Red de radios

21.8.2023

El Tercer Malón de la Paz arribó a Buenos Aires el 1° de agosto luego de recorrer medio país y desde ese día espera frente a Tribunales que la Corte atienda sus denuncias contra la violencia institucional que vive Jujuy tras la reforma de la Constitución provincial del gobernador Gerardo Morales.

“Exigimos que la Corte Suprema de Justicia se expida acerca de la inconstitucionalidad de la reforma impulsada por Gerardo Morales, lo que implicaría la intervención federal de la provincia y el cese de la represión ejercida contra las comunidades y el pueblo de Jujuy que persiste con detenciones, imputaciones y multas impagables contra los dirigentes de las comunidades indígenas”, dice Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya.
“Llevamos 20 días en Plaza Lavalle a la intemperie, esperando ser escuchados. En Jujuy no hay estado de derecho, no hay justicia. Están agotadas todas las instancias de reclamo y por eso estamos apelando a la Nación, llamando a la puerta de los tres poderes”, agrega el dirigente indígena.
“Hemos entendido cómo funciona todo esto”, se explaya Jerez, “es un nuevo régimen, un nuevo orden mundial que implica favorecer al poder económico concentrado y hay complicidad de los gobiernos y los poderes, donde lo que se discute son los intereses, en este caso los recursos naturales, por eso la reforma en Jujuy se ha hecho a la medida de estos grupos económicos, violentando todos los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, se han violentado los derechos de garantías establecidas en la Constitución. Es una reforma que va en contra de la Constitución Nacional. Vemos que en la provincia el gobernador Gerardo Morales termina siendo un instrumento de los poderes económicos y en Jujuy se ha experimentado un laboratorio con el objetivo de implementarlo a nivel nacional. Es importante saber que este no es un tema solo de Jujuy sino de todo el pueblo argentino y es necesario reaccionar frente a estos atropellos. Con esta reforma la provincia se aprovecha de los territorios de las comunidades, de las tierras fiscales, del agua y prohíbe al pueblo realizar sus reclamos. Esto representa la continuidad del genocidio de los pueblos originarios y reducirlos a una situación de esclavitud”, afirma Jerez.
El reclamo que el Tercer Malón expresa es de una gravedad y complejidad que no se puede abordar sino se analiza en el contexto de la lucha por los recursos naturales y la transición de los países industrializados hacia fuentes de energía alternativas, con el litio y el hidrógeno verde a la cabeza, que pone en problemas a los países no centrales, por lo general endeudados, con graves consecuencias para el medio ambiente, las comunidades y las personas que habitan los territorios de donde se extraen los recursos.
Gustavo Koenig, sociólogo, plantea con una claridad extrema esta problemática.
En este enlace desarrolla la cuestión de los recursos estratégicos, en particular el litio y algo que no se alcanza a vislumbrar pero está presente en la Reforma aprobada por el gobierno de Morales que es el peligro de la fragmentación del territorio nacional, pasando por encima de la Constitución Nacional.
En su análisis, Koenig plantea: “El neoliberalismo hoy pretende legislar a través de las constituciones provinciales y eso significa que si pasa esta reforma aberrante de la Constitución de la provincia de Jujuy quedaría de ejemplo para que otras provincias quieran también legislar a través de otras constituciones provinciales el saqueo de sus recursos naturales por parte de las grandes corporaciones”.
A la intemperie, ya que la policía de Rodríguez Larreta no les permite instalar un mínimo toldo de plástico bajo el que guarecerse, 200 miembros del Malón acampan en Plaza Lavalle, en el mismo lugar donde en 1991 los jubilados liderados por Norma Plá iniciaron su épica epopeya por el aumento de las pensiones confrontado con el gobierno menemista y su ministro de economía, Domingo Cavallo.
El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, denunció el «maltrato» del gobierno de la ciudad de Buenos Aires con los 200 indígenas del Tercer Malón de la Paz de Jujuy. «Es discriminación, racismo e intolerancia. Los indígenas están en vigilia en Plaza Lavalle y no solo no les dan carpas y baños químicos, sino que les quieren hacer pagar un seguro de millones de pesos», declaró esta semana.
Si hay algo que los miembros del Malón tienen muy claro es que lo suyo no es un reclamo sectorial de las comunidades indígenas, aunque ellos sean los voceros. Reafirman su identidad como parte del Estado argentino y remarcan que el problema de los recursos naturales es un problema de soberanía nacional que abarca a todos los habitantes de esta Nación. Pese a esto cuentan con muy poco apoyo de las fuerzas políticas.
En definitiva, lo que se dirime a través de estas situaciones de conflicto son los paradigmas y las contradicciones de nuestra civilización; se necesita seguir explotando los recursos naturales para mantener un estado de cosas que conduce a un colapso inevitable. Se necesita el litio para producir baterías para autos eléctricos que recorren las calles del mundo más desarrollado y privilegiado, dejando los territorios explotados arrasados y contaminados. Se necesita el petróleo para seguir produciendo y consumiendo desenfrenadamente.
“Creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobre-estimación de la tecnología y la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esta marcha, a través de una acción mancomunada internacional”.
Decía Juan Domingo Perón en 1972 en un documento que elaboró con motivo de la cumbre que se realizó ese año en Estocolmo, la primera a nivel mundial para trabajar sobre cuestiones medioambientales.
Cincuenta años después la cuestión se ha agravado al punto de poner en riesgo la supervivencia de la especie humana y del deterioro irreversible del ambiente.
A tomar conciencia de esto y buscar políticas que reviertan este estado de cosas es a lo que apuntan los pueblos originarios y las comunidades afectadas por la explotación de minerales, de monocultivos extensivos o cualquier otro tipo de extractivismo indiscriminado. Las resistencias conscientes del valor del ecosistema y del sinsentido del consumismo y productivismo imparable.

20.8.2023

POR RODRIGO LUGONES

El espacio de reflexión sobre literatura weird y ficción ulp “Ciudad Ausente” y la editorial Marciana han anunciado en sus cuentas de Instagram que están organizando el primer Festival de Literatura Extraña de Argentina: “Exhibición de atrocidades”.

El primer encuentro será el viernes 25 de agosto a las 18.30 horas en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, en donde Mariana Enríquez conversará con Juan Mattio (autor de Materiales para una pesadilla) sobre los temas asociados a la nueva literatura extraña.
Hasta el momento no hay más información, pero se esperan otros dos encuentros donde existan espacios de reflexión y análisis de diversos formatos que aborden las temáticas favoritas del último movimiento literario fundado por China Mieville y M. John Harrison a principios del milenio, que combina la fantasía, el terror y la ciencia ficción (entre otros) y, desde luego, sus ecos en la literatura argentina.
Actividad gratuita con cupo limitado. Las entradas se entregan media hora antes del comienzo del evento en la planta baja de la Biblioteca Nacional, Agüero 2502, CABA.

19.8.2023

El grupo MSA, empresa proveedora del sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) que contrató el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, consideró este sábado que el sistema utilizado en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del último domingo “no falló” y que cumplió con todas las responsabilidades asignadas, al tiempo que culpó por los inconvenientes en la jornada a “una falta de coordinación entre los distintos organismos electorales”.

“Es falsa la información respecto del mal funcionamiento de los equipos de votación y, producto de esto, el impedimento a ejercer su voto por parte de los ciudadanos de CABA. Se entregaron 14.306 máquinas. Todas las escuelas contaban con un back up del 25%. Solo 251 presentaron fallas menores y esperables en el uso de cualquier tipo de tecnología, de las cuales 166 se repararon en el momento y otras 85 tuvieron que ser reemplazadas”, explicó la empresa en un comunicado.
Según la compañía, esta cifra “representa menos del 2% del universo entregado” y explicó que “la normalización de la contingencia es algo previsto y demora tan solo cinco minutos”, con lo cual “los votos no fueron afectados por las contingencias temporales en las máquinas”.
El descargo de la empresa fue dado a conocer después de que el Gobierno porteño admitiera este viernes que habrá que “reconfigurar el sistema de votación” para las elecciones a jefe de Gobierno previstas para el 22 de octubre, después de los múltiples inconvenientes registrados en los comicios del domingo pasado, con lo que descartó prácticamente que vuelva a utilizarse la BUE.
Fuentes oficiales de la Ciudad de Buenos Aires señalaron que “trabajan en los cambios” y que “serán anunciados en los próximos días” tendientes a que las elecciones Generales del 22 de octubre sean realizadas solo con boletas en papel, aunque con dos urnas.
Es decir, mantener los comicios concurrentes, pero que no contemple la utilización de las máquinas electrónicas, sino que los porteños y las porteñas concurran a los establecimientos a votar con boletas papel tanto para las categorías nacionales como las locales.
La modificación surgió tras la postura expresada por la jueza federal electoral de esta capital María Servini, para quien implementar nuevamente los dispositivos de BUE en las generales de octubre sería “una burla a la ciudadanía” al “volverla a someter a condiciones denigrantes”.
En un comunicado, difundido en las últimas horas, el grupo MSA asevera que “cumplió con el 100% de las responsabilidades asignadas por el instituto contratante”, el Instituto de Gestión Electoral (IGE) porteño.
“Las máquinas se entregaron en tiempo y forma para su correspondiente logística y distribución. Por lo cual, la empresa no es responsable de horarios de entrega ni de la disposición en los recintos. Además, es importante resaltar que cuentan con suficiente autonomía para todo el proceso electoral, sin la necesidad de estar conectadas a corriente eléctrica”, aclararon.
También explicaron que la empresa disponía de 2.300 asistentes técnicos para los establecimientos de votación -una cada ocho mesas-, pero que “por orden expresa vía oficio comunicada por el IGE, el sábado por la noche se redujo a 1.100 -siendo sólo un técnico por establecimiento-, sin importar la cantidad de mesas”.
“Los técnicos no son responsables del funcionamiento de la mesa. Las demoras por la concurrencia de sistemas, la tardanza en conformar una mesa por falta de autoridades, las autoridades de mesa no capacitadas o que no respetaron el sistema dispuesto de voto en M, escapa completamente a la responsabilidad de la empresa”, indicaron.
Tras destacar que el sistema de BUE “es un sistema absolutamente maduro y probado”, la empresa consideró que fue “la falta de coordinación entre los distintos organismos electorales derivó en los principales cuestionamientos sucedidos en la jornada electoral: demoras al momento de votar y abordaje inmediato de determinadas contingencias perfectamente salvables”.
“La compañía coincide en que una buena administración del proceso de concurrencia -como ha sucedido en otros distritos-, o el desdoblamiento del proceso electoral, ratificaría el correcto funcionamiento de la BUE y evitaría los conflictos que potencialmente podrían ocasionarse entre los organismos”; concluyó.

18.8.2023

Un descomunal operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se montó este viernes al mediodía en la Comuna 8 de Villa Lugano, más precisamente en los barrios Padre Múgica e INTA, para cumplir una eventual orden de desalojo contra unas 120 familias sin vivienda que decidieron ocupar un complejo habitacional que, según testimonios de vecinas y vecinos del barrio, llevan una década en desuso.

Las familias dijeron que esas viviendas nunca fueron terminadas y, ante la difícil situación que viven, con ingresos que les impiden poder pagar un mínimo alquiler, decidieron ingresar a los edificios. Frente al amenazante operativo policial, le reclaman a Horacio Rodríguez Larreta Larreta que retire a las fuerzas pero que a su vez decida finalizar esas construcciones como parte de un plan de vivienda.
Según relevó la agencia Télam, muchas de las familias aseguraron ser “adjudicatarias de esos inmuebles y tener problemas para acceder a viviendas dignas.
El complejo de departamentos se ubica en las plateas 12 y 13, de la calle Zelarrayán al 6800. Sus unidades no tienen los servicios básicos de luz, gas y agua. Vecinos dijeron a diversos medios que las viviendas “son del Programa Sueños Compartidos, nunca se concluyeron por el Instituto de la Vivienda y (éstas) son personas que necesitan una vivienda”.
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 34 porteña, a cargo del fiscal Bellavigna, dispuso este viernes mantener una “custodia” del complejo. Hasta el momento no hay orden de desalojar, pero sí de impedir que nadie más ingrese, dejando de esa manera varias familias divididas ya que quienes están adentro no están dispuestos a salir.

18.8.2023

Aunque no hay orden de desalojo, la Policía avanzó contra familias humildes. Golpearon a mujeres embarazadas. Son 120 familias porteñas que habían ocupado edificios en un complejo habitacional abandonado hace más de diez años.

Un descomunal operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se montó este viernes al mediodía en la Comuna 8 de Villa Lugano, más precisamente en los barrios Padre Múgica e INTA, para desalojar a unas 120 familias sin vivienda que decidieron ocupar edificios de un complejo habitacional que están vacíos desde hace una década. El operativo represivo se llevó a cabo poco antes de las 16 h. Los efectivos policiales actuaron brutalmente, arrastrando gente por las escaleras. Atacaron a mujeres embarazadas, inclusive.
Las familias dijeron que esas viviendas nunca fueron terminadas y, ante la difícil situación que viven, con ingresos que les impiden poder pagar un mínimo alquiler, decidieron ingresar a los edificios. Le reclamaron a Horacio Rodríguez Larreta Larreta que retire a las fuerzas, pero que a su vez decida finalizar esas construcciones como parte de un plan de vivienda. Sin embargo, la respuesta fue la represión.
Según relevó la agencia Télam, muchas de las familias aseguraron ser “adjudicatarias de esos inmuebles y tener problemas para acceder a viviendas dignas”. El complejo de departamentos se ubica en las plateas 12 y 13, de la calle Zelarrayán al 6800. Sus unidades no tienen los servicios básicos de luz, gas y agua. Vecinos dijeron a diversos medios que las viviendas “son del Programa Sueños Compartidos, nunca se concluyeron por el Instituto de la Vivienda y (éstas) son personas que necesitan una vivienda”.
En la Argentina hay más de 3.500.000 de familias con problemas de vivienda. Esto se agudiza a por la inflación y las subas de alquileres. En los últimos 8 años, tanto bajo el gobierno de Cambiemos como bajo el del Frente de Todos, no han dado ninguna respuesta a esta problemática. O, para ser más precisos, su respuesta ha sido la represión. En el caso del Frente de Todos, esto se vio de manera patente en Guernica, en 2020, con la represión comandada por Berni, el ministro de Seguridad de Axel Kicillof.