Red de radios

2.6.2015

La diputada del Frente para la Victoria Claudia Neira presentó un proyecto de recuperación barrial de los terrenos lindantes a las autopistas urbanas, donde plantea un abordaje integral que atiende cuestiones ambientales y, sobre todo, de seguridad para los vecinos que viven cerca de las autopistas.

 

La construcción de la Autopistas Urbanas durante la última dictadura militar (1976-1983), así como distintos proyectos desarrollados durante las décadas anteriores, produjeron profundas heridas en la trama urbana de la Ciudad de Buenos Aires, muchas de las cuales continúan hasta el presente, como la segregación urbana, la fragmentación social y la degradación del espacio público. Estas problemáticos han servido como posibilidad para el desarrollo de episodios de inseguridad y violencia social.

 

La diputada Claudia Neira, Vicepresidenta de la Comisión de Seguridad de la Legislatura Porteña expresó que "la generación de un espacio público integrado en las zonas de autopistas puede ser un pilar fundamental de la construcción de políticas públicas de seguridad ciudadana" y agregó que:

 

"No son cuestiones menores que los espacios que atraviesan los viaductos se encuentren iluminados, habitados por vecinos y organizaciones de los barrios e intervenidos artísticamente; muchos de ellos que hoy se encuentran ociosos, pueden ser recuperados a la trama urbana de los barrios, bajo la modalidad de espacios públicos o de actividades recreativas"

 

El Proyecto fue acompañado por el Diputado Palmeyro quien preside la Comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura Porteña.

 

Neira manifestó que "desde el Frente Para la Victoria concebimos un concepto de ciudad segura que debe ser siempre integral.  El ordenamiento y recuperación del Espacio Público es fundamental para la seguridad de los porteños"

2.6.2015

Gacetilla de prensa de FACTA

Los 35 asociados del restaurante cooperativo Los Chanchitos, junto a las cooperativas adheridas a la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), junto a sus familiares, vecinos y amigos, resistirán el miércoles 3 y el jueves 4 de junio la exhibición de los bienes muebles de la empresa recuperada por sus trabajadores, que fueron puestos a remate por disposición del juez Fernando Perillo (Juzgado Comercial 13, Secretaría 25), por pedido de la síndico Ana Graciela Ventura y de su abogado patrocinante, Alberto Solmesky.

 

Los trabajadores autogestionados denunciaron la “actitud sistemática de la sindicatura por entorpecer la actividad de la cooperativa” e informaron que van a resistir la exhibición de los bienes –cuyo remate está previsto para el viernes 5 de junio a las 17 en la Liga de Rematadores- de la empresa quebrada Pizzanesa S.A., razón social del restaurante conocido popularmente como Los Chanchitos, que era la empleadora de los trabajadores ahora convertidos en cooperativa.

 

De acuerdo a la reformada Ley de Quiebras, los trabajadores pueden “compensar” los bienes muebles de la empresa quebrada por los créditos laborales de los que son beneficiarios en razón de obligaciones incumplidas por la patronal (sueldos atrasados, aportes previsionales no realizados, preavisos no pagados, entre otros). En ese sentido, resulta sorprendente que teniendo los trabajadores de la cooperativa 343.000 pesos a su favor y habiendo sido valuados los bienes muebles en 297.000 pesos, éstos pasen a remate, más aun teniendo en cuenta que recibieron esos bienes en mal estado o abandono.

 

Los cooperativistas agregaron otros datos que resultan paradójicos: la síndico pidió, y el juzgado aprobó, que los trabajadores paguen “un canon locativo de 125.000 pesos por el uso de los bienes muebles” durante el período que lleva en funciones la cooperativa y se fijó que, en caso de ser la cooperativa la ganadora del remate, los trabajadores deban abonar “en el momento y al contado” un 20% en concepto de comisiones. “No queremos el remate. Queremos que los bienes muebles se nos adjudiquen en forma directa, en función de la compensación por las deudas patronales”, explicó en ese sentido José Pereyra, presidente de la cooperativa.

 

“Tuvimos que pagar 6.000 pesos para sacar una camioneta que había quedado abandonada en un taller mecánico, y tuvimos que reparar una cámara frigorífica, una cocina, una freidora, porque la patronal no arreglaba las cosas que se iban rompiendo. También estamos haciéndonos cargo del pago de la cochera donde está guardada una camioneta que el Juzgado mantiene secuestrada”, contó además Pereyra.

 

La empresa, que entró en cesación de pagos y a la cual luego se le declaró la quiebra, fue abandonada por la patronal. El 25 de abril de 2013 los trabajadores comenzaron a autogestionar el restaurante, conformándose formalmente como cooperativa en mayo de ese mismo año.

 

El restaurante cooperativo Los Chanchitos tiene un enorme acompañamiento de vecinos, clientes y habitués. Está abierto de lunes a lunes en la esquina de Angel Gallardo y Leopoldo Marechal, del barrio de Villa Crespo, aunque algunos vecinos de Caballito se lo adjudican como propio.

1.6.2015

El viernes 29 de mayo por medio de asamblea democrática el estudiantado de la Escuela de Bellas Artes Lola Mora, por mayoría de votos, se ve obligado a tomar el establecimiento después de haber agotado todas las instancias de reclamos legales desde marchas, festival, sentadas, e intervenciones artísticas, sin lograr una respuesta positiva. En repudio a los ataques sufridos a la educación pública y artística por parte del gobierno de la Ciudad. 

Por todo esto exigimos: 
-Terminación urgente del reglamento escolar con la mantención de los artículos 214/225/226. Que hablan del examen de aptitud artística, la obligatoriedad de la carrera artística para cursar el bachiller en la institución, y el pase obligatorio a otra institución a aquellos estudiantes que hayan repetido dos años en la modalidad artística.
-Modificación del decreto 1990/ CGBA/97 que estipula un piso mínimo de 12 alumnos para la existencia de un curso. 
-Validez Nacional, por medio de acuerdos ínter-provinciales, del título de la carrera artística actual. 
-Horas semis-presenciales para una correcta adecuación de la NESC en nuestra institución. 
-Reformas edilicias adecuadas, para resguardar la integridad física de la comunidad educativa y la correcta implementación de la NESC.
Todos estos reclamos aseguran una educación pública y artística de calidad. Teniendo en cuenta la importancia de estos pedidos para un correcto desarrollo de la educación pública, pero por sobre todo artística. En defensa de nuestras carreras especificas atacadas desde hace años por el gobierno de la ciudad.
Por todo esto, en nuestro año, el Lola Mora junto a las escuelas artísticas apostamos a la LUCHA.

29.5.2015

En la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años la discusión de los estadios de fútbol y las actividades que en ellos se realizan ha ingresado nuevamente con intensidad en la agenda de la planificación urbana de la Ciudad.

 Así, los vecinos del Barrio de Núñez desde principios de este siglo profundizaron las denuncias sobre los impactos negativos de la utilización del estadio del Club River Plate como asiento de eventos musicales locales e internacionales. Este estadio fue inaugurado en el año 1938. En esa época el estadio estaba rodeado de tierras sin construir y pantanos. Actualmente de residencias y en sus cercanías se encuentran instalaciones universitarias[1]. La modificación en los usos del estadio y las radicales transformaciones urbanas de sus alrededores están dando lugar a conflictos permanentes aún no resueltos[2].

 

Por otra parte, el reclamo de los hinchas del Club Atlético San Lorenzo de Almagro para que el estadio retorne al barrio de Boedo, que fue escuchado por la Legislatura porteña, ha generado resistencia de los vecinos[3] de los alrededores del inmueble ubicado en la Avenida La Plata 1624, entre Las Casas e Inclán. A través de la ley Nº 4.384[4] se ordenó la expropiación de este predio cuyo titular es Carrefour y en el que se encuentra construido un hipermercado. Se creó el Fideicomiso "Club Atlético San Lorenzo de Almagro" encargado de pagar la indemnización por la expropiación con los aportes del Club y de sus socios. El inmueble quedará bajo el dominio de ésta institución quién tiene decidida construir un nuevo estadio allí. La instalación de un estadio en plena área residencial hace insoslayable que exista una evaluación de sus impactos y plena participación de los futuros afectados.

 

Por último, el Club Atlético Boca Juniors ha impulsado proyectos de ley en la Legislatura porteña para construir un nuevo estadio en los terrenos conocidos como Casa Amarilla[5]; el Club Atlanta está finalizando la construcción de un micro estadio[6]; y se ha anunciado la construcción de un micro estadio en la manzana N° 66[7] (manzana entre las arterias de Jujuy, Belgrano, Catamarca y Moreno).

 

Los actividades de los estadios producen un incremento notable del tráfico de autos, traslado y concentración de una cantidad ingente de personas en un plazo temporal reducido, incremento de las intensidades de los ruidos y vibraciones, en definitiva, situaciones que exigen una logística especial, adecuación de los servicios y preparación de las áreas urbanas afectadas por estas afluencias.

 

Estas actuales situaciones tienes varias instancias institucionales para ser discutidas y evaluadas por la sociedad porteña. Una de las principales instancias es el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en el cual se evalúa los impactos ambientales y sociales de una actividad o emprendimiento, se busca formas de atenuación de éstos o se decide la imposibilidad de otorgar su autorización. Este proceso de acuerdo a la ley Nª 123 debe permitir la participación ciudadana a través de la realización de una Audiencia Pública, donde las voces, denuncias y propuestas de los futuros afectados deben ser escuchadas y obligatoriamente analizadas.

 

Esto nos lleva a indagar si el GCBA está impulsando este proceso institucional-técnico de Evaluación de Impacto Ambiental como mecanismo adecuado para afrontar y resolver estos conflictos urbanos originados por la construcción y funcionamiento de estadios.

 

Según información del Gobierno de la Ciudad, los estadios de fútbol ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, salvo el Club Atlético Vélez Sársfield, no cuentan con Certificado de Aptitud Ambiental vigente, lo que implica que no han cumplimentado cada una de las etapas de la Evaluación de Impacto Ambiental.

 

Los estadios deben obtener el Certificado de Aptitud Ambiental otorgado por la Agencia de Protección Ambiental (APrA)como condición previa para el desarrollo de actividades y, en consecuencia, para alcanzar la habilitación definitiva[8]. Ésta autorización resulta imprescindible para que los estadios de fútbol, como cualquier otra actividad considerada de impacto ambiental con Relevante Efecto, puedan funcionar sin violar las normas ambientales de la Ciudad.

 

De acuerdo a información proporcionada por la Agencia de Protección Ambiental (APrA)[9], sólo dos estadios (el Estadio y Complejo Deportivo Club Atlético Boca Juniors y el Estadio y Campo de Deportes del Club Atlético Vélez Sársfield)obtuvieron el Certificado de Aptitud Ambiental, encontrándose vencido el del Club Atlético Boca Juniors.

 

Esta situación constituye una ausencia de evaluación de las actividades desarrolladas en los estadios y un impedimento a la ciudadanía de participar en los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental a fin de advertir sobre impactos ambientales negativos en su barrio o proponer alternativas de mitigación de éstos.

 

Los estadios de fútbol constituyen una de las actividades de mayor impacto ambiental en la Ciudad, por lo tanto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debería controlar con mayor énfasis qué estos cumplan con las normas, entre ellas, la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental luego de la realización del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental con participación ciudadana a través de audiencias públicas. Esta omisión produce desconfianza respecto al tratamiento que se dará a las discusiones sobre los impactos sociales y ambientales negativos que los futuros estadios impulsados por distintos clubes generarán.

 

[1]Por ejemplo, edificios de la Universidad Torcuato Di Tella y de facultades de la Universidad de Buenos Aires.

[2]Los vecinos denuncian que los edificios oscilan a causa de las vibraciones del Estadio Monumental y que esto genera daños y rajaduras en los edificios. También que las personas sufren mareos, ataques de pánico y nauseas.

Ver https://www.youtube.com/watch?v=2e1gYk9e0Go

[3]https://www.facebook.com/pages/Los-vecinos-de-Boedo-NO-queremos-un-Estadio-de-Futbol-en-el-barrio/431120563577000?sk=timeline&ref=page_internal

[4]Sanción: 15/11/2012

Promulgación: Decreto Nº 579/012 del 10/12/2012

Publicación: BOCBA N° 4057 del 17/12/2012

[5]http://www.infobae.com/2014/11/14/1608767-el-pro-avanza-la-entrega-terrenos-publicos-boca

https://sites.google.com/site/ingenierociviltdf/cype-ingenieros-en-nuestra-provincia

[6]http://442.perfil.com/2012-12-20-180661-atlanta-tendra-un-nuevo-micro-estadio/

[7]https://www.facebook.com/Manzana66?_rdr

http://www.clarin.com/ciudades/balvanera-estadio-espacio_verde-vecinos-oposicion-polemica-debate_0_1234676919.html

[8]Art. 5 de la Ley N° 123.

[9]EX-2015-04319420-MGEYA-DGSOCAI. S/ Consulta Ley 104.

27.5.2015 

En la primera sesión del año de la Comisión de Educación de la Legislatura porteña y convocada con apenas un día hábil mediante, se presentaron docentes, directivos y familias de alrededor de 10 escuelas.

Los reclamos principales giraron en torno de problemas edilicios.

Ademys se hizo presente acompañando el reclamo de la comunidad educativa.

 

Algunas exposiciones:

 

Una delegación de docentes y preceptores de la Escuela de Comercio N° 4 DE 4° reclamó por un edificio propio para la institución, ya que hace más de 80 años que comparte los espacios con el Normal 3. La expansión del Normal 3 y la aplicación de la NES en Media, profundizó esta problemática por la cual la comunidad educativa viene reclamando desde hace años. Los compañeros advirtieron que el Comercial no cuenta con el espacio mínimo necesario para 2016.

 

En nombre del Normal N° 11, su vicerrectora expuso los graves problemas edilicios de la escuela. La aplicación de la NES en el nivel medio agravó la falta de aulas, a lo que se suma la falta de refacciones, mobiliario e instalaciones para alumnos con movilidad reducida.

 

Un grupo de familias de la Escuela N° 20 DE 2 manifestaron la gran preocupación de toda la comunidad educativa por las condiciones edilicias de la escuela. Producto de graves problemas en la terraza de la escuela, se vienen produciendo filtraciones desde hace 8 años que producen goteras, humedad e inundaciones, a lo que se agregan desde hace un año problemas con la fase eléctrica del primer piso y falta de agua.

Las obras de la terraza recién comenzaron en marzo de este año y se realizan en pleno horario escolar, sufrido por más de 700 chicos. Las empresas Plan Obra y Obracer, trabajan con escaso personal contratado, sin aislamiento sonoro ni físico, lo que dificulta el normal desarrollo de las clases y pone en riesgo a los alumnos y docentes de la escuela.

4 secciones debieron ser reubicadas fuera de sus respectivas aulas ocupando los espacios destinados a Música, Biblioteca o Comedor.

 

También reclamaron familias de la Escuela N° 3 DE 11, el inmediato comienzo de la obra de construcción de un nuevo comedor, ya que actualmente los alrededor de 150 chicos que comen en la escuela deben hacerlo en una situación de riesgo. El comedor se encuentra en el 3er piso, con 5 tramos de escalera cuyo ancho es de 1 metro, sin salida de emergencia y los chicos cada día deben pasar por al lado de la cocina.

 

De la Escuela primaria del Lenguas Vivas “Spangenberg”, denunciaron la crisis que generó la inscripción online del año pasado, con una sobreasignación de matrícula que superó la capacidad de la escuela en más de 120 chicos. La “solución” del Ministerio de Educación fue la instalación de aulas containers que fueron denunciadas, ya que provocó una descarga eléctrica a un directivo. El gobierno recientemente insiste en que las aulas se usen, lo que es rechazado por docentes y familias.

 

Docentes del Joaquín V. González también reclamaron por la efectivización de la titularización de los docentes de nivel superior, ley que hace 2 años que fue aprobada por la Legislatura.

 

Ademys apoya y acompaña a docentes y familias en los reclamos de urgente solución a los problemas de la educación que afectan a las escuelas públicas.