eze, como lo llama aún hoy su familia, tenía 19 años en 2002, cuando fue asesinado por lo que se conoció como la Maldita Policía. Eze, caminaba junto a dos amigos por su barrio Bajo Flores, cuando tres patrulleros de la cuestionada Comisaría 34, los detuvieron, les robaron la plata que llevaban y les ordenaron tirarse al Riachuelo. Eze, no sabía nadar y falleció ahogado en las aguas contaminadas.

Con el cuerpo un poco más curtido que Ezequiel, Mosquera recibió en similares circunstancias, hace ya algunos años, 15 balazos que le tiró un subcomisario de la Comisaría 36, -también denunciada en varias oportunidades por violencia institucional- eso lo llevó a atravesar cinco operaciones, a que le coloquen una malla quirúrgica en el cuerpo y a convivir con una discapacidad que se le suma a una deficiencia mental que padece. Ahora cobra dos pensiones y su esposa recibe otra porque tiene cáncer, eso los ayuda a llegar a fin de mes con sus cuatro hijos.

 

El despliegue de la Mano Dura

 

El Plan Unidad Cinturón Sur se puso en marcha en 2011 y desde allí más 3000 efectivos, entre prefectos y gendarmes ejercen las funciones de policía de seguridad y se desplazan armados dentro de los barrios más vulnerables de la Ciudad. Los vecinos aseguran que este Plan se agravó cuando el Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich impulsó la Emergencia en Seguridad Nacional, que promociona la Mano Dura y permite el gasto indiscriminado en armamento y movilidad para las Fuerzas.

Los riesgos de cruzar desde la Provincia de Buenos Aires a la Ciudad Autónoma, se tornan aún más violentos. Al accionar policial hay que agregarle la actuación del Poder Judicial en su afán por acompañar la “gobernabilidad”. A principio de enero, a poco de que asumiera el presidente Mauricio Macri, la Corte Suprema de la Ciudad, facultó mediante un fallo a la policía para que pida documentos en la vía pública a transeúntes “sospechosos”, como forma de “prevenir el delito”. Esta práctica habilita la detención sin orden judicial. Dos meses más tarde, el Tribunal Superior Nacional, le dio luz verde al gobierno para que compre armas eléctricas Taser, desestimando un recurso extraordinario que presentó Charly Pisoni, integrante de la agrupación H.I.J.O.S.

Un decano al servicio de los remates de tierras públicas

8.4.2016

A través de Clarín, el decano de FADU Luis Bruno presiona para que se apruebe el proyecto del PRO para entregar tierras de la ciudad a la corporación inmobiliaria.

 

En la nota "Cambiar armas por libros y personas", que salió publicada en la edición impresa de Clarín del día jueves, Luis Bruno salió a dar apoyo a la venta de tierras del club Tiro Federal. Mientras escribe “amistosamente” sobre cómo mejorar la calidad urbana, lo que se está tratando es la entrega ese espacio público al lucro privado.

Lo que se plantea con la venta de tierras en Tiro Federal (al igual que los terrenos del Parque Thays y la parte subterránea de plaza Houssay) es la construcción de un "Nuevo Puerto Madero", loteando ese espacio (ahora cedido al club) mediante su otorgamiento a la Agencia de Bienes S.E para la construcción de un nuevo polo destinado a emprendedores privados. Como expone Gabriela Massuh, este negocio trata del enajenamiento de más de 2.400 hectáreas en la CABA con un “cuantioso botín público al servicio de la especulación inmobiliaria de grupos de capital privados”.

No es nada casual el contexto en el que escribe esta nota, justo en el momento en el que el Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta busca imponer la creación de la Agencia de Bienes S.E., Bruno se transforma en una voz de apoyo desde el principal medio oficialista. Para llevar adelante este proyecto, el PRO necesita llegar a 2/3 de votos totales de la legislatura porteña. De aprobarse esta ley se concederá el derecho a la Agencia de Bienes S.E. a ceder o vender terrenos públicos-fiscales. Esta empresa funcionará como una inmobiliaria de terrenos fiscales encargada de lotear cualquier espacio público y dar beneficios impositivos para los futuros compradores.

Se venden decanos para el PRO

 

Evidentemente Luis Bruno es uno de los decanos de la UBA que empieza a usar la Universidad como un lugar para hacer lobby con los intereses del macrismo y los empresarios con un aspecto tan susceptible como lo es la entrega de tierras públicas para negocios privados. Desde este lugar es cínico el discurso de "Cambiar armas por libros y personas", como si las políticas de privatización fueran un sostén para la educación pública. La construcción de estos nuevos polos, al igual que la construcción de Puerto Madero, no contempla ni la creación de escuelas, ni de estaciones de transporte, ni de hospitales, mucho menos infraestructura urbana. Solo contempla los jugosos intereses de empresarios con el propósito de robarle el derecho a la ciudad a quienes la habitan.

 

Un modelo de educación en disputa

 

Con estos hechos se abre un nuevo interrogante, ¿qué rol va a jugar la Universidad Pública con Cambiemos en el gobierno? En FADU no es el primer hecho que muestra cómo sus autoridades se orientan en función del interés privado; no solo avalando la entrega de tierras públicas, sino también concesionando los terrenos de los cimientos del “Pabellón 4” a estacionamientos donde cobran hasta $50 la estadía.

La orientación social de la facultad va a ser un terreno en disputa si estudiantes y docentes pueden darle otra perspectiva, problematizando la cuestión urbana y el déficit habitacional. Esos terrenos públicos podrían estar orientados a problemas sentidos como la vivienda, la salud y la educación. Un primer desafío consiste en multiplicar en los pasillos, en las aulas y en las calles las voces que dicen; #BuenosAiresNOseVende!

Cromañon: quedaron detenidos nueve de los condenados

8.4.2016

El Tribunal Oral Criminal 24 ordenó ayer la detención de los condenados por el incendio de Cromañón.

Tras ser declarados por la Corte Suprema como inadmisibles los planteos de apelación que habían presentado las defensas de los acusados, la Justicia ordenó su detención durante el día de ayer.

Junto a la apelación de los músicos también denegaron los planteos de los ex funcionarios Fiszbin, Torres y Fernández, condenados por "estrago culposo seguido de muerte en concurso ideal con omisión de los deberes de funcionario público"; y de Villarreal, quien fue condenado por "estrago culposo seguido de muerte y participación necesaria en cohecho activo".

Los jueces Marcelo Alvero, Luis Llanos y María Cecilia Maiza, del Tribunal Oral Criminal 24 (TOC 24), firmaron las órdenes de detención de nueve de los once condenados por la tragedia de Cromañón.

Por la tarde el ex cantante de Callejeros Patricio Santos Fontanet, condenado a siete años de prisión, se presentó ante la Justicia en Buenos Aires y quedó detenido, al igual que el ex bajista del grupo Cristian Torrejón. Al finalizar el día quedaron bajo disposición de la Justicia la totalidad de los condenados salvo dos: la ex titular de la Unidad Polivalente de Inspecciones Ana María Fernández y para el escenógrafo Daniel Cardell. Para ellos el TOC 24 no libró orden de arresto por la magnitud de las penas y el tiempo que pasaron en prisión.

El abogado de Fontanet, Marcelo Brito, dijo a la prensa que aconsejó a su cliente que se presente ante la justicia en Buenos Aires y pidió mediante un escrito que el ex cantante de Callejeros quede internado en el área psiquiátrica del penal de Ezeiza.

El letrado informó que luego solicitará que Fontanet, quien deberá pasar cinco años y cuatro meses en prisión para completar su condena, sea trasladado a un penal de Córdoba para que puede estar más cerca de su esposa y de su hijo.

 

Las penas

 

La Cámara había confirmado las condenas a siete años de prisión a Fontanet, seis años para Eduardo Vázquez, cinco para Torrejón, Juan Alberto Carbone, Maximiliano Djerfy y Elio Rodrigo Delgado, tres para Cardell, y seis para Raúl Alcides Villarreal, ex jefe de seguridad de Cromañón.

Asimismo, había ratificó las condenas a Fabiana Gabriela Fiszbin, ex subsecretaria de Control Comunal del Gobierno porteño, a cuatro años; a Gustavo Juan Torres, ex director general de Fiscalización y Control, a tres años y nueve meses; y a Fernández, ex titular de la Unidad Polivalente de Inspecciones, a dos años y diez meses.

Sin embargo el dato más relevante del juicio que determinó las condenas por el siniestro del boliche de once en Diciembre de 2004, ocasionando la muerte de 194 personas, es que en ninguna instancia involucró al principal responsable político de la Ciudad de Buenos Aires en ese entonces. De esta manera, el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra obtuvo el beneficio de la impunidad que como en otros casos de corrupción cubre a la casta política de las consecuencias de sus acciones.

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