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Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales emitieron un comunicado en el que denuncian la persistencia de impunidad por los asesinatos de Rossemary Chura Puña, Bernardo Salgueiro y Emiliano Canaviri Álvarez y la falta de respuesta a los problemas de vivienda que motivaron la ocupación del parque en diciembre de 2010.
Reproducimos el informe elaborado por el CELS
“El 3 de diciembre de 2010 centenares de familias con dificultades para acceder a una vivienda ocuparon el Parque Indoamericano. Cuatro días después, la jueza Cristina Nazar ordenó el desalojo del predio. Un operativo conjunto de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía Metropolitana (PM) reprimió con extrema violencia la toma y causó las muertes de Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro y graves heridas con balas de plomo a otras cinco personas. Durante los días del conflicto, también fue asesinado Emiliano Canaviri Álvarez. La ocupación del Parque visibilizó diversas problemáticas, entre ellas la vulnerabilidad de las familias que alquilan en las villas de la ciudad, la imposibilidad del acceso a un hábitat digno y la respuesta violenta del Estado ante estos conflictos sociales.
Hoy, cuatro años después, las situaciones más graves que se hicieron evidentes en la toma del Indoamericano persisten. Diferentes hechos, entre ellos la toma y el posterior desalojo del barrio Papa Francisco en 2014, también en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, muestran que no se transformaron las condiciones estructurales que impiden que miles de familias puedan acceder a un hábitat digno.
El accionar violento de las fuerzas de seguridad frente a este tipo de conflictos sociales también muestra continuidades. En el desalojo en 2014 de la toma del Papa Francisco, nuevamente un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad de la ciudad y de la Nación mostró altos niveles de violencia contra las familias.
La impunidad de la represión contrasta con la criminalización de referentes sociales a los que se intenta responsabilizar por los conflictos. En estos cuatro años, se pusieron constantes obstáculos para frenar la causa judicial en la que se investigan las responsabilidades penales del operativo policial que causó la muerte de dos personas en el Indoamericano. Aunque los jueces de la Cámara que revocó los procesamientos consideran que los homicidios fueron cometidos por policías, los efectivos de la PM y de la PFA que estuvieron imputados por las muertes y lesiones fueron sobreseídos con el argumento de que no es posible identificar responsabilidades individuales. A pesar de que la investigación judicial determinó que la PM fue responsable de los disparos que produjeron las muertes, ninguno de los efectivos que participó del violento operativo, ni siquiera los jefes, fue sancionado por haber incumplido obligaciones funcionales. Varios de ellos volvieron a participar en represiones de características similares como el desalojo de la Sala Alberdi y del Hospital Borda.
1. La restricción estructural del acceso a un hábitat urbano digno
Las investigaciones más recientes coinciden en que aproximadamente hay medio millón de ciudadanos en situación de déficit habitacional en la ciudad de Buenos Aires. En particular, la zona sur presenta los mayores índices de precariedad en la construcción y de falta de acceso al agua de red y cloacas. La comuna 8, que corresponde a Lugano, concentra la mayor cantidad de población por debajo del índice de pobreza, el ingreso promedio por habitante es 2,5 veces menor al de la comuna 2, correspondiente a Recoleta. Además, la comuna tiene el porcentaje más alto de hogares hacinados de todo el distrito. De acuerdo a los últimos datos censales, entre 2001 y 2010, la población de las villas en CABA se incrementó en un 50% sin que se registre una variación significativa de la población total de la ciudad.
La falta de regulación y gestión del mercado de suelo urbano impacta en los problemas de vivienda de la población y en la densificación y el hacinamiento de las villas de Buenos Aires. En este contexto, las políticas implementadas, entre ellas subsidiar los alquileres, reproducen y profundizan las desigualdades en el acceso al hábitat. Los subsidios a la demanda habitacional y la construcción de viviendas de baja calidad en las periferias son inadecuados e insuficientes para hacer frente a estos problemas y contribuyen a la configuración de zonas segregadas.
El gobierno porteño y el gobierno nacional no cumplieron con los compromisos que asumieron en el desenlace de la toma del Indoamericano. Por su parte, el gobierno de la ciudad subejecutó sistemáticamente las partidas presupuestarias destinadas a políticas de vivienda. Según información producida por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el gobierno de la ciudad redujo su presupuesto para vivienda entre 2011 y 2014 en un 19% a precios constantes y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) disminuyó su presupuesto para 2013 en un 22.4%, unos 300 millones de pesos menos que en 2012.
En febrero de este año y en la misma zona del Indoamericano, la ocupación de un predio lindante a la villa 20, que dio origen al Barrio Papa Francisco, reveló la persistencia y el agravamiento de la situación. Las doce hectáreas ocupadas estaban destinadas a la urbanización de la villa 20, de acuerdo a lo establecido por la ley 1.770, sancionada por la Legislatura en 2005. Tras seis meses, esta nueva ocupación fue desalojada el 23 de agosto en un procedimiento que implicó múltiples vulneraciones de derechos para las 700 familias que habitaban el predio y fue nuevamente abordada por el gobierno de la Ciudad, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de la Nación y las fuerzas de seguridad federales, con una mirada netamente punitiva.
La falta de respuesta adecuada ha seguido generando fuertes conflictos sociales que desembocan en situaciones de violencia y represión. Ante la necesidad de que se impulsen políticas de fondo a nivel nacional y en cada una de las provincias y municipios un grupo multisectorial nucleado en Habitar Argentina (espacio que el CELS integra junto a organizaciones y movimientos políticos y sociales, instituciones académicas y legisladores) propone una plataforma concreta de debate que permita orientar las políticas y esfuerzos estatales hacia soluciones estructurales.
2. Cuatro años de impunidad
Hasta el momento, las consecuencias gravísimas de la represión de las fuerzas de seguridad en el desalojo del Parque Indoamericano permanecen impunes. La investigación permitió probar que los efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Policía Metropolitana actuaron de manera coordinada. A pesar de ello, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dictó el sobreseimiento y falta de mérito a 41 policías que participaron en la represión del 7 de diciembre de 2010. La Cámara reconoció que las muertes de Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro sólo podían explicarse como resultado del accionar de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, los jueces dejaron de lado prueba relevante de la investigación y optaron por desresponsabilizar a los policías en lugar de permitir llevarlos a juicio por las muertes y graves heridas causadas por el uso abusivo y descontrolado de la fuerza letal.
La decisión de la Cámara de deslindar a las fuerzas de seguridad de la responsabilidad por las muertes y los heridos expresa la dificultad para juzgar hechos que involucran a integrantes de las instituciones de seguridad y es un mensaje negativo del Poder Judicial acerca de que la violación de las reglas de actuación policial y el uso abusivo de la fuerza están dentro de los márgenes de su propia discrecionalidad, pueden quedar sin control y permanecer impunes.
En agosto de 2014, el CELS recurrió los sobreseimientos ante la Sala I de la Cámara de Casación Penal integrada por los jueces Luis María Cabral, Juan Carlos Geminiani y Ana María Figueroa. A pesar del tiempo transcurrido, todavía no se fijó fecha para la audiencia en la que escucharán los argumentos de las partes.
Mientras se demora el avance de la causa y el juzgamiento de los responsables, una nueva estrategia de la defensa amenaza con sumar dificultades. En junio, el imputado Eugenio Burzaco pidió que la causa pase a la justicia federal y se aparte a la jueza que desde hace cuatro años tiene la instrucción a su cargo. El CELS solicitó acceder al pedido de la defensa de Burzaco pero le fue denegado sin ninguna justificación legal. El 27 de noviembre apeló esta decisión y espera que la Cámara Federal reordene el trámite judicial y se nos permita como querellantes acceder al expediente.
3. La justicia que avanza: criminalización de referentes sociales
En los cuatro años que transcurrieron desde la ocupación del Indoamericano, la justicia de la ciudad de Buenos Aires avanzó en la criminalización de Diosnel Pérez y Luciano Nardulli, quienes, junto a otros referentes sociales y políticos, participaron en el conflicto para habilitar canales de diálogo entre las autoridades del gobierno nacional y de la ciudad y los ocupantes del Parque, lo que ayudó a alcanzar una salida a la toma sin más muertos ni heridos. Tras dos sobreseimientos previos, el Ministerio Público Fiscal porteño insistió con su acusación y los llevó a juicio oral, lo que mostró su empecinamiento por criminalizarlos. En octubre pasado se demostró la falta de sustento de su criminalización y fueron absueltos.
En la imputación la fiscalía acusó a los referentes de haber organizado los hechos de los días 6 y 8 de diciembre de 2010. El fiscal Carlos Rolero sostuvo que hubo personas que actuaron “previamente organizadas” que llevaron adelante la toma a través de una “acción coordinada” y entendió que Nardulli y Pérez eran coautores de este hecho. La jueza Cristina Lara los absolvió porque no existió prueba de este acuerdo previo entre los imputados ni con los ocupantes del parque. Ninguna de las declaraciones testimoniales los vinculó, directa o indirectamente con las acusaciones del fiscal. Los testigos no reconocieron a los acusados y ni siquiera los ubicaron en el lugar de los hechos.
Los mismos problemas que señaló la jueza en la sentencia por el caso de la toma del Parque Indoamericano aparecen hoy en la investigación que se sigue por la toma del Barrio Papa Francisco. Desde el inicio de la toma el gobierno de la ciudad intentó instalar públicamente la idea de que el asentamiento se había transformado en un refugio de narcotraficantes. Paralelamente, el esfuerzo del fiscal Carlos Rolero se concentró en identificar a aquellas personas que, según sus consideraciones, habían organizado la toma. Incluso extendió la persecución penal a quienes de alguna manera habían colaborado con los ocupantes del predio con la donación de materiales de construcción o comida. El fiscal solicitó escuchas telefónicas y allanamientos dentro de la Villa 20. Además pidió la detención de once personas, algunas de ellas referentes sociales del barrio. La jueza López Iñiguez autorizó los allanamientos y escuchas pero solo aceptó detener a Marcelo Chancalay, ex presidente de la Junta Vecinal y con fuertes contactos políticos en la ciudad de Buenos Aires. El fiscal imputó a diferentes personas pero no logró acreditar que los acusados se conocieran con anterioridad a la toma. La jueza resumió como “desorientación procesal” las desprolijidades que caracterizaron la investigación del representante del MPF. Tampoco quedó constancia o prueba alguna de las bandas armadas que supuestamente repelieron el ingreso de la policía al barrio.
4. Los procesados de la Policía Metropolitana. El abordaje violento de los conflictos sociales
Las prácticas policiales violentas que caracterizaron el desalojo del Indoamericano y del Barrio Papa Francisco se repitieron en otras oportunidades y muestran el modo en que la Metropolitana interviene en los conflictos sociales.
El 12 de marzo de 2013 la PM disparó balas de plomo contra tres manifestantes durante la violenta represión a los ocupantes de la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín. Mario Fumaroni, Esteban Ruffa y Germán De Los Santos fueron heridos en las inmediaciones de la avenida Corrientes, en el centro porteño. La justicia identificó a Nelson Acosta, Miguel Ledesma y Gabriel Pereira de la Rosa como autores de los disparos. En agosto de 2014 procesó y dictó la prisión preventiva de los policías por tentativa de homicidio agravado, abuso de funciones e incumplimiento de deberes de funcionario público. Uno de los procesados, Gabriel Pereira de la Rosa, había participado en la represión del Indoamericano.
Pocos días después del desalojo de la Sala Alberdi, la PM volvió a reprimir. Esta vez desalojó a pacientes, trabajadores, legisladores, manifestantes y periodistas en el Hospital Borda. Varias personas fueron heridas por las balas de goma y los gases lacrimógenos arrojados por el grupo de choque de la PM. En octubre de 2014 el jefe de la PM, Horacio Giménez, fue procesado por estos hechos. Al igual que en la Sala Alberdi, efectivos de la Metropolitana que participaron de la represión del Indoamericano actuaron en el Borda.
5. Respuestas de fondo pendientes
Ante la persistencia de los problemas de fondo relacionados con el acceso a la vivienda que dieron origen a la toma del Indoamericano se requieren políticas estructurales. En estos cuatro años sólo hubo soluciones transitorias que no avanzaron en regular el mercado inmobiliario ni en intervenir sobre las condiciones en las que las personas que no cumplen con los requisitos del mercado formal de alquileres pueden acceder a una vivienda.
La profundidad y urgencia de este conjunto de problemáticas, no sólo en la ciudad de Buenos Aires sino en casi la totalidad de las provincias y los municipios del país, exige dejar de lado el abordaje violento de los conflictos sociales y avanzar en decisiones y políticas públicas que generen las condiciones necesarias para garantizar el acceso al hábitat digno de toda la población”.
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