Red de radios

24.11.2015

Vecinos autoconvocados se reúnen para debatir un proyecto de ley que ponga freno a la concesión de espacios verdes como bares. El gobierno porteño ya avanza sobre el Parque Chacabuco.

El Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Red Interparques y Plazas realizarán hoy en el barrio porteño de San Cristóbal la segunda reunión en pos de un proyecto de ley marco sobre Espacios Verdes de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de ordenar “la desmercantilización de los espacios verdes, la prohibición de privatización y la derogación de la ley 4950, que es marco regulatorio para otorgar permisos de uso precario en espacios verdes de uso público”. El encuentro contempla cinco ejes centrales: “Participación ciudadana”; “Uso de espacios verdes”; “Conservación y mantenimiento”; “Superficie e incremento de espacios verdes” y “Arbolado público”.

El pasado 10 de noviembre hubo un primer encuentro donde se trató una futura ley marco sobre Espacios Verdes. Allí, vecinos, organizaciones ambientalistas, integrantes de consejos consultivos y representantes de 14 comunas “delinearon los ejes del proyecto, se presentaron las propuestas y se argumentaron muchos de los puntos sobre los cuales vamos a seguir trabajando para darle forma a este proyecto de ley”, informaron los organizadores. Hoy a las 18, en avenida San Juan 2491, tendrá lugar la segunda reunión, y sus impulsores buscarán además “hacer referencia a cada uno de los servicios que prestan los espacios verdes”, que “representan un punto muy importante en la salubridad de la población, tanto por el contacto con la naturaleza (desestresante, oxigenante) como en el aspecto sociológico en la interacción con otras personas”, dicen desde la Red Interparques y Plazas. Asimismo se pretende que “cada uno de los espacios verdes de la Ciudad estén bajo la jurisdicción de las comunas”.

En abril de 2014, diversas organizaciones culturales, políticas y sociales comenzaron la campaña “Parques sin bares”, con el objetivo de visibilizar y resolver “los numerosos problemas que acarrea la pérdida de espacio público y el avance de la mercantilización de la vida”. Para frenar lo que consideran un avasallamiento del GCBA, que realiza obras inconsultas sobre los espacios verdes, públicos y comunes, se planteó que:

El proyecto de construir bares en las plazas “viola la Constitución de la CABA, en cuyo capítulo cuarto (Ambiente), art. 27, punto 3 puede leerse: “(El GCBA) Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueve la protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso común”.

Viola a su vez la ley 1777 de Comunas (arts. 10 y 11), según la cual éstas deben participar en todo lo relacionado con espacios verdes de su territorio. Pero ningún consejo consultivo pudo tratar el tema.

En una ciudad con problemas de inundación, el proyecto quita una superficie absorbente como el césped para reemplazarla por cemento.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) fija como necesario para la salud un mínimo de 10 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, y la ciudad de Buenos Aires cuenta con 1,80 metro cuadrado.

Ya existen alrededor de los espacios verdes de nuestra ciudad suficientes opciones de bebida y comida.

Desde el Ejecutivo porteño esgrimían que, con la instrumentación de la ley 4950, las empresas concesionarias deberán hacerse cargo de construir y mantener baños, estacionamientos de bicicletas, etcétera. Pero desde la Red Interparques y Plazas entienden que estos servicios básicos deben ser otorgados por el Gobierno de la Ciudad y no por empresas privadas.

Por su parte, durante todo 2015 y domingo de por medio, la Asamblea de Vecinos del Parque Chacabuco convocaba pacíficamente a reunir fuerzas y voces en un reclamo genuino que también devino consigna: “No a los bares en las plazas”. Ninguneados por la cartera porteña de Espacio Público, los vecinos se siguen oponiendo a la construcción de un bar de 260 metros cuadrados en ese parque a un costo de 5 millones de pesos, y aseguran que “resistirán” el inicio de los trabajos porque el lugar “ya perdió 12 hectáreas de áreas verdes” y perjudica a los comercios aledaños, ya que “privatiza el espacio público”. Originalmente diseñado con 20 hectáreas de espacio verde, el Parque Chacabuco conserva sólo ocho en la actualidad.

La ley 4950, aprobada el año pasado, permite la instalación de bares en espacios verdes que tengan una superficie mayor a 50 mil metros cuadrados. “Ya hay un bar de 400 metros cuadrados bajo la autopista, ¿para qué quieren otro? Nosotros queremos más verde y menos cemento”, reclamó Paula Castelli, vocera de la asamblea, cuestionando que el proyecto del bar siga adelante a pesar de las más de 3 mil firmas recolectadas en contrario y el rechazo “unánime” expresado por la junta de la Comuna 7. En tanto, el Parque 3 de Febrero, lindante con el Jardín Japonés, probablemente sea la próxima “víctima” del duro cemento.

24.11.2015

Marcelo Ramal, legislador en la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda, visitó la escuela N°18 del distrito 21 -la única escuela granja de la Ciudad- situada en el barrio de Lugano. Simultáneamente, los padres de los niños realizaron un corte sobre la avenida Roca, que reclamó por las pésimas condiciones en las que se encuentra la escuela.

Las paredes se encuentran plagadas de humedad y cuando llueve se electrifican. “Los techos tienen filtraciones que se transforman en cataratas”, señalaba uno de los padres.

La comunidad educativa viene reclamando desde hace varios años sin respuesta.

“La existencia de basurales hacen que el animal más apto para esa escuela granja sean las ratas, mientras los animales de la escuela carecen de los recursos necesarios para su cuidado adecuado”, señalaba una de las madres presentes.

Ramal se comprometió a difundir el reclamo de padres y docentes, y a reclamar la presencia de los funcionarios de infraestructura escolar. “En vísperas del debate del presupuesto 2016, el estado de abandono edilicio de las escuelas de la Ciudad exige que reclamemos una partida de emergencia y un plan de obras controlado por la comunidad educativa”,concluyó el diputado del FIT. 

21.11.2015

Es la escuela 18 DE 21 Jorge Newbery. El viernes se hizo una asamblea abierta a la comunidad educativa para tratar los graves problemas de infraestructura. Cientos de chicos no pueden asistir a clases normalmente hace una semana. Nueva asamblea el lunes.

La escuela se encuentra situada sobre la Avenida Roca, dentro del Autódromo de Lugano, y no es la primera vez que presenta estas problemáticas. El año pasado docentes, familias y vecinos se movilizaron para denunciar la grave situación edilicia que sufre la escuela desde hace años.

Las instalaciones de la escuela consisten en una serie de aulas y salones ubicados debajo de las gradas del autódromo. La intemperie y las vibraciones hacen que las filtraciones de agua sean una constante todos los años y, como consecuencia, las goteras y los cortes de luz.

La escuela, asimismo, consta de un proyecto educativo de granja al que el Ministerio de Educación, lejos de promocionar y fortalecer, no le asigna el presupuesto y personal necesarios.

La situación en que se encuentra la escuela 18, la Escuela Granja como se la conoce en el barrio, es parte de las políticas educativas del Gobierno de la Ciudad que desde 2014 destina menos del 2% del presupuesto educativo a infraestructura, mientras que las escuelas privadas reciben un 16%.

A continuación, el comunicado que escribieron para difundir su situación y sumar la solidaridad de más docentes y familias.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de noviembre del 2015

La comunidad educativa de la Escuela 18 DE 21 “Jorge Newbery”, padres, docentes y vecinos del barrio de Villa Lugano denuncian que:

El edificio de la escuela no tiene luz desde el miércoles 18/11 y tenía una fase menos desde el viernes13/11.

Al no tener heladeras en funcionamiento no se puede conservar los alimentos, no es lo mismo una vianda fría que un plato caliente.

Se cambió el termotanque pero sigue perdiendo agua.

La falta de luz provocó la muerte de pollitos que se encontraban en la incubadora, parte de un proyecto de 6º grado.

Los salones reparados en febrero siguen lloviéndose y el comedor sigue inundándose.

Ante la grave situación que presentamos convocamos para el lunes 23/11 a padres, vecinos, docentes alumnos y ex alumnos a la próxima asamblea que se realizará a las 8:15 (horario de entrada) en la puerta de la escuela.

19.11.2015

El 18 de noviembre tuvo lugar en la Legislatura de la Ciudad de Bs As la audiencia pública para tratar la Ley aprobada en primera instancia el 9 de setiembre por la que se regalan 15 terrenos y se ceden otros 3 por 20 años, en total 30.000 m2,  al Arzobispado de la Ciudad de Bs As. La Ley, iniciativa del PRO, contó con 45 voto sobre 52 emitidos: la casi totalidad del FVP, UNEN y Bien Común. En la audiencia sostuvieron su oposición los diputados Rachid, Bodart y Ramal del FIT.  Ningún legislador votante de la ley usó la palabra para defender el proyecto.

En el Salón Dorado de la Legislatura, con más de 250 asistentes, hicieron uso de la palabra 70 personas, de las cuales 39 pertenecían a la escuela 3  y al Jardín Ravioli de la calle Rivadavia y Campichuelo.  Los voceros de estas escuelas denunciaron la usurpación de una fracción de su terreno por parte de la Iglesia de Caacupé en el 2004 sin que las autoridades judiciales respondieran a sus denuncias y que esta nueva ley extendería aún más este atropello,  quitando a la escuela otra fracción de casi 800 m2 donde los niños realizan actividades de huerta.

Representantes de asociaciones laicas convocaron a anular la totalidad de la ley porque atenta contra el carácter laico que debe tener el estado argentino, señalando que cuando más va decayendo el número de fieles de la Iglesia católica, más aumenta el sostén desde el estado en recursos económicos. Integrantes de la Asociación LGTB, Lesbianas, Gays, Bisexuales y Travestis, porque la Iglesia es una institución de carácter retrógrado, discriminador, contraria a derechos de las mujeres y de las personas con diversidad sexual, así como el derecho al aborto. Voceros de iglesias evangélicas, porque no otorga trato igualitario para todas las religiones.  Una representante de ACIJ, Asociación Civil por la Igualdad y la Justica, y un integrante de la Red de Medios alternativos, porque la ley ataca el derecho a la educación pública y a la vivienda, recordando que varios de esos terrenos pertenecen al Instituto de la Vivienda de la Ciudad, siendo que casi 500.000 personas tienen problemas de vivienda. Un representante de UTE centró su reclamo en la revisión de la entrega de terrenos de la escuela 3. Un docente del DE 5 reclamó por el terreno deportivo que se entrega a la escuela Santa Lucía reclamando que quede a cargo de la escuela pública.

En mi caso, hablé como integrante de Ademys  rechazando la totalidad de la ley porque significa un ataque a la escuela pública, y a lo público en general, representando  un salto más en la privatización de la ciudad. Señalé que esa misma mañana venía de un acto frente a la Escuela Fuentealba que continúa cerrada, a pesar de su expropiación hace año y medio, porque el gobierno no garantizó su reacondicionamiento. Recordé que en la ciudad se agravan los  problemas de vacantes, y que a los 30.000 m2 de la ley en cuestión había que sumarles los 59.000 m2 que se entregaron, sin pasar por la Legislatura y en forma fraudulenta vía la Corporación del Sur, a la Universidad del Salvador y a otras instituciones privadas en el 2012, a pocos metros de la nueva Casa de Gobierno, en un barrio donde se construyen 2.800 viviendas sin escuelas. Felicité a los representantes de la Escuela 3 y Jardín Ravioli del DE 7, por su capacidad de organización para defender sus derechos y construir ciudadanía, pero alerté que, si por una cuestión electoralista los bloques mayoritarios pudieran desagregar del proyecto este terreno,  nuestro reclamo tenía que ser por la anulación de la totalidad de la ley, en representación de otros vecinos que tal vez ni siquiera conocían la existencia de terrenos públicos en sus barrios y sus derechos a ellos. Finalmente, me sumé a la denuncia de otros expositores, en relación a la Iglesia como institución retrógrada y discriminadora que, de la mano del PRO pretende avanzar, incluso en el control del conocimiento en las escuelas públicas.

Laura Marrone

Bs As, 19 de noviembre de 2015

18.11.2015

Participamos en la Audiencia Pública que se realiza en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña por los 18 inmuebles y terrenos que el Gobierno de la Ciudad pretende regalar al Arzobispado Católico de Buenos Aires. Se debaten distintas posturas sobre la ley por la cual se desafectan del Dominio Público un conjunto de inmuebles y se los transfiere a Título Gratuito a favor del Arzobispado mencionado.

El pasado 3 de septiembre, con 47 votos positivos, 4 negativos y 3 abstenciones, se inició la cesión de las propiedades. Con los Diputados/as Marcelo Ramal, Alejandro Bodart y Gabriela Cerruti votamos en contra de esta ley que luego de la Audiencia deberá volver al recinto para su aprobación o su rechazo definitivo antes de fin de año. Nuestra postura es defender los espacios públicos para garantizar los derechos de todas y de todos, y no dar los 18 terrenos que se establecen en el proyecto a la jerarquía de la Iglesia Católica.

Según se estableció, los inmuebles fueron cedidos con el cargo de mantener el uso actual de los inmuebles y/o destinarlos a una finalidad religiosa y/o educativa de la mencionada comunidad religiosa. Ante el incumplimiento del referido cargo, el Arzobispado deberá restituir los inmuebles al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o al Instituto de Vivienda de la Ciudad, según corresponda. Pero no estamos de acuerdo con esta cesión. Para algunos/as Legisladores/as es evidente que la separación de Iglesia y Estado no es lo suficientemente importante.

Expresó la Diputada María Rachid: "Deberíamos construirnos en un Estado laico que no siga subsidiando, donándole propiedades o pagándole sueldos a los/as miembros/as de una jerarquía religiosa que condena a las personas divorciadas o separadas, a quienes se vuelven a casar, a la diversidad sexual, a quienes usan anticonceptivos para evitar embarazos no deseados, a quienes usan preservativos para prevenir infecciones de transmisión sexual, y a muchas otras personas más, difundiendo valores discriminatorios y estigmatizados que se contraponen con los valores de la mayoría de los porteños y de las porteñas que son, por el momento, propietarios/as de esos terrenos e inmuebles".

"Al mismo tiempo, el mismo Gobierno, que impulsa esta entrega, dice que no hay vacantes en las escuelas, que no hay suficientes camas en los hospitales y es evidente el déficit habitacional. Mientras tanto, subejecutan el presupuesto de estas partidas, regalan terrenos públicos y contratan sacerdotes en los hospitales. Una vergüenza para la historia y para los valores laicos y democráticos de esta Ciudad", sostuvo la Legisladora Rachid.