Red de radios

7.3.2014

En la puerta de la Sub Secretaria de Trabajo de la Ciudad de Bs As, el delegado Viñas explicó que “hace un año reclamamos al Gobierno de la Ciudad una inspección urgente a la planta de AGR-Clarín”.  Esta empresa ya tiene antecedentes de accidentes de trabajo. “El 31 de julio de 2008 ocurrió un accidente fatal que se podría haber evitado si la empresa hubiera cumplido con las normas de seguridad e higiene. Allí falleció nuestra compañera Joana Riboli de 29 años de edad”.

Asimismo, “en 2011 la empresa estuvo cerrada una semana  por el ACUMAR, por tirar desechos industriales en el Riachuelo”.

“Tenemos denuncias de que no se cumple la normativa en materia de lucha con el fuego dentro del establecimiento”, agregó. “Vinimos a decirle al Gobierno de la Ciudad qué pasa que hace un año que pedimos una inspección y no vimos a ningún inspector”.

Con la movilización logramos un compromiso de que antes de 15 días vamos a tener una inspección en la fábrica, con la presencia de la comisión interna, que sería exhaustiva para revisar todo lo que vemos irregular”.

“Por supuesto que hay una complicidad entre la empresa y el Gobierno de la Ciudad, por eso decimos que no queremos ser otro Iron Mountain”, agregó Viñas. “Ahí está la denuncia, de gente que trabajaba en policía de trabajo que clausuró ese lugar. Y después lo reabrieron y a quienes lo habían clausurado los mandaron a inspeccionar consorcios. Lo cual es una amenaza para todos los inspectores de trabajo: a quien se metió con una empresa que era intocable para el gobierno, lo castigaron”.

Comunicado

“No queremos ser otro Iron Mountain”

Este viernes 7/3 a las 14:30 hs los trabajadores de la planta gráfica de Clarín, Artes Gráficas Rioplatense SA (AGR-Clarín), nos movilizaremos a la puerta de la Sub Secretaria de Trabajo de la Ciudad de Bs As (Bartolomé Mitre 575), cuando falta poco para que se cumpla un año de haber reclamado una inspección URGENTE, al GCABA, por serias irregularidades en materia de seguridad e higiene en la planta.

Hace 8 años, el 7 de marzo de 2006, la Dirección General de Protección del Trabajo del GCBA multó a la empresa por esta materia en $437.000 (Expte Nº 65858/02), dos años más tarde, el 31 de julio de 2008 en un accidente fatal, que se podría haber evitado si la empresa hubiera cumplido con las normas de seguridad e higiene, falleció en un accidente fatal nuestra compañera Joana Riboli de 29 años de edad. En 2011 la empresa estuvo cerrada una semana  por el ACUMAR, por tirar desechos industriales en el Riachuelo.

A pesar de contar con graves antecedentes, y de que el 25 de abril del 2013, a pedido de la Comisión Interna, el sindicato solicitó una inspección “urgente” por serios incumplimientos y accidentes producidos en la planta (algunos con riesgo de muerte), aun no hemos tenido una sola inspección. Preguntamos: ¿La salud de los trabajadores está a la venta? ¿Las buenas relaciones del gobierno de la ciudad con determinadas empresas o medios condicionan la realización de inspecciones?

Porque no queremos otro accidente fatal en nuestra planta, porque no queremos ser otro Iron Moutain, los trabajadores iremos a reclamarles a los funcionarios que se hagan responsables de garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial e higiene en la planta gráfica de Clarín.

Comisión Interna de AGR-Clarín

6.3.2014

Los legisladores del bloque Verde-Alameda, Pablo Bergel y Gustavo Vera, y el legislador (MC) Facundo Di Filippo presentaron este miércoles una denuncia en la justicia penal contra los funcionarios PRO que permiten el uso de cientos de terrenos y espacios públicos para locales comerciales que no pagan canon o lo hacen a un monto ínfimo.
La denuncia penal por el delito de defraudación por administración fraudulenta (art. 173 inc. 7 C.P.), agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública (art. 174 inc. 5 del C.P.), recae sobre los funcionarios del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encargados de la gestión de los inmuebles sujetos a concesiones de uso y explotación. Esta denuncia se hace también extensiva a los eventuales cómplices y encubridores.
La mayoría de los terrenos usufructuados de manera ilegal por empresarios que tienen, según los legisladores, un estrecho vínculo con el macrismo son boliches en la Costanera Norte como Tequila, Pacha, Costa Salguero, Club Brisas, o en los llamados “bajo autopistas”. En muchos casos los predios tiene las concesiones y órdenes de desocupación vencidas desde hace años; en otros no abonan canon alguno por el usufructo del terreno y el monto que abonan es irrisorio.
En la denuncia se adjunta además un reciente informe de la Auditoría General de la Ciudad respecto de todas las irregularidades de la Dirección General de Concesiones (a cargo de Gabriel María Astarloa), que depende del Ministerio de Desarrollo Económico, que encabeza Francisco Cabrera.
Los legisladores manifestaron ante la presentación de la denuncia que “es evidente el actuar discriminatorio del PRO frente a las ocupaciones con fines comerciales por parte de amigos, parientes y socios, y aquellas otras provocadas por la desesperación social de quienes padecen la injusticia de necesidades habitacionales insatisfechas (NHI). Esto trasluce su criterio con sesgos de carácter prejuicioso y clasista a la hora de definir prioridades en la política de desocupación de inmuebles de propiedad del Estado. Del mismo modo, la retórica oficial en torno de la eficiencia de la gestión no se condice con la manera ruinosa con la que se administra el patrimonio del Estado en beneficio de sectores económicamente muy pudientes y ligados al poder político”.

4.3.2014

El gobierno porteño advirtió hoy que la toma de terrenos en Villa Lugano fue incitada "políticamente" y denunció que "hay problemas" asociados "al narcotráfico". La secretaria de Hábitat e Inclusión Social porteña, Marina Klemensiewicz, sostuvo que entre quienes mantienen ocupado hace una semana el predio de avenida Cruz y Pola hay personas con "problemas de delitos federales, asociados al narcotráfico" y alertó: "hay un sector demasiado armado que no sé a quién responde".

Al ser consultada si la toma de ese terreno pudo ser incitada políticamente, Klemensiewicz respondió: "Absolutamente".

"No sólo fue incitada políticamente con intereses económicos para unos pocos. La gente fue engañada, se le decía: 'Vengan a tomar la vivienda' y la obligaban a que pague 5 mil pesos y hasta 15 mil", subrayó.

"La justicia está interviniendo. Hay detenidos en función a los allanamientos del domingo. La justicia pudo conseguir varias pruebas en relación a estos actos de compra-venta", agregó.

La funcionaria criticó que "muchas madres y chicos hayan sido, de alguna manera, utilizados como escudos y movilizados para tratar de demostrar que hay una necesidad".

El predio, frente al Parque Indoamericano tomado en 2010 y que terminó con una violenta represión policial, fue ocupado el lunes de la semana pasada por unas 300 familias que reclamaban tierras para construir viviendas y un hombre fue asesinado en medio de una discusión entre vecinos.

El viernes, aunque se cumplió un plazo judicial para que se realizara el desalojo la orden del juez Gabriel Vega se suspendió tras la intervención del defensor oficial Luis Duacastella. Sin embargo, la nueva jueza de la causa, María Gabriela López Iñíguez, recibió un pedido de la fiscalía para que el terreno sea desalojado.

En tanto, las seis personas detenidas ayer en el intento de toma del predio de Zuviría y José León Suárez, también en Villa Lugano, fueron liberadas en la madrugada de hoy luego de negarse a declarar y ante la falta de antecedentes penales.

El juez penal porteño Carlos Aostri liberó a los seis acusados de entre 18 y 23 años, de las cuales cinco son mujeres, una de ellas de 18 años y embarazada.

Los jóvenes hicieron uso de su derecho de negarse a declarar y su defensora oficial prometió presentar en la semana un descargo por escrito para explicar los hechos.

Como ninguno de los detenidos tiene antecedentes penales, el magistrado dispuso su libertad y el fiscal del caso, Gustavo Galante, les impuso la obligación de presentarse una vez por semana en la fiscalía para asegurar su permanencia en la causa.

4.3.2014

Una pelea entre bandas rivales en el barrio Mitre arrojó un saldo de tres heridos de bala, y se investiga si los hechos tienen relación con la ola de violencia desatada días atrás con la policía Metropolitana.

Luego de los hechos de violencia que tuvieron lugar entre la Metropolitana y una banda que reaccionó a raíz de la muerte de un joven, se registró nuevos hechos a raíz de un presunto enfrentamiento entre grupos rivales.

El hecho tuvo lugar en el barrio Mitre, de la zona de Saavedra, cuando se enfrentaron dos bandas rivales y sin que haya intervención de la Policía Metropolitana, y como resultado tres jóvenes resultaron baleados y fueron derivados al Hospital Pirovano.

Los investigadores intentan determinar si este nuevo hecho guarda relación con el de días atrás en donde a raíz de la muerte de un joven, un grupo arrasó con quemar autos, árboles y hasta ingresaron a un edificio tras romper el portón de ingreso a la cochera.

Este nuevo hecho tuvo lugar incluso a pocas cuadras del lugar por donde circuló el cortejo fúnebre de Gonzalo Crespo, de 24 años, quien falleció en el episodio anterior a raíz de un enfrentamiento con el cabo Javier Almirón, de la Policía Federal, quien continúa detenido por el enfrentamiento.

La versión policial da cuenta que se registró un intento de robo en Coghlan donde policías de la comisaría 35 iniciaron una persecución a un automóvil en el que huían los asaltantes.

A raíz del hecho es que Gonzalo Crespo, quien integraba la banda de delincuentes –siguiendo la versión policial- se enfrentó a tiros con el policía Almirón, tras lo cual el joven resultó muerto con cinco disparos y el efectivo herido de bala.

4.3.2014

La Unidad Fiscal en lo penal y contravencional del distrito sur volvió a pedir hoy el desalojo del predio tomado de Villa Lugano el cual fue tomado la semana pasada, y a raíz del cual ya hubo frustrados operativos.

El nuevo pedido del equipo de fiscales que interviene en la toma, fue hecho ante la jueza María López Iñiguez quien subroga el juzgado que ocupaba interinamente su antecesor Gabriel Vega.

El pedido fue hecho por los fiscales Luis Cevasco, Gabriel Unrein, Carlos Rolero, Jorge Ponce, y Martín López Zavaleta.

Ante la jueza invocaron cierta urgencia por el grado de contaminación alto que tiene el terreno tomado, y que constituye riesgo para los ocupas.

El pasado viernes y ante el pedido del fiscal Rolero, el juez Vega hizo lugar al pedido de desalojo y ordenó que el mismo se haga antes de las 19 horas, para que se haga en horario diurno, y que lo haga en cabeza de la Metropolitana.

El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, ya había adelantado que no prestaría la colaboración de ninguna fuerza federal, y aseguró que el operativo debía ser facultado sólo de la Metropolitana.

El viernes el fiscal Rolero remitió oficios a Berni pidiendo la colaboración de Gendarmería o Policía Federal, y los mismos fueron negados, y al borde del horario límite para realizar el operativo la Metropolitana ensayó una suerte de desalojo que finalmente no se llevó a cabo.

Según explicaron fuentes del caso, la problemática de la Metropolitana en llevar a cabo el desalojo no es la falta de efectivos, sino el equipamiento que cuentan.

Ayer por la mañana se realizaron 5 allanamientos por orden de la fiscalía en domicilios y oficinas de quienes fueron individualizados como los principales organizadores de la toma del predio de Villa Lugano.

Según documentación secuestrada, los líderes de la toma comercializaban los terrenos a familias carenciadas a un valor de entre 8 y 20 mil pesos; y a la vez se encontró boletos de compra venta de lotes de terrenos en asentamientos precarios de la zona que datan de 2002.

La fiscalía identificó las tres patas de quienes organizaron la toma: el clan encabezado por el delegado Marcelo Chancalay; otro por Manuel Ríos y el tercero por la familia Giménez.