26.8.2014

Julia Muriel Dominzain (COSECHA ROJA)

Cosecha Roja sigue la pista de la muerte de dos adolescentes en Villa 20, Lugano. Las versiones de la policía y los vecinos se contraponen. La policía asegura que fue un tiroteo y que los pibes dispararon. El dueño del auto robado dice que los puede reconocer ante la jueza. Los vecinos dicen que fue un anzuelo, que los pibes estaban desarmados y que fueron fusilados. La Procuraduría contra la Violencia Institucional investiga. “Puede ser una ejecución extralegal”, dijo el fiscal Abel Córdoba.

El 7 de agosto la policía disparó a cuatro jóvenes que iban en un auto. Dos murieron, uno quedó con una bala cerca del pulmón y otro está preso. El parte de la policía dice que habían robado el auto, que los persiguieron, que los jóvenes dispararon. El que denunció el robo primero dijo que no los podía ni describir y luego que sí: habrá una rueda de reconocimiento el lunes que viene en el Juzgado de Menores Nº2. Lo que investiga la Justicia es el robo y no los asesinatos. Por eso la Procuraduría de Violencia Institucional comenzó una investigación preliminar y pedirá que se abra una causa. “Hay elementos para pensar que es un caso más de ejecución extralegal de las fuerzas policiales”, dijo a Cosecha Roja Abel Córdoba, titular de Procuvin. Los vecinos, amigos y familiares dicen que pudo ser un anzuelo, y que los pibes estaban desarmados y fueron fusilados.

Los indicadores a los que se refiere Córdoba tienen que ver con el accionar de la policía después de la balacera: no se detuvo preventivamente a los agentes que dispararon, no se preservó la escena del crimen, no se recogieron todas las pruebas, no apartaron a la fuerza de la investigación, no recogieron testigos y obstruyeron la atención de salud de los heridos.

A 15 días de los asesinatos, el abogado del adolescente imputado pudo ver la causa que lleva la jueza Marta Halperín. A la familia de Brian -uno de los pibes muertos- la rechazaron como querellantes. Córdoba consideró que hay que abrir una nueva causa: “Acá hay otro objeto procesal que son dos muertos y un herido”, explicó. Ayer diez personas testimoniaron ante la Procuvin y hoy presentarán la denuncia en la justicia.

Reina, la mamá de Jonathan, esperó a los fiscales con galletitas anillitos rosa y mate. En su casa Córdoba tomó testimonio a los vecinos y recibió videos y pruebas. El contacto con la familia y las organizaciones del barrio se había hecho a través del programa de Acceso Comunitario a la Justicia (ATAJO). “Hay que estar en el lugar y detectar situaciones. Una persona declarando en una sede judicial está aislada de todo contexto. Si uno se acerca, confía un poco más”, dijo Córdoba.

La noche de la balacera decenas de vecinos salieron de sus casas para ver qué pasaba. Cuentan que los policías estaban de civil, que tiraron a matar, que los tiros iban en una sola dirección, que no hubo enfrentamiento, que uno de los oficiales sacó un arma plateada, que Jonathan quedó tirado solo en un pasillo, que a Brian lo dejaron desangrar adentro del auto y no permitieron que lo subieran a la ambulancia. Rosa -la hermana de Jonathan- y Omar -el papá de Brian- dedicaron el día a buscar testigos, visitar vecinos, caminar el barrio. Querían aprovechar que el fiscal estaba ahí. “¿Era tu hermano, Rosita? No sabía. Lo siento mucho”, le dijo una vecina cuando la vio pasar. “Yo salí como loca, con una ojota de cada color, a buscar a mi hijo de 15 que no sabía si estaba en el quilombo”, contó. Más tarde, cuando Rosa vaya a buscarla para preguntarle si puede testificar, alguien abrirá la cortina y dirá que no está. “No es solo la impunidad de la policía, también es la del barrio, la gente tiene mucho miedo”, dijo Rosa a Cosecha Roja.

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A Jonathan le decían el encantador de niños porque todos lo seguían. Tenía 17, nueve hermanos y diez sobrinos. Cuando estaba castigado los pibes se quedaban en la puerta de la casa haciéndole el aguante. “¿Cuándo sale el Yoni?”, le insistían a Reina, su mamá. Días antes de morir le había pedido a la familia que lo internaran para dejar la droga. Hacía un año que había empezado a consumir más. Ese jueves Reina volvió a las tres de la tarde. Había estado averiguando dónde internarlo. Subió al cuarto de Jonathan y charlaron sentados en la cama. A la noche él salió a comprar pollo y nunca volvió. Horas después ella recibió un llamado: del otro lado del tubo, le decían que podía arrancar los trámites para el tratamiento. “Es tarde, mi hijo está bajo tierra”, les respondió.

A Brian nadie le decía Brian. “Por siempre Papu” dice la pintada que hicieron los amigos sobre la Avenida Cruz. Tenía 19 años, había venido de Cochabamba a los 3 y era ansioso, caprichoso y burlón. “Te aparecía de atrás y te pellizcaba la oreja”, contó a Cosecha Roja Omar, el papá. Cursaba en una nocturna y hacía boxeo: entrenó primero en el club Yupanqui y después en Chicago. Fue al primero que balearon pero el último en llegar al hospital. Los amigos denuncian que lo abandonaron. Los vecinos cuentan que la policía no dejó que lo subieran a la ambulancia. Quedó en el auto. Miraba y temblaba. Agonizó casi doce horas. Murió en el hospital y se desangró hasta el entierro. “En el cajón había sangre”, dijo Omar.

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Rosa contó que los cuatro pibes se subieron al auto en Chilavert y Laraya y que creen que había tres más que se tiraron del auto cuando empezaron los tiros. Hicieron una cuadra y los empezó a perseguir y disparar la policía. Eran las 9 de la noche. En el volante iba Matías, que hoy está preso en un pabellón de menores de Marcos Paz. Al lado iba Brian, que quedó en el auto hasta que la policía desarmó la escena y arrastró el auto hasta la Avenida Cruz. Atrás, Jonathan y un joven de 17 que quedó imputado por el robo -fue herido y tiene una bala cerca del pulmón que no pudieron operar-.

Iban por la calle Pola cuando decidieron parar.“Si se va a terminar algo, que se termine acá, en la villa”, dijo a Cosecha Roja el único sobreviviente. El adolescente intentó escapar pero le pegaron dos tiros que entraron y salieron por la pierna y uno que quedó adentro del cuerpo. Matías, el conductor, bajó y se tiró al piso. Omar, el padre de Brian que había salido para avisarle a su hijo que el pollo con tuco estaba listo, dice que vio cuando un policía le puso la pierna encima a Matías y le apuntó a Jonathan. Tenía las manos en alto, pero igual le disparó. “Mi hermano tenía en la cara las marcas de las balas que lo rozaron. Por eso trató de escaparse”, contó la hermana. Entonces Jonathan se dio vuelta y corrió. El policía siguió disparando. El tiro le dio en el omóplato. Jonathan atravesó la cuadra entera de la calle De Los Sueños y cayó, herido, en un pasillo. Pasó un rato largo entre que los familiares escucharon los tiros y lo encontraron. Un amigo lo subió a un remis y Reina se metió. En el viaje le pidieron a Jonathan que aguantara. “No, papi, por favor”, le suplicó la mamá mirándolo a los ojos. Jonathan murió en el viaje.

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“Yo le dije que no se subiera”, dijo a Cosecha Roja un amigo de Jonathan que también dio testimonio ante Córdoba. La Surán, según Rosa, estaba hacía dos días estacionada enfrente de la Escuela técnica Ingeniero Delpini, en Chilavert al 5400. Dicen que los pibes “salieron a dar una vuelta villera”. “Para mí ese coche era un señuelo”, dijo Rosa.

A las 2 de la mañana, aunque los canales de televisión hablaban de “dos malvivientes fallecidos”, Brian (Papu) resistía. Murió al día siguiente. Sus papás vinieron de Bolivia en 1992 y unos años después se separaron. Ella trabaja de costurera. Él fue albañil y ahora es soldador: entra al trabajo a las 8 de la mañana y sale cuando puede. A veces Papu, que vivía en la habitación de abajo, lo esperaba para comer. A veces no y le hacía un té cuando llegaba. Sea como fuere, había una pregunta de rutina: “¿Qué me trajiste, Pá?”. Omar siempre caía con algo: chocolates, papas fritas, cualquier cosa. “Me revisaba el bolso ni bien llegaba”, contó. El cuarto de Brian salía 600 pesos: tenía una cama, un LCD, una compu, un calentador eléctrico y un roperito. Todo eso lo empeñó para enterrar al hijo.

El día de la balacera Omar había vuelto de trabajar a las 8. Papu andaba en la esquina, tenía puestas unas zapatillas azules casi nuevas, un pantalón deportivo y una camperita con capucha de la que Omar no se va a olvidar nunca porque después la policía la usó para tapar la herida de bala.

Cuando terminó de cocinar la cena, el papá salió a buscarlo y se encontró con Matías apuntado por la policía pero no lo vio. Ahí fue cuando escuchó los tiros y empezó a ver que todo el mundo salía de las casas. En medio de la confusión alguien le dijo que su hijo era ese, el que estaba adentro del auto. Papu tenía la mirada perdida y la cabeza floja, tirada para un costado.

Vio que llegaba una ambulancia y se ilusionó. La policía, dijo, no permitió que lo subieran a su hijo y arrastró la Surán con él adentro. Los vecinos tiraban ladrillos, palos, cascotes y Omar fue a la Comisaría 52 a preguntar a dónde habían trasladado a su hijo. Allí no estaba, le dijeron.

Tampoco estaba en la salita de Lugano I y II. Volvió a la comisaría. Lo tenían ahí. Lo trasladaron al Santojanni para operarlo. A la mañana siguiente le avisaron que murió. Lo reconoció en la morgue judicial por un tatuaje en el brazo.

26.8.2014

Juicio al gatillo fácil en Comodoro Py

“…Yo en esos momentos tenía el arma en la cintura, con la mano apoyada en la pistolera, en algún momento la saqué, luego la tomo, empezó el forcejeo, en un momento se me cae la pistola, cae al piso, yo estaba de costado forcejeando. Este sujeto se agacha para tomar el arma, yo intento acercarme al arma para que no la tome. No recuerdo bien si logró tomarla, no recuerdo si nos levantamos los dos con el arma en la mano, pero sí que había un forcejeo, cuando me repongo siento un “chasquido” y ahí se quedó todo. No sé si cuando se cayó el arma al piso se montó, no lo sé, sinceramente no sé lo que pudo haber pasado. (…) Recuerdo cuando el arma se cayó al piso, lo que intenté es recuperarla, porque esta persona se abalanzó sobre el arma, realmente tuve mucho miedo, luego pasó lo que le comenté”.

El cabo de la policía federal Martín Alexis Naredo, de la comisaría 8ª, justificó así, ante el juez de instrucción, el fusilamiento de Jon Camafreitas, de 18 años de edad.

El 21 de enero de 2012, a la 1:30 de la madrugada, el cabo Naredo y el oficial ayudante Juan Carlos Moreyra llegaron con el móvil 108 a la Av. Independencia y Sánchez de Loria. Habían escuchado en la radio policial que en la zona había algún disturbio. Los policías vieron a dos chicos, Jon y un pibe de 14, que doblaban por Sánchez de Loria hacia México. Iban a su casa, a una cuadra y media de allí. El patrullero dobló de contramano. “Alto, policía”, gritaron. Los muchachos se frenaron, pegaron la vuelta y salieron corriendo hacia Independencia.

Moreyra alcanzó enseguida al pibito de 14 y lo redujo. Naredo arrinconó a Jon frente al local de Independencia 3275. Naturalmente, venía arma en mano, sin seguro, amartillada y con bala en recámara. Jon se agachó y bajó la cabeza en un inútil intento de protegerse. Cuando sonó el tiro, la boca de la pistola 9 mm estaba apoyada sobre su cabeza. La bala entró por la nuca.

A pesar de eso, el juez de instrucción concluyó que no había mérito para procesar al policía, que quedó en libertad. La organización y la lucha de la familia de Jon, con su mamá Delia, su tía Gladys y su prima Alejandra (ambas, además, madre y hermana de Marcelo Sepúlveda, asesinado un mes antes por la bonaerense en Benavídez) frenó la inminente impunidad.

Los restos de pólvora en la gorrita que llevaba puesta Jon, la trayectoria de arriba hacia abajo del disparo, y la bala incrustada en la parte inferior de la persiana metálica del local alcanzaron y sobraron para que el policía fuera procesado por homicidio simple, aunque no fue bastante el fusilamiento a boca de jarro para que el fiscal y el juez se animaran al homicidio calificado, como lo hacemos desde la querella en la que interviene CORREPI.

Mañana 26 de agosto, a las 10:00, va a empezar el juicio oral contra el policía Naredo, que sigue libre a pesar de la gravedad del delito y de la pena que enfrenta. A partir de ese día, y hasta el 4 de septiembre, los jueces del Tribunal Oral nº 23, con sede en Comodoro Py 2002, escucharán a los testigos y a los peritos, y después de los alegatos tendrán que dictar sentencia.

Veremos entonces si se animan ellos a llamar las cosas por su nombre, y lo condenan a prisión perpetua como reclamaremos, o si, como suelen hacer, echan mano de retorcidas y absurdas tesis para no decirle asesino al asesino, pero, sobre todo, para no reconocer que el que empuñaba la 9 milímetros esa madrugada en Balvanera, era el estado argentino. 

24.8.2014

En el día de hoy, domingo 24 de agosto, el legislador de la Ciudad del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Marcelo Ramal, se acercó al campamento montado en Escala y Cruz, por numerosas familias que reclaman una vivienda, luego del brutal desalojo del día de ayer. 

Desde allí, Ramal señaló: “Queremos denunciar que las familias que están acampando frente al barrio arrasado, y que demanda por una respuesta definitiva a su reclamo por vivienda, están soportando un cerco completo por parte de la policía Metropolitana. No se permite el ingreso de personas, medios de comunicación, ni nadie que pretenda asistir a las familias con alimentos medicamentos u otro tipo de recursos”. 

“Esto se agrava por el hecho que, como hemos podido comprobar y documentar, muchas de estas personas incluyendo mujeres y hasta niños están severamente golpeados a raíz de la brutal represión del día de ayer. Los testimonios recogidos dan cuenta de la forma verdaderamente salvaje con lo cual actuó la gendarmería de Segio Berni y la policía Metropolitana de Mauricio Macri”. 

“Desde este lugar reclamamos asistencia integral a todas las familias afectadas por el desalojo y naturalmente una respuesta definitiva de vivienda a todas las familias empadronadas y censadas. La respuesta pasa por la urbanización integral de la Villa 20, un reclamo largamente postergado y desconocido por todos los que gobernaron la Ciudad en  las últimas dos décadas‎”.

24.8.2014

Los diputados Ferreyra, José Campagnoli, María Rachid, Paula Penacca, Andrés Larroque, Horacio Pietragalla (todos del FPV) y Marcelo Ramal (PO) se encontraban reclamando por la libertad de un detenido, al que ya habían torturado. Ante las protestas de los legisladores, la Policía del alcalde Mauricio Macri golpeó a Campagnoli, quien se desploma. Ferreyra intenta levantarlo y recibe cuatro disparos de goma en el abdomen y la ingle. A esa altura, la Gendarmería había abandonado el predio, liberando la zona. Participaron más de mil efectivos de las tres fuerzas.

Para entender el fenómeno, hay que remontarse a la construcción que hicieron los medios de comunicación durante la semana. Desde las declaraciones del secretario de Seguridad Berni contra los inmigrantes hasta el recorte de testimonios realizados en el barrio a propósito del asesinato de una nena. De allí hay un paso hasta la decisión judicial de desalojo y la participación de las tres policías.

Desde las 7 am, las fuerzas reprimieron con dureza a medio millar de familias para retirarlos del predio. Las mismas se replegaron hacia la avenida Cruz. La Gendarmería se retiró del lugar pero la Metropolitana comenzó a detener y torturar a seis jóvenes desalojados. Los diputados protestaron y también fueron reprimidos. Allí fue cuando fusilaron a Ferreyra, quien afortunadamente se encuentra fuera de riesgo.

El diputado porteño por Nuevo Encuentro, José Campagnoli, criticó la decisión de la Justicia que llevó adelante la Gendarmería y la Metropolitana.

"También nos preocupa que se instale socialmente un discurso que asocie la comisión de un delito como el terrible y doloroso asesinato de Melina, con las más de 500 familias que ocupaban el Barrio Francisco. Las voces que alientan ese discurso lo que hacen es estigmatizar la pobreza y empujar a una parte importante de la sociedad a una concepción discriminatoria y autoritaria, a contramano del espíritu democrático que fuimos construyendo a lo largo de esta década en la Argentina", aseguró el diputado porteño kirchnerista José Campagnoli, con motivo del desalojo del asentamiento Papa Francisco.

Además, el dirigente sabbatellista agregó: "En la Ciudad que gobierna Macri hay 200 mil personas viviendo en villas. La solución para esta problemática no es el desalojo sino la urbanización".

"En 2005 fue sancionada la ley 1770, que dispone la urbanización de la villa 20 de Villa Lugano y que pronto cumplirá una década de incumplimiento. Transcurrido ese tiempo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no hizo absolutamente nada para cumplir esta norma, que integra el puñado de leyes habitacionales desatendidas por el PRO. La única política de Macri en materia de vivienda lamentablemente es el desalojo", expresó.

23.8.2014

Frente al desalojo del predio Lugano llevado a cabo esta madrugada por la Policía Metropolitana y Gendarmería Nacional, la diputada y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura Porteña, María Rachid,  expresó: "‎El Gobierno de la Ciudad nunca tiene soluciones para la gente, el desalojo no puede ser la respuesta ante la falta de vivienda de cientos de familias que estaban en este predio”, aseguró, "el uso de la fuerza y la represión es la respuesta que dan siempre ante las necesidades y los reclamos".

Durante el operativo, llamó la atención el fuerte cepo mediático. La Metropolitana no dejaba pasar a la prensa, pero al ir los legisladores a tratar de expresarse donde estaban los móviles, lejos del predio, los periodistas  decían tener orden de no levantar las declaraciones de los “políticos” presentes.
María Rachid que desde temprano estuvo en el lugar acompañando a las familias del predio junto a sus pares Paula Penacca, José Campagnoli y Pablo Ferreyra, agregó que “es terriblemente cruel y absolutamente irresponsable que relacionen el crimen de Melina con las 500 familias que vivían en este predio. Hay una tendencia discriminatoria de relacionar migración o pobreza con delincuencia, que está generand‎o mucha violencia. Y el Secretario Berni tiene una gran responsabilidad en ese sentido. Señalar a los legisladores que hemos tratado de evitar desenlaces violentos como éstos, y a todas estas familias que estaban en el predio, como responsables de la inseguridad, solo puede ser producto de una profunda ignorancia o una comprometida ambición electoral que lo hace decir cualquier barbaridad que mida bien en las encuestas. También señala a los diputados nacionales cuando el hecho de inseguridad es en otra parte de la Ciudad. Aún cuando es de la misma fuerza con mayoría en el Congreso".‎
“Mientras desalojan a estas 500 familias -continuó- otros juegan al golf, justo en frente, en 40 hectáreas que son de la Ciudad de Buenos Aires. Un gran predio en la zona con mayor necesidad de vacantes escolares, centros de salud y viviendas que el PRO quiere donar por 20 años a un Club de Golf."
"Estas familias, que hemos acompañado desde el primer momento en busca de una solución habitacional que el gobierno de Macri siempre se negó  dar, en todo este tiempo proponían el saneamiento del terreno para construir sus viviendas según lo dicta la ley 1.770 desde hace casi diez años. Reclamaban seguridad, organizaban marchas a la Comisaría para que no liberen la zona, y ahora las acusan de delincuentes. ¿Será que no hay seguridad para los pobres?”, se preguntó la diputada.
Por su parte, el diputado Pablo Ferreyra aseguró que "Sergio Berni nos culpa insólitamente a los Legisladores que rechazamos el desalojo de la lamentable muerte de Melina López. ¿Qué tendremos que decir de su política de seguridad que libera la zona para que sucedan estas cosas, y luego culpar a nuestros pibes de la inseguridad del barrio? El desalojo del barrio Papa Francisco donde intervinieron todas las fuerzas de seguridad es la clara muestra de que la criminalización de la pobreza es el eje de su política. ¿Dónde va a dormir las familias desalojadas esta noche?", expresó.‎
Por último, Ferreyra dijo que "la represión a la protesta, los desalojos, y el accionar de la policía en los barrios impulsada por Sergio Berni significan un retroceso de la política de no represión y de avance en los derechos humanos  iniciada en 2003 por el gobierno nacional".‎