Red de radios

25.7.2023

Por Martín Suárez

“Luego de varios hechos de inseguridad que ocurrieron en el Borda, la gota que rebalsó el vaso fue lo que pasó hace unos días, donde una persona ingresó en el horario de la noche a uno de los servicios. De casualidad había dos enfermeras porque una de ellas había ido a dejar sus pertenencias al locker, porque si no después del mediodía solo contamos con una enfermera para casi 30 pacientes”, cuenta a Tiempo Nancy Albornoz, enfermera del turno de 12 a 18. Familiares de pacientes y trabajadores que asisten a diario al centro de salud, coinciden que la zona se encuentra liberada hace varios años, es más, sus trabajadores desconocen por dónde realizó el ingreso esta persona que fue en busca de psicofármacos. Este martes, los gremios decidieron movilizar al ministerio de Seguridad de CABA para exigir que se cumpla el pliego respecto a la cantidad de vigiladores que tienen que estar al resguardo del hospital y las inmediaciones del mismo.
“No sabemos si se metió saltando el muro, por uno de los laterales del hospital, pero ingresó al servicio pateando la puerta que estaba cerrada, robó la medicación y objetos personales de las enfermeras y a una le sacó la chaqueta para camuflarse entre personal del hospital y poder escapar”, agrega Albornoz y sintetiza: “las compañeras se defendieron a los sillazos porque esta persona las quería lastimar. En medio de este hecho llegó personal médico de la guardia que debía tomar el turno y al escuchar ruidos extraños lograron avisar al 911 y varios minutos después detuvieron al agresor”.

Les ofrecieron un «botón antipánico»

Las trabajadoras que resultaron víctimas de este hecho solicitaron a la ART la habilitación de una licencia tras el episodio de violencia. Desde el organismo respondieron que, como no tienen lesiones, ni heridas, ni golpes visibles no les corresponden los días reclamados y las están instando a volver a sus puestos de trabajo. “Vamos a trabajar con mucho miedo, porque además estamos viviendo una situación de emergencia sanitaria en salud mental gravísima, porque falta muchísimo personal de enfermería, no contamos con elementos ni insumos de trabajo. La única respuesta que dieron a nuestro reclamo fue ofrecernos botones antipánico para ir a trabajar”, agrega la trabajadora. La “propuesta” vino de parte de Horacio Rodríguez O’Connor, titular de la dirección de Salud Mental del gobierno porteño.
Desde la Asociación de Licenciados y Licenciadas en Enfermería (ALE), le exigen a Rodríguez Larreta, Quirós y al precandidato Martín Lousteau, que “aflojen un poquito con el marketing de campaña y que den alguna respuesta al Borda. Cómo puede ser que tengamos que ir a trabajar con miedo? Es indignante: el gobierno de la Ciudad no garantiza salario digno, no garantiza presupuesto para personal y no puede asegurar que no arriesguemos la vida para cuidar a nuestros pacientes, que es lo que queremos y nuestro trabajo. ¿Ustedes creen que alguien del Ministerio de Salud se comunicó con las compañeras agredidas? ¿O qué Quirós nos convocó a reunirnos? Nada de nada. Siguen como si no hubiera pasado nada haciendo marketing electoral. No se aguanta más esta situación”, subraya Andrea Ramírez, presidenta del sindicato.

Negocios con los neuropsiquiátricos

Para el PRO, el hospital Borda siempre fue un espacio en disputa. El 26 de abril de 2013, la Policía Metropolitana ingresó a los terrenos del nosocomio con la intención de garantizar el comienzo de las obras del Centro Cívico: una dependencia que albergaría varios ministerios del Gobierno de la Ciudad que funcionaban en el Palacio del Plata, edificio vendido al empresario “amigo” de la gestión macrista Eduardo Elsztain. Para lograr ese objetivo, uniformados de las fuerzas de seguridad ingresaron de madrugada, violando una orden judicial, y derribaron el edificio del Taller Protegido 19, en medio de una brutal represión contra quienes se opusieron a la medida. ¿El saldo? al menos 50 heridos, entre ellos, periodistas que fueron a cubrir el desalojo clandestino, pacientes y trabajadores de la institución psiquiátrica.
Tras la imposibilidad de edificar el tan ansiado centro cívico en los terrenos del nosocomio, la gestión de Rodríguez Larreta inició un proceso de abandono del hospital y en las inmediaciones del mismo. Diez años después, los trabajadores y trabajadoras del centro de salud, afirman que la zona se convirtió en una de las más inseguras.

El Moyano sufre la misma desidia

A 600 metros del Hospital José T. Borda se encuentra el otro centro especializado en tratamientos neuropsiquiátricos: el Hospital Braulio A. Moyano. Sus trabajadores y trabajadoras aseguran que, si bien están consternados por lo ocurrido en el Borda, no los sorprende porque en el Moyano se viven a diario situaciones similares. “La realidad es que los hospitales de la Ciudad están abandonados por esta gestión, hay una desidia total, una desinversión de hace años, y la zona está liberada. Los compañeros y compañeras, sobre todo del turno noche, son víctimas de varios robos”, detalla a Tiempo Mariano Veiga, Secretario General de AGIHM, sindicato que nuclea al personal del Hospital Moyano. Para el trabajador y referente sindical, éste abandono está vinculado a los negocios que el gobierno porteño intentó llevar adelante con los hospitales neuropsiquiátricos. “Como no pudo, desde hace años se dedican a desinvertir y vaciar los hospitales. Eso se nota en la infraestructura, pero también en la carencia de insumos, de personal y de aparatología. Lamentablemente la población no puede acceder a un servicio de salud mental de alta calidad”, remata Veiga.

25.7.2023

Por Martín Suárez

El personal privado responde a Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, diputado nacional de JxC y mano derecha de Martín Lousteau. Estudiantes organizan una manifestación para repudiar este hecho.

“No es la primera vez que pasa. La seguridad de la facultad se maneja así contra quienes quieren discutir otra realidad”, cuenta a este medio Julio Pérez, estudiante del último año de la Licenciatura en Economía y compañero de la joven agredida. Los hechos ocurrieron el martes de la semana pasada cuando estudiantes de la Facultad difundían en las puertas del edificio la situación por la que atraviesa la provincia de Jujuy, en el marco de la brutal represión que lleva adelante Gerardo Morales, actual gobernador y precandidato a vicepresidente de Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio. El agresor, que aún no fue identificado con sus datos personales, responde a la guardia de seguridad privada de la UBA que fue contratada por Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y diputado nacional por la UCR dentro de la alianza JxC.
La joven estudiante golpeada es Magali Peralta de 22 años, y fue agredida física y verbalmente por este agente contratado por la casa de altos estudios, mientras repartía volantes contra la represión en Jujuy.
“Las autoridades de la Facultad y la agrupación que dirige el Centro de Estudiantes Nuevo Espacio (manejada por Juntos por el Cambio y la UCR) mandaron a la seguridad de la Facultad a hostigarnos, a agredirme, llegando al punto de golpearme y de rebolearme el celular para que no pueda seguir filmando lo que estaba pasando”, explica a Tiempo Peralta que se postula como candidata a comunera porteña en la lista de Myriam Bregman y Andrea D´Atri en el Frente de Izquierda.
El agresor aún no fue identificado y las autoridades de la UBA resisten brindar sus datos personales
Las imágenes son contundentes: en la filmación realizada por la propia estudiante, se ve al agresor de la seguridad privada del edificio universitario, identificado sólo con sigla “FCE (Facultad Ciencias Económicas) Control Interno”, que obliga a salir a las y los estudiantes que estaban repartiendo volantes contra la represión en Jujuy. Mientras Peralta le recordaba que la universidad es un edificio público y que no los podía echar, rápidamente el hombre respondió con un fuerte golpe a la cara.
“Esto nos parece algo completamente repudiable y en la Facultad tanto docentes y estudiantes rechazaron este hecho completamente nefasto que no puede volver a suceder. Vemos que las autoridades y Nuevo Espacio hacen esto porque son de Juntos por el Cambio, están con el gobierno de Gerardo Morales, apoyan la represión en Jujuy, están con el Lousteau que festeja el uso de pistolas Taser por parte de la policía de la ciudad. Ellos lo único que quieren es represión”, suma la estudiante y remata: “Estamos organizando una movilización hacia la Facultad y evaluando medidas legales por este hecho”.
Desde la Agrupación Gremial Docente de la facultad (AGD) repudiaron este grave hecho mediante un comunicado: “No podemos permitir estas agresiones físicas y verbales sobre estudiantes, totalmente contrarias al espíritu de la educación pública y el derecho de las y los estudiantes a poder organizarse y debatir lo que pasa en la Universidad y el País.” Julio Pérez, compañero de Magalí y estudiante del último año de Economía, recordó que recientemente se quiso poner un posgrado antimapuche dictado por dos gendarmes. Ante el reclamo de docentes y estudiantes, el posgrado finalmente se dio de baja: “Ahí acusaban al indigenismo como una amenaza nacional, justamente en el marco de la lucha de Jujuy, donde las comunidades originarias enfrentan al gobierno de Morales, que es de la misma línea política, de la facultad”. Ciertamente, los vínculos entre Gerardo Morales, la UBA, Martín Lousteau y Rodríguez Larreta, se instauran en la figura central de Emiliano Yacobitti.
La violencia de Juntos por el Cambio en la UBA
Desde que Emiliano Yacobitti desembarcó en el rectorado de la UBA, los hechos de violencia se profundizaron en las diferentes facultades. A mediados del mes de abril pasado, la Franja Morada llevó patovicas a la Facultad de Derecho de la UBA. Estas “fuerzas de choque”, como denunciaron los estudiantes, impidieron con violencia el acceso de alumnos del Centro de Estudiantes a una asamblea para votar una reforma estatutaria de esa institución. El hecho ocurrió el 19 de abril pasado en el edificio de Figueroa Alcorta 2263, en una asamblea extraordinaria que reformó el estatuto del Centro de Estudiantes de Derecho de la UBA, que preside la alianza Franja Morada y Nuevo Derecho (Juntos por el Cambio). Los estudiantes que integran otros espacios desconocieron esa asamblea ilegal, y la propia Inspección General de Justicia (IGJ) emitió una resolución administrativa donde obliga a la conducción de Franja Morada a convocar una nueva asamblea.
Apenas un mes después de estos hechos de violencia, en mayo de este año, la Franja Morada volvió a realizar una asamblea clandestina en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, para suspender las elecciones del Centro de Estudiantes que deben realizarse este año. “Está claro que no quieren que tengamos ninguna instancia de debate en la universidad, al punto de que sacaron las elecciones estudiantiles que, desde la vuelta a la Democracia se hacían de forma anual. Ahora no van a ser más así, no vamos a poder votar todos los años y de forma antidemocrática se autoextendieron el mandato para que no tengamos esa instancia de discusión”, agrega Peralta.

24.7.2023

Por Patricia Chaina

Una semana después de que la Policía de la Ciudad comenzara a usar pistolas Táser, las críticas de especialistas y de las organizaciones sociales y de derechos humanos insisten en la letalidad de estas armas, mientras que el Gobierno porteño las habilitó como armas no letales. “Las Taser ya registran casos de muertes en los últimos años en Estados Unidos y en Australia”, advirtió Ismael Jalil, abogado de Correpi. “En el manual -sostiene Jalil- dice que se trata de ‘un arma menos letal’, ponen la palabra ‘menos’. No se habla de que sean ‘no letales’. “Estos dispositivos pueden provocar la muerte”, aseguró por su lado Victoria Darraidou, coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Y aclaró que la ONU señala que “el 90 por ciento de las personas abatidas con estos dispositivos está desarmada al momento del ataque”.

Hoy, cuando 250 efectivos de la policía de CABA, han sido instruidos para utilizarlas en centros de transbordo: estaciones de tren y del subterráneo, los organismos vuelven a poner el foco en la necesidad de correr la discusión sobre la letalidad, o no, de estos dispositivos. “No hay un arma que sea menos letal: letales son todas –resume Jalil–, la historia de que la Taser no es letal la tienen que contar en otro lado porque ya registra varios casos de fallecimiento en estos últimos años en EE.UU y en Australia, fallecimientos de personas luego de haber recibido una descarga de Taser”, explicita ante la consulta de este diario. Y según Amnistía Internacional “en los EE.UU, entre 2002 y 2014 se produjeron 602 muertes, por el uso de Taser” aporta el abogado de Correpi.
Su nombre, que se popularizó como un genérico, proviene de la empresa que las fabrica, y las comercializa como “armas no letales, pero que disparan, como en este caso, dos dardos con electrodos”, advierte Jalil. Pero en las estadísticas, y siguiendo “las afectaciones que produjeron en los países que las utilizan –señala Darraidou—, estos dispositivos pueden provocar la muerte, por eso seguimos diferenciándonos de las gestiones de gobierno que hablan de armas menos letales: son letales”, puntualiza.
En la propia página de la empresa que las produce, Axon Enterprise INC, el modelo T7 -el que llegó a la Argentina-, no se descarta que incluso “perfore la piel”, advierte Jalil. La Taser, en rigor, consiste en una aplicación de 400 voltios en 5 segundos. “Puede ser mayor si la descarga es mayor a ese tiempo porque tira cables con dardos electrificados que, además, pueden perforar la piel” insiste. Y esto se inscribe “en el contexto de cómo aborda la seguridad un gobierno que tiene una concepción clasista del tema de la seguridad: la incorporación de armas cada vez más sofisticadas, responde a un gobierno de estas características” refiere.
Desde el CELS se hace foco en la necesidad de reducir las intervenciones violentas de la fuerza. En este sentido destacan que según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “el 90 por ciento de las personas abatidas con estos dispositivos está desarmada al momento del ataque”. De ahí que se Darraidou recupera las directrices que la ONU establece para el uso de estas armas, para los Estados: “son directrices, que entre otros elementos hablan de las distintas armas menos letales, por esto se insiste en tomar en cuenta la peligrosidad sobre su uso en embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedades cardiacas, o intoxicados por alcohol o drogas, o padecimientos de salud mental, donde se observa mayor riesgo en el uso de estas armas”, detalla.
Estas guías plantean advertencias, como también en personas que se encuentren en situación de altura “porque podría provocar una caída grave como daño secundario no previsto” aporta Darraidou. No se pueden utilizar en un mismo espacio físico con gas pimienta “o con gases lacrimógenos, por las combustiones que puede generar el gas y la intervención de la descarga eléctrica, y también se ponen alarmas sobre el uso en zonas vitales del cuerpo como el corazón, los genitales y el rostro” completa, desplegando al enunciar estas directrices, un espiral de situaciones que en el imaginario social de la ciudad refieren al uso abusivo de la fuerza.

La palabra oficial

Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad las pone en funciones. “Es un arma de avanzada”, sostiene Eugenio Burzaco, al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA. “Una herramienta capaz de contener una acción violenta sin tener que usar un arma terminal” explica. Y contrapone estadísticas: “En Europa y Estados Unidos los estudios indican que un 80 por ciento de las personas, depone su actitud ante una Taser” insiste Burzaco.
Están pensadas “para enfrentar situaciones ante personas que no portan armas y se busca inmovilizarlas”, reza la fuerza al anunciar la instrucción que recibieron 250 efectivos: “la Taser trabaja sobre inmovilización motora y sensorial” describen. Y el ministro Burzaco insiste ante la prensa en que son “armas no letales que buscan reducir el número de muertos en las calles, tanto civiles como uniformados”.
Estas armas de descarga eléctrica vienen pidiendo pista hace unos años para la gestión de la seguridad en la Ciudad: “Se sabía que se estaba encaminado el proceso desde hace tiempo” detalla a este diario la coordinadora de Seguridad Democrática del CELS. Incluso otras fuerzas “como la Agencia Federal hizo una adquisición de estas armas, pero solo se utilizarían para las intervenciones de grupos tácticos, no para tareas de prevención, por ser consideradas precisamente menos letales” afirma.

Violencia institucional

Para Jalil, la desigualdad económica como generadora de violencia, se evidencia y confronta con las propuestas de un gobierno como el de CABA “para el que es más fácil utilizar armas que atender a las razones verdaderas de incremento de inseguridad y su respuesta desde lo institucional: lo económico, lo educativo, lo sanitario, no solo la salubridad sino también las condiciones de urbanización de los barrios; es complejo, la vida digna no depende de un parámetro meramente económico” señala.
Pero en materia económica en Argentina esta desigualdad se agudiza y se legitiman las herramientas que vulneran derechos, para sostener la matríz socioeconómica: “Hoy hay una concepción del manejo de las armas, de la policía y las Fuerzas de Seguridad en general, que tiende a ejercer el control social de modo cada vez más cruel y violento porque cuentan con licencia del poder”, describe Jalil, con una simpleza que contrasta con la profundidad del abismo que relatan sus palabras.
Y esto no se refiere tanto a una cuestión de “discriminación por cuestiones raciales –considera Jalil– como de clase. Se ha concentrado tanto la riqueza que esto potencia las condiciones para que la inseguridad crezca a partir de ahí”. Por eso, insiste, la maniobra desde el poder apunta a sostener la desigualdad y el uso de las Taser se encuentra allí su legitimidad. Se presentan socialmente como “armas de prevención”. Pero “si te metés en el manual de uso de la Taser, de la propia firma –avanza Jalil–, vas a ver que dice ‘un arma menos letal’, ponen la palabra ‘menos’. No se habla de que sean ‘no letales’ y es la distinción más importante”, subraya.

Seguridad democrática

“Es de esperar que los gobiernos generen regulaciones que tengan en cuenta las directrices de la ONU para no generar daños mayores” señala Victoria Darraidou, de la coordinación de Seguridad democrática del CELS. “Además en la Argentina observamos un problema en el accionar de la fuerza cuando la policía usa balas de goma como en Jujuy, donde la represión de la protesta fue con balas de goma –, y fue muy dañina, con perdigones al rostro de los manifestantes por caso–, por eso decimos que el uso abusivo de la fuerza se puede extender al uso de armas de descarga eléctrica y por eso es necesario protocolizarlo”, insiste.
Otros países orientan esta idea de menor letalidad, a la utilización de estas armas en situaciones que no requerían intervenir con un alto nivel de violencia. Pero estas armas se terminan utilizando y en general –un 90 por ciento–, en personas que no estaban armadas, esto es, sobre situaciones que no requerían responder con este tipo de violencia. Hay que tener a la vista el uso abusivo de la fuerza”, remarca Darraidou.
Desde el CELS señalan también la falta de control que justamente la Oficina de Transparencia, del Ministerio de Seguridad, que controla a las fuerzas sobre los usos de estas armas. Es total “la ausencia de intervenciones de esta Oficina que debe publicar sus investigaciones”, revela Darraidou. “Este trabajo está absolutamente incumplido por el gobierno de CABA”. No hay control. “Y si van a permitir que la policía las utilice, es importante que la ciudad tenga sistemas de control activo para monitorear el uso de estas armas” completa.

El uso de armas desde el Estado

“Hay principios que reglan el uso de armas desde el Estado: proporcionalidad, excepcionalidad, progresividad y racionalidad. Esto es -llanamente- emplearlas cuando ya no queda opción” sintetiza Ismael Jalil, abogado de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). “Hace tiempo que planteamos al Estado nacional disminuir los armamentos de las fuerzas, porque estos principios son violados por la policía sistemáticamente, de modo tal que la mayor parte de los casos de gatillo fácil se produce por esto” sostiene el abogado.
La Correpi presentó, además, aporta Jalil: “una agenda vinculada al uso de armas, para modificar este accionar policial: que la policía deje de portar armas fuera de servicio”. Más del 50 % de los casos de violencia policial “se producen con el arma reglamentaria estando fuera de servicio. El 20 por ciento de los femicidios, con el arma reglamentaria. El arma tiene que ser dejada en la repartición policial”, define.
Y repasa el uso de las Taser en situaciones sociales donde se utilizan: “En Chile se transformaron en instrumentos de control social: se utiliza en manifestaciones con tremendas consecuencias; tal como las balas de goma; fueron efectivas e hicieron daño. Las habían vendido como que no mataban. Y se utilizó para el control social” refiere. Aquí, no disminuyen las armas, y suma las Taser: “La sociedad queda desprotegida. Por eso hay un alto índice de policialización y de casos como el de Lucas González que tuvo condena para los efectivos involucrados”, y añade: “un vértice en el poder político”.
Los protocolos de uso de armas “en general no se cumplen”, agrega. Y pone blanco sobre negro, sobre “la electricidad”, y la tensión de quien dispara esta picana portátil: “El riesgo de letalidad que hay es sobre el manejo de la carga –describe–, porque dicen que son 5 segundo apretando el gatillo. Pero quién los cuenta, se pregunta. “¿Y si son 15 segundo?… se multiplica el voltaje. Y si el dardo perfora la piel… el riesgo es mayor. Esto nos da idea del uso de un arma de estas características”.

22.7.2023

Los metrodelegados anunciaron un nuevo paro de subte para el miércoles 26 de julio.

Como la semana anterior, la interrupción del servicio se realizará en simultáneo en todas las líneas, de 13:00 a 16:00. El gremio informó que antes de frenar el servicio habrá apertura de molinetes en las cabeceras.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) reclaman la apertura de la mesa paritaria para discutir sus demandas de dos francos y la reducción de la semana laboral para intentar mitigar la exposición al asbesto.

Paro de subte este miércoles 26 de julio

Este miércoles 26 de julio, los metrodelegados realizarán distintas medidas de fuerza, entre ellas la interrupción total del servicio de todas líneas del subte porteño.
• De 12:00 a 13:00: Aperturas de molinetes en las cabeceras de todas las líneas: San Pedrito (línea A); J. Manuel de Rosas (Línea B); Constitución (Línea C); Congreso de Tucumán (Línea D); Virreyes (Línea E) y Facultad de Derecho (Línea H)
• De 13:00 a 16:00: Interrupción de todas las líneas y el Premetro.
Qué reclaman los trabajadores del subte
Los metrodelegados reclaman la reducción de la jornada laboral para tener dos francos y, al mismo tiempo, reducir la exposición al asbesto que sufren los trabajadores. “El asbesto es un material usado como aislante, prohibido en nuestro país desde 2003 por ser cancerígeno”, informaron.
“La exposición al asbesto ya causó la muerte de 3 trabajadores, 87 afectados, una pasajera afectada y 2150 trabajadoras y trabajadores deben concurrir todos los años a vigilancia médica”, insistieron en un comunicado.

QUÉ ES EL ASBESTO

El amianto o asbesto, un elemento invisible e inoloro hallado en los coches CAF 5000 que el Gobierno porteño compró a España para la línea B del subte, es un peligro imperceptible y su fabricación y uso fue prohibido por el Ministerio de Salud nacional en 2003 debido a que cuando sus fibras se esparcen en el aire provoca enfermedades fatales, entre ellas cáncer.
Sin embargo, como se lo utilizó durante décadas como aislante, sigue presente en muchos lugares. Hace doce años, una investigación del INTI lo detectó en el 15% de las muestras tomadas en 30 edificios, la mayoría de Capital y conurbano.
Por sus propiedades aislantes y su resistencia al calor y el fuego, el amianto o asbesto tiene miles de aplicaciones, desde pastillas de frenos, hasta guantes o tablas de planchar. Y fue muy empleado en la construcción, sobre todo como componente del fibrocemento, y aislante de cañerías y de calderas.
Ante evidencias de que el amianto era dañino, su uso se fue restringiendo en todo el mundo. En la Argentina, el Ministerio de Salud sacó resoluciones vedando algunas de sus variedades en 2000 y 2001 y en 2003 prohibió totalmente su producción, importación, venta y uso. En 2005, una ley porteña reafirmó la prohibición en la Ciudad.
El gran peligro de este material aparece con el paso del tiempo, especialmente cuando se descompone y entra en contacto con el aire. Las fibras son huecas y livianas, por lo que se mantienen en el aire, y una sola de ellas puede enfermar.
Los síntomas pueden tardar entre 30 y 40 años en aparecer y causan fibrosis, una enfermedad que lleva a la muerte por insuficiencia respiratoria, o cáncer de pulmón.
La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo mueren 100.000 personas al año por causas relacionadas con el amianto. Los más afectados suelen ser los trabajadores que están en contacto continuo con el material. De ahí la preocupación que hay entre el personal del subte.

21.7.2023

El martes 18, un grupo de artistas, entre elles Carmen Baliero, Mirta Israel y Noemí Frenkel, se manifestaron dentro y fuera del teatro.

Finalmente, se reabrió el teatro Alvear. Y coincide justo con las elecciones presidenciales, que parecen ser el momento en que mágicamente todas las obras públicas están prontas para inaugurarse o como en este caso, para la reinauguración después de casi diez años de refacciones.
La obra elegida para el gran acto fue Edmond, escrita y dirigida por el francés Alexis Michalik. Aunque no hablaremos de esta obra sino de la previa, la intervención que sorprendió a los invitados, los que pisan la alfombra roja, los famosos entremezclados con algunos candidatos y funcionarios de la ciudad, Mirtha Legrand, Jorge Macri y José Sacristán, el ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro, Moria Casán y el Pato Galmarini.
A pesar del esquema de seguridad y el vallado de la pasarela, pudieron colarse manifestantes y artistes con carteles denunciando la represión en Jujuy, reivindicando su lucha y exigiendo terminar con la reforma constitucional que, en una convención totalmente maniobrada, como venimos denunciando en este diario, fue impuesta por Gerardo Morales, precandidato a vicepresidente de la fórmula del intendente Larreta.
No concluyó ahí la intervención, continuó en las escaleras del hall del teatro, con la música y directora Carmen Baliero, la actriz y activista de DD HH Mirta Israel, la actriz y escritora Noemí Frenkel, las tres agitando los carteles “Jujuy resiste”, “Morales represor”. Desde ese palco improvisado, a viva voz y pidiendo atención, se escuchó a Frenkel denunciar “Hoy están violando los derechos humanos en Jujuy. Rodríguez Larreta inauguró el teatro este domingo y hoy está reunido con su socio Morales. Ante el cerco mediático que silencia la represión fascista, venimos a repudiar el terrorismo de estado en Jujuy. Repudiamos la complicidad de Larreta con el dictador Morales. Apoyamos la resistencia del pueblo jujeño. Que NO se criminalice la protesta, ¡Nunca más! Terrorismo de Estado en nuestro país, ¡Nunca más!”.
La situación que se vive en Jujuy es muy grave, detenciones parecidas a las de la dictadura, represiones que arrancan los ojos de la cara, causas y procesos inventados, camionetas sin patentes, toda esa fuerza de la represión sobre los trabajadores y un pueblo al que quieren sacar sus tierras ancestrales.
No es fácil para aquellos artistas que muchas veces dependen de las contrataciones estatales del Complejo Teatral Buenos Aires, y aun menos para los trabajadores de la cultura y técnicos de esos establecimientos, salir y hacer públicas estas denuncias.
Pero es ese rol del artista verdadero, el que “pica como pulgas el hocico del poder” y se pone del lado de un pueblo en lucha, a miles de kilómetros se solidariza y les ayuda a romper el cerco mediático.