Red de radios

9.10.2015

Muchas novedades por estos días para los que nos organizamos y participamos en nuestros barrios. Articulamos para generar cambios, conocernos y construir entre todxs nuestra comunidad, la que queremos. Así seguimos haciendo lo que más nos gusta, re-pensarnos en una ciudad cada día más inclusiva, donde la diversidad no sea un simple eslogan sino una manera de vivir.

Por eso entre muchxs organizamos festivales todo el próximo finde largo en el Parque Lezama Sin Rejas y los queríamos invitar (Agenda abajo), y  también queríamos contarles que  esta semana tuvimos una noticia que nos acerca un poco más a la democracia participativa de la que queremos formar parte. Hace unos años venimos participando y construyendo en forma colectiva junto a otros espacios la Red Interparques y Plazas y en estos días un fallo histórico  impulsado por la Red y patrocinado por el Observatorio de derecho a la ciudad obliga a la Legislatura porteña a darle lugar y voz a los vecin@s en las sesiones legislativas implementando la Tribuna Popular. 

Compartimos extractos del comunicado de la Red Interparques y Plazas:

Durante el 2014 la Red Interparques y Plaza realizó una fuerte campaña llamada 'Parques Sin Bares' en el marco del debate por el proyecto de ley impulsado por el PRO y apoyado por legisladores de FAUNEN para la instalación de bares en parques. Como parte de esta campaña y haciendo uso de nuestro derecho como ciudadanos solicitamos el uso de tribuna popular el día en que se votaba dicha ley. Nuestro derecho fue violado, no nos permitieron hablar antes de dar comienzo a la sesión y, por esta razón, presentamos una acción de amparo.

La *Tribuna Popular* es un derecho que permite a cualquier persona efectuar planteos en forma previa a las sesiones de la Legislatura sobre temas de especial interés para la Ciudad. 
Este derecho se encuentra reconocido en los arts. 76 y 77[1] del Reglamento interno de la Legislatura de la Ciudad y son operativos del art. 1 de la Constitución de la Ciudad que establece la Ciudad "organiza sus instituciones autónomas como *democracia participativa*". La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires negó el ejercicio de este derecho con el argumento de que no se encontraba reglamentado y durante quince (15) años se presentaron distintos proyectos de reglamentación que no fueron tratados ni aprobados en el recinto.

La Sala III de la Cámara en los Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, dictó sentencia haciendo lugar al amparo iniciado por un integrante de la Red Interparques y Plazas y ordenó a la Legislatura de la Ciudad que adopte las medidas necesarias para garantizar el ejercicio inmediato de la Tribuna Popular regulada en los artículos 76 y 77 del Reglamento Interno de la Legislatura. 

"En síntesis, el reglamento interno de la legislatura es norma vigente, y prevé el derecho a participar del debate en sesión plenaria. La negativa a implementar esta posibilidad fundada en la omisión de la reglamentación viola los límites razonables para demorar la puesta en vigencia efectiva de las normas. El incumplimiento de la obligación de la legislatura de implementar lo necesario para poner en ejecución su propio reglamento interno en un lapso excesivamente prolongado configura una conducta ilegal y carente de justificación".

Agendadel Anfiteatro del Parque Lezama (Brasil y Balcarce) + QOPIWINI + Red Interparques
 

Sábado 1014 hs Foro de Revistas Culturales Independientes feria, charlas, bandas en vivo.
Domingo 11 11hs Festejo-contrafestejo, último día de libertad de nuestros pueblos originarios. Actividades para chicos, talleres, música.
Lunes 12 Gran Peña del Frente de Trabajadores de la Cultura contra el cierre de los espacios culturales. Ferias, actividades, música con artistas como Bruno Arias y Peteco Carabajal.
Martes 13 Reunión Red Interparques y Plazas 18.30 en Parque Ameghino (Caseros 2200)
Miércoles 14 Acampe Qopiwini: A 8 meses sin respuestas se viene la conferencia de prensa en el Acampe

8.10.2015

A los delegados los elegimos los trabajadores, no el gobierno

Mediante una disposición de la Dirección Gral. de Relaciones Laborales e Institucionales fechada en mediados de agosto, el gobierno porteño pretende desconocer a varios delegados y delegadas de ADEMYS democráticamente electos por sus compañeros/as. Dicha disposición fue transmitida por memorándum  a las escuelas por vía electrónica el 31 de ese mes. De esta manera, mediante un acto administrativo carente de toda legalidad, el macrismo busca impugnar la representación gremial legítima en nuestros lugares de trabajo.

Con suma informalidad, mediante una simple disposición firmada por un funcionario de segunda línea que basa su escrito en artículos de la Ley de Asociaciones Sindicales impugnados por su anticonstitucionalidad, se pretende derribar bibliotecas enteras de derecho laboral. La normativa vigente a nivel internacional y local sostiene la legalidad y legitimidad de la representación democrática de las y los trabajadores, y rechaza la intromisión del estado y las patronales en la elección de delegados y representación gremial. La propia Corte Suprema de Justicia ha fallado en este sentido: son los trabajadores, mediante el ejercicio democrático y su organización en los lugares de trabajo, quienes definen quién los representa, y no los gobiernos ni los funcionarios.

Pero no sólo se trata de legalidad: siglos de historia de movimiento obrero y, fundamentalmente, la existencia misma de los trabajadores participando y decidiendo, dan por tierra con estas pretensiones de injerencia de los gobiernos. Ningún funcionario, con una lapicera y detrás de un escritorio, puede arrogarse mayor poder de decisión que cientos de trabajadores votando democráticamente a sus delegados en sus escuelas.

Atacan a Ademys, atacan a quienes mantienen la independencia del gobiernoEste tipo de actos para impugnar las elecciones de delegados tienen una larga data. Se basan en la pretensión de los gobiernos de determinar “desde arriba” quién es el interlocutor para representar a los trabajadores. Con este tipo de políticas se busca nada menos que desplazar a los representantes de los trabajadores que no claudican ante las patronales, y levantar en su lugar a otros que acepten mansamente sus políticas de ajuste.

Ademys es un sindicato docente formalmente inscripto, pero por sobre todas las cosas, cuenta con el aval de las y los trabajadores: en sus más de 32 años de lucha, ha logrado representar a miles de docentes en todas las áreas, niveles y modalidades educativas de nuestra ciudad. Por su caudal de afiliados, por su permanente iniciativa en cuanto a propuestas de política gremial y pedagógica, y por su destacado nivel de democracia interna, nuestra entidad cuenta con el reconocimiento de la docencia como uno de los sindicatos más representativos entre los trabajadores de la educación. Ese aval de nuestros compañeros, que se expresa cada vez que la docencia hace escuchar su voz, se traduce por ejemplo en la numerosa y diversa representación obtenida en las distintas juntas de clasificación antes de que las elecciones para dicho órgano fueran interrumpidas unilateralmente por la actual gestión; esa representatividad se traduce en los más de 6.500 compañeros que votaron por Ademys en dichas elecciones, ubicándolo como segunda fuerza en el gremio docente.

El perfil de Ademys como sindicato que no transa con éste ni con ningún gobierno ha significado un ataque y persecución constante por parte de la actual gestión. Pese a esa práctica autoritaria y antisindical del macrismo, nuestro sindicato sigue creciendo.La docencia reconoce en Ademys una herramienta de lucha por sus derechos y reivindicaciones, un espacio democrático compuesto por trabajadores que no abandonamos las escuelas para hacer carrera como funcionarios, que rechazamos las prebendas del estado y mantenemos nuestra independencia; una asociación compuesta por trabajadores que debatimos sobre política educativa y elaboramos en el terreno pedagógico y cultural. Por eso, pese a los intentos viciados de nulidad que pretenden impugnar las elecciones de delegados de nuestro sindicato, miles de docentes han elegido en los últimos meses a más de cien delegados de Ademys.

En ese camino continuamos. Nuestro compromiso con los trabajadores que peleamos por una escuela pública, y por condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje para todos, supera cualquier disposición arbitraria que se firme. Nuestros delegados y delegadas cuentan con el mayor respaldo posible: el de sus compañeros de trabajo. A la par que damos respuesta legal a esta arrogante provocación del gobierno, continuamos movilizándonos y dando pelea desde nuestras escuelas.

Ademys– Asociación Docente      

¡SUMATE A LA CAMPAÑA!    

Decenas de compañeros y compañeras, dirigentes sindicales, sociales y políticos repudian el intento del macrismo de desconocer a los delegados de Ademys. ¡Sumate vos también! Sacate una foto con tus compañeros de escuela o de trabajo y enviánosla a info@ademys.org.ar

¡No permitamos este ataque a la organización de los trabajadores!

7.10.2015

Por Santiago Asorey

El relato de Claudio Posee narra entre otras tramas de explotación la causa de los 2 niños calcinados en el incendió del taller clandestino de Flores, CABA, en abril de este año. El Secretario de Juventud de CTA Nacional, Matías Zalduendo, manifestó sobre el estreno del documental: “La película busca poder visibilizar una de las problemáticas vigentes en la Argentina en el mundo del trabajo: la precarización laboral”.

El relato indaga a partir de la hipótesis de la complicidad de una elite político empresarial responsable del delito de trata con fines de explotación laboral. Ante esta realidad distintos dirigentes y referentes gremiales postularon la necesidad de resistir desde la organización de los trabajadores. "La mejor garantía contra la explotación de personas es la organización" explicó Joaquín Fernández, Secretario de la Red Textil Cooperativa. Por su parte Gabriela Olguín, referente de CTEP, también recalcó la necesidad de articular la organización de los trabajadores para enfrentar la precarización. "Nosotros creemos que la clave es la organización popular. Los compañeros que se organizan son los que logran salir de situaciones de precarización. Hay que tener presente que las herramientas del Estado no pueden ser efectivas sin organización popular."

APU: ¿Cuál es el tema su nueva película “No hay trato 2”?

CP:“No hay trato 2” es una película documental que refleja específicamente la trata de personas con fines de explotación laboral. En esta segunda parte intentamos mostrar las dos situaciones de explotación laboral: tanto la que incluye la zona rural como la zona urbana. Dice la diputada nacional Cecilia Marchant en una secuencia inicial de la película: “¿dónde empieza la explotación textil? Empieza en el taller o empieza en la cosecha de algodón”. No es una cadena de valor en términos económicos sino una cadena de producción y cultural, con la particularidad de que la explotación urbana se refleja mucho en los talleres textiles clandestinos. Con respecto a la explotación rural, lo que muestra la película es la connivencia de una elite empresarial que ha decidido intentar tomar el Estado Nacional. Esta elite político-empresarial se manifiesta en la relación histórica de Mauricio Macri con Ramón Puerta en la Provincia de Misiones (es necesario recordar que Ramón Puerta está procesado por trata de personas y reducción a la servidumbre en sus campos). Esta elite a nivel nacional tiene un reflejo en la Ciudad de Buenos Aires con lo que pasa en los 3000 talleres clandestinos existentes; también es clara la vinculación de Macri con las grandes marcas de ropas, que tienen procesos judiciales abiertos por este mismo tema. Entre las marcas más conocidas tenés a Cheeky, que pertenece al cuñado de Mauricio Macri.

APU: Uno de los casos que el documental aborda es sobre los dos niños muertos, víctimas de un incendio ocurrido en un taller clandestino en abril de este año en Flores en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué mirada despierta este caso en particular?

CP:El origen de la película ocurrió cuando los abogados de Esteban Mur y la familia Menchaca, Gabriela Carpineti y Nahuel Berguier, nos relataron lo que había ocurrido en el taller incendiado en Flores. A partir de ahí surge el tema de contar la situación de explotación laboral en CABA. Lo que me impactó del taller de Flores (más allá de lo tremendo que es que dos niños mueran calcinados en un incendio) fue la despreocupación que el gobierno porteño mostró por esta situación. Nosotros trabajamos e indagamos sobre esta realidad. Lo que descubre la película es que lo que nosotros entendíamos como una despreocupación era, en realidad, una toma de partido por parte de los victimarios. El GCBA no está ausente, sino que es parte de las relaciones empresariales de complicidad en las situaciones de trata y reducción a la servidumbre.

Esto nos lleva a la hipótesis de que existe una elite económico-empresarial que ha decidido tomar el Estado para seguir manteniendo los privilegios de la economía concentrada. Cuando indagamos sobre la explotación rural, una de las preguntas que le hice a uno de los responsables de RENATEA Misiones fue cómo podemos interpretar esta cuestión de persistencia histórica que tienen los tariferos, que son los que trabajan la Yerba; el tarifero viene de una familia de tariferos, donde su abuelo y su bisabuelo se dedicaban a lo mismo que se dedica él. Al igual que los terratenientes heredaron el campo a sus hijos y nietos. Lo que se marca ahí es un estancamiento en la movilidad social que es interesante profundizar para discutir los proyectos de Estados que uno quiere para el país.

APU: ¿Qué rol cumple el Poder Judicial hoy en causas donde se denuncian estas situaciones?

CP:En la primera parte de la película, Marcelo Colombo, del Ministerio Público Fiscal, nos cuenta que cuando él estaba a cargo de la Fiscalía de Secuestros Extorsivos percibía la empatía que tenían los jueces con las víctimas de secuestros que solían ser empresarios, tipos de guita. Cuando él se hace cargo de la Unidad Fiscal de Trata observa que los jueces y los fiscales tenían empatía por los victimarios, porque éstos últimos eran de alto poder adquisitivo; pertenecían a la economía concentrada. Lo que me lleva a pensar que es una deuda pendiente la de democratizar el Poder Judicial, sino va a ser difícil avanzar en procesos de justicia social más profundos, porque el Poder Judicial siempre responde a los intereses de la economía concentrada.

APU: ¿Qué expectativas tienen de la intervención de la película en la visibilización de estos temas?

CP:Históricamente, la lucha del arte se vinculó con la lucha del arte contra el Estado. Hay una identificación del arte con que, mientras peor están las cosas, mejores productos artísticos en el cine se producen: el cine refleja la reacción ante el poder constituido. Creo que partir del año 2003 se inicia un proceso de transformación, y nos lleva hacer un esfuerzo como artistas para identificar cuál es el poder real. Ya no es el Estado opresor, sino un Poder que lo excede y lo intenta subordinar y condiciona, permitiendo y generando delitos complejos como la trata de personas (delitos que nosotros debemos describir y reflejar).

APU: ¿Cómo juega el factor de las organizaciones sindicales en esta temática?

CP:Los sindicatos que tienen una postura de connivencia con el poder económico concentrado, como es el caso de UATRE y el Momo Venegas, no cumplen su rol de defensa de los trabajadores. Ahí, el Estado buscó una solución a partir de intervenciones, de políticas públicas efectivas. Se acabó el RENATRE y comenzó RENATEA; ahí ves un cambio sustancial de las políticas públicas para con los trabajadores del sector rural. El Momo Venegas manejó el RENATRE durante muchos años y su Consejo Directivo del RENATRE era la mesa de enlace. ¿Qué políticas sindicales a favor de los trabajadores podés generar si la Sociedad Rural Argentina formaba parte de ese esquema, sabiendo que Luis Etchevehere, titular de SRA, hoy está enjuiciado por trata de personas y reducción a la servidumbre? Pero si el Estado está presente y si es un Estado que permite situaciones de justicia social, vos tenés siempre la posibilidad de avanzar sobre estos temas. La situación que pasa con los tariferos en el interior es terrible. A la sociedad urbana no le llega porque no tiene plantaciones cerca, pero es gente que trabaja, en el mejor de los casos (y controlada por el Estado), doce horas por días, con sus hijos de 6, 7, 8 años. Hubo un cambio positivo a partir de la Ley de Peón Rural, que establece que no puede ganar menos que el salario mínimo, vital y móvil. Pero hay que profundizar más para transformar esta realidad histórica.

APU: ¿Cuándo es el Avant Premier de la película?

CP:El miércoles 7 de octubre a las 17 hs en el Centro Cultural Néstor Kirchner, en la sala 513. La película fue nombrada de interés especial para la promoción de la cultura y los derechos humanos por la Legislatura porteña. Después vamos a hacer una exhibición en Patria Grande. La idea es, después, recorrer el país, como hicimos con la primera parte. Vamos a llevar la película con una mesa debate.

6.10.2015

El Centro Educativo Isauro Arancibia realizará este miércoles 7 de octubre, a las 11, una convocatoria en la Plaza Lavalle, frente a los Tribunales en la ciudad de Buenos Aires, para exigir justicia por Roberto Autero, quien murió como consecuencia de un disparo efectuado por el oficial Sebastián Torres de la Policía Metropolitana.

Las circunstancias en estos hechos sucedieron están siendo investigadas, pero no existe discusión acerca de la autoría y causa de la muerte. Roberto murió como consecuencia de las lesiones producidas por una bala que ingresó en su nuca y salió por su frente.

A más de 7 meses, su familia y organizaciones sociales y de derechos humanos manifestaron su preocupación por el lento trámite de la causa penal, a cargo del Juzgado de Instrucción N° 37, que aún no ha llamado siquiera al policía a prestar declaración indagatoria.
“Cabe recordar que el Estado tiene frente a estos casos la obligación de iniciar sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva, que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Investigaciones que exceden un tiempo prudencial de tramitación evidencian claramente una falencia del sistema judicial que redunda en la negación a las víctimas del acceso a una justicia efectiva, así como también tiende a perpetuar la impunidad de hechos de esta naturaleza”, afirman los convocantes a esta concentración.
Roberto tenía 16 años y era el menor de 4 hermanos, vivía en la calle. Hasta el 2014 estudió en el Centro Educativo Isauro Arancibia.

5.10.2015

Se trata de Roberto Autero, de 16 años, quien recibió un disparo en la nuca por parte del agente Sebastián Ezequiel Torres el 7 de febrero de este año en las inmediaciones del Parque Rivadavia.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires presentó un pedido de información al Ministerio de Justicia y Seguridad porteño sobre el asesinato Roberto Autero por el agente de la Policía Metropolitana Sebastián Ezequiel Torres el 7 de febrero de este año. Roberto Autero, de 16 años recibió un disparo en la nuca por parte del agente en las inmediaciones del Parque Rivadavia. La causa se tramita ante el Juzgado de Instrucción N° 37, a cargo de Silvia Ramond. Allí se investigan las circunstancias en las que ocurrió el asesinato. Autero vivía en la calle con 3 hermanos y hasta 2014 estudiaba en el Centro Educativo Isauro Arancibia.

En el pedido, la ODH solicita información para determinar:

* Qué servicio prestaba ese día el agente Sebastián Torres en la zona aledaña al Parque Rivadavia y cuál es su rango.
* Si el agente provino de otras fuerzas de seguridad, si posee antecedentes sumariales. En caso afirmativo, detalle causales de esos antecedentes y sus resultados.
* Cuál es el protocolo de actuación de la Policía Metropolitana para casos como este.
* Cuál es la ubicación de las cámaras de seguridad emplazadas en el lugar de los hechos que captaron esta secuencia.
* Teniendo en cuenta que Autero recibió un tiro por la nuca, informar si el efectivo se identificó como funcionario del servicio, advirtiendo su intención de emplear la fuerza o arma de fuego, tal como lo exige la ley 2.894 de Seguridad Pública.
* Si el efectivo incurrió en exceso en el uso de armas de fuego, en violación del art. 28 de la misma ley.
* Si se abrió un sumario administrativo ante este hecho. En caso afirmativo, identifique el mismo, con numeración y estado del trámite.
* Ante las declaraciones del efectivo sobre la supuesta “actitud sospechosa” de la víctima, se solicita información sobre qué entiende la fuerza por ese concepto y en qué norma se encuentra tipificado.
* Si el efectivo fue separado de la fuerza o si recibió algún tipo de sanción por este hecho.

Asimismo, remarcan que “resulta urgente que el Gobierno de la Ciudad preste la mayor colaboración posible y condene el actuar ilícito de sus funcionarios en vísperas a la movilización que familiares, amigos y distintas organizaciones sociales, educativas, culturales y de derechos humanos harán exigiendo Justicia”.

En el mismo sentido, afirma que en “las manifestaciones del efectivo relativas a la supuesta “actitud sospechosa” de Roberto Autero (…) claramente se castiga una peligrosidad sin delito. La vuelta regresiva y anticonstitucional al concepto “actitud sospechosa”, implica darle vida a un concepto que devolvería facultades de antaño a los agentes policiales, a fin de aprehender ciudadanos por simple “portación de cara”. Es una abierta repulsión de la Constitución de la Ciudad que en su artículo 11 prohíbe “…discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo”.

Por otro lado, “el retaceo de información y de las imágenes que pudieron haber captado las cámaras de seguridad de la zona buscan limpiar la imagen de la Policía Metropolitana, contrarrestando de ese modo la violencia impartida por los agentes de la misma”, afirman. “Recordemos que entre 2011 y 2014 se registraron 20 muertes por uso letal de la fuerza por parte de agentes de la Metropolitana, un reciente fallo condenó al policía Enzo Álvarez a prisión perpetua por el fusilamiento en 2011 del joven Bruno Pappa en Chacarita”, concluye el pedido.

La movilización será el próximo miércoles 7 de octubre a las 11 hs. a Plaza Lavalle, exigiendo Justicia por Roberto y Ni un pibe Menos por parte de la Policía Metropolitana.