Red de radios

26.5.2014

Facundo Di Filippo, ex legislador e integrante del Colectivo por la Igualdad en el Partido Social, denunció penalmente a Edgardo Cenzón, Ministro de Ambiente y Espacio Público, y al Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri por empezar a implementar los contratos de recolección de residuos sin cumplir con todos los pasos legales.

 

El Decreto Nº 162/2013 aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares, y de Especificaciones Técnicas para la Licitación Pública Nacional e Internacional para la contratación del Servicio Público de Higiene Urbana-Fracción Húmedos). La Resolución N° 1262/13 del Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó la Licitación Pública y adjudicó las distintas zonas a las siguientes empresas: La Zona 1 a AESA, ASEO y ECOLOGIA S.A. por un monto de $ 5.016.631.750,01. La Zona 2 a CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. por un monto de $ 5.292.673.250,40. La Zona 3 a INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA S.A.I.C. y F. por un monto de $5.882.612.299,86. La Zona 4 a ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – U.T.E. por un monto de $ 3.413.901.000. La Zona 6 a ASHIRA S.A. – MARTIN Y MARTIN S.A. U.T.E. por un monto de $4.078.654.000. La Zona 7 a TRANSPORTES OLIVOS S.A.C.I. y F. – URBASER ARGENTINA SA- U.T.E. por un monto de $ 4.484.266.000. El monto total es de $ 28.168.738.300,27 transformando esta es la licitación en la de mayor envergadura de la Ciudad.

 

El Poder Ejecutivo en cumplimiento de lo que establece el Artículo 104 inciso 23 de la Constitución de Buenos Aires que expresa que “(…) Toda concesión o permiso por un plazo mayor de cinco años debe tener el acuerdo de la Legislatura. (…)” debió remitir a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la Licitación Pública y los contratos firmados en su consecuencia por las empresas adjudicatarias para que esta preste acuerdo. Esto a fin de que la Legislatura controle que los términos de la licitación y los contratos respeten los mandatos de la ley de basura cero y que los costos que pagará la Ciudad sean los adecuados.

 

Estos funcionarios ya fueron anoticiados que la justicia expresó en un expediente judicial iniciado por una acción de amparo presentada por Di Filippo y el actual legislador Pablo Bergel, del Bloque Verde Alameda, patrocinada por el abogado Jonatan Baldiviezo, que la licitación y los contratos deben remitirse a la Legislatura en forma previa a su vigencia.

 

En la sentencia se expresó: “El solo hecho de que el Legislador ha dispuesto que corresponde su acuerdo respecto del contrato implica una actividad previa del Ejecutivo cuyo resultado –el contrato- es el que debe someterse al acuerdo y no las etapas previas propias del procedimiento de licitación, las cuales como ha sucedido en el presente caso, tienen una instancia de participación ciudadana a través de audiencias públicas”

 

También expresa en la sentencia que “está claro que al ser contratos en esta materia superiores a ochos años, por virtud del dispositivo constitucional antes referido, corresponde únicamente el acuerdo legislativo con relación al contrato (…)".

 

Hasta el día de la fecha los funcionarios denunciados no remitieron la licitación pública ni los contratos firmados con las empresas a la Legislatura y empezaron a ejecutarlos sin el debido acuerdo legislativo.

 

Al respecto Facundo Di Filippo expresó: "La licitación de basura ha llevado consigo graves acusaciones de precios desorbitantes para las empresas, el no cumplimiento de la ley de basura cero y serias discriminaciones hacia los habitantes de las villas de la Ciudad. Estos son los temas que el macrismo no quiere que sean democráticamente discutidos en la Legislatura.  Ha puesto en marcha los contratos sin la autorización previa del Poder Legislativo tal como establece la Constitución, es decir, incumpliendo con los deberes de funcionarios públicos".

26.5.2014 

Ante la ausencia de políticas habitacionales, el gobierno porteño apuesta a la especulación entregando títulos de propiedad en las villas. Mediante esta iniciativa, evade su obligación de urbanizarlas. La entrega de tierras públicas carentes de infraestructura no soluciona los problemas de indigencia y hacinamiento, al mismo tiempo que agrava sensiblemente la situación de los miles de inquilinos en las villas.

 

Apoyándonos en nuestro documento “Vivienda, especulación inmobiliaria y desigualdad en la ciudad de Buenos Aires” de agosto de 2012, Plataforma considera imprescindible alertar al Ejecutivo y a la Legislatura porteñas sobre la necesidad de cumplir de una vez por todas con el mandato constitucional de acceso a una vivienda digna, implementando políticas activas y participativas en las villas.  

En materia de vivienda, la ciudad de Buenos Aires presenta un cuadro paradójico: por un lado, la progresiva especulación inmobiliaria que arroja una cifra alarmante de departamentos nuevos vacíos (26,7% según el censo 2010); por el otro, un estado de gravísima emergencia habitacional que incrementa visiblemente la fractura social y contribuye a formar una ciudad de enclaves contraria a la tradición histórica de integración que durante mucho tiempo caracterizó a Buenos Aires. Frente a esta situación, que viene de arrastre, el gobierno del Pro ha tomado medidas espasmódicas que no han hecho más que contribuir a agravar un cuadro que, visto en perspectiva, es una bomba de tiempo: su primer estampido de notoriedad fueron los sucesos del Parque Indoamericano en diciembre de 2010 con un saldo de tres muertes y la criminalización de quienes, compelidos a tener un techo, ocuparon el Parque como medida de último recurso. Aun así el gobierno de la Ciudad no tomó ninguna medida estructural para paliar la situación. Por el contrario, las promesas de entonces, como el Plan Primera Casa, quedaron en aguas de borrajas.

En la actualidad, cerca del 10 por ciento de la población de la Ciudad vive en estado de hacinamiento y precariedad. Entre los años 2001 y 2010, la población de las villas creció un 52,3 por ciento y sigue aumentando en densidad. En varias villas porteñas la construcción en altura constituye un riesgo para la vida y la salud de sus pobladores; al mismo tiempo, el conflicto entre “propietarios” e “inquilinos” revela la misma especulación con la falta de vivienda que se observa en el mercado formal de alquileres. Si bien esta situación también es de larga data, las políticas nacionales de la última década relacionadas con el extractivismo (entre otras, la ampliación de la frontera agrícola, los desmontes, la contaminación de los ríos, la escasez de agua en función de las necesidades de la minería y la destrucción de las economías regionales con la consecuente merma de trabajo) terminaron por expulsar a una gran cantidad de ciudadanos en busca de trabajo en la Capital.

Ante reiterados conflictos sociales y reclamos judiciales, la reacción visible del ejecutivo porteño se redujo a estigmatizar la protesta y tomar medidas cosméticas. Durante toda la gestión del intendente Macri se otorgaron créditos equivalentes a seiscientas viviendas. En materia de vivienda, el Estado porteño es un Estado ausente. Ha desatendido todos los fallos que ordenaban urbanizar las villas al tiempo que oculta su inacción a través de una publicidad engañosa e intensas campañas de marketing político que proclaman las bondades de la construcción indiscriminada como fuente de trabajo y crecimiento. Emblema de la retracción del Estado es la intención de otorgar escrituras de posesión en las villas, hecho que implica desentenderse de sanear la infraestructura de servicios y oculta un ambicioso proyecto de especulación con tierras públicas a favor del negocio privado. Esta mercantilización de los problemas habitacionales del sector más neurálgico de la ciudadanía se da el lujo de ignorar el impacto que tendrá sobre los miles de inquilinos y el potencial consecuente de conflicto que la medida puede generar.

Ante un contexto de tensión creciente que, por su complejidad, no suele encontrar demasiado eco en la opinión pública; ante la próxima sanción de una ley cuyas consecuencias son imprevisibles, Plataforma 2012 reitera su preocupación ante el modelo privatizador del PRO que se refleja en un crecimiento exponencial de habitantes en las villas y asentamientos como contraparte crecimiento avasallador de metros cuadrados construidos durante los últimos años y liberados a la especulación inmobiliaria.

 El 5 de diciembre de 2013 la Legislatura porteña aprobó en primera lectura lo que antes se llamaba el “Plan Maestro para la Comuna 8” y ahora lleva el título de “Promoción de las Actividades de la Producción e Industria Deportiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Por la complejidad del problema de vivienda en general y de las villas en particular, desde Plataforma 2012 pretendemos echar luz sobre el entramado de políticas que dan origen a esta ley y cuáles son sus verdaderas intenciones.

 

I.El presupuesto destinado a vivienda y la superposición de organismos que lo manejan

 

Cerca de medio millón de personas viviendo en la precariedad dentro la ciudad de Buenos Aires conforma un caso testigo de la crisis habitacional. Según el censo nacional del año 2010, las villas porteñas pasaron de tener una población de 107.422 habitantes en 2001, a 163.587 en 2010. La Ciudad Autónoma, de 2.776.138 habitantes a 2.891.082 por el mismo período. El crecimiento poblacional de las villas creció 53% mientras la ciudad creció 12 veces menos, solo el 4,5%. Este año, el gobierno porteño informó que 275 mil personas viven en villas miseria, es decir, un 10 por ciento de la población total, que seguiría creciendo día a día.

 En relación con el presupuesto general de la ciudad, las partidas destinadas a vivienda son las que más se redujeron en los últimos años. Mientras que en 2006 la inversión en el área representaba un 5,3% del presupuesto total, en el que fue aprobado para el año 2014 descendió al 2,5%. Respecto a las villas en el año 2006 la asignación presupuestaria para la cuestión villera era el 2,5% del total del presupuesto. En el año 2013 fue sólo del 0.8 %, arrojando el siguiente cuadro:

Del presupuesto total

 

	asignado a viviendas	asignado a villas
2006	5,3%	2,5%
2013	2,5%	0,8%

Además de eso, la sub-ejecución presupuestaria ha sido una constante en el área vivienda. En el año 2010 fue alrededor del 50%, en el año 2011 del 60% y del 2012 del 80%. La prioridad presupuestaria que por la Constitución de la Ciudad debe tener la protección del derecho a la vivienda y que por la ley N° 148 tienen las villas claramente no se cumple a la luz de los ejercicios presupuestarios de los últimos años.

En materia de gestión específica, la ciudad fue creando, desarticulando e inventando una serie de organismos cuyas funciones se superponen y a veces se anulan unas a otras. Hoy por hoy, las competencias de las entidades que deberían ocuparse de la emergencia habitacional son confusas y discrecionales. Las competencias del Instituto de la Vivienda, antes a cargo de la política habitacional en la ciudad, fueron fragmentadas en varios organismos. Por ejemplo, el caso de la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), y la Corporación Buenos Aires SUR (CBAS). Como si esto fuera poco, en diciembre de 2011 el Ejecutivo creó un tercer organismo, la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social (SECHI) a quién se le encargó la función de coordinar las acciones de las diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para una intervención integral en las villas y barrios vulnerables. Con un presupuesto irrisorio de 7 millones de pesos el flamante organismo solo pudo dedicarse a desarrollar programas culturales, deportivos y talleres de concientización.

El hecho de que no exista un organismo y un sistema que centralice y planifique las políticas de vivienda en la ciudad es la prueba del lugar que el tema ocupa en la preocupación del partido gobernante. La ausencia de políticas estructurales en materia de vivienda, la disminución y sub-ejecución del presupuesto, y la parálisis de los diversos programas se combina con la proliferación de desalojos en espacios privados y públicos. La situación constituye un polvorín cuyo estallido podría ser inminente. La inercia municipal llegó a tal extremo que, para un caso puntual, la Corte Suprema de la Nación tuvo que “ordenarle” al Ejecutivo porteño que garantizara “el acceso a una vivienda digna y a asistencia social y sanitaria para una madre y su hijo menor, aquejado por una grave discapacidad” en un memorable fallo del 24 de abril de 2 012. Durante aquella audiencia el mismo GCBA tuvo que admitir que existen más de dos mil casos de personas en situación de calle judicializados por falta de respuesta estatal.

 

II. Las políticas del Pro respecto de las villas

 

La urbanización de villas o asentamientos, tal como se establece en la Constitución de la ciudad autónoma, nunca fue un objetivo prioritario para el gobierno de Mauricio Macri. El Pro asumió el gobierno considerando que a las villas había que “erradicarlas”; su objetivo principal era liberar las valiosas tierras de la Villa 31-31bis a la especulación inmobiliaria. Luego de seis meses de gestión entendió que la erradicación era prácticamente imposible en función de derechos conquistados y reconocidos en numerosas leyes. Entonces evaluó convocar a un plebiscito para que los habitantes de la Ciudad decidieran el destino de las villas(1). El plebiscito nunca se realizó.

Una vez que desmanteló el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, Mauricio Macri delegó la urbanización de las villas a la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS) y a la Corporación Buenos Aires Sur. En vez de tomar medidas estructurales, ambos organismos se dedicaron a mantener una exigua infraestructura de servicios que se reducía a atender emergencias y, de tanto en tanto, a realizar alguna obra nueva a través de cooperativas, empresas de punteros y empresarios amigos. Nunca se respetó la participación de los habitantes de las villas ni de sus órganos de representación. Tampoco se elaboraron los planes de urbanización previstos por numerosas leyes (ley Nº 148, ley Nº 403 Villa 1-11-14-, ley Nº 1333 Barrio Ramón Carrillo, ley Nº 1770 Villa 20, ley Nº 1868 Villa 21-24). Sin tener planes concretos e integrales de urbani zación, el Pro no dejó de manifestar que avanzaba en la urbanización cuando en realidad solo hacía obras de emergencia en pequeños pasos. Las obras realizadas, siempre insuficientes y deficitarias, fueron cuestionadas por hechos de corrupción y ausencia de control que hacían que el GCBA pagara por obras que no se realizaban. Uno de los primeros casos fue el descubierto por asesores del ex Presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, Facundo Di Filippo (legislador de la Ciudad con mandato cumplido) cuando en las oficinas de la UGIS detectaron que las cooperativas no habían finalizado la instalación de luz eléctrica en la villa 1-11-14 habiendo ya informado la finalización de las obras. Cuando desde las villas fue creciendo el reclamo de mayor transparencia en las contrataciones, el gobierno volvió a cambiar de rumbo.

El 3 de diciembre de 2010, Enzo Pagani y Cristian Ritondo presentaron en la Comisión de Diputados de Planeamiento Urbano de la Legislatura de la Ciudad un proyecto que tenía por objeto modificar el Código de Planeamiento Urbano y la Ordenanza No 44.873. Esta Ordenanza del año 1991 crea los distritos U31 (los distritos villeros) y dispone una zonificación y trazado urbano específico para las villas de la Ciudad que existían en dicha época. Entre sus modificaciones, el proyecto de Ritondo y Pagani proponía la derogación de la obligación del Poder Ejecutivo de presentar los planes de urbanización para su aprobación en la Legislatura de la Ciudad para cada una de las villas de la Ciudad como condición previa para avanzar con la escrituración de las tierras.

Varios bloques de la oposición y habitantes de villas y asentamientos se opusieron al proyecto, principalmente porque no acordaban con la intención de otorgar escrituras sin la provisión de servicios y liberar a a las villas a la especulación del mercado inmobiliario. Otro gran factor de preocupación de quienes se oponían a la reforma era la situación de los inquilinos. Téngase en cuenta de que en las villas, cada “propietario” subalquila cuartos a varias familias de inquilinos, a quienes la reforma dejaba prácticamente en situación de desamparo. Durante los días previos a la presentación de este proyecto en la Legislatura de la Ciudad y de su tratamiento en las Comisiones, el GCBA había anunciado en medios periodísticos su propósito de otorgar escrituras en las villas de la Ciudad, dando por sentado que sería aprobado. En el interior de las villas los anuncios provocaron mucho malestar e incertidumbre. Hasta ese momento la solución pensada para las villas era, primero, la integración urbana del barrio y, luego, escriturar individualmente garantizando el derecho a una vivienda tanto a los “propietarios” como a los “inquilinos”. Con el proyecto en cuestión, los inquilinos quedaban absolutamente desprotegidos, ya que únicamente iban a escriturar a los “propietarios” (2). Estos anuncios destruyeron las aspiraciones de los inquilinos quienes advirtieron que de acuerdo a esta nueva política sólo tendrían una solución habitacional definitiva aquellos que fueran propietarios, lo cual implicaba en aquellas circunstancias la toma de nuevas tierras o la protesta intensa para ser escuchados. Esta fue una de las causas por la cual la gran mayoría de las miles de personas que ocuparon el Parque Indoamericano fu eran inquilinos de las villas cercanas al predio que por protesta y oportunidad se sumaron a la ocupación.

El proyecto fue finalmente retirado del temario por la Presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura.

Ante ese fracaso, el Pro decidió iniciar una campaña de concientización y le encomendó a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. que se encargara de organizar reuniones en las villas para informar de las bondades de la entrega de títulos de propiedad y las posibilidades de avanzar con el parcelamiento de los predios donde se encuentran asentadas las villas. Con la creación de la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social (SECHI) se adoptó un nuevo discurso (el de la “integración urbana e inclusión para las villas”) y se hicieron obras cosméticas adecuadas al discurso como ser plazas, instalación de portales, eventos deportivos, culturales, elección de los nombres de las calles, etc.

Otro obstáculo con el que se encontró el Gobierno de la Ciudad a la hora de entregar títulos de propiedad fue la necesidad previa de parcelar los inmuebles y adecuar la infraestructura de las casas para que se pueda escriturar. Debido a la forma en que se construyeron las villas esto no resulta posible, salvo que se modifiquen las actuales leyes de zonificación y la legislatura autorice excepciones al código de edificación. Como no logró aprobar una ley aplicable a todas las villas, optó por la estrategia de aprobar leyes parciales de cambio de zonificación que permitieran avanzar con la entrega de títulos en algunas villas, sobre todo en las que el Pro tiene más inserción o cuya parcelación resulta más sencilla.

Entre 2011 y 2013 se autorizaron varias normas excepcionales de parcelamiento sin exigir el acotamiento de los perfiles de construcción ni el plano de obra registrado. Así se realizaron cien escrituras precarias en el Barrio Inta, que es esgrimida por el Pro como estandarte de villa urbanizada, sin haberse responsabilizado de la infraestructura del barrio en materia de hacinamiento y prestación de servicios públicos en la totalidad del barrio.

 

III. En qué devino el “Plan Maestro para la Comuna 8”

 

En su versión original este proyecto se proponía elaborar un plan general para el desarrollo de la Comuna 8, enmarcado dentro de los criterios y lineamientos del Plan Urbano Ambiental y del Modelo Territorial, cuya finalidad es el desarrollo social, económico y urbanístico de la Comuna, a efectos de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Disponía lineamientos aplicables a seis áreas predefinidas: estructura y centralidades; transporte y movilidad; hábitat y vivienda; espacio público; producción y empleo; y patrimonio urbano.

Con el fin de conseguir fondos para la urbanización de las villas se desafectaban del dominio público 70 hectáreas de inmuebles que se transferían en fideicomiso a Corporación Buenos Aires Sur para su posterior venta, cuyos fondos se destinarían a la urbanización de las villas. Espacios verdes pertenecientes al Parque de las Victorias, al Parque de la Ciudad, al Parque Roca y al Autódromo destinados a emprendimientos comerciales y actividades denominadas genéricamente de espectáculos, turismo, recreación, paseos y deportes. Esta decisión ignora que la tierra urbana es un bien finito, que aumenta el precio de su valor por tal condición. Más que ningún otro en la historia de la ciudad, el gobierno del Pro se ha desprendido de bienes públicos para financiar proyectos cuasi privados, descapitalizando a la ciudad de Buenos Aires de su patrimo nio.

En el proyecto original se supeditaba la urbanización de las villas a la venta de tierras por parte del fideicomiso desatendiendo leyes ya existentes de urbanización de villas, como la ley 148 (de atención prioritaria a la problemática social y habitacional en las Villas y Núcleos habitacionales transitorios); la 1770, de urbanización de villa 20, la ley 1333 que declara la emergencia ambiental y de infraestructura del Barrio Ramón Carrillo o la ley 177, de complejos habitacionales.

Hay que tener en cuenta que la Comuna 8, integrada por Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo, es una de las zonas más conflictivas de la ciudad por la cantidad de asentamientos que conforman una verdadera topografía de la precariedad. Abarca un enorme predio de 2.200 hectáreas al sudoeste de la ciudad, habitado por 190.000 personas. Allí están radicados los complejos habitacionales de Lugano I y II, el Barrio Piedrabuena y la mayor cantidad de villas y asentamientos precarios de toda la Capital: Villa 20, Villa 3, Villa 15, Villa 16, Villa 17, Villa Francisco, Ciudad Oculta, Barrio Fátima, Villa Los Piletones, Villa Calacita, Asentamiento Los Pinos, Barrio la Esperanza y Barrio Scapino.

El área tiene, paradójicamente, la mayor concentración de tierra deshabitada: el Velódromo, el Autódromo, el Parque Indoamericano y el Parque Roca.

Allí mismo, en lugar de aprovechar las zonas deshabitadas como pulmón de la ciudad (que ha visto reducido sus espacios verdes a 1,9m2 por habitante, cuando la OMS recomienda no menos de 12m2), el ejecutivo porteño ha planificado una serie de emprendimientos que conllevan la gentrificación (3)de un área que se ha constituido en un verdadero polvorín en materia social. El primer estallido fue la ocupación del Parque Indoamericano. Precisamente en esa zona, tal como ya se hizo con gran parte de los barrios porteños dividiéndolos arbitrariamente en polos de aglomeración empresaria, se planificaron perímetros de concentración productiva mediante exenciones impositivas y la captura de la plusvalía por parte de las corporaciones. Por diez años y quince años (empresas de capital nacional o micro, pequeña o mediana empresa) quedan exentas del impuesto sobre los ingresos brutos, de Sellos, Inmobiliarios, en el pago del Derecho de Delineación y Construcción.

Los pretextos para otorgar incentivos fiscales fueron la creación de un Distrito del Deporte, un Distrito Biotecnológico y la Villa Olímpica para los Juegos internacionales de la Juventud 2018. Además de eso, el ejecutivo fue avanzando sobre la Comuna aprovechando oportunidades propicias para evadir instancias de control como lo fue el paquete de leyes aprobadas a finales de 2012 por el Pro y la oposición kirchnerista, conocido como “Pacto Pro-K” en las redes sociales. En aquella oportunidad se dispuso la concesión por treinta años de 37,5 de las 40 hectáreas del Parque Roca –espacio hasta entonces destinado a actividades deportivas y recreativas– a la Federación de Transporte para levantar una "terminal" de camiones de larga distancia que incluye exenciones impositivas, una estación de servicio, un restaurante y un hotel. Asimismo, en abril de 2014 , se le confirió a través de un irregular sistema de leasing a la empresa TEBA, actual operador de la Terminal de Retiro, un predio de 38 mil metros cuadrados para construir una segunda terminal de ómnibus. El dueño de la empresa TEBA, Jaime Otero, tiene una larga serie de incumplimientos denunciados por la Auditoría General de la Nación además de pagarle el departamento que habitaba Ricardo Jaime en Buenos Aires. (4)

El Plan Integral de Ordenamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo, dentro de la cual se encuentra la Comuna 8, requerido por la Corte Suprema en la famosa causa "Mendoza" nunca fue elaborado ni presentado ante la justicia. Este plan debería discutirse previamente a todas las políticas urbanas que el GCBA está llevando a cabo en el sur de la ciudad. Además, el Plan Maestro por la Comuna 8 jamás fue debatido en la Comuna ni en el Consejo Consultivo. No se realizaron audiencias públicas convocadas con difusión amplia, ni se previó la participación de los órganos de representación de las villas (Ley 148).

Frente a la fuerte oposición al proyecto, el Pro lo modificó radicalmente para conseguir los votos necesarios para su aprobación. Fue así que el 5 de diciembre de 2013 se aprobó en primera lectura el proyecto de ley Nº 3257-D-2012 con un contenido más acotado que la versión original y muy distinto en lo que respecta a la urbanización de las villas. Incluso dejó de llamarse Plan Maestro para la Comuna 8 para ser llamado “Promoción de las Actividades de la Producción e Industria Deportiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En esta nueva versión del plan se incorporan al Código de Planeamiento Urbano la zonificación caratulada como BARRIOS NUEVOS estableciendo excepciones a las normas generales del Código de Planeamiento Urbano y al de Edificación respecto al ancho de las calles, tipología edilicia y parc elamiento.

El proyecto autoriza la adopción de medidas conducentes a facilitar la Registración de Planos de los bienes preexistentes, sin exigir el acotamiento de los perfiles de construcción y relevamiento de los hechos interiores del polígono y sin exigir el plano de obra registrado.

Del proyecto nuevo desaparecieron todas las tareas que antes le competían al Estado: el saneamiento ambiental, apertura de calles y pasajes, el programa de viviendas colectivas o individuales, la adecuación de la trama espontánea existente a fin de preservar su identidad según la normativa vigente, la provisión de equipamiento urbano y comunitario, la regularización dominial y posterior venta a sus actuales ocupantes. En el texto actual, el Pro vuelve a retomar el espíritu de privatización de la precariedad del Barrio Inta y lo aplica a todas las villas de la Comuna 8.

 

IV. Conclusiones

 

·         Mediante la entrega de títulos de propiedad el Pro deja la cuestión de las villas a cargo del mercado inmobiliario, desentendiéndose de toda responsabilidad, sobre todo la de realizar obras de infraestructura y adecuación de las viviendas. 

·         El ejecutivo porteño se deshace de toda función inherente al Estado dejando que el mercado ingrese en los territorios, compre inmuebles que antes eran de dominio público y construya nuevos barrios. Este proyecto de ley es la herramienta institucional que autorizará al Pro a soslayar los inconvenientes legales para poder parcelar y escriturar en las villas.

·         El Estado deja de comportarse como garante del derecho a la vivienda, a un hábitat adecuado, del Derecho a la Ciudad, tal como lo prescribe la Constitución de la Ciudad. Su función se limitará a la entrega de títulos de propiedad a sabiendas que el mercado comprará las tierras que actualmente ocupan las villas y hará que las familias por necesidad vendan sus inmuebles y abandonen sus territorios. Tierras que tendrán un muy bajo valor por la ausencia de adecuada infraestructura de servicios en las villas, deficiencia edilicia de las viviendas y baja capacidad constructiva establecida por la zonificación. Con ello repite una ley nefasta de la dictadura militar que permitió la construcción de miles de barrios cerrados en el conurbano bonaerense: La denominada “Ley de Uso de Suelos y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Buenos Aires”, sancionada el 24 de octubre de 1977 por el gobernador de facto General Ibérico Saint Jean, que dejaba sin efecto la prohibición del loteo y la venta de terrenos que carecieran de servicios.

·         Es evidente que no habrá solución habitacional para todas las familias que viven en las villas. Al otorgase títulos dominiales sólo a los “propietarios” quedan afuera los inquilinos y una solución para todos los hogares que viven hacinados en un casa. Lo único que importa es que el inmueble se transforme en una mercancía.

·         La entrega de los títulos de propiedad sin garantizar la adecuación de la infraestructura barrial, la integración de la trama urbana constituye una titularización de la precariedad. Precariedad que no resistirá los embates del poder económico que terminará despojando a las familias de las villas de sus territorios.

·         El GCBA no ha remitido a la Legislatura ningún plan de urbanización integral como lo exige la ordenanza Nº 4873. No ha cumplido con la ley Nº 148. Este proyecto de ley va en dirección contraria a lo que estas leyes han establecido. Las luchas villeras han conquistado el derecho a elaborar proyectos de urbanización para cada una de las villas en forma participativa. Han logrado que estos proyectos abarquen todas las dimensiones necesarias para lograr la integración de la trama urbana e igualdad en el acceso a los servicios públicos y a los bienes comunes antes de avanzar en procesos de regularización dominial. Este proyecto da vuelta todo este proceso, avanza con la entrega de títulos de propiedad sin dar ninguna garantía de que se cumplirán los otros pasos. El caso paradigmático es la villa 19 donde luego de varios años de avance con la entrega de títulos de propiedad no se ha elaborado un proyecto de urbanización participativo, no se han realizado las obras de infraestructura necesarias ni brindado una solución habitacional para cada una de las familias de la villa incluyendo a los inquilinos.

 

Primera Firmas – Grupo Promotor: 

Acerbo Osvaldo, Antonelli Mirta, Baldiviezo Jonatan, Bidonde Héctor, Brega Jorge, Burucúa José Emilio, Dowek Diana, Edelman Lucila, Galvano Mario, Galán Mónica, Gargarella Roberto, Genta Adriana, Kordon Diana, Lagos Darío, Lissidini Alicia, Lo Vuolo Rubén, Luchetti María Inés, Massuh Gabriela, Plana Marcelo, Rodríguez Daniel, Svampa Maristella, Tauber Sanz Nicolás, Tieffenberg Jaco, Tcherkaski Osvaldo, Viale Enrique, Zangaro Patricia.

 

Más firmas:

Del Brutto Bibiana Apolonia, Gómez Masía Osvaldo, Klink Leandro Estaban, Lange Christian, Lázzaro Silvia B., López Julián, Pagano Ana, Peres S.Daniel, Tessi Roberto, Torrado Sergio…

Para adherir:

plataforma2012@plataforma2012.org.arEsta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

www.plataforma2012.org.ar

(1)http://www.lanacion.com.ar/1019498-macri-analiza-llamar-a-un-plebiscito-sobre-la-urbanizacion-de-villas  (volver)

(2) El 5 de diciembre de 2010, el Jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta anunció en el diario Perfil que los títulos de propiedad en las villas y asentamientos convertirían a los villeros en ciudadanos: “Al darles la escritura los convertís en ciudadanos y el sentido de propiedad va a hacer que la gente tienda a mejorar y fortalecer su propia casa.”  (volver)

(3) Se considera como “gentrificación” a aquel proceso de transformación urbana en el que la población original de un sector o barrio deteriorado es progresivamente desplazada por otra de un mayor nivel adquisitivo.  (volver)

(4)http://opinion.infobae.com/omar-lavieri/2014/04/30/tu-tambien-mauricio/  (volver)

23.5.2014

En la emisión del jueves 22 de mayo de Enredando Las Mañanas hablamos con Hugo, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de González Catán, una localidad del Gran Buenos Aires que convive con el CEAMSE. Esto es a partir de un acuerdo de la época de la dictadura entre la CABA y la provincia de Buenos Aires para arrojar toda la basura urbana a un lugar donde vive gente. Los vecinos realizarán una actividad este sábado 24 de mayo para presentar su propia propuesta – no contaminante – de tratamiento de residuos.

Enredando las Mañanas: Este es un programa que se escucha en radios comunitarias y alternativas de todo el país, y quizás no toda la gente tenga en claro qué es el CEAMSE. Hugo, ¿podrías contarnos la situación que viven allí y desde hace cuánto vienen luchando?

Hugo: Al tema del CEAMSE, que quiere decir Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, nosotros lo heredamos de la dictadura militar, y los militares diseñaron un “tratamiento” de los residuos, que es un sistema totalmente obsoleto, ya que en realidad no resuelve el problema. Lo que hacen es obligar a los municipios del Conurbano y a la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires a llevar los residuos a los centros de disposición final. El tratamiento que hacen es primero pasar por la balanza, pesar el tipo de residuo que trae y después volcarlo, las máquinas pesadas lo desparraman y después viene el camión con tosca y se la tira encima. Ese es todo el tratamiento. Esto generó en González Catán problemas de enfermedades y muerte, porque en realidad como no hay clasificación en origen y no hay recolección diferenciada vienen los residuos domiciliarios, los residuos patogénicos de las clínicas, residuos peligrosos y nocivos para la salud. Esta basura genera un jugo, que contamina el suelo y el agua, y además la descomposición de la basura genera gases; el sistema que se está utilizando en Catán, que es el de antorcha oculta, genera dioxina y furaro que son altamente nocivos para la población. La democracia, del ’83 a la fecha, tampoco resolvió el problema.

ELM: Nos gustaría que pongas en contexto, por ejemplo que nos expliques si esto que está pasando con la basura allí es en un lugar abierto de Catán, ¿no hay habitantes o está en el medio de una población?

H: Cuando se instala el CEAMSE ya estaba la población en el lugar. No es que se instala primero la CEAMSE y después vienen los habitantes. A su vez, se ubica en el casco urbano, está a ocho cuadras del centro de González Catán, que tiene más de trescientos mil habitantes, es parte del conurbano y está ubicado en el municipio más poblado de la provincia, que es La Matanza. Tenemos más de dos millones de habitantes, que equivale a cuatro o cinco provincias de Argentina.

ELM: Contanos sobre la actividad que realizarán el próximo sábado 24 de mayo.

H: Ese día comenzamos un relevamiento socioambiental, fundamentalmente para actualizar la información que ya teníamos hace más o menos nueve años respecto a las enfermedades y las muertes producidas por esto que nosotros denunciamos que es el entierro de la basura. En la elaboración de esta ficha técnica participaron los vecinos, los docentes, los profesionales y trabajadores de la salud, estudiantes y la idea es poder salir a los barrios más afectados y poder hacer comparación con otros barrios que están más alejados. Y de paso volver a reivindicar el tema acerca de que nosotros tenemos una propuesta para resolver definitivamente el problema de la basura.

ELM: ¿Cuáles son sus propuestas concretas para forzar a los gobiernos a modificar esta situación? ¿El Ceamse como sociedad del Estado es un ente tripartito o al menos relacionada con Nación y Provincia?

H: En principio es un acuerdo que hace Cacciatore, que era el intendente de la dictadura, y el gobernador de facto Saint Jean. O sea, es entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad. Y en ese sentido crearon el decreto de ley 9111 que obliga a los municipios y a la Capital Federal a depositar los residuos en los sitios de disposición final y les cobra plata. El problema es que si bien jurídicamente los dueños son los estados, los regentea o maneja una empresa privada como Techint que cobra por enterrar la basura. La propuesta que nosotros hacemos de reciclado es la separación en origen y la recolección diferenciada, y esto significaría ahorro para el Estado, trabajo para muchísima gente, cuidar el medio ambiente, la salud de los vecinos, y tener una relación positiva con la naturaleza.

ELM: La idea es separar la basura en el origen donde se genera…

H: Exacto, en este caso en los domicilios particulares pero también en las empresas tiene que haber alguna responsabilidad de los generadores de residuos y también la Ley de Envase. Nosotros ya presentamos este proyecto en 2007 ante las distintas instancias, y el tema es que sea la asamblea de autoconvocados junto con las organizaciones que nos acompañen en la lucha más el Estado que ponga los recursos y los medios para poder tener la dirección, el control y gestión de esto porque nosotros somos los más interesados en que no siga pasando la enfermedad y la muerte en Catán.

ELM: ¿Y cuál será el destino de la basura una vez que esté separada?

H: Nosotros lo que planteamos es que se separe lo seco de lo húmedo, que un día pasen a recoger lo seco, y otro día lo húmedo. Después se lleva al centro a donde funcionaría la planta de reciclado y de manera manual se separa el cartón, el vidrio, el plástico, el metal, etc., se recupera y eso vuelve al circuito comercial y con eso los trabajadores que hoy están desocupados tendrían trabajo con obra social, con un sueldo digno de acuerdo con lo que dice la canasta familiar, y el Estado podrá ahorrar dinero y no pagar lo que está pagando en este momento.

ELM: O sea que habría varias vías de reciclado también.

H: Claro, primero tiene que haber una política desde el Estado para hacer difusión y tomar las medidas necesarias para garantizar que esto se cumpla, y obligar a las empresas a que realmente utilicen un envase que se pueda reciclar, y a su vez que las empresas también tengan un sistema de reciclado. De esta manera, se cuida el medio ambiente y la salud de los vecinos y no se piensa solamente en el tema del dinero, porque en definitiva acá lo que se privilegia es el tema del negocio de una empresa multinacional como Techint.

ELM: El otro día leíamos una información sobre un predio en González Catán, que era de un señor llamado Antonio Campana, que contaba que él había comprado hace muchos años un terreno muy grande para crianza de ganado, y que se lo habían afectado para el Ceamse, que durante cinco años lo llenó basura, luego lo recuperó no sé cómo pero aunque lo limpió ya no podía criar ganado por todo lo que explicabas respecto a cómo les afecta la salud, entonces decidió hacer esta construcción de villa o aldea medieval, que ahora llaman Campanópolis.

H: Sabía que era una propiedad privada, pero no conocía todo el tema. También hay una propuesta del CARE, que es el Centro Ambiental de Recomposición Energética, que quiere generar energía con los residuos y también es nocivo para la salud de los habitantes porque la incineración, de acuerdo al Convenio de Estocolmo que Argentina ratificó en 2005, no se puede utilizar para generar energía porque es el mayor productor de dioxina.

ELM: Sucede que en realidad es un problema que tienen todas las grandes ciudades en el país y en el mundo; por ejemplo la gente que nos está escuchando en Córdoba y allí en la localidad de Bower están con el mismo problema. Las grandes ciudades eligen un lugar y la cuestión no pasa por dejar de elegir González Catán para elegir otra ciudad del conurbano. La cuestión es resolver como sociedad y que lo resuelva también el Estado con las organizaciones sociales qué hacemos con la basura que generamos.

H: Claro, porque nosotros no queremos que el problema que tenemos en Catán se traslade a otro lado, nos oponemos concretamente. Nosotros queremos que se haga el tratamiento que corresponde porque en definitiva no pueden pagar las consecuencias otras poblaciones lo que nos pasa a nosotros. Necesitamos que se solucione el problema de fondo y de raíz.

21.5.2014

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP-Metrodelegados) denuncia que las demoras existentes en todas las líneas del subterráneo se deben a la falta de trenes, producto de un lockout patronal por parte de Metrovías, empresa concesionaria del servicio.

Esta mañana la empresa impidió la salida de los coches desde talleres y cocheras, intentando provocar un conflicto y responsabilizar al Sindicato del Subte.

Los trabajadores nucleados en la AGTSyP no participan de esta maniobra, que comenzó el lunes pasado a raíz de la falta de trenes para la Línea H que fueron prometidos por el Gobierno de la Ciudad para octubre del año 2013 y aguardan la rápida normalización del servicio.

COMISION DIRECTIVA
ASOCIACION GREMIAL DE TRABAJADORES DEL SUBTE Y PREMETRO

20.5.2014

Por Norberto Emmerich* y Joanna Rubio**

En la Villa 31 se dice el problema de las drogas “lo trajeron los peruanos”. A pesar del léxico xenófobo, lo cierto es que la droga llegó a la Villa 31 de mano de traficantes peruanos. Esta llegada formó parte de una guerra por el control del territorio que surcó toda la Ciudad de Buenos Aires y pasó inadvertida para la población, que estaba preocupada por la “inseguridad”. Mientras el robo callejero ocupaba el centro de las preocupaciones ciudadanas, el crimen organizado pasó inadvertido.

La autopista Illía marca el fin de la 31 y el comienzo de la 31 bis, que creció de golpe promediando la década del 90. Es la mitad más populosa y postergada, propicia para que los pequeños traficantes ocupen un lugar poco vigilado por la policía, casi sin controles en la entrada y la salida, alejado de los puestos de Gendarmería de la Terminal de buses. Se divide en los barrios Ferroviario, Cristo Obrero, Playón Este y Playón Oeste, más conocido como el Barrio Chino. Es la plaza fuerte de venta de cocaína, paco y marihuana. Allí se ubica una zona liberada por la Comisaría 46. Y allí, hace unos años, comenzó a crecer el pequeño imperio de los dealers peruanos que llegaron del Bajo Flores.

El crimen organizado llegó a la Villa 31 en el año 2005, derivado de la guerra por el control territorial en la Villa 1-11-14. Sus líderes eran Ruti (Alionzo Rutilo Ramos Mariños) y su hermano Meteoro (Esidio Teobaldo Ramos Mariños), dos ex miembros de Sendero Luminoso que junto a Marcos (Marco Antonio Estrada González) controlaban el negocio de la droga en la Villa 1-11-14, de donde fueron expulsados por la lucha faccional.

El asesinato de Meteoro en abril de 2006 fue el hito inaugural de las muertes enmarcadas en la guerra por el control territorial en la Villa 31 bis. Apenas un mes antes había sido detenido su hermano Ruti, que se entregó a las autoridades cuando era buscado por ser responsable de la masacre del Bajo Flores mientras el tercer socio, Marcos, se fugó a Perú. Aún sin los cabecillas, la guerra continuó.

Luego hubo otras muertes del crimen organizado: a fines de marzo de 2008 un peruano fue encontrado muerto junto a un galpón de la manzana 3. Su cadáver estaba boca arriba, con un tiro en la cabeza y dos en el pecho.

El domingo 1° de noviembre de 2009 hubo un fuerte tiroteo entre dos grupos antagónicos frente a la casa 47 de la mañana 99 de la Villa 31. Allí cayó muerto un joven de 23 años. Las primeras sospechas de la policía apuntaron a una guerra entre bandas dedicadas al comercio ilegal de drogas como disparador del violento incidente. En los años 2010 y 2011 el “Loco” César sembró de muerte la Villa 31.

 

El cartel porteño

 

El 29 de octubre de 2005 ocurrió en la Villa 1-11-14 la llamada “Masacre del Señor de los Milagros”. Miles de personas participaban de una procesión religiosa y quedaron en medio de un tiroteo entre dos grupos que disputaban el poder por la venta de drogas en la zona. Un grupo de tiradores mató en aquella ocasión a cuatro personas y al bebé Nahuel Sanabria. Uno de los culpables fue Ruti, que en el año 2008 fue sentenciado a 18 años de prisión por el asesinato de una persona y las heridas infligidas a otra. Fue absuelto por falta de pruebas en los otros cuatro homicidios porque los testigos, totalmente amenazados, no se animaron a declarar. Ruti fue desalojado del negocio de las drogas en la Villa 1-11-14 por Marco Estrada González y tuvo que mudarse junto a su hermano Meteoro a la Villa 31 bis de Retiro. Desde allí montó la fallida operación que intentó recuperar el control sobre el negocio de las drogas en la Villa 1-11-14 en la Masacre del Señor de los Milagros.

 

Año 1997: los comienzos del narcotráfico porteño

 

Todo comenzó en 1997, cuando Marco, Ruti y Meteoro llegan a la Argentina y desbancan al viejo líder narco de la Villa 1-11-14, Julio Chamorro Revollar, asesinado el 12 de febrero de 1999 en un triple homicidio cometido en una cancha de tierra en el interior de la Villa. Allí descansaban diez hombres tras un partido agotador cuando apareció un puñado de sicarios para acribillarlos. Los ex senderistas ampliaron el negocio de Chamorro Revollar trayendo droga de Perú mediante el sistema de “mulas” y usaron dos agencias de remises como modo de distribuir la droga.

Los tres socios controlaron el negocio hasta que fueron detenidos en el año 2001, acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a la venta de drogas.

Pero mientras Meteoro y Marco salieron de la cárcel en 2004, Ruti continuó detenido. Marco aprovechó para expulsar a sus socios y apoderarse del control del negocio. Meteoro debió emigrar a la Villa 31, donde continuó con las actividades delictivas y dio origen al narcotráfico en la villa de Retiro.

Al año siguiente Ruti quedó en libertad y junto con su hermano, en la Villa 31, organizaron los ajustes de cuenta. Comenzaron a aparecer cadáveres eviscerados con rastros de droga, presuntamente de mulas que traían cocaína desde Perú y Bolivia. El máximo exponente de esta guerra entre los narcotraficantes peruanos del Bajo Flores y los de la Villa 31 fue la “Masacre del Señor de los Milagros”. Allí murieron cinco personas y 8 quedaron heridas, bajo el fuego de los soldados de Ruti, que buscaba acabar con la vida y el dominio de Marcos, su ex socio.

La guerra del narcotráfico en la ciudad de Buenos Aires se desarrolló durante 10 años, desde 1997 hasta el año 2007, y tuvo como epicentro a la villa 1-11-14. Allí fue donde los narcos peruanos empezaron a enfrentarse entre ellos para luego llevar la disputa a siete barrios de la Capital Federal, entre ellos la Villa 31 de Retiro.

La guerra se extendió por toda la ciudad. Hubo homicidios en Boedo, Retiro, Pompeya, Palermo, Once y Villa Urquiza que costaron más de 20 vidas.

Marcos está detenido desde 2007. Para el juez Sergio Torres seguía manejando el negocio de los estupefacientes desde la cárcel. Fue apresado en Paraguay, donde se había escapado de la justicia argentina.

La guerra de drogas en la Ciudad de Buenos Aires, como toda guerra predatoria, no era más que una “forma” de llevar adelante el negocio, porque toda guerra siempre significa ocupar territorio. Desde febrero de 2009 hasta abril de 2010 (dos años) el Juzgado Federal N° 12 a cargo de Sergio Torres y la División Operaciones Metropolitanas de la Policía Federal realizaron 135 allanamientos en Ciudad Oculta, en la Villa Zabaleta, en la 31 y en la 31 Bis de Retiro y en el barrio de emergencia Presidente Perón en Saavedra. Se iniciaron 65 causas judiciales vinculadas al narcotráfico, en las que se secuestraron 5 millones de dosis de paco, 2.800.000 dosis de marihuana, se incautaron 31 armas de fuego, 500 proyectiles y dos chalecos antibalas. Fueron detenidas 107 personas, de las que 50 estaban por ser sometidas a juicio. El cartel de Marcos fue desbaratado pero siguió operando, evidenciando la fortaleza cuasi estatal de los controles territoriales del narcotráfico.

 

La guerra de los diez años que nadie vio

 

Meteoro fue asesinado en la villa 31 el 6 de abril de 2006. 20 años antes, en 1986, había sido detenido en Perú acusado por haber efectuado atentados como miembro de Sendero Luminoso contra bancos, oficinas públicas y fábricas.

La historia de Ruti y Marcos se extendió por más de siete años y está documentada en al menos 15 expedientes donde se mezclan armas de alto poder, grandes cantidades de dinero, policías con renuencia a investigar y hasta un sistema de beneficencia alternativo que proveyó de legitimación y silencio al cartel peruano.

Las primeras referencias judiciales sobre ellos figuran en la causa 16011/99 de la jueza Silva Ramond, donde se investiga la primera masacre de esta historia, ocurrida en una canchita de la villa. Entre los muertos estaba el peruano Julio Chamorro Revollar, sospechado de ser el jefe narco de la villa. Distintos testimonios acusaron por la matanza a Ruti, Meteoro y Marcos, contra quien la jueza Ramond llegó a librar una captura. Pero nada se probó porque los testigos se retractaron. El trío peruano se hizo dueño de todo el negocio en la Villa 1-11-14.

Pero las declaraciones recogidas en el juicio, que hablaban de una pelea por 40 kilos de cocaína, permitieron que se abriera una segunda causa por narcotráfico.

Es así que en agosto de 2001 Marcos, Ruti y Meteoro cayeron presos. Se declararon inocentes diciendo que vendían ropa en La Salada, donde se sospechaba que blanqueaban el dinero. En julio de 2004, el Tribunal Oral Federal N° 2 los condenó a 3 años y dos meses. Pero a Ruti le agregaron ocho meses más de condena al unificar este caso con uno anterior. Esta diferencia fue decisiva.

Aún con los tres en la cárcel, el negocio de la droga siguió intacto y la violencia también. El 4 de mayo de 2004, un grupo armado disparó 17 veces contra el frente de la remisería Milagros, dentro de la villa, para obligarla a llevar droga para Marcos.

Para quedarse con el control total Marcos había diseñado un clásico sistema de beneficencia. “Si alguien en la villa necesita un medicamento, él lo compra. Si los chicos quieren ir a la escuela, paga el transporte. Si es el día del niño, organiza un festejo”, contaron. Por eso, cuando salieron de Devoto, Ruti se tuvo que establecer con Meteoro en otra villa, la 31 Bis de Retiro.

 

La increíble historia del Loco César

 

El Loco César es un traficante peruano llegado al país en el año 2005. Estuvo en la Villa 1-11-14, tal vez en la Villa 20 de Lugano y luego tuvo su centro de operaciones en el Barrio Chino de la Villa 31 bis. A la Villa 31 llegó a mediados del año 2010 y al contrario del cartel de los ex senderistas, los peruanos de César siempre estuvieron enfrentados con los paraguayos. Y aunque el cartel de Marcos fue desbaratado en la Villa 1-1-14, en la Villa 31 el negocio lo continuó el “Loco” César.

Además del asesinato de Julio César Roncal Cocachi cometido en julio de 2011, la justicia le imputa al Loco César otros cuatro asesinatos: el de Kenny Marks Mejía León, el 17 de noviembre de 2008; los de Jean Paul Espinoza Limean y Johnny Goycochea Villalobos, el 4 de enero de 2011 y el de Kevin Antonio Beltrán Goycochea, el 27 de abril, quien era sobrino de Johnny y amigo de Roncal Cocachi. Hay que agregarle el intento de asesinato de Christian, un paraguayo que lo acompañaba.

Estos chicos que el “loco” César iba matando estaban en una lista de Facebook, donde les advertían que estaban condenados a muerte. En el muro decía “Coco, estás en la lista”. El resto se fue del barrio.

El 2 de marzo de 2012 el Loco César fue detenido por una Brigada de homicidios de la Policía Federal en una casa alquilada de La Reja, en la provincia de Buenos Aires. Lo atraparon porque en el certificado de nacimiento de su hijo en el hospital Fernández escribió su dirección real.

El modus operandi del Loco César fue muy creativo e implicó la intromisión mafiosa en los procesos sociales. Así sucedió el 15 de diciembre de 2010 cuando se produjo la toma de los terrenos de los viejos galpones del Ferrocarril San Martín, que reconfiguró nuevamente la fisonomía del barrio. Unos días antes esa peculiar forma de intromisión de lo ilegal en lo legal tuvo un alto grado de espectacularidad en la toma del Parque Indoamericano.

Muchos habitantes de otros barrios se mudaron a ese sector de la Villa por los altos alquileres que estaban pagando y algunos “transas” lo hicieron por la cercanía a la Terminal de Ómnibus y el acceso a una salida rápida y estratégica. Finalmente otros vieron en ese caos una oportunidad para la especulación inmobiliaria, ya que tomaban parcelas y después las vendían. Por lo tanto hubo desalojos forzosos. Por las noches, los sicarios del crimen organizado volvían armados y desalojaban a compradores u ocupantes. Se vendían terrenos a 5 mil o 10 mil pesos, pero después por las noches, aparecían encapuchados con armas a sacar a los más indefensos. Hubo resistencia y muertos. Para la Red de Investigadores Judiciales de Latinoamérica esa era la forma en que operaba el Loco César, basada en afirmaciones de la policía y algunos entrevistados.

* Investigador Prometeo – IAEN, Quito, Ecuador

** Departamento de Estudios Políticos y Gobierno, Universidad de Guadalajara