Red de radios

5.10.2015

Se trata de Roberto Autero, de 16 años, quien recibió un disparo en la nuca por parte del agente Sebastián Ezequiel Torres el 7 de febrero de este año en las inmediaciones del Parque Rivadavia.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires presentó un pedido de información al Ministerio de Justicia y Seguridad porteño sobre el asesinato Roberto Autero por el agente de la Policía Metropolitana Sebastián Ezequiel Torres el 7 de febrero de este año. Roberto Autero, de 16 años recibió un disparo en la nuca por parte del agente en las inmediaciones del Parque Rivadavia. La causa se tramita ante el Juzgado de Instrucción N° 37, a cargo de Silvia Ramond. Allí se investigan las circunstancias en las que ocurrió el asesinato. Autero vivía en la calle con 3 hermanos y hasta 2014 estudiaba en el Centro Educativo Isauro Arancibia.

En el pedido, la ODH solicita información para determinar:

* Qué servicio prestaba ese día el agente Sebastián Torres en la zona aledaña al Parque Rivadavia y cuál es su rango.
* Si el agente provino de otras fuerzas de seguridad, si posee antecedentes sumariales. En caso afirmativo, detalle causales de esos antecedentes y sus resultados.
* Cuál es el protocolo de actuación de la Policía Metropolitana para casos como este.
* Cuál es la ubicación de las cámaras de seguridad emplazadas en el lugar de los hechos que captaron esta secuencia.
* Teniendo en cuenta que Autero recibió un tiro por la nuca, informar si el efectivo se identificó como funcionario del servicio, advirtiendo su intención de emplear la fuerza o arma de fuego, tal como lo exige la ley 2.894 de Seguridad Pública.
* Si el efectivo incurrió en exceso en el uso de armas de fuego, en violación del art. 28 de la misma ley.
* Si se abrió un sumario administrativo ante este hecho. En caso afirmativo, identifique el mismo, con numeración y estado del trámite.
* Ante las declaraciones del efectivo sobre la supuesta “actitud sospechosa” de la víctima, se solicita información sobre qué entiende la fuerza por ese concepto y en qué norma se encuentra tipificado.
* Si el efectivo fue separado de la fuerza o si recibió algún tipo de sanción por este hecho.

Asimismo, remarcan que “resulta urgente que el Gobierno de la Ciudad preste la mayor colaboración posible y condene el actuar ilícito de sus funcionarios en vísperas a la movilización que familiares, amigos y distintas organizaciones sociales, educativas, culturales y de derechos humanos harán exigiendo Justicia”.

En el mismo sentido, afirma que en “las manifestaciones del efectivo relativas a la supuesta “actitud sospechosa” de Roberto Autero (…) claramente se castiga una peligrosidad sin delito. La vuelta regresiva y anticonstitucional al concepto “actitud sospechosa”, implica darle vida a un concepto que devolvería facultades de antaño a los agentes policiales, a fin de aprehender ciudadanos por simple “portación de cara”. Es una abierta repulsión de la Constitución de la Ciudad que en su artículo 11 prohíbe “…discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo”.

Por otro lado, “el retaceo de información y de las imágenes que pudieron haber captado las cámaras de seguridad de la zona buscan limpiar la imagen de la Policía Metropolitana, contrarrestando de ese modo la violencia impartida por los agentes de la misma”, afirman. “Recordemos que entre 2011 y 2014 se registraron 20 muertes por uso letal de la fuerza por parte de agentes de la Metropolitana, un reciente fallo condenó al policía Enzo Álvarez a prisión perpetua por el fusilamiento en 2011 del joven Bruno Pappa en Chacarita”, concluye el pedido.

La movilización será el próximo miércoles 7 de octubre a las 11 hs. a Plaza Lavalle, exigiendo Justicia por Roberto y Ni un pibe Menos por parte de la Policía Metropolitana.

Si bien el macrismo presenta como un avance de la “gestión” la informatización de la inscripción, miles de niños siguen quedando en lista de espera en el nivel Inicial y Primario.
Las últimas estimaciones realizadas por la Asociación Civil para la Igualdad Jurídica (ACIJ) para el ciclo lectivo 2013 (previo a la implementación de la inscripción online) quedaron en lista de espera alrededor de 7000 niños en el nivel Inicial.
El gobierno de la ciudad no construyó los jardines y escuelas necesarias que garanticen el acceso pleno a una vacante en el sistema educativo público.
Por un lado, con la implementación de la inscripción online el Ministerio de Educación centraliza la información e impide una medición precisa de la falta de vacantes, así como la expulsión de las familias que provienen de la Provincia de Buenos Aires. Por otro lado, se sigue ajustando el presupuesto destinado a refacción y construcción de escuelas: en 2012 se presupuestó cerca de $500 millones para Infraestructura Escolar y este año sólo $200 millones. Lo poco que se invierte en mejoras edilicias, es dilapidado por las múltiples tercerizaciones de las obras, que sobrefacturan y dejan los edificios escolares en situación precaria y sin ningún tipo de control.
La falta de jardines y escuelas públicas provoca que conseguir una vacante en el nivel Inicial sea una verdadera “odisea”, y que en las escuelas primarias –especialmente de zona sur- haya aulas superpobladas y chicos parcialmente desescolarizados durante meses porque no hay vacantes. Y que las condiciones edilicias de las escuelas sean cada vez más precarias: según un relevamiento de la Asociación de Cooperadoras, el 72% de los edificios escolares necesitan urgentes obras de refacción.
Además, con la inscripción online las familias no tienen la posibilidad de elegir la escuela o jardín que desean para sus hijos. Es el “sistema” quien asigna la vacante de forma arbitraria, ya que no siempre se cumple con las prioridades que cada familia selecciona como opción.
Tras la crisis que se generó en el primer año de aplicación de esta inscripción online, el Ministerio ha dispuesto la contratación de “facilitadores” que realizan el trabajo de inscripción en las escuelas y distritos. Les quitó a las escuelas y supervisiones esta tarea central que forma parte del propio proceso de enseñanza y aprendizaje, y que constituye el primer contacto de las familias con las escuelas. Y “despersonalizó” la inscripción o incorporó a las escuelas estos “facilitadores” que los equipos de conducción y supervisiones no conocen. Incluso, hay casos de denuncias como en la escuela Primaria Nº 8 DE 11, donde hubo supuestas situaciones de acoso que dieron lugar a una intervención de la Defensoría.
El desgaste y la incertidumbre de conseguir una vacante en una escuela o jardín públicos, estimula el pasaje a la educación privada a la que ya acude cerca del 50% de la matrícula total en la ciudad. Esto es reforzado por los subsidios que reciben las instituciones privadas del propio Estado: cerca de $2500 millones este año. Por cada peso que el gobierno presupuestó para Infraestructura Escolar (y que seguramente subejecutará), gira $12,50 para los emprendimientos empresariales o religiosos del sector privado en educación.
El gobierno suele plantear que ha crecido la oferta educativa para la infancia y la niñez en la ciudad. Pero lo único que ha creado el macrismo son Centros de Primera Infancia (CPI) que, tal como lo explicita el propio gobierno, son centros que no funcionan en establecimientos educativos, que dependen de organizaciones, ONG’s, etc., que reciben un subsidio a la demanda, y que son centros de “cuidado” y “contención”, lejos de lo que debieran ser las escuelas infantiles.
La contracara de esta situación es el cierre de grados y cursos que viene llevando adelante el gobierno PRO en la ciudad, enmarcado en el decreto 1990 de De la Rúa, y que tanto Ibarra como Telerman dejaron en pie. Recientemente, la dirección del Área de Nivel Primario informó que cerraría un primer grado en la escuela 24 DE 12.
 
Exigimos que se garantice el acceso incondicional a una vacante en el sistema público de enseñanza.
Por la construcción de 33 escuelas y jardines en la ciudad.
Por un plan de obras de refacción y mejora edilicia.
No a los cierres de grados y cursos. Derogación del decreto 1990.
 
A partir del 5 y hasta el 16 de octubre se abre la primera etapa de inscripción para aspirantes a nivel Inicial, primer grado de nivel Primario y primer año de nivel Secundario. Para las modalidades de Educación Especial y Adultos y Adolescentes, la preinscripción se extiende del 5 de octubre de 2015 hasta el 4 de octubre de 2016. Y para nivel Terciario, del 5 de octubre de 2015 al 19 de febrero de 2016. Según información del Ministerio de Educación, la preinscripción podrá realizarse a través de la web: www.buenosaires.gob.ar/inscripcionescolar, seleccionando el nivel deseado, personalmente en las escuelas o en los portales de inclusivos del Gobierno de la Ciudad o llamando al 0800-444-2400 (esta línea está habilitada de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 9 a 14).
Pero en el día de hoy, de inauguración de la inscripción, EL SISTEMA YA ESTÁ COLAPSADO Y NADIE PUEDE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN.

2.10.2015

El macrismo, nuevamente, arremete contra la escuela pública. Ante la conocida falta de vacantes para el nivel inicial y en primaria, particularmente en primer ciclo, el gobierno porteño no sólo no construye escuelas, sino que además cierra grados que ya existen. En la escuela nº 24 del DE 12º, en Floresta, el PRO intenta cerrar un 1º grado que con esfuerzo fue abierto este mismo año. Mediante una comunicación sumamente informal emitida por correo electrónico remitido a la Supervisión Escolar desde la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, se habla de una "leve disminución de matrícula" en la escuela, y sin especificar cuál sería esa disminución ni aportar ningún otro dato, se sostiene que "debe ofrecerse un solo primer grado para 2016, con lo cual se cerraría el primer grado abierto este año". Cabe aclarar que el 1º grado que el Ministerio pretende cerrar posee 18 alumnos, y que la escuela no posee problemas por falta de matrícula sino por el contrario, los problemas son de espacio: se trabaja al límite de lo establecido en cuanto a la numerosa cantidad de alumnos por metro cuadrado.

Una vez más, la actual gestión intenta cerrar un grado abierto con el esfuerzo de la escuela y la comunidad educativa. Docentes y familias se movilizarán para reclamar en contra de esta medida.
 

Desde Ademys acompañamos las acciones y reproducimos comunicado de los trabajadores de esa escuela:

¿Otra vez sopa?

Otra vez cierre de grados en la educación pública

La escuela Nº 24  DE 12 peleó durante años la recuperación de una sección de grado, el grado número 14. En el 2015 con mucho esfuerzo lo consiguió, pero sólo durante un año: ha llegado la orden de cerrarlo en 2016. ¿Parece una locura? Lo es.

Perder nuevamente esta sección significa no poder recibir a todos los niños del jardín que ya están en nuestra escuela, porque la decisión del gobierno de no construir jardines públicos se ha suplido con el uso de aulas en escuelas primarias que no están preparadas ediliciamente para niños de jardín, que necesitan construcciones especiales. En la escuela 24 hay dos de estas aulas ocupadas por jardín, lo que ha llevado a la escuela a perder, hace unos años la sección número 14 que habíamos logrado recuperar después de tanto  esfuerzo.

Esta serie de decisiones que parecen estar desconectadas entre sí, y generan diferencias entre los mismos actores de la educación pública, no son más que las consecuencias de una política de abandono y ataque permanente a la educación pública que la gestión de la ciudad siempre  ha tenido con la educación pública y sigue teniendo, al tiempo que aumenta exponencialmente el presupuesto de las escuela privadas, lo que no hace más que alentar la expulsión de alumnos de las escuelas públicas.

·         Por mas jardines públicos que contengan a más niños

·         Por que deje de perderse oferta educativa pública primaria

·         Porque se defienda de una vez para siempre a la educación pública que es de todos y construye una sociedad mejor

Nos juntamos en la plaza Vélez Sarsfield (esquina Avellaneda y Bahía Blanca) el martes 6/10 a las 16,30 hs.

Los esperamos.

1.10.2015

La justicia le ordena al INDEC Porteño que el delegado trasladado en 2013 a otra dependencia vuelva a su lugar de trabajo, advirtiendo la violación a la tutela sindical en un claro acto discriminatorio, siendo multado el organismo por este hecho en $50.000 por daños morales.

Martín Rampoldi, delegado de Organización de la Junta Interna de ATE en Estadística de la Ciudad, fue trasladado ilegalmente con el objeto de impedir que los trabajadores se organicen gremialmente de forma independiente. Una vez más la justicia le da la razón a los trabajadores contra la falta de diálogo, la intolerancia y las persecuciones del PRO.

Los trabajadores del organismo, agrupados en ATE venimos denunciando el manejo clientelar y el accionar de punteros en las Estadísticas porteñas. Reclamamos transparencia e igualdad de oportunidades en un pase a planta transitoria.

Junta Interna ATE Estadística

1.10.2015

Por José Llambías

La Asociación Médicos de la Actividad Privada (AMAP), creada en 1998 pero con personería gremial desde el 2007, denunció al Hospital Británico y al Hospital italiano por mantener personal médico en negro desde hace ya varios años.

En los últimos días hemos asistido al trajín mediático por el recorte presupuestario al Hospital Garraham promovido por el Pro y respaldado por la legislatura porteña. Asimismo, tuvo mucha circulación la noticia sobre la explosión de una máquina esterilizadora en el Hospital de Clínicas, poniendo a la vista la situación de abandono que vive el edificio. Ambas noticias no solo se corresponden por ser instituciones médicas, sino que evidencian la compleja situación que atraviesa el sistema de salud pública.

Sin embargo, hay otra cuestión que suele tener un carácter menos masivo en la agenda de los medios. Nos referimos a las condiciones de precarización laboral en la que trabajadores y trabajadoras están inmersos y que no se dan solamente en los centros públicos sino que, paradójicamente, ocurre en instituciones privadas que cobran por sus servicios y que muchas veces reciben onerosos subsidios.

“El trabajo en negro en la Argentina de los médicos se justifica, entre otras cuestiones, por el carácter liberal que tenía la profesión. Por otro lado, el imaginario social de que los médicos formamos parte de una elite alcanza a quienes hacen las estadísticas, que no incluyen al trabajo médico entre los más precarizados”, sostuvo el Dr. Antonio Di Nanno, secretario del Interior de la AMAP.

Lo cierto es que según datos de la AFIP y el Ministerio de Trabajo de la Nación, hasta mayo del corriente año sólo el 2 por ciento de los médicos que trabaja en clínicas y sanatorios privados del interior del país está registrado. El otro 98 por ciento es monotributista. Hasta aquí, algo que puede resultar no tan novedoso si lo comparamos con otros sectores donde el interior cuenta con niveles de precarización muy elevados.

En Capital Federal, sin embargo, los números son diferentes. Dirigentes y profesionales informaron que el porcentaje de médicos en relación dependencia alcanza el 50 por ciento de los trabajadores y trabajadoras, con la excepción de los Hospitales Británico e Italiano donde el número trepa al 80 por ciento. Desde el sindicato pretenden revertir la situación denunciando la situación.

En ese sentido el Dr. Héctor Garín, Presidente de la AMAP, señaló: “Se sigue impidiendo que los médicos que se desempeñan en estas entidades de salud cuenten con condiciones de trabajo que estén dentro de lo que dice la ley, además de salarios dignos acordes a la calificada tarea que realizan los profesionales”.