3.3.2015
LA RETAGUARDIA
La dificultad para acceder a una vivienda digna es una de las problemáticas que más afecta al barrio de La Boca. Los conventillos y los desalojos forman parte de su vida cotidiana y en el último tiempo, a los civiles y penales se han sumado los desalojos administrativos. “Viene una guardia de auxilio del gobierno de la Ciudad, te toca el timbre y te dice ‘me permite pasar, que quiero ver cómo está el estado de su casa, de su conventillo o de su casa tomada’, entran y dicen que se está por caer, que hay que clausurar, y las familias afueras”, así describió la periodista Martina Noailles lo que caracterizó como “el nuevo mecanismo de limpieza de los pobres de La Boca”.
El objetivo es colaborar con el negocio y la especulación inmobiliaria para cambiar el barrio y transformarlo “en otro, para otros”. Martina Noailles, del periódico barrial Sur Capitalino, explicó cómo se extiende esta nueva práctica del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: “Estas guardias de auxilio están visitando familias, nos estamos enterando de a poco, ya tuvimos dos casos en la calle Necochea, por eso creemos que tiene vinculación con un proyecto de remodelación de las cuatro cuadras donde estaban las cantinas, porque justamente estaban en esa zona. Estamos tratando de relevar a través de la Defensoría Tutelar que es a donde suelen llegar los vecinos que quedan en la calle para ver cuáles son los otros casos”, explicó Noailles en diálogo con La Retaguardia.
En este sentido, la trabajadora de prensa del periódico Sur Capitalino señaló que para las familias es muy complejo poder defenderse ante estas situaciones: “tendrías que poner tu propio perito y para eso tendrían que darte tiempo y no entrar y decirte que te ponen la clausura en ese momento y te quedas en la calle. Son como casi automáticos. No hay una notificación como hay en los desalojos judiciales. Son administrativos y es prácticamente nula la oposición que podés hacer, salvo que no los dejes pasar, por eso estamos viendo el mecanismo para ello. Estamos viendo si podemos empezar a advertir a los vecinos que no los dejen entrar y poder poner peritos de parte nosotros, para ver cómo hacemos para frenar esto, o quizás pedir que se puedan remodelar las casas con subsidios, créditos, pero la manera no es dejarlos en la calle porque sabemos que después terminan del otro lado del Riachuelo”.
A su vez, Noailles manifestó que si efectivamente el gobierno porteño se interesara por el estado de las construcciones del barrio de La Boca, haría algo con el 80% de los conventillos que está por derrumbarse: “hay que ver entonces cómo selectivamente van a empezar a entrar en diferentes zonas, o dueños que empezarán a gestionar de esta manera los desalojos, me parece que es una estrategia que se suma a las otras, y por eso estamos nuevamente alertas para ver qué pasa con esto y denunciarlo. El panorama es muy oscuro, no pareciera que nadie lo vaya a frenar, supongo que el gobierno del PRO va a seguir en la ciudad, y me parece que no hay oposición política que pueda frenar este proceso tampoco. No hay de parte ni del gobierno nacional, ni de las fuerzas que lo componen una oposición clara a este proceso, esto lo hace aún más complicado. Somos algunos de grupos de vivienda, algunos movimientos del barrio que estamos saliendo a exigir y a reclamar y a llevar propuestas a la ciudad, pero estamos bastante solos”, agregó.
“Son miles los que tienen problemas de acceso a la vivienda que poco a poco están siendo expulsados del barrio – advirtió además Noailles –, pero en vez de ayudarlos a poder tener una vivienda digna, lo que hace el Estado es habilitar el negocio inmobiliario con sus políticas de distritos que ayudan y dan beneficios impositivos y de otro estilo, y esto lo que hace es que se estén multiplicando los desalojos. Tras la feria judicial, tuvimos el primero de los desalojos de parte de los oficiales de justicia, y por lo que sabemos ya hay unos doce previstos para los próximos meses. Los desalojos están siendo cada vez más rápidos, y los dueños de los conventillos o los que dicen ser dueños, están iniciando estos procedimientos express de desalojo. La justicia penal de la ciudad tarda unos seis meses, en la nacional un poco más, pero están siendo bastante acelerados. Alguna fuente judicial me ha dicho que hay jueces que están comprando terrenos en La Boca, así que estamos muy preocupados porque se están multiplicando (los desalojos), además de los proyectos que tiene la ciudad para el barrio, porque no está solo el Distrito de las Artes, también quieren sacar el asentamiento Lamadrid, que ocupa tres manzanas, ya que por ahí quieren pasar una vía que vaya de Puerto Madero a Caminito, y ahora también quieren ‘remodelar’ la calle Necochea, donde estaban las cantinas, donde hoy vive gente”.
A partir de una ley aprobada en 2012 en la Legislatura porteña se creó en el barrio de La Boca el Distrito de las Artes. Según explicaba Noailles en una entrevista con La Retaguardia realizada en 2013, en este distrito “se ayuda a los inversores, se los atrae a través la exención de impuestos. Esta es una ley que salió luego de una negociación entre el macrismo y el kirchnerismo, que perjudicó claramente al barrio. Y aunque los vecinos se oponían a su aprobación, fue votada igual en la Legislatura. Es una norma similar a lo que ocurrió en Parque Patricios, con la diferencia de que en Parque Patricios no había que desalojar a nadie, en cambio en La Boca hay que sacar a todos los pobres que no van con el negocio que quieren hacer”.
Respecto a la aprobación de la ley, Noailles sumó en esta última charla nuevos elementos: “el Plan Procrear recién ahora va a empezar a construir en terrenos ubicados atrás de la cancha de Huracán, linderos a la villa 21, eso ya es Barracas. Esto se decidió al mismo tiempo que la Legislatura porteña negoció y aprobó el Distrito de las Artes para La Boca, o sea que fue un intercambio de favores que perjudicó claramente a nuestro barrio. De lo poco que interviene la Nación en nuestro barrio, encima pasa esto de que se devuelven favores y terminan hasta perjudicándonos”.
El negocio de Casa Amarilla
En poco tiempo se entregará el primero de tres edificios que componen las 438 viviendas ubicadas en terrenos de Casa Amarilla. Se trata de un programa de vivienda social que impulsó Aníbal Ibarra en 2005, pero construyó Mauricio Macri. Eso sí, el líder del PRO lo hizo obligado por una orden judicial: “en realidad eran 1200 viviendas, pero la disputa judicial hizo que terminaran siendo menos, en una negociación con algunos vecinos que querían tener estas viviendas y con otros que querían tener terrenos libres, que ahora son terrenos codiciados justamente por el club Boca para su hacer su nueva cancha”, explicó Martina Noailles a La Retaguardia.
Estas tierras siempre fueron del Estado, en un comienzo una parte pertenecía al ferrocarril y otra al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Esta última pasó a manos de la Corporación del Sur, que es la que la administra: “tiene posibilidad de vender terrenos que son de la Ciudad, a diferencia del IVC que en realidad no puede vender, ni negociar. Todos habían sido de la Ciudad, pero allá por los años ’90 una parte pasó a Boca. A cambio, el club tenía que construir ciertos sectores, como la Bombonerita y otras áreas del club y brindarle al barrio espacios deportivos, ese era el acuerdo. Pero desde que comenzó la presidencia de Mauricio Macri (en Boca) esto no ocurrió. Esa apertura que tenían que tener para el barrio, nunca la tuvieron. Más allá de esto, quedaron varias hectáreas libres que es donde se terminó construyendo este programa iniciado por el gobierno de Aníbal Ibarra, que después se truncó por una disputa judicial de un sector de vecinos del barrio que no quería que se construyera ahí porque quería que se conservara como espacio verde, y pedía que la vivienda se diera solamente en los espacios ociosos que tiene el barrio, terrenos y viviendas que no estaban siendo utilizadas. Esto generó una disputa en la justicia, la parte de los que sí se habían anotado en estos programas que eran 5.000 familias lo llevó a la justicia, y finalmente la justicia ordenó construir”, detalló Noailles.
En el medio de la disputa judicial, la cantidad de viviendas a construir se redujo a un tercio, a partir de una negociación que tuvo al club de la ribera en el medio.
El periódico barrial Sur Capitalino inició una investigación para determinar quiénes eran los destinatarios de estas viviendas que comenzaban a construirse: “todo estaba muy hermético y cerrado, lo que obviamente nos hizo sospechar que algo pasaba. ¿Quiénes son? ¿Cómo se van a elegir los adjudicatarios? De aquellos 5.000 iniciales pasaron a ser 1200 para terminar siendo 438, queríamos saber cómo se dio eso, sobre todo porque había vecinos que se habían anotado en el programa y que nos venían a contar que se estaban quedando afuera sin ningún motivo. Esto no era como el Procrear que se sortea u otros planes de vivienda que quizás hay un puntaje, que tiene en cuenta que cuanto más vulnerable es tu situación más posibilidades tenés de tener tu casa, o ciertas condiciones para poder pagarla a treinta años a poco costo. En este caso, como se judicializó, turbiamente una ‘asociación civil’ liderada por una persona, Diego Basualdo, que estaba muy ligada al PRO y a (Daniel) Angelici (presidente de Boca), es la que termina decidiendo quiénes son las 438 familias que iban a ingresar allí. Esta persona es quien había hecho la demanda contra el Estado porteño para que esas viviendas se construyeran, por lo que la justicia le otorga extrañamente, porque son viviendas sociales que construye el Estado, a su asociación civil, es decir a un privado, la posibilidad de elegir a las familias”, detalló Noailles.
Finalmente, Sur Capitalino consiguió las listas de los beneficiarios. Solo el 20% eran vecinos de La Boca, es decir, alrededor de 80 familias que, según señaló Noailles, implica más o menos la población de cuatro conventillos del barrio: “nos dimos cuenta que esas listas estaban plagadas de irregularidades, con muchos barras de Boca dentro del listado, incluso había uno que estaba en ese momento preso por una causa de carnet truchos, vinculado a la barrabrava, y otros tantos. También encontramos irregularidades como que una familia tenía tres departamentos, uno el padre, otro la madre y otro un hijo, muchas cosas que sonaban extrañas. En aquel momento, la denuncia pública no fue tomada por la justicia, ni por ningún político opositor al gobierno de la ciudad y quedó flotando en la nada hasta que finalmente el año pasado Iván Kerr, que es uno de los directores del IVC, nos dio un reportaje después de pelearla un año y medio porque no querían hablar. Allí intentó aclarar, oscureciendo aún más la situación. Dijo que ellos iban a chequear quiénes eran esas 438 personas, que no nos podían decir, pero que iban a chequear y ver si estaban en el programa original, pedimos los listados del programa original pero no nos los dieron. La semana pasada volví a hablar por teléfono con él, me explicó que las viviendas ya estaban por entregarse y que había habido una limpieza en esas listas, pero hay otro ingrediente que es quién decide quiénes entran por las personas que se dieron de baja. Es decir, la asociación civil vinculada al PRO pone 438 familias, se supone que algunas de ahí no cumplían con los requisitos, entonces se tienen que meter nuevas familias, pero quién define de las 800 familias que quedaban qué familias entran ahí, es también la asociación civil de Diego Basualdo. Cuando esta persona tuvo que elegir, empezaron a circular los pedidos de plata. Muchos vecinos se acercaron a contarnos que estaban pidiendo 30.000, 50.000 pesos para estar en la lista e ingresar en esos huecos limpiados por el IVC”, agregó la periodista.
Riachuelo
Todas las viviendas sociales que construyó Mauricio Macri en sus ya más de siete años de gestión fueron por orden judicial. Al ejemplo de Casa Amarilla se suma la causa Mendoza, que afecta a los vecinos de Villa 21 y Villa 26 que debieron abandonar sus casas para liberar el camino de sirga del Riachuelo.
En 2004 un grupo de vecinos presentó una demanda para reclamar la recomposición del ambiente y la creación de un fondo para financiar su saneamiento. En 2008, la Corte Suprema determinó que la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, además de 14 municipios, debían llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento. Así fue como Macri se vio nuevamente obligado por la justicia a dar una respuesta social a los vecinos.
