Red de radios

23.7.2015

Durante las últimas semanas trascendió una denuncia impulsada por las trabajadoras y profesionales de los Centros de Salud y Acción Comunitaria del Hospital General de Agudos J. M. Penna contra la dirección del Hospital por no cumplir con las reglamentaciones de la interrupción legal del embarazo.

Entrevistamos a Analía Bruno, médica generalista del Área de Programática del Hospital y miembro de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, para conocer los detalles y desenlace del conflicto, y preguntarle acerca del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo”, que fuera dado a conocer recientemente.

Analía empieza comentando las condiciones que posibilitaron la rápida reacción de lxs trabajadorxs y profesionales del hospital: “Para contar un poco del proceso, hace un poco más de un año empezamos a reunirnos los distintos equipos de salud que trabajan en los ocho centros de salud que tiene el Hospital, a compartir los modos de trabajo, cuáles eran los obstáculos, empezamos a generar estrategias colectivas.

Por otro lado, en diciembre del año pasado empezamos a tener la posibilidad, en los centros de salud, de contar con dos tratamientos de pastillas para interrumpir el embarazo, de misoprostol, para encuadrar situaciones que se consideran no punibles o que también se llaman interrupciones legales del embarazo, que eran situaciones de mujeres que habían sufrido alguna violencia sexual y mujeres que estaban en riesgo su salud o su vida”.

“El director del hospital -continúa Bruno-, al enterarse de esto, de manera arbitraria, jerárquica y autoritaria, prohíbe que los centros de salud tengan esta posibilidad de atención. Sin consultar a nadie, de un día para otro, dice que los centros de salud dejan de tener esa posibilidad y que todas las situaciones se tienen que derivar al Hospital. Como nosotras venimos hace ya un tiempo organizadas y viendo cuáles son las dificultades, sabíamos que era una prohibición de hecho, porque a las mujeres que tuvieran que acceder al hospital se les iban a imponer condiciones que sabemos que existen -que las internan muchos días, las maltratan, no les dan el tratamiento que corresponde-, que hacían complicado saber que teníamos como única posibilidad la derivación al Hospital”.

Una de las cuestiones clave fue la interacción con la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, “que es la red de profesionales de la salud, que es una red muy nuevita, que fue lanzada en mayo de este año, pero viene con el empuje y el acompañamiento y el abrazo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto que este año cumplió diez años. Entonces el conflicto llegó en ese momento, con esa organización que nos venía acompañando y abrazando, y en muy pocos días, cuando hicimos pública la situación, tuvimos el acompañamiento de mucha gente, se sumaron muchas adhesiones. Eso es lo que ocurrió más en la base, en la organización de los trabajadores”.

Las repercusiones y el contexto electoral hicieron que la respuesta institucional fuera rápida: “Al nivel de Ministerio de la ciudad hubo una bajada al director diciéndole ‘bueno, en realidad, no podés hacer esto’. Esto fue el 30 de junio. El 5 de julio eran las elecciones a Jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto era un lío que había que frenar y el 1° de julio hubo una nota del director dirigida a todos los hospitales de la ciudad, cosa que es bastante importante remarcar, que plantea que la interrupción legal del embarazo era algo que había que hacer. Hasta ahora sabíamos que lo podíamos hacer, pero no había una bajada de ‘todos los centros de salud tienen que hacer esto’, sino que hay equipos de salud comprometidos y gente que viene trabajando de esta manera hace mucho tiempo, que presiona, que empuja, que pide la medicación. Al mismo tiempo, hay un montón de otros equipos que, por estar en distintos procesos, a veces, por estar en contra, por faltarle capacitación, por varios motivos, quizás todavía no están en concreto, en la práctica, garantizando este derecho a las mujeres en los centros de salud. Pero con todo este conflicto, lo que ocurrió fue que el Ministerio de Salud de la Ciudad tuvo que decirles a todos los centros de salud de la ciudad y los hospitales que la interrupción legal del embarazo era algo que había que hacer”.

Este debate se dio poco tiempo después de la difusión por parte del Ministerio de Salud de la Nación de un nuevo “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo”, que generó numerosas repercusiones y polémicas, además de informaciones cruzadas.

Analía Bruno historiza los derroteros del aborto no punible en la reglamentación argentina del siglo XX: “Los permisos en nuestro país acerca de cuáles son las interrupciones legales están desde 1921 escritos en el art. 86 del Código Penal. Lo que hubo durante mucho tiempo fue silencio absoluto con respecto a lo que decía ese artículo. En el año 2007 se elabora en el Ministerio de Salud de la Nación, una guía de aborto no punible, que intenta interpretar estos artículos y decir a los trabajadores de la salud cuáles son las obligaciones y el modo de garantizar estos permisos que tiene el Código. Esa guía se actualiza en el año 2010 y después en el 2012, cuando tenemos el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le da una interpretación muy profunda y muy interesante a este artículo y estos dos incisos del artículo 86 del C.P. Habla de que el derecho es de todas las mujeres violadas, habla sobre la concepción de salud integral y empieza a haber un montón de elementos para interpretar de manera amplia lo que nos estaba diciendo el C.P. y que hasta ese momento era interpretado de manera extremadamente restrictiva. O sea, una mujer se tenía que estar por morir. Incluso así, tenemos el caso en Argentina de Ana María Acevedo que se estaba muriendo e igual no le interrumpieron el embarazo en el año 2007 en Santa Fe.

Pero la Corte nos dice en el 2012 que tenemos que interpretar de manera más amplia y le dice al estado que hay que hacer guías, hay que hacer protocolos. Como vivimos en un país federal, cada provincia tiene que armar su protocolo acorde a lo que la Corte está diciendo. En este momento tenemos un montón de provincias sin protocolo, tenemos provincias que tienen protocolos acordes a lo que dice el fallo de la Corte y tenemos provincias con protocolos más restrictivos. Por ejemplo, ciudad de Buenos Aires tiene un protocolo más restrictivo de lo que dice el fallo, inclusive con algunas apelaciones judiciales que lo hicieron un poco más flexible”.

Así, llegamos a la actualidad: “entonces, en ese marco, Nación actualiza esta guía que lanzó en el 2007 incorporando el fallo de la Corte y con modificaciones sustanciales a lo que habían sido las anteriores guías. Una -que va de la mano de lo simbólico y de poder apropiarnos de este derecho-, es cómo se llama la guía. De entrada ya le cambian el nombre: antes era la guía de aborto no punible, ahora es el protocolo de atención a personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. O sea, marca que es un derecho, habla de interrupciones legales, le quita el nombre ya tan judicial, porque no tiene porqué judicializarse ninguna de estas situaciones, habla en el cuerpo del protocolo de que la decisión de la mujer es incuestionable, habla de la autonomía de las mujeres a la hora de decidir sobre su vida. En la guía está esta letra. También habla de cómo los y las adolescentes van progresivamente adquiriendo autonomía y cómo una se tiene que parar también en ese lugar a la hora de atender a una adolescente.

Menciona técnicas para interrupción que en este momento no están disponibles en todos los lugares, habla de misoprostol combinado con otra medicación que no existe en Argentina pero el protocolo la menciona. Es como una herramienta también de exigencia: si el protocolo menciona esta medicación, ¿por qué acá en Argentina no está? Como también el AMEU, que es la aspiración manual intrauterina, que es una técnica súper sencilla, barata, fácil de aprender y que podría garantizar la interrupción del embarazo en ocho o diez minutos, con una preparación que lleva más tiempo pero el hecho concreto de la interrupción es de ocho minutos. Entonces la guía nos está dando todo este piso, y la verdad, hablando de cuáles son los estándares de calidad a la hora de atender a una mujer en una situación de embarazo no deseado, embarazo no planificado, y que manifiesta su deseo de interrupción”.

Sin embargo, Analía tiene claridad en torno a cuál debe ser el objetivo en relación al derecho al aborto, y lo deja claro en su última intervención: “Me interesa decir una cosa más, que creo que es importante, no tiene que existir el aborto en el Código Penal. En este momento se habilita, hay permisos, hay causales, una puede interpretar que una mujer tiene una razón para interrumpir el embarazo y de esa manera brindarle todo lo necesario para garantizar el derecho, pero nuestro objetivo es que el aborto se despenalice, se legalice y que sea voluntario, que hasta una determinada cantidad de semanas las mujeres puedan decidir sin dar ninguna razón acerca de porqué quieren interrumpir ese embarazo”.

19.7.2015

Por Santiago Asorey y Manuel Izraelson

Este jueves 16 de julio, después de meses de trabajo de la comunidad educativa de la Escuela “N° 6 del 5” del polo educativo de Barracas, se presentó oficialmente el plan de alfabetización que busca declarar libre de analfabetismo al barrio. Participaron del acto alumnos, ex alumnos, docentes, egresados de la escuela, estudiantes de la Universidad de Avellaneda y voluntarios. El proyecto cuenta con el apoyo de los Ministerios de Cultura, Educación y Trabajo de Nación. Se viene desarrollando hace meses con la coordinación y el apoyo logístico de la Casa de la Cultura Popular. La presentación contó también con la participación del Director de la Casa de la Cultura Popular, Mario Gómez. “Acá en los años 70 venían compañeros a dar apoyo escolar, vino la hija de Rodolfo Walsh, vino la hija de Oesterheld, y hacían lo que hoy están haciendo estos chicos, enseñar a los adultos. Así que bueno, hay una mirada reivindicativa, una mirada profunda” manifestó el Director de la Casa de la Cultura.
"Decir es poder" cuenta con la participación activa de 28 jóvenes alfabetizadores que han recorrido el barrio durante muchos sábados, incorporando e incluyendo a los vecinos al proyecto. Fueron relevadas un total de siete manzanas por jóvenes egresados de la Villa 21.24, junto a los docentes y voluntarios. En la previa, los participantes del proyecto repartieron unas palabras a modo de reflexión colectiva sobre los alcances del plan: “El tiempo dirá que hubo un plan de alfabetización en los barrios que componen la Villa 21.24 de Barracas, y que ese plan produjo que no quede ningún vecino sin saber leer y escribir. Se sabrá que sus maestros fueron unos pibes del barrio que le empezaron a tomar el tiempo a la historia: aprendieron que es siempre cambiante y que los que la cambian son hombres y mujeres, todos los días.”

Analía Vega, alfabetizadora y alumna egresada de la escuela del barrio, destacó en la previa del acto la importancia de Decir es Poder: “Creo que es una oportunidad que el barrio realmente necesita, un plan de alfabetización, la gente que hace que pueda existir este proyecto son las personas mayores del barrio que hicieron que nosotros podamos terminar de estudiar, de leer, de tener esa posibilidad y una comprensión diferente a la que tienen ellos. Nosotros queremos devolverle a las personas que nos dieron el derecho a todo eso”, declaró Analía visiblemente emocionada.

17.7.2015

El miércoles pasado la docencia de la Ciudad protagonizó una gran jornada con un paro que tuvo un altísimo acatamiento y con una concentración de miles de nosotros que nos congregamos en el JIC N° 2 del DE 12, no sólo para acompañar a Elsa y Alejandra, las docentes sancionadas, sino porque nos sentimos plenamente identificados con ellas. Lo que les sucedió nos pudo pasar a cualquiera de nosotros. Cada uno de nosotros tiene alumnos en situación de vulnerabilidad. Lamentablemente, hay muchos posibles Agustines. Hemos hecho la experiencia cientos de veces con casos de violencia, maltrato y abuso, experiencias en las que el apoyo y la contención desde el estado son nulos. La escuela a la que tanto se le pide, queda sola. ¿Y ahora intentan responsabilizarnos?

Elsa y Alejandra ya fueron sancionadas porque el gobierno utiliza los sumarios no para buscar la verdad sino para penalizar, disciplinar y amedrentar a los docentes, lo utiliza para “meternos miedo”.

El ministro Bullrich ya las sentenció públicamente, prejuzgó, las culpabilizó de la muerte de Agustín antes de que ellas pudieran defenderse ante la Junta de Disciplina.
Por eso creemos que debemos seguir luchando  no sólo por la restitución en sus cargos de nuestras compañeras sino por la “des-sumarización” porque ya es un proceso viciado.

Nada de lo que exigimos está resuelto

El gobierno no ha dado marcha atrás. No ha resuelto el problema de la falta de recursos y políticas públicas desde el estado -para que desde las escuelas podamos aportar al desarrollo de una salida cierta a los problemas de nuestros pibes- y las compañeras no están en la escuela.

Desde Ademys hacemos este llamado no sólo a los sindicatos con los que hemos convocado en unidad a la medida del miércoles, sino a los miles de docentes movilizados, a preparar un nuevo paro en el marco de continuidad de la lucha para la primera semana de agosto cuando ya estemos todos nuevamente en las escuelas y Elsa y Alejandra, no. 

Porque decimos BASTA al maltrato que como trabajadores recibimos por parte del gobierno al igual que las familias de la escuela pública, porque no queremos seguir trabajando con miedo, porque seguiremos defendiendo a la Escuela Pública,  es que decimos:

¡JUSTICIA POR AGUSTÍN!
¡RESTITUCIÓN DE LAS DOCENTES A SUS LUGARES DE TRABAJO, EL JIC 2!
¡POR POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DE NUESTRO NIÑOS!

Jorge Adaro de Ademys: "sacan del centro a un asesino y no dejan subir a escena al otro gran responsable que es el gobierno"

16.7.2015

Agustín Marrero, alumno de 5 años del Jardín de Infantes N°2 de Flores, fue asesinado por su padrastro. La maestra de su sala y la directora de la institución fueron separadas de sus cargos por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que las responsabiliza por no haber advertido sobre el caso. En la emisión del martes 14 de julio de Enredando las mañanas, conversamos con Jorge Adaro, secretario general del gremio Ademys, quien dio detalles de la situación, denunció el vaciamiento de políticas para la niñez por parte del Ejecutivo porteño, y explicó la medida de fuerza que distintos sindicatos de docentes llevaron adelante el miércoles 15. Por RNMA

“A principios de junio un niño que concurría a sala de 5 de este jardín es asesinado por su padrastro, y más allá de todo el dolor que significó para los compañeros, para las maestras y para el conjunto de la comunidad, días más tarde nos enteramos que el gobierno había tomado la decisión de sumariar y separar del cargo a la maestra de la salita del niño (Alejandra Bellini) y a la directora (Elsa Vincola). Nosotros entendemos que esto de responsabilizar a dos docentes de la muerte de un niño asesinado a golpes por su padrastro fuera del ámbito escolar es algo que realmente no nos deja de producir perplejidad”, expresó Jorge Adaro en diálogo con Enredando las mañanas.

El secretario general de Ademys afirmó que es una locura que se haya puesto en el centro a las maestras al señalar que este hecho sucedió porque ellas no advirtieron que esto iba a pasar: “sacan del centro a un asesino y no dejan subir a escena tampoco al otro gran responsable que es el gobierno que no tiene ningún tipo de política hacia la niñez, porque lo que significa para nosotros Agustín es que además está representando a un montón de situaciones que la niñez padece y que la docencia advierte cotidianamente en las escuelas; ahora, una cosa es advertir y otra es ser responsable de estos hechos. Realmente nos parece que habla de un desprecio de este gobierno a los trabajadores que no podemos salir de la sorpresa”, agregó.

Respecto a cómo debería manejarse el gobierno porteño ante un caso como éste, Adaro explicó: “si cree que debe iniciarse algún tipo de investigación eleva un expediente a la Junta de Disciplina, que es un organismo del Estado que lo que hace es decir si ante una presentación amerita o no la materialización de un sumario. En este caso, la Junta de Disciplina, compuesta por 9 miembros, hace un dictamen de mayoría firmado por 6 miembros donde le dice al gobierno que no hay elementos para iniciarle una investigación sumarial a estas dos docentes, hay un despacho de minoría de los 3 vocales que son puestos en esa junta por el gobierno que dice que sí, y el gobierno no toma el despacho de mayoría, se inclina por el minoritario e inicia este proceso, que es la investigación y la separación del cargo. Lo que nosotros planteamos es que si la Junta de Disciplina de manera mayoritaria dice que no hay sumario, esto tiene que tener algún otro ingrediente por parte del gobierno”.

“El gobierno dice que no siguieron el protocolo –continuó Adaro–, pero desmenucemos qué es el protocolo. Las maestras han hecho actas, materialmente se puede comprobar lo que hicieron durante el corto tiempo que este niño estuvo en la escuela, ya que asistió solo 28 días, venía de Villa Gesell; es un niño que no tenía historia en la escuela. Este es un elemento, porque lo primero que tenemos que hacer en una escuela es tomar contacto y vincularnos con la familia, este era un proceso incipiente que se iba a empezar a dar con un niño que acababa de entrar a la escuela y venía de la provincia de Buenos Aires; el gobierno dice que las maestras no llevaron el caso al equipo de orientación escolar, que es el lugar donde uno debe comunicarse cuando advierte alguna situación probable de abuso y violencia. El equipo de orientación escolar del barrio de Flores tiene solamente 4 profesionales para atender 30 escuelas primarias y jardines de inicial, es decir para atender la problemática de por lo menos 3.000, 4.000 chicos. Hace 8 años los equipos de orientación en la Ciudad de Buenos Aires tenían 350 profesionales, después de una política de vaciamiento por parte del gobierno esos equipos tienen hoy 130 profesionales; es decir que nos hacen responsables de no haber indicado una posible situación a un equipo que virtualmente caracterizamos de inexistente; entonces es acá donde nosotros ponemos también la lupa en la responsabilidad del gobierno, que no solamente no fortalece políticas hacia la niñez, sino que vacía a los organismos que deben encargarse de esto, por lo tanto no salimos del asombro de la medida que toma el gobierno responsabilizando a estas dos compañeras. El otro punto para que no nos digan que esto sigue siendo corporativo, la semana pasada hubo dos grandes movilizaciones de los padres de las familias de ese jardín, de la comunidad; más de 300 padres en la calle manifestando claramente el apoyo a las maestras y exigiendo que vuelva a estar esa maestra con sus hijos en la sala de 5, y esa directora al frente de este establecimiento, pero todo esto es desoído obviamente por el gobierno de la Ciudad”.

El integrante de Ademys señaló que esta es la situación que los llevó a plantear de manera conjunta, junto a otros sindicatos docentes de la Ciudad de Buenos Aires, el paro por 24 horas que llevaron adelante este miércoles 15 de julio; además de participar de una concentración frente al Jardín que congregó entre cuatro y cinco mil personas frente a la Escuela Provincia del Chaco, Avellaneda al 2500: “hemos logrado que los sindicatos más importantes de la docencia porteña nos hayamos puesto de acuerdo y vamos a una medida de 24 horas y a participar también de una concentración en Avenida Avellaneda y Artigas del barrio de Flores, que es donde se encuentra esta escuela”.

Respecto al paro, Adaro adelantaba que sería masivo, tal como finalmente ocurrió: “en realidad acá no para solamente la maestra inicial, sino que también lo hace el maestro de grado, el profesor de secundaria, el terciario, para toda la docencia porque entendemos además que más allá del caso puntual esto abre las puertas para sumariar a cualquier trabajador sin la necesidad de un elemento objetivo que disponga o demuestre que hay necesidad de hacer un sumario”.

15.7.2015

La Legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Secretaria General de la Mesa Nacional por la Igualdad, María Rachid, celebra el Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación, respecto del Proyecto de Ley contra la Discriminación presentado junto con los Diputados Nacionales Araceli Ferreyra, Adela Segarra, Juan Carlos Junio, Leo Grosso, Carlos Heller y Remo Carlotto.

La iniciativa de la Legisladora Rachid -una de las autoras de la norma sancionada el 9 de abril de 2015 en la Legislatura Porteña- es un Proyecto contra la Discriminación para todo el país que sostiene la plena vigencia del principio de igualdad, sanciona y repara actos discriminatorios, y promueve políticas públicas que garanticen “la igualdad de oportunidades y fomenten el respeto a la diversidad y a la dignidad inherente de cada ser humano”.

Expresó la Legisladora Rachid: “Celebramos el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías. Esta Ley es una herramienta fundamental que permitirá a las personas víctimas y a las organizaciones y organismos que defendemos sus derechos promover acciones contra la discriminación de una manera más simple y efectiva, e intensificar el trabajo en la implementación de políticas públicas para terminar con la discriminación y promover la igualdad de oportunidades”.

"Este dictamen es un paso importante en el camino hacia la sanción de esta Ley a nivel nacional, como ya lo logramos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora falta el Dictamen de la Comisión de Legislación Penal para que pueda ser tratado en el recinto. Confiamos en las/os Diputadas/os que tratarán con celeridad este Proyecto que nos permitirá seguir acercando la igualdad jurídica que conseguimos a la igualdad real que necesitamos todos y todas", enfatizó la Diputada Rachid.

13.7.2015 

Este miércoles 15 de julio invitamos a la jornada "A cinco años de la Ley de Matrimonio Igualitario: los desafíos que vienen", que se desarrollará a las 17 horas en el Salón Azul del Honorable Senado de la Nación, Hipólito Yrigoyen 1849, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El evento está organizado por la Senadora Nacional MC y Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación Elena Corregido, la Diputada Araceli Ferreyra y la Legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires María Rachid.

Celebraremos lo que conseguimos hace 5 años con una ley que nos da más igualdad real y abordaremos los desafíos que quedan por venir.

Habrá un panel integrado por Esteban Paulón (Presidente de la Federación Argentina LGBT), Claudia Castrosín (Vicepresidenta de la FALGBT y Coordinadora de La Fulana), Flavia Massenzio (Coordinadora de la Defensoría LGBT), Ricardo Cuccovillo (Diputado Nacional) y las organizadoras Araceli Ferreyra, Elena Corregido y María Rachid.

Actuarán Alejandro Vannelli, Paula Maffía y Murguerxs por la Diversidad, y habrá una muestra fotográfica de Fuentes Fernández Fotógrafos -quienes reflejaron el proceso hacia la Ley de Matrimonio Igualitario en su libro Rostros de un Triunfo- y Vero Cronopie -integrante de La Fulana, que también capturó las instantáneas de aquellos momentos de lucha y de celebración-.