Red de radios

2.4.2016

Laura López, maestra del distrito quinto de Barracas, falleció por dengue. Las autoridades porteñas aún no han dado explicaciones. La zona es un foco de contagio.

Federico Puy

Docente, Congresal UTE-CTERA
Marilina Arias
Miembro del Consejo Directivo de Ademys

Este viernes las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires estuvieron de duelo. Sí, todas las escuelas, porque “se nos fue una compañera”.

Las puertas de la escuela 9 del distrito quinto de Barracas así lo informaban con un cartel para padres y alumnos, a los que la noticia les llegó a la mañana por maestras y directivos del establecimiento. Los mensajes por WhatsApp fueron difundiéndose desde el jueves por la tarde y se multiplicaron por miles. Muchos de ellos, consternados indignados, se hicieron presente desde la mañana para solidarizarse con las compañeras y conocer mejor la situación.

La compañera Laura López fue infectada por el mosquito del dengue hacía una semana. Como muchas otras docentes y otros tantos alumnos que empiezan a salir a la luz, a pesar del ocultamiento de las autoridades.

“Podemos combatirlo”, decía en la entrada del colegio un cartel hecho a mano en papel afiche rosado por docentes y alumnos, en relación al mosquito y los modos de prevención. Un cartel que daba sobradas muestras del trabajo de prevención hecho por las escuelas ante una problemática social que trasciende las paredes de los colegios y las responsabilidades de sus maestros.

Su “trabajo” y el nuestro

Sin embargo, los que no pudieron dar muestras del trabajo realizado fueron las autoridades responsables tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Salud de la Ciudad, que fueron cuestionados por docentes ante la falta de fumigación. “Esta tarde se fumiga el colegio” informaron durante la mañana. Pero la señorita de segundo ya no está y nadie pudo explicar porque esa escuela, siendo de las zonas más propensas a la proliferación del mosquito, nunca fue fumigada desde que se conocieron los primeros casos de Dengue.

Mucho menos pudieron explicar por qué se esperó a la muerte de una maestra para fumigar la escuela cuando hacía una semana ya se conocía su caso. Tampoco pudieron dar cuenta de por qué no se pusieron todos los recursos necesarios para disminuir el riesgo de infección, como podría haber sido distribuyendo repelentes en todas las escuelas para docentes y familias de alumnos.

“Es muy importante el trabajo de prevención que se hace desde las escuelas” repetían como loros los funcionarios devolviendo la pelota a quienes hasta ahora fueron los únicos que han demostrado interés y preocupación por evitar más contagios: los maestros. Y no sorprende, porque son los maestros, y sobre todos los de zona sur, los que están acostumbrados a lidiar con la precariedad y las condiciones de trabajo desfavorables, los que se preocupan por la salud de sus alumnos, los que denuncian las situaciones de riesgo a la que los chicos están expuestos a diario, los que pelean para que sus alumnos reciban algo más que un sándwich de vianda, los que mueven cielo y tierra cada vez que sus alumnos necesitan ser atendidos por especialistas de la salud y no cuentan con obra social. Los que hacen de una campaña de linda folletería vacía -a lo PRO- una clase de investigación sobre el Dengue sin conocer mucho del tema, pero aprendiendo cómo prevenirlo junto a sus alumnos.

¿Cuánto vale la vida de una docente?

La tristeza, la indignación y la bronca recorrieron cada patio de escuela a medida que la noticia continuó circulando informalmente. “¿Con esto haremos algo? ¿Iremos a trabajar como si todo estuviese bien en la escuela pública?” eran las preguntas con las que desde el anonimato se buscaba interpelar en el mensaje de texto que se replicó hasta llegar a las escuelas de más al norte de la Capital.

Tal vez cabría preguntarse cuánto vale la vida de una docente. Está claro que para el Gobierno poco y nada, ya que pasadas las 24 horas de su muerte, ni un funcionario había salido a dar explicaciones públicas. Está claro que nada, cuando se los acusa de vagos en cadena nacional y se los persigue por luchar por una mejor educación pública y aumento de salario. Está claro que nada, cuando el sistema de salud de la Obra Social Obsba se encuentra colapsado al igual que el sistema público, mientras el gobierno y burócratas sindicales hacen buenos negocios robándole al bolsillo de los trabajadores mediante los descuentos.

Está claro que nada, cuando se destinan millonarios subsidios a la educación privada religiosa y se dice que hay pocos recursos para combatir el Dengue. Está claro que nada, cuando la folletería que mandan a las escuelas y la campaña del gobierno aconseja el uso de repelente diariamente, pero luego dicen que no hay plata distribuirlos gratuitamente entre maestros y alumnos.

Un burócrata que andaba dando vueltas nos dijo “¡no hagan bandera de esto por favor!”, como si la muerte de una compañera tenga que quedar impune.

Está claro que esta muerte no es una desgracia del destino, sino la decisión política de este Gobierno que de lo que sí ha dado sobradas muestras, es del desprecio que tiene hacia quienes habitamos las escuelas públicas. Esta muerte no quedará impune.

2.4.2016

La situación de la infraestructura escolar en la Ciudad de Buenos Aires es catastrófica y el gobierno continúa avanzando en su decisión de destrucción de la escuela pública.

El jardín No.5 del Distrito Escolar 18 no escapa a esta lógica. Esta escuela, a la que concurren alrededor de 103 niños de entre 45 días y 3 años, se encuentra clausurada hace más de un mes y medio.

El pasado 18 de febrero, una fábrica textil aledaña sufrió un incendio que dañó gran parte de la escuela infantil y existe, hoy, peligro de derrumbe. Se realizó un apuntalamiento para evitar que paredes y techos se caigan y se clausuró la escuela. Como medida transitoria, los niños fueron trasladados a dos establecimientos que se encuentran a más de 20 cuadras, en los distritos 17 y 18. A pesar de los esfuerzos de los docentes que adaptaron los espacios para beneficio de los niños, las condiciones no son las óptimas en estos lugares, sin contar los consabidos problemas de organización familiar que trae aparejado la lejanía de la escuela. Como consecuencia muchos niños no están asistiendo al jardín y otras familias han sido empujadas a buscar vacante en escuelas privadas.

Mientras tanto, los padres ya hicieron una presentación en la Defensoría, reclamaron ante las autoridades del Gobierno de la Ciudad y se presentaron en la Comisión de Educación de la Legislatura Porteña para exigir una escuela para sus hijos.

Las autoridades de infraestructura no han dado ninguna respuesta. El Gobierno de la Ciudad ofreció alquilar otra propiedad, pero habiendo dos edificios disponibles en los cuales las remodelaciones serían mínimas, el tiempo sigue pasando sin que se resuelva nada.

En el día de hoy, la comunidad educativa se reunió con Marcelo Ramal, legislador del Frente de Izquierda y con asesores de otros legisladores, en la sede del jardín para exigir una solución a personal de infraestructura que se haría presente en el establecimiento, pero que nunca se presentaron. Marcelo Ramal recogió la preocupación y la indignación de los padres ante esta situación y llevará el reclamo a la reunión que los legisladores de la Comisión de Educación tendrán el próximo miércoles con la Ministra Soledad Acuña.

La política de vaciamiento del sistema educativo público por parte del gobierno se presenta brutalmente en el estado de los edificios escolares. El Jardín 5 del distrito 18 es un botón de muestra de lo que es el pésimo estado en el que se encuentran la mayoría de los edificios en la ciudad. Se torna imperiosa una partida presupuestaria para la construcción y refacción de escuelas.

1.4.2016

Víctimas, familiares y organizaciones sociales se movilizaron ayer, a una década del incendio del taller Luis Viale donde murieron 5 niños y una mujer embarazada. El 19 de abril se reabre el juicio en el cual solo están imputados los encargados del taller, no así los dueños y los responsables políticos.

Más de 200 personas se movilizaron desde Gaona y Donato Alvarez en Caballito hasta el taller de Luis Viale al 1200. Víctimas, amigos, vecinos se hicieron presentes, entre ellas el colectivo que impulsa la campaña hacia el juicio; los jóvenes de Justicia por Franco Zárate asesinado por xenofobia de un policía, el grupo cultural Simbiosis, Lourdes costurera sobreviviente que trabajaba en ese taller, trabajadores textiles como Eduardo Toro reincorporado de la Textil Elemento. Acompañaron Cachito Fuckman ex detenido desaparecido, una delegación del PTS y el legislador de la ciudad Patricio Del Corro, el Partido Obrero, Luis Zamora y otras organizaciones sociales.

Se marcho primero a unas cuadras por la calle Galicia donde actualmente continúa produciendo la fábrica de los patrones esclavistas Jaime Geiler y Daniel Fischberg los cuales tercerizaban en la casa de dos plantas de Luis Viale donde hace diez años trabajaban y vivían 64 costureros con sus hijos en su mayoría bolivianos y una mañana, víctimas de la precaridad de un taller que solo estaba habilitado para 5 máquinas de costura, el fuego arrasó y se llevó con él a 5 niños y una mujer embarazada.

Se llegó al lugar con carteles alusivos y la bandera que encabezaba quedó en la puerta: ¡No fue un accidente, los mató la explotación! ¡Justicia por las víctimas de Luis Viale! Para luego recordar a Juana Vilca (embarazada / 25 años) Harry Rodríguez (3 años), Luis Quispe (4 años), Rodrigo Quispe Carabajal (4 años), Elías Carabajal Quispe (10 años), Wilfredo Quispe Mendoza (15 años), al grito de ¡¡¡PRESENTES!!!

Lourdes una de las víctimas remarcó: “para nosotros los que hemos sobrevivido es tan doloroso volver a este lugar, no me voy a olvidar, vivimos con esas cicatrices que no sanaran. Niños inocentes que tenían la vida por delante. Diez años de impunidad y los verdaderos culpables están libres, ni siquiera están procesados los verdaderos dueños, nada más los encargados. Nosotros no los vamos a abandonar a nuestros mártires que han derramado sangre cosiendo ropa. Esta bandera debe ser de todos los trabajadores. Quiero pedirles a todos busquemos la unidad y luchemos juntos“.

Para cerrar se llamó a redoblar esfuerzos con la campaña hacia el juicio que se inicia el 19 de abril en el cual en el banquillo de los acusados solo estarán los encargados del taller y no todos los responsables políticos y materiales y que puede sentar un precedente de impunidad.

30.3.2016

"En Villa 20 tenemos, aproximadamente, 1.000 casos de dengue y muchísimos más casos donde los vecinos no acuden a un hospital porque no lo tienen, porque tienen que trasladarse hacia otros barrios, y porque no obtienen respuestas ya que los hospitales de otros barrios están colapsados", denuncian los vecinos del barrio.

Por Mesa de urbanización de la Villa 20-Lugano

Mientras el nuevo gobierno nacional no deja de sorprendernos con cosas como el acto de censura previa que tuvo como víctima al periodista Roberto Navarro (siendo generosos y obviando temas como los miles de despidos, la represión de la protesta social, la bajada de pantalones ante los fondos buitres, entre otros hechos) nos enteramos que el informe censurado trata sobre el nunca concretado Hospital de Lugano. Un hospital para un barrio siempre postergado, con reglamentaciones que ordenan la construcción de un hospital que datan del año 1986.

La historia del Hospital de Lugano Cecilia Grierson comienza en el 2005 con la sanción de tres leyes. La Ley 1768 estipula la construcción de un Polo Farmacéutico, la Ley 1769 dispone la creación de un hospital para Villa Lugano, y finalmente la Ley 1770 que ordena la Urbanización de Villa 20 y la construcción de viviendas para llevarla a cabo. Estas tres leyes se aprobaron juntas y todas plantean proyectos para el barrio de Lugano. La única que se concretó fue la del Polo Farmacéutico, la única de las tres leyes que suponía la oportunidad de un negocio y un proyecto privado.

En la primera parte del informe de Roberto Navarro vemos como sí se licitó la obra del hospital pero éste nunca se terminó de construir. Esto lo padecemos los vecinos de Lugano cuando nos acercamos al lugar y sólo podemos hacer consultas y atenciones primarias de lunes a viernes hasta las 17hs., es el primer hospital con horarios propios de un CESAC.

Hoy estamos sufriendo la falta de políticas públicas en cuanto a salud. Por ejemplo, en Villa 20 tenemos, aproximadamente, 1000 casos de dengue y muchísimos más casos donde los vecinos no acuden a un hospital porque no lo tienen, porque tienen que trasladarse hacia otros barrios, y porque no obtienen respuestas ya que los hospitales de otros barrios están colapsados. Ante esto sólo pueden acudir al Cesac 18, ubicado dentro de Villa 20, pero éste tampoco puede dar respuestas ya que no tiene los recursos para hacer frente a los masivos casos de dengue que surgen día a día. También dentro de Villa 20 contamos con el Cesac 43 que está en construcción hace más o menos 10 años y todavía no está funcionando. Todo esto responde a una falta de políticas públicas de parte del Gobierno de la Ciudad.

Ante esto, no vamos a permitir que mientras el proyecto privado del Polo Farmacéutico tenga agua, luz, gas y demás servicios, el hospital de Villa Lugano todavía no esté terminado a pesar de haber sido una promesa de campaña, para toda la Comuna Ocho, de Mauricio Macri cuando asumió como Jefe de Gobierno.

Porque no vamos a permitir que esto siga ocurriendo es que vamos a estar más organizados que nunca. Porque la lucha por la urbanización de las villas es también que esto no ocurra más. Porque una villa urbanizada es una mejor calidad de vida y mejor calidad de vida es un hospital en cada barrio. Por todo esto nos organizamos y nos movilizamos y no vamos a parar hasta que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cumpla con sus promesas para con los vecinos Villa Lugano.

Porque la pelea de la urbanización de Villa 20 es también la pelea por un hospital para Lugano.

30.3.2016

Como en otros lugares del mundo, el lanzamiento de Uber ha despertado reacciones airadas de los sindicatos de taxis. Llama la atención, sin embargo, que numerosos choferes –o ex choferes- hayan concurrido esperanzados a la convocatoria de Uber.

El posible lanzamiento de Uber, una aplicación para celulares que permite conectar a usuarios de taxis o remises con una flota virtual de choferes previamente inscriptos, ha desatado polvareda. Es la misma inquietud que despertó en todas las capitales del mundo donde desembarcó esta empresa, enfrentando a los taxistas, a sus empresarios y sindicatos.

La reacción no sorprende: detrás de la idílica presentación de una red de pasajeros y choferes conectados en el ciberespacio, Uber no es otra cosa que una gigantesca plataforma de tercerización laboral y trabajo precario. En Montevideo, donde el servicio desembarcó hace unos meses, los choferes de los vehículos revistan como “terceros contratantes independientes”, sin ningún vínculo laboral con Uber. La firma virtual no se hace cargo de las eventuales costas por accidentes, que deben ser afrontadas por el propio chofer mediante el pago de un seguro. Ni hablar de las cargas sociales o previsionales. Lo mismo vale para el pasajero, en relación a la confiabilidad del servicio. Las condiciones de Uber son rigurosas a la hora de fijar sus propias comisiones y tarifas básicas. Pero nada se dice sobre las condiciones laborales del “emprendedor independiente”, como llama la empresa a los choferes que se anotan. Cuando el pasajero se conecta, desconoce si concurrirá un “emprendedor” que carga, por ejemplo, con catorce horas consecutivas de trabajo. O si se trata de alguien que transporta pasajeros como “changa”, y sobrelleva una jornada laboral entera en otra ocupación. Pero el sobretrabajo es incentivado por la propia Uber, ya que califica a sus choferes con puntuaciones de acuerdo al grado de cumplimiento respecto de los requerimientos de viajes. Esos puntajes están disponibles para el pasajero que pide un auto a Uber. De ese modo, aquel chofer que no responda a un pedido –por cansancio o saturación- corre el riesgo de perder puntos y, por lo tanto, futuros clientes. La superexplotación no sólo hace peligrar la vida y la salud del chofer, sino también la de los propios pasajeros. Como ocurre en todos los ámbitos del proceso de trabajo en el capitalismo, la tecnología no alivia la intensidad o la duración de la jornada sino que, por el contrario, termina acentuando el grado de explotación absoluta del trabajador.

La otra pesadilla

Como en otros lugares del mundo, el lanzamiento de Uber ha despertado reacciones airadas de los sindicatos de taxis. Llama la atención, sin embargo, que numerosos choferes –o ex choferes-  hayan concurrido esperanzados a la convocatoria de Uber. La explicación debe buscarse en las condiciones laborales de infierno que asolan al taxista de nuestra Ciudad. Aunque el chofer recibe un sueldo en blanco, con cargas sociales y previsionales, se trata sólo de una mascarada, pues su  verdadero ingreso está condicionado a un acuerdo laboral negrero. Nos referimos al “alquiler” del vehículo, por el cual el chofer paga a la empresa  una suma diaria por el uso del auto. Esa suma suele representar cerca de ocho horas de jornada.  Sólo cuando supera el monto de ese “alquiler”, el chofer comienza a trabajar para “pagar” su sueldo. De ese modo, y para cubrir un ingreso que difícilmente llegue a la canasta familiar, el taxista trabaja 12 horas por día o más. Todos los estudios relacionados con la seguridad en el transporte urbano indican que los choferes de cualquier servicio -colectivo, taxi, subte- no deberían extender la jornada más allá de las seis horas, para la seguridad propia y de los pasajeros.

Que este sistema laboral manifiestamente ilegal subsista, sólo se explica por la connivencia del Sindicato de Taxistas. No es un secreto que entre los propietarios de las “mandatarias” de taxis -las empresas que agrupan a grandes flotas de vehículos-, están los mismos burócratas sindicales que avalan este régimen negrero. Por eso, no sorprendió que su principal dirigente -Viviani- se mostrara dispuesto a “negociar” con Uber las condiciones del servicio. Como en otros lugares del mundo, la burocracia exigirá que la ciberempresa se equipare con las mandatarias en términos impositivos o reglamentarios (licencias), o sea, reclamará en su carácter de patrón. En cambio, nada se dice de las condiciones laborales –ni de los actuales taxistas, ni de los futuros choferes “emprendedores”.

La cuestión de Uber debe servir para una deliberación sobre todo el régimen laboral en el transporte, que debe incluir a sus actuales trabajadores y modalidades. La pirámide de prioridades debe construirse, no a partir de las mandatarias o cibermonopolios, sino de las necesidades y la seguridad de trabajadores y usuarios. Ello significa, en primer lugar, asegurar un salario que cubra el costo de la canasta familiar en seis horas de jornada, o en el cálculo de un kilometraje equivalente; abolir todas las formas de trabajo a destajo, las actuales y las “virtuales” en preparación. Sobre esta base, todas las innovaciones tecnológicas podrían contribuir al trabajador y al usuario. El costo del servicio no debe ser reducido a costa de la vida de los choferes, sino de las comisiones y beneficios abusivos de mandatarias, de sus burócratas cómplices, de las automotrices, bancos y monopolios de combustibles, todos los cuales engordan el costo del transporte a costa del pueblo.