Red de radios

28.12.2015

Hoy, 28 de diciembre, nos movilizamos al CAD junto a docenas de docentes, rechazando la SUSPENSIÓN DE LOS CONCURSOS DE INGRESO y reclamando la realización de concursos y actos públicos transparentes, la restitución de las Juntas de Clasificación Docente y la convocatoria a elecciones de vocales representantes de la docencia.

En el marco de la importante movilización en las oficinas del CAD, las autoridades de la COREAP recibieron a miembros de la directiva de Ademys.

Continuaremos en estado de ALERTA Y MOVILIZACIÓN para que se garanticen los concursos. Convocamos a toda la docencia a seguir en alerta, a difundir en las escuelas el estado de situación, a organizarnos y continuar movilizados hasta que se garanticen los concursos públicos, transparentes, y hasta lograr la restitución de las funciones históricas de las Juntas de Clasificación docente y la convocatoria a elecciones de representantes docentes para las mismas.

"Tenemos que pelear para volver a tener las juntas con todas las atribuciones que plantea el estatuto, es la única manera de frenar la política del dedo"
"Tenemos que seguir defendiendo los concursos transparentes y hechos por los representantes de los trabajadores"
"El 18 de febrero tenemos que estar presentes, defendiendo nuestro estatuto, los concursos y nuestras condiciones de trabajo"​

Luego de casi 30 años la COREAP suspendió los concursos de ingreso de inicial, primaria, curriculares y especial

El gobierno del PRO a través del CAD decidió la suspensión de los actos públicos del Concurso de Ingreso en las Áreas de Primaria e Inicial 2015 que se suman a los ya suspendidos en Curriculares y Especial, es decir que este año por primera vez en 30 años no habrá concursos para los compañeros aspirantes a titularizar en los cargos de base en ninguna de las Aéreas de Educación del GCBA.

Desde el punto de vista técnico el sistema por el cual se realizó toda la inscripción fue hecha a medida por una empresa privada que responde a los intereses de la política de quien les paga (Ministerio de Educación), desconociendo información que requería la misma y no consultando a los vocales electos para tal función. La validación no fue realizada por personal idóneo y un título mal validado pudo implicar no aparecer en los listados, como sucedió con los omitidos. De hecho, nunca se recibieron tantos reclamos como en este año.

Los listados fueron entregados por el gobierno mucho más tarde que lo habitual generando un retraso en la entrega sin tiempo a las rectificaciones.

Como hemos venido manifestando desde 2011, esto es consecuencia directa de la eliminación de las Juntas de Clasificación hecha mediante la ley Abrebaya en 2011 que quitó entre otras cosas las atribuciones de los vocales de Juntas (2/3 votados como representantes de los trabajadores por el voto directo) de realizar la confección de los listados a ser utilizados en los distintos concursos, rol que asumió el nuevo organismo de reemplazo de las Juntas -COREAP- con los resultados que tenemos a la vista.

La aplicación de la Ley Abrevaya perseguía el objetivo político de eliminar los concursos y avanzar en la implementación de las designaciones a dedo de los docentes. La puesta en marcha de la COREAP y de la inscripción on line resultaron a todas luces ineficientes. Pero, más allá de los errores técnicos, que han generado múltiples problemas a la docencia,lo que hay detrás es una política que claramente lleva adelante el Ministerio de Educación de la Ciudad para eliminar los concursos. Esto quedó de manifiesto con la reciente ley Gorleri, que elimina las elecciones para vocales de Juntas – imponiendo un mecanismo de designación por sindicatos en un claro acuerdo con los sindicatos que vienen sosteniendo una política de integración y acuerdos con el gobierno macrista en detrimento de la docencia y la educación pública-, cercenando los derechos democráticos de la docencia.

Así se revela con esta nueva situación, en la que se suspenden los concursos de Ingreso en inicial, primaria y curriculares, dando cuenta de los múltiples errores en la clasificación y elaboración de los listados – a pesar del enorme esfuerzo de parte de nuestros vocales- que llevan a esta postergación de los concursos luego de casi 30 años en los que los mismos se realizaron con absoluta transparencia y respetando las normas estatutarias.

Por todo ello, insistimos en que deben restituirse las Juntas de Clasificación, con sus funciones históricas, y debe convocarse inmediatamente a elecciones de Vocales de Junta, para que la docencia elija a sus representantes, única garantía de transparencia y democracia en la elaboración de listados y realización de concursos.

NO A LA ELECCIÓN A DEDO DE LA DOCENCIA

RESTITUCIÓN DE LAS JUNTAS DE CLASIFICACIÓN

ELECCIONES YA DE VOCALES DE JUNTA

ADEMYS

23.12.2015

Por Mauricio Polchi

Continúa grave el joven que recibió tres tiros a quemarropa por parte del oficial Ricardo Ayala. Mientras su familia cuestiona el polémico fallo que dejó en libertad al agresor, y la querella pide el encarcelamiento del policía ante la justicia, el pibe Cabello dio a conocer un mensaje esperanzador: “Espero verlos pronto en la calle”.

“Gracias a todos por el aguante. Día a día me voy recuperando porque tengo muchas ganas de vivir. Espero verlos pronto en la calle, allá afuera. Un abrazo fuerte a todos los que me bancan y se la bancan”, publicó Lucas Cabello en las redes sociales, el pasado fin de semana.

Victima del gatillo fácil, Lucas fue acribillado de tres tiros a quemarropa por el agente de la Metropolitana, Ricardo Ayala. El brutal ataque ocurrió el último 9 de noviembre, en su domicilio particular. A plena luz del día, lo balearon cuando regresaba de la panadería con su pequeña hija de dos años. Por el feroz ataque perdió un testículo, y puede quedar inmovilizado por una bala que perforó su médula ósea. El cuadro de salud aún es complejo, por eso sigue hospitalizado en una clínica privada de Palermo. Salió de terapia intensiva, está en una terapia intermedia.

Gatillo fácil: el mismo protocolo

El agente Ayala está acusado de balear a Lucas Cabello, de 20 años, en la puerta de su casa en Martín Rodríguez al 500 del barrio de La Boca. Según pudo reconstruir Marcha, en la tarde de aquel lunes la escena era tenebrosa, clara y contundente. Los vecinos escucharon tres disparos, la misma cantidad de balas que se encontraron en el cuerpo de la víctima. El agresor, que es policía, escapó. A las autoridades, que intentaron plantar pruebas, les resultó imposible armar o sostener una mentira. Nada de “narcos” y “trapitos”. Fue un ataque policial contra un hombre desarmado.

En aquella oportunidad, la primera versión que hizo correr La Metropolitana ante la prensa fue la de instalar un tiroteo. La teoría, con el correr de las horas, sólo fue respaldada por la entonces vicejefa de Gobierno porteño María Eugenia Vidal. “Se trató de una cuestión de género”, lanzó ante los medios la actual gobernadora bonaerense. “El policía protegía a la mujer que apretó el botón antipánico”, agregó, y así Vidal justificó lo injustificable. El papelón fue tan grande que hasta las mismas autoridades de la fuerza la contradijeron al aclarar que “no era una consigna por violencia de género”. Los familiares le pidieron que se retracte, gesto que jamás mostró.

El 26 de noviembre, de forma inesperada, el juez Osvaldo Rappa solicitó “la inmediata libertad” del agente de la Metropolitana, quien permanecía detenido desde el día del criminal ataque. El efectivo fue procesado por el delito de “homicidio en grado de tentativa, agravado por su condición de ser miembro de una fuerza de seguridad, con exceso en ejercicio de legítima defensa”. Además, el magistrado le trabó un embargo por la suma de 300 mil pesos. Pero lo dejó en libertad, entre otras cosas, porque no tiene antecedentes.

Según narró el policía en su declaración indagatoria, tras un intercambio de palabras, Cabello “se da vuelta y bruscamente extrae de su cintura un arma de fuego y le apunta con la clara finalidad de disparar hacia el torso”. Sin embargo, el fallo asevera que “no se pudo acreditar fehacientemente que Cabello tuviera un arma de fuego en su poder, ni que increpara con un elemento de esas características al oficial Ayala”.

El juez reconoce que la víctima no estaba armada, y por eso el abogado Nahuel Berguier remarcó contradicciones en varios pasajes del fallo. “En el escrito dice que Ayala le dio tres tiros a Cabello –el primero que lo voltea y dos en el piso–, reconoce que Lucas no estaba armado, pero igual plantea que hay exceso en la legítima defensa cuando no se está defendiendo de nada”, expresó Berguier.

Desde su interpretación, el magistrado dudó de los testigos y hasta vaciló por los dichos de la propia mujer de Cabello, Camila Magallanes, presente en el trágico momento. “Su testimonio se debe valorar teniendo en cuenta el estado que se encuentra por la situación padecida por el padre de su nena”, justificó el letrado.

El caso hoy

Este martes 22 de diciembre se realizó una audiencia en la que los abogados del joven expusieron los fundamentos por los que Ricardo Ayala no debe permanecer en libertad. La querella y la fiscalía que intervienen en la causa rechazaron que el efectivo haya actuado en legítima defensa y pidieron que se lo detenga nuevamente. Las partes se pronunciaron ante la Cámara Nacional en lo Criminal.

Como era de esperar, la defensa del policía Ayala pidió que se le dicte la “falta de mérito” a su representado. A contramano de esa postura, los fiscales y los abogados formularon informes orales contra el procesamiento a Ayala y reclamaron a la sala VI de la Cámara que revoque la libertad que el juez de instrucción Osvaldo Rappa le otorgó a Ayala el 26 de noviembre, cuando dictó su procesamiento.

Para los abogados querellantes Nahuel Berguier y Federico Paruolo la actitud de Ayala, quien disparó tres veces contra Cabello “que estaba desarmado”, no encuadra en la legítima defensa, sino que “representa un accionar criminal”, agravado por la condición de policía del procesado, explicaron los letrados de la madre de Cabello, Carolina Vila, ante los camaristas Mario Filozof y Julio Lucini.

“Sólo aparecen las tres vainas servidas producto de los disparos de Ayala, quien no sufrió ningún tipo de lesión”, advirtieron. “Hasta hubo ensañamiento”, coincidieron. En la misma línea se pronunció la fiscal Susana Calleja. Descartó un altercado que obligara al policía a abrir fuego y consideró que el hecho configura “una gravísima violación de derechos humanos”.

22.12.2015

Este martes 22 de diciembre se realizará una audiencia en la Cámara de Apelaciones, en la que los abogados del joven, que continúa peleando por su vida tras recibir tres disparos del agente de la Policía Metropolitana, expondrán los fundamentos por los que Ricardo Ayala no debe permanecer en libertad. Los detalles del caso, que ya fue olvidado por los medios tradicionales, en esta entrevista con la periodista Martina Noailles. Por La Retaguardia

“El policía Ayala está en libertad, procesado por el juez de primera instancia (Osvaldo Rappa), pero los abogados de Lucas apelaron y la audiencia es el martes en la Cámara de Apelaciones. Ahí van a exponer los argumentos de por qué les parece que no debería estar esperando el juicio en libertad”, explicó Martina Noailles, editora periodística de Sur Capitalino, el periódico barrial de La Boca.

Noailles expresó que los argumentos del juez resultaron bastante contradictorios: “procesa a Ayala, dice que le parece que hay una tentativa de homicidio, pero a la vez argumenta que en realidad hubo un cierto exceso en legítima defensa, entonces legalmente él mismo se contradice porque si vos estás queriendo matar no te estás defendiendo. Además, en todo el fallo no dice defenderse de qué. En principio dice que no hay ninguna prueba que diga que Lucas estaba armado, solamente que pareciera haber una discusión de palabra entre los dos y que Ayala le dispara tres tiros, así que no sé de qué se estaba defendiendo si Lucas no tenía arma. Todo esto es lo que van a llevar a la apelación los abogados a ver qué decide la Cámara, es decir, es apelar la excarcelación pero también apelar ciertos puntos de cómo lo procesó”.

Cabe recordar que el lunes 9 de noviembre, Lucas Cabello fue baleado en la esquina de Martín Rodríguez y Villafañe, en La Boca, por el agente metropolitano Ricardo Ayala, tras haber ido a comprar un sándwich a un kiosco. Tras 2 semanas detenido, el policía fue liberado y espera la realización del juicio en libertad.

Desde el momento de la agresión, Cabello permanece internado en el Hospital Argerich y su estado de salud continúa siendo grave. Al respecto, Noailles detalló: “Lucas salió de terapia intensiva, está en una terapia intermedia, no lo operaron de la médula todavía porque no parecía ser el momento; está en rehabilitación para ver si logra recuperar la movilidad en los cuatro miembros, en principio sabemos que había empezado a mover algo de los brazos y las manos, muy de a poquito, y creo que no los miembros inferiores”.

La expectativa de la familia y los vecinos está depositada en la audiencia del martes 22 de diciembre, en la que se intentará conseguir que Ayala vuelva a ser detenido hasta la instancia de juicio. Mientras tanto, Lucas Cabello sigue peleando por recuperarse de las heridas provocadas por las tres balas policiales.

20.12.2015

Por medio de un comunicado difundido el pasado viernes, representantes de servicios hospitalarios, organizaciones de usuarios, de familiares, de profesionales, de organizaciones sociales y de derechos humanos, unidades académicas, trabajadores de salud mental, redes y colectivos cuestionaron la posible designación del médico psiquiatra Andrew Blake como posible Director Nacional de Salud Mental y Adicciones.

Los firmantes denuncian que Blake, actualmente coordinador de Redes Integradas de Salud Mental del gobierno de la Ciudad, “ha sido un activo manifestante en contra de la implementación de la Ley N° 448 (vigente en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires), y lo que es más grave aún para la función a la que ha sido propuesto, ha expresado públicamente en reiteradas ocasiones su oposición a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y su voluntad de incumplirla”.

Asimismo, exigen que el funcionario a designar “se comprometa con una clara y fehaciente defensa de la legislación vigente en materia de salud mental, y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en materia de salud, salud mental, discapacidad y derechos humanos”.

Blake fue denunciado por médicos, trabajadores y profesionales de los hospitales Ricardo Gutiérrez, Juan Garrahan y Arturo Ameghino, por agresión a la presidenta de la Asociación de Profesionales de hospital Ameghino, en el marco de una protesta frente al vaciamiento del sector llevado adelante por el gobierno macrista en la ciudad.

La oposición de Blake a estas leyes resulta alarmante ya que tanto la Ley Nacional de Salud Mental, como las Ley n°448 (CABA), sostienen una concepción opuesta a la medicalización y plantean una mirada social e interdisciplinaria, acentuando los derechos humanos del usuario, así como un abordaje no manicomial del padecimiento psíquico. Por el contrario, el gobierno de Macri muestra, con la postulación de Blake, su compromiso con una concepción medicalizante y manicomial de la salud mental, a tono con los requerimientos del mercado psicofarmacéutico y de la corporación médico psiquiátrica. No obstante lo cual es necesario aclarar que la situación del sector es crítica y que años después de su promulgación dichas leyes siguen sin aplicarse, con la responsabilidad tanto del macrismo como del kirchnerismo.

A continuación, reproducimos el comunicado y el link para firmar

COMUNICADO URGENTE EN OPOSICIÓN A LA DESIGNACIÓN DE ANDREW BLAKE COMO DIRECTOR NACIONAL DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES

A los 18 días del mes de diciembre de 2015, se reúnen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudadanos, representantes de servicios hospitalarios, organizaciones de usuarios, de familiares, de profesionales, de organizaciones sociales y de derechos humanos, unidades académicas, trabajadores de salud mental, redes y colectivos convocados por la preocupación compartida ante la designación de Andy BLAKE, como Director Nacional de Salud Mental y Adicciones.
Durante los años en que fue funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Dr. Blake ha sido un activo manifestante en contra de la implementación de la Ley N° 448 (vigente en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires), y lo que es más grave aún para la función a la que ha sido propuesto, ha expresado públicamente en reiteradas ocasiones su oposición a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y su voluntad de incumplirla. Cabe destacar que dicha ley nacional ha sido aprobada por unanimidad en ambas Cámaras, y ha sido producto de un proceso de construcción colectiva, interdisciplinaria, intersectorial e interjurisdiccional con una sostenida participación de usuarios, familiares, trabajadores de salud mental y organizaciones de la sociedad civil.
Entendemos fundamental que el funcionario a designar, se comprometa con una clara y fehaciente defensa de la legislación vigente en materia de salud mental, y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en materia de salud, salud mental, discapacidad y derechos humanos, debido a que constituyen la principal garantía para la defensa y el acceso a la salud integral de toda la población. En consecuencia, resulta sustancial que quien asuma el rol de Director Nacional de Salud Mental y Adicciones no cometa prevaricato ni posea antecedentes que perjudiquen la plena vigencia y la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental y de los marcos normativos que protegen los derechos de los usuarios de los servicios de salud mental.
El colectivo firmante, compuesto por actores legítimos del campo de la salud mental y adicciones, expresa su firme rechazo a este nombramiento y solicita una audiencia con carácter de urgente al Señor Ministro de Salud de la Nación, Dr. Jorge LEMUS, para abordar en la máxima instancia de decisión, esta situación de gravedad institucional.
 

Instituciones firmantes: Asamblea Residentes y Concurrentes de Salud Mental (A.R.C.S.A.M.) – Red por la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones – Red Nacional de Salud Mental Comunitaria y Derechos Humanos – Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Regional Formosa – Federación de Psicólogos de la República Argentina (Fe.P.R.A) – Desate Radio Moyano – Consejo profesional de Graduados en Servicio Social o Trabajo Social, CABA – Cátedra de Salud y Derechos Humanos – Cátedra Teoría y Técnica de Grupos 1, Facultad de Psicología UBA – Cátedra II Psicología, Ética y DDHH de la Facultad de Psicología de la UBA – Cátedra I Psicología, Ética y DDHH de la Facultad de Psicología de la UBA – Salud Mental Carrera de Medicina, UNLAM – Colegio de Psicólogos de la Provincia de Bs. As. Distrito XII – Sociedad de Fomento Gral. San Martín de Villa Galicia – Centro de teatro terapéutico gestáltico y Danza Movimiento terapia – Colectivo Salud y Sociedad – Psicólogos en Frente (PEF) – Equipo de Intervención Comunitaria Regional de la Pcia. De Buenos Aires – Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) – Red de familiares, usuarios, voluntarios, estudiantes y profesionales (Red FUV) – Puntada con Nudo – Movimiento 26.657, Tucumán – Asamblea de Usuarios, Familiares y Amigos por el Derecho a la Salud Mental de la Provincia de Córdoba – ALAMES Argentina – Fundación Red-Creando – Frente de Artistas del Borda – Ucronía Salud y Arte – Otra Escena – Mesa Salud Mental y DDHH, Córdoba – Práctica Profesional "Clínica en Salud Mental", Fac. Psicología. UBA – Profesionales Latinoamericanos/as contra el Abuso de Poder, Asoc.Civil – Comisión DDHH, Verdad y Justicia de Traslasierra, Córdoba – Asociación Memoria Derechos Humanos y Solidaridad (Medhes) – Comisión Organizadora de la Marcha por el Derecho a la Salud Mental – Cátedra Introducción a los Estudios de Género, Facultad de Psicología UBA – Bondi Salud, Colectivo de Militancia en Salud – Psicólogos/as del Hospital Penna y Centros de Salud – Asociación por los derechos en salud mental (ADESAM) – Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA) – Asociación de Profesionales Hospital Gutiérrez – Centro de salud y acción comunitaria N° 24 – Equipo de Profesionales de PRISMA – Movimiento de salud Irma Carrica en Patria Grande – Asociación Civil Programa Comunitario de Promoción de Salud.

18.12.2015

El sábado 19 de diciembre, a las 16, se hará un festival en Parque Lezama para exigir justicia por Nehuén Rodríguez, de 18 años, que el 15 de diciembre de 2014 fue embestido y asesinado por un patrullero de la Policía Metropolitana. Su familia reclama que avance la causa y se acuse y juzgue al oficial que iba al volante.

Según testigos el patrullero de la Policía Metropolitana  iba sin sirena ni luces cuando cruzó a gran velocidad por Carrillo, a la altura de Brandsen, haciendo volar varios metros por los aires a Nehuén y a su moto. El 15 de diciembre se cumple un año, mientras su familia sigue exigiendo que el oficial Daniel Germán Castagnasso sea acusado y juzgado por matar al volante.
Para recordar a Nehuén a un año de su muerte y mantener vigente el reclamo por el esclarecimiento del caso, su familia organiza un festival en Parque Lezama, para el sábado 19 a las 16 horas. Sonarán bandas del barrio, se estamparán remeras con el rostro del adolescente y se aunará el grito con los pedidos de justicia ante otros casos de violencia policial en La Boca.