Red de radios

8.1.2016

Ante la restitución de las capacidades represivas de la Policía Federal por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

Repudio de la Fundación Servicio Paz y Justicia

Expresamos nuestro más enérgico repudio a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en un arbitrario e inconstitucional fallo ha dispuesto permitir a la Policía requerir documentos a los ciudadanos y transeúntes sin mediar siquiera sospecha alguna.
Consideramos esto un avance ante las libertades ciudadanas, y un paso más para fortalecer el control social y la violencia institucional.
Estas medidas, que buscan teóricamente la tan mentada “seguridad” terminan inevitablemente estigmatizando a los pobres, a los que luchan, a los que podrían reclamar en las calles.
Lo que no se dice es que pasara luego de pedir identificación, ¿volveremos a la época de detenciones preventivas en averiguación de antecedentes?
Lo que está probado desde muchas organizaciones es el gatillo fácil, la represión indiscriminada y sobre todo la trama de complicidades de una parte de las fuerzas policiales con diferentes delitos, por lo tanto nos preguntamos cómo darle esta autoridad a fuerzas que son cuestionadas y que no han sido en ningún momento reorganizadas para depurarlas de sus elementos vinculados con el delito.
Adherimos al comunicado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre que transcribimos más abajo.
Solicitamos que la medida sea revocada.

Fundación Servicio Paz y Justicia
Buenos Aires 7 de enero de 2015

Comunicado LADH
Contra la restitución de las capacidades represivas de la Policía Federal por parte del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires.
Repudio de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y llamado a resistir en unidad de todas las fuerzas democráticas y populares

Con la autoridad que le otorgan 78 años de lucha ininterrumpida por la vigencia de los Derechos Humanos y Libertades Públicas en el país, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre expresa mediante el presente su más enérgico repudio y rechazo a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en un arbitrario e inconstitucional fallo ha dispuesto permitir a la Policía requerir documentos a los ciudadanos y transeúntes sin mediar siquiera sospecha alguna, recuperando el derecho de Control Social casi ilimitado que había perdido en los últimos años.
La infame medida, se inscribe sin lugar a dudas en el “cambio” operado a partir de la elección de las nuevas autoridades gubernamentales e implica un brutal retroceso en materia de derechos y garantías ciudadanos, estos últimos, verdaderas conquistas frente al poder discrecional del Estado, contra el que nuestra organización siempre ha luchado consecuentemente desde su fundación.
La Liga que a lo largo de sus casi 80 años de vida ha denunciado y combatido a la “Sección Especial” en la década del 30, a la SIDE, la DIPA y la DIPBA en tiempos de gobiernos constitucionales restringidos por los poderes fácticos corporativos-militares, a las leyes proscriptivas de las ideas políticas y los movimientos sociales tales como el Decreto 4.161 antiperonista y la “ley” 17.401 de represión y sanción del delito de “comunismo” en tiempos de Onganía, a los grupos de tareas y demás fuerzas de la dictadura genocida y al gatillo fácil policial y las leyes antiterroristas de los tiempos de recuperación de la democracia, denuncia esta decisión judicial que no es otra cosa sino una pata más en los nuevos tiempos, de infundir y generalizar el terror en la sociedad civil por medio de la violencia institucional, para que el gobierno de Macri pueda descargar toda la fuerza del ajuste dispuesto contra los trabajadores y sectores populares en beneficio del gran capital trasnacional y local, las oligarquías financieras y el sector más concentrado y cipayo del Poder.
Quienes siempre hemos denunciado y criticado todo atropello dispuesto contra las mayorías populares y dispuestas con el único objetivo de perseguir y estigmatizar a los pobres, a los que luchan, a los que siendo distintos, no se resignan a ser menos ni a seguir mansamente los dictados del poder económico, social, cultural y mediático serviles al capitalismo mundial y al imperialismo, alzamos nuestra voz contra esta brutal, injusta, inconstitucional e inaceptable decisión del Poder Judicial que sabemos, se inscribe en estrategias de la embajada norteamericana y el Poder Ejecutivo al que no le tiembla el pulso para crear terror en la sociedad disponiendo una “emergencia de seguridad” que no significa otra cosa que mayor discrecionalidad para las más corruptas policías y fuerzas de seguridad del sistema para violentar los derechos individuales y sociales conquistados por nuestro pueblo.
Dato que se agrava en la recientemente informada decisión de Mauricio Macri de militarizar nuestra ciudad con la unificación de las Policías Federal y Metropolitana, ambas cargadas de denuncias por abusos de poder, crímenes de toda laya e irregularidades de todo tipo, siempre a favor del orden vigente.
Cuando estamos recordando el asesinato de Luciano Arruga por parte de la Policía Bonaerense, la fuga del Penal de los Lanatta y Schilacci, está más claro que nunca que las Fuerzas de Seguridad (Policías, Gendarmería, Prefectura, etc.) son parte del problema y no de la solución; al tiempo que exigimos la inmediata reversión de la insólita y anticonstitucional decisión judicial, insistimos en la depuración total de represores, torturadores, corruptos, cómplices de las mafias de la droga de todas las fuerzas de Seguridad y el debate popular de una nueva Doctrina de Seguridad, antagónica a la que nos ha traído hasta aquí y nos lleva al territorio del caos mafioso, como hoy vive México y buena parte de América Central.
Desde nuestro más enérgico repudio a la decisión del Tribunal Superior de Justicia porteño, y nuestros 78 años de combate exigiendo la vigencia de todos los derechos para todos, convocamos mediante el presente a todas las organizaciones hermanas de lucha por la vigencia de los DDHH, a las organizaciones políticas y sociales verdaderamente comprometidas con la democracia y las garantías constitucionales a manifestarse de los más diversos modos contra este nuevo avance de las fuerzas del sistema contra nuestros derechos y contra toda otra manifestación de la violencia institucional en sede policial o penitenciaria que tantas víctimas ha generado en nuestro pueblo desde la recuperación del orden constitucional hace ya más de 30 años.

Liga Argentina por los Derechos del Hombre

6.1.2016

En un fallo, que retrotrae a lo más oscuro de la historia argentina, el Tribunal Superior de Justicia de Capital Federal estableció que la policía tiene la potestad de requerir la exhibición del documento de identidad. Al hacerlo revocó dos fallos de la justicia en lo Penal y Contravencional que sostenían lo contrario.

Luna Morris
 

El Tribunal Superior de Justicia porteño estableció que la Policía tiene la potestad de requerir la exhibición del documento de identidad siempre que la medida sea ejercida razonablemente y tenga por finalidad prevenir el delito y no viole una garantía constitucional. Así lo dispuso el máximo tribunal de Justicia de la Ciudad en un fallo dividido que revocó otro de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas que había declarado nulo un procedimiento policial.

Conociendo el historial de la Policía Federal así como el de la Metropolitana, fuerzas que actúan en CABA, responsables de numerosos casos de gatillo fácil y brutalidad policial, resulta de temer que el criterio de "razonable" establecido por el fallo quede a su consideración.

La Sala II de la Cámara había entendido en aquel fallo que el personal policial carecía de la facultad de solicitar el documento de identidad sin contar con elementos de sospecha previos vinculados con la comisión de un delito.

A criterio de esos jueces, la solicitud del DNI resultaba equiparable a una privación de la libertad ambulatoria sin que existiera orden escrita de la autoridad competente. Sin embargo, ahora los jueces Inés Weinberg, Luis Francisco Lozano, José Casás y Ana María Conde, del Tribunal Superior de Justicia, coincidieron en sostener que, aun cuando el ordenamiento jurídico no prevé de modo expreso que la policía tenga competencia para requerir el documento, esa facultad surge de modo implícito de las funciones que le fueron asignadas, en particular prevenir el delito. A criterio del máximo tribunal porteño, el pedido del documento "tiene que cumplir con determinadas condiciones de razonabilidad y proporcionalidad que deberán ser analizadas a la luz de las circunstancias del caso".

"Por ejemplo, tiene que haber sido dispuesta por autoridad competente, perseguir un fin legal y no discriminar", señalaron.

Los jueces Weinberg, Conde y Casás descartaron además el criterio de equiparar esa situación con "un supuesto de arresto, detención o requisa policial", por entender que es válido si hay "razones urgentes o sospechas razonables respecto de la comisión de un delito o contravención".

6.1.2016

“Los organismos de derechos humanos manifestamos nuestra preocupación por el futuro del Archivo Nacional de la Memoria ante la intención del gobierno de Mauricio Macri de reemplazar a Horacio Pietragalla Corti en la presidencia de ese organismo”, señalaron.

“Tal como le manifestamos al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, la continuidad del nieto restituido Horacio Pietragalla Corti garantiza el fortalecimiento del trabajo del ANM” que “cuenta con el acervo documental más importante sobre la memoria de la vida y de la militancia de nuestros hijos y nuestros familiares y de la lucha que sostuvimos contra el terrorismo de Estado ya desde la dictadura cívico-militar. Esa documentación que brindamos al Estado nacional con el retorno de la democracia fue y sigue siendo un insumo central para todas las causas judiciales de lesa humanidad que se impulsaron en nuestro país, y que convirtieron a la Argentina una referencia mundial en materia de derechos humanos”.

La reunión con Avruj se hizo un día después de que la noticia apareciera publicada en potencial en el diario La Nación. El cónclave se había pautado una semana antes, pero sin ese aditamento. Avruj fue con parte de su equipo a la sede de Abuelas. Participaron Estela Carlotto, Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Cuando ellas plantearon su preocupación sobre el futuro del Archivo, Avruj dijo que no era una ONG sino una institución del gobierno, que ahora es otro y fue votado por mayoría. Bajo esta lógica argumentó el cambio en la dirección de uno de los espacios emblemáticos en la custodia de prueba documental, acervos históricos y para quienes durante estos años depositaron documentos y objetos bajo la custodia de un Estado cuyas políticas públicas fueron estructurales para el avance del proceso de memoria, verdad y justicia. Una semana antes, los organismos le habían pedido a Avruj la continuidad de Pietragalla. Pese a la negativa, el secretario volvió a pedirles confianza.

“Van a intervenir el Archivo Nacional de la Memoria –tuiteó Pietragalla bien temprano-en este lugar hay archivos personales que muchos familiares cedieron a un proyecto de país.” El ex canciller Héctor Timerman sumó su voz en las redes sociales. “No a la intervención del Archivo”, dijo. Y en su Facebook explicó que “durante los años que fui canciller trabajamos muy intensamente con el Archivo. Conseguimos que Italia nos entregue toda la documentación de la Cancillería italiana sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura”. Explicó que comenzaron programas de cooperación con Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil para investigar las secuelas del Cóndor. “La seriedad del trabajo es reconocida en el mundo entero y muchos países nos han pedido asesoramiento.”

Sobre el mediodía, la dirección del ANM sacó un comunicado de repudio. “Vemos con preocupación la intención del gobierno de Macri de desconocer el nombramiento de Horacio Pietragalla Corti como presidente del ANM”, señalaron. “Avanzar con la intervención reafirma la intención del PRO de pisotear las instituciones por fuera de la legalidad. Pero, además, representa un fuerte retroceso en nuestra historia: la presidencia del ANM fue, desde su creación, consensuada con los organismos de derechos humanos, que a lo largo de todos estos años fueron quienes construyeron sus cimientos.”

El Archivo guarda entre sus tesoros documentación sensible. Pese a haber sido creado durante la presidencia de Néstor Kirchner, custodia gran parte de la historia de la lucha contra la impunidad en el país. Están los primeros datos entregados a autoridades nacionales e internacionales por los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. Listados de personas desaparecidas o prisioneras. Se encuentra el fondo documental de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep). Los archivos del Banade de censura a la cultura y, entre otros, el material de la Cadhu. En una caja de vidrio de una pequeña sala de exposiciones se ven las zapatillas negras y gastadas de la Madre jujeña Olga Aredez. Son parte de los objetos donados por la familia para la guarda a cargo del Estado nacional, como sucede con otras colecciones privadas. Material que también incluye un acervo de datos sensibles sobre los delitos económicos y las responsabilidades civiles en los que trabajó el ANM durante los últimos años. En el comunicado, los organismos y el propio ANM recordaron ese material entre sus tesoros. Y señalaron que bajo su órbita está la función de contestar oficios del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo sobre los eventuales antecedentes por violaciones a los derechos humanos del personal de las fuerzas de seguridad estatales y privadas. “A cuarenta años del último golpe de Estado que sufrió nuestro país –dice por último el comunicado colectivo–, exigimos que el gobierno nacional resguarde el rol que tiene el Archivo Nacional de la Memoria como bastión de los avances logrados por la sociedad argentina en las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia”. Entre las firmas están las de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS, Familiares de detenidos y desaparecidos por Razones Políticas y la APDH.

5.1.2016

Marcelo Ramal, legislador porteño por el Frente de Izquierda, se refirió al convenio de traspaso de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad. “En medio del escándalo producido por la complicidad de los aparatos de 'seguridad' bonaerenses con el delito organizado, el gobierno de Macri no ha tenido mejor idea que trasladar la Federal a la órbita de la Ciudad, con sus mandos, comisarios y jefaturas intactos. Es la misma Federal que, sólo entre 2003 y 2015, acredita un centenar de casos de gatillo fácil y violencia institucional en la Ciudad, así como múltiples denuncias de complicidad con el narcotráfico o la trata de personas. Es la Federal que liberó la zona de Barracas en favor de los burócratas y barrabravas que asesinaron a nuestro compañero Mariano Ferreyra”, agregó Ramal.

“Después de haber pactado con los mandos de la bonaerense y el servicio penitenciario, con los resultados que todo el país conoce, Macri-Rodríguez Larreta se aprestan a repetir el mismo pacto en la Ciudad. El traspaso, por lo tanto, parirá otra crisis política, y nuevos y mayores episodios de inseguridad y zozobra. En suma, quienes venían a 'renovar la política' y las 'instituciones' han comprado llave en mano a los aparatos más descompuestos del Estado, los mismos que sirvieron a Aníbal Fernández y compañía”.

“La Federal será fusionada con otro lastre, la Metropolitana que fundaron Macri y el Fino Palacios, entre redes de espías y escuchas telefónicas. Es significativo que la firma de este convenio haya sido precedida por la absolución de Macri, precisamente, en la causa de las escuchas. Así, la “nueva” policía porteña será el resultado de dos blanqueos: el de Macri a favor de la Federal, y el de la justicia a favor de Macri y la Metropolitana”.

Ramal agregó que “el convenio de traspaso querrá ser refrendado en una sesión sumaria, sin la menor deliberación política previa”. El diputado del FIT anticipó que “nuestro bloque rechazará este nuevo pacto con los aparatos policiales de las zonas liberadas, la represión a la protesta social y la connivencia con el delito. En oposición a ello, exigimos un verdadero debate legislativo y popular, convocando a las organizaciones de lucha contra la violencia institucional; a los movimientos de la mujer y contra la trata de personas, y a las organizaciones de trabajadores, sociales y políticas que han sufrido represiones en la Ciudad. De ese debate, saldrá a la luz el completo despropósito del convenio de Macri-Larreta, y la necesidad de desmantelar los aparatos represivos que han sido la mayor fuente de inseguridad ciudadana, en la Ciudad y en el país”. 

5.1.2016

Se especula, según ha sido publicado en algunos medios, que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tratará este mes en sesión extraordinaria el traspaso de la Policía Federal. Las fechas que se manejan serían el 11 o 18 de enero, lo que denota la urgencia del Gobierno Nacional y de la Ciudad por empezar la reorganización territorial de las Fuerzas de Seguridad.

Alejandrina Barry

Paolo Zaniratto
CeProDH

Desde hace años los debates sobre el traspaso giraron en torno a dos cuestiones: la transferencia de una parte de la Federal a la Ciudad y/o la posibilidad de que la Ciudad creara su propia fuerza, que con la creación de la Metropolitana es lo que definitivamente se hizo. Finalmente a través de la ley 26.288, sancionada en 2007, se modificó la ley 24.588 (llamada ley Cafiero), puntualmente el art. 7. En el artículo 1° de esa ley puede leerse: “Sustitúyese el texto del artículo 7° de la Ley N° 24.588 por el siguiente: Artículo 7°: El Gobierno nacional ejercerá en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea Capital de la República, sus funciones y facultades en materia de seguridad con la extensión necesaria para asegurar la efectiva vigencia de las normas federales. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejercerá las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales. El Gobierno nacional las seguirá ejerciendo hasta tanto aquel ejercicio sea efectivamente asumido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires podrá integrar el Consejo de Seguridad Interior".

¿Qué significa el traspaso de la PFA?

El traspaso, concretamente, refiere a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, integrada por las 54 comisarías de la PFA que hay en CABA, y a los grupos de tarea como la DOUCAD, Policía Montada, Grupo de Operaciones Motorizadas Federales (GOMF), el Cuerpo Guardia de Infantería y el Cuerpo Infantería. También serán trasladadas la Superintendencia de Bomberos y algunas áreas de la Superintendencia de Investigaciones, como robos y hurtos. Dentro de estos 21.000 efectivos hay dos grupos especiales: el GEOF y el GE-1 que actúan por orden de la Justicia Federal en todo el país en casos de narcotráfico y trata de personas. También actúan en la provincia de Buenos Aires, bajo la “Coordinación para la gestión estratégica con la provincia de Buenos Aires”. Este programa revela la penetración de la Federal en el conurbano en los barrios más humildes. Con la excusa de una pretendida “lucha” contra el narcotráfico y otros delitos se prepara el desembarco de la PFA en los sectores socialmente más vulnerables.

¿Problemas en la familia policial?

Los trascendidos periodísticos indican que los sectores traspasados de la PFA tendrán un nuevo jefe surgido de sus propias filas (el actual es Román Di Santo), mientras que la Metropolitana mantendría su mando. Si como se dice la PFA no se va a someter a la jefatura de la Metropolitana, habría una serpiente con dos cabezas, lo que podría implicar conflictos entre ambas fuerzas, cuyas consecuencias aún están por verse. Aunque el gobierno Nacional y el de la Ciudad hablan del traspaso como una mera cuestión administrativa, la realidad es que hay implicancias políticas no resueltas y un fortalecimiento del aparato policial que es el preludio de mayor represión y persecución penal a los sectores más vulnerables.

Evidentemente hay una negociación en curso ya que el traspaso ha generado tensiones de todo tipo en el seno de la fuerza con mayores efectivos en el país y dueña de un vasto poder territorial. Los sectores de la PFA que resisten el traspaso ponen el ojo en la caja jubilatoria, la obra social del Hospital Churruca, los sueldos y los adicionales. Aunque la realidad indicaría que cada vez que hubo demandas de este tenor, el Estado las ha concedido, los “federales” se resisten a perder esos beneficios así como sus jerarquías ya que su escalafón es diferente al de la Metropolitana. Tampoco está claro cómo influirá el traspaso en las “cajas negras” de las fuerzas, por nombrar coloquialmente a la "recaudación" de dinero proveniente de actos delictivos con connivencia y/o participación de las fuerzas policiales. Vale recordar la mega causa del 2012 contra más de 20 miembros de la PFA involucrados en casos de corrupción, protección a prostíbulos y otros ilícitos.

Otro tema aparentemente no resuelto es si el pase a Ciudad implica que el gobierno porteño se haga cargo del presupuesto. De ser así podría abrirse una disputa con las provincias ya que si del presupuesto nacional se destinan fondos para mantener a la PFA que actúa bajo el mando de un gobierno local, habría una transferencia de recursos.

Un contexto nefasto

El traspaso de sectores de la PFA se da en el marco de un avance en el fortalecimiento y organización de las fuerzas de seguridad: mayor presupuesto, mayor concentración territorial, mayor equipamiento y mayor especialización. Este fortalecimiento quedó en evidencia con el dictado de la Emergencia en Seguridad a nivel nacional. La propia ministra, Patricia Bullrich, manifestó que “el concepto de la emergencia es en sentido amplio”, dejando en claro que la medida implica una mayor discrecionalidad. Al mismo tiempo sostuvo que la declaración de emergencia permitirá fortalecer “la presencia del Estado en los lugares más peligrosos”. En palabras del macrismo, un eufemismo para saturar de presencia policial los barrios populares cuya vigilancia permanente ya implica una mayor persecución a los sectores más pobres. No olvidemos la incursión de la Policía Metropolitana y la Gendarmería, en el barrio Papa Francisco. Con la excusa de combatir a una "peligrosa" banda de "narcos" los uniformados no dudaron en reprimir a los vecinos que reclamaban por un techo digno. ¿El saldo? Ningún "narco" fue detenido, sólo se trató de una "bomba de humo" para desalojar violentamente a los vecinos pobres de la Villa 20.

El otorgamiento de mayor poder a la PFA sobre el territorio de la Ciudad se da también en el marco de la política represiva contra la protesta social, cuyo paradigma nacional es el protocolo en estudio para encorsetar los reclamos de la clase trabajadora y los sectores populares. La dedicación de la PFA a las cuestiones locales, en una Buenos Aires que es epicentro de una vasta serie de reclamos y demandas, tanto del resto del país como de la propia Ciudad, tiene su correlato en la política de “piquete cero” manifestada por la ministra de Seguridad.

El diputado del PTS-FIT Patricio del Corro manifestó: "no extraña en este contexto la decisión urgente de realizar el traspaso. Lo que se busca es concentrar y reforzar el aparato represivo del Estado en la Ciudad. No olvidemos que las fuerzas de la Policía Federal que se traspasan ahora se dedicarán exclusivamente al delito en la Ciudad. A esto hay que sumar que el Jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta, acaba de renovar la concesión a las empresas privadas que cumplían tareas de vigilancia y seguridad en distintas zonas de la Ciudad, supuestamente porque no contaban con la Federal. El traspaso sólo puede traer el aumento del control social sobre los sectores más vulnerables, los pobres y la juventud y preparar las condiciones para reprimir aún más la protesta social. No nos olvidemos que a la trayectoria criminal de años de la Federal el macrismo ha erigido como "modelo" a la Metropolitana, una policía que en su corta vida ya tiene un frondoso prontuario delictivo. Integrada su cúpula por represores que provienen de la dictadura militar y por exonerados de la propia Policía Federal, es experta en espiar a los maestros, en reprimir a los pobres como en el barrio Papa Francisco, y en el gatillo fácil".