12.8.2023
Por Adriana Meyer
La joven Policía de la Ciudad, fuerza de choque de los gobiernos de Juntos por el Cambio que acaba de cobrarse la vida del militante popular Facundo Molares Schoenfeld, llegó a ser más letal que la denominada “Maldita” Policía bonaerense. “En seis años y medio, la Policía de la Ciudad superó a la bonaerense en materia de gatillo fácil; entre el 10 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2022, la Policía de la Ciudad fusiló 63 personas y la Policía Bonaerense 109”, explica la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). “Pero –advierte– la Policía de la Ciudad tiene poco más de 25.000 efectivos, mientras que su par provincial supera holgadamente los 100.000. Es decir, con una dotación cuatro veces menor, la Policía de la Ciudad cometió casi el 37% del total de fusilamientos de ambas fuerzas”. La organización que integra Verdú sistematiza cada año desde 1996 las muertes ocurridas a manos del aparato represivo del Estado.
La historia
El macrismo, que gobierna la Ciudad de Buenos Aires desde hace 16 años, tuvo la oportunidad de crear una fuerza desde cero, pero no le importó hacerla sin los defectos de fábrica de las anteriores. La antecesora de la Policía de la Ciudad fue la Metropolitana que, a poco de su creación en 2008, protagonizó feroces represiones en la Villa 31, la Sala Alberdi, el Hospital Borda y el Parque Indoamericano, además de ataques a la prensa. En el caso del Indoamericano –en 2010, cuando Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro fueron asesinados en un operativo de fuerzas de seguridad de la Ciudad y la Policía Federal Argentina–, el jefe de la fuerza policial porteña era el actual ministro de Seguridad Eugenio Burzaco, emblema de la mano dura con su defensa de las Taser y como asesor del exgobernador de Neuquén Jorge Sobisch cuando en 2007 fue asesinado el maestro Carlos Fuentealba, también en una protesta.
La Metropolitana estuvo conformada por exintegrantes de la Federal, Gendarmería, policías provinciales y hasta de las Fuerzas Armadas. La mayoría estaba en actividad y se pasaron porque el sueldo básico era superior. Los dos primeros jefes, Jorge “el Fino” Palacios y Osvaldo Chamorro, ambos expolicías federales, fueron desplazados de sus cargos en medio del escándalo por espionaje ilegal. De aquellos 52 altos mandos, 38 habían tenido actuación en fuerzas de seguridad durante la dictadura. Y de los legajos revisados para los puestos de conducción, 9 habían pasado a disponibilidad en 2004 como parte de una purga. La mitad de los oficiales separados tenía alguna causa judicial o sumario abierto. A finales de 2010, la Metropolitana reclutó a varios de los oficiales de la Federal que el Ministerio de Seguridad había pasado a retiro. Los perfiles de formación de varios de los agentes incorporados presentaban antecedentes en áreas de inteligencia, capacitación en “lucha antisubversiva” y “guerrilla urbana” en la época de la dictadura. Las impugnaciones de los organismos de Derechos Humanos en la Legislatura jamás fueron escuchadas por el gobierno porteño.
El 1° de enero de 2017 comenzó a operar en la CABA la nueva fuerza de uniformes bordó y celeste, fusión de la Metropolitana con la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal. Quedó constituida como una megafuerza de 25.000 efectivos y en su debut, opacó los 22 casos de asesinatos por gatillo fácil de su antecesora, entre 2011 y 2016: a noviembre de 2020 eran 91 los casos de la Policía de la Ciudad, desde enero de 2017.
El escritor y periodista especializado Eduardo Silveyra en su libro La Gorra, prontuario de la Policía de la Ciudad (Ciccus 2022), da cuenta de la doble vara del macrismo respecto a las diversidades, los casos de femicidios de uniforme, las implicancias de portar el arma fuera de servicio, el fenómeno de los “polichorros” y el racismo intrínseco de la fuerza, desplegado en el recuerdo del asesinato de Massar Ba, uno de los líderes de la organización senegalesa humanitaria Daira, de las primeras en asumir la defensa de los vendedores ambulantes ante los ataques policiales, de todos los colores de uniformes.
Es probable que el joven policía de origen armenio, Arshak Karhanyan, haya visto algo turbio o haya quedado en medio de la feroz interna que perdura tras la fusión de la Metropolitana y la Federal, porque está desaparecido desde el 24 de febrero de 2019. Casi ningún candidato lo recordó en esta campaña. A excepción de Victoria Montenegro y Leandro Santoro, que llevaron a la Casa Rosada a su madre Vardush Karhanyan, el tema no integra la agenda política.
El caso Molares
Sobre la última muerte violenta donde aparece la Policía de la Ciudad, Verdú sostiene que “en vísperas de las PASO, después de una campaña electoral signada de promesas de pérdida de derechos y más, mucha más represión, la muerte de un militante a manos de la policía es usada por el responsable directo, sus aliados y sus ocasionales competidores para echar más leña al fuego de la mano dura y el punitivismo, lo que nos muestra con prístina brutalidad lo que nos espera, recargado, a partir de diciembre, si no somos capaces de frenar esta oleada reaccionaria y antidemocrática”. Para la abogada de Correpi, al gatillo fácil se suman “los impactantes hechos represivos que a diario protagoniza la policía porteña, especialmente contra los sectores más vulnerables de la sociedad”, por caso los operativos contra manteros o los violentos desalojos de viviendas ocupadas.
En tanto, Silveyra sostiene que “si hay algo que caracteriza a las políticas represivas de Cambiemos es la sistematización de la muerte o asesinatos, como en el caso de Molares, donde la maquinaria de encubrimientos siempre está disponible”. Indica que “cuando no es la justicia y/o los medios, son otros aparatos, como el SAME, donde su referente sale a declarar que la muerte fue por un infarto, sin aclarar qué lo provocó”. Para Silveyra, “Horacio Rodríguez Larreta se auto victimiza y hace referencia a la militancia de Facundo, pero no asume la más mínima responsabilidad en el hecho”. Y agrega: “Nada es casual, en sus discursos de campaña dicen que van a exterminar la protesta y dos días antes del acto electoral, se despachan con un asesinato, para mostrarles a sus electores lo cierto de sus promesas. Siempre hacen un uso político de las muertes, ya sea ‘carancheando’ como ocurrió con Morena en Lanús o con una muerte selectiva como ocurrió con Facundo”.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó que los últimos momentos de Molares, “nos permiten verlo rodeado de funcionarios de seguridad que tampoco estaban capacitados para asistirlo”. El organismo expresó que “participar de una protesta no puede implicar riesgo de vida y el Estado tiene que cuidar a quienes protestan porque cualquier otro camino hace más frágil la democracia”. Además, destacó que “el gobierno de la Ciudad, antes de que cualquier investigación judicial haga su trabajo, salió a instalar la versión de que Facundo murió por causas que nada tienen que ver con el operativo, y ya hemos visto este tipo de respuestas en otras ocasiones”.
